Guerra soterrada por la presidencia del Tribunal Constitucional

La inminente elección de un nuevo presidente del Tribunal Constitucional –por la salida, tras concluir su mandato, de Francisco Pérez de los Cobos– ha desatado una guerra soterrada por la Presidencia de la institución que, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press será previsiblemente para uno de los dos magistrados conservadores que se encuentran en el último tercio de su mandato, Andrés Ollero o Juan Antonio González Rivas.

La carrera por la Presidencia del tribunal de garantías se ha acelerado en los últimos días, en especial por la elección ayer de los cuatro magistrados que tocaba designar al Senado y que son los pactados por el PP y el PSOE Ricardo Enríquez, Alfredo Montoya, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer.

Ollero partía como favorito, según las mismas fuentes. De hecho el apoyo del PP en el Senado al candidato socialista Cándido Conde-Pumpido allanaba el camino para que Ollero pudiera presidir la institución, a pesar de la negativa inicial de los negociadores socialistas a que esto ocurriera. Las mismas reservas que mantienen algunos magistrados del TC por el hecho de que éste haya sido durante 17 años diputado del PP y por su reconocido conservadurismo sobre todo con algunos asuntos relativos a la familia.

Sin embargo, la presidencia de Ollero, que formaría parte de un pacto tácito aunque no reconocido entre el PP y el PSOE, está siendo ampliamente discutida esta semana. Las críticas recibidas por populares y socialistas por pactar los puestos del TC habrían hecho replantearse a éstos últimos su posible apoyo a Andrés Ollero.

Incluso, alguna de las fuentes consultadas apuntan que un sector del Gobierno sería más partidario de que el presidente fuera Pedro González-Trevijano, de tendencia igualmente conservadora y aupado en su día por el PP. Pero tiene en su contra el hecho de que no está en la etapa final de su mandato y, aunque es una norma no escrita, hasta ahora se ha respetado en el TC que el presidente sea elegido de entre los magistrados que están en esa etapa final.

Estas discrepancias abren la puerta a la opción de González Rivas, que previsiblemente estaría mejor visto por el PSOE. Aunque éstos preferirían al progresista Fernando Valdés, que también se postula, pero que no tiene opciones ya que la presidencia correspondería a un conservador.

Mecanismo de designación del presidente

El mecanismo formal para la designación de la Presidencia se pone en marcha mañana viernes, cuando se reunirá el Pleno con carácter gubernativo para dar el plácet a la elección por parte de la Cámara Alta de los cuatro nuevos magistrados. Sustituirán a los que ya han concluido su mandato, entre los que se encuentra el actual presidente Pérez de los Cobos.

La semana que viene, en fechas que las mismas fuentes sitúan entre el próximo martes o miércoles tomarán posesión de sus cargos los nuevos magistrados, y es previsible que antes de que termine la semana se convoque el Pleno para la elección de nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Por esta razón durante estos últimos días se han intensificado las reuniones entre los posibles candidatos y sus compañeros para recabar apoyos de cara a la celebración del cónclave.

Roca vicepresidenta

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En lo que sí hay un consenso entre los magistrados del TC es en que la vicepresidenta sea Encarnación Roca, cercana en su día al PSC, fue elegida magistrada del Tribunal Constitucional en 2012, a propuesta del Parlamento catalán y contó con el visto de bueno de Convergencia i Unió, hoy PDeCat.

Fue la primera catedrática de Derecho Civil en España y la cuarta mujer que accedió al Tribunal Supremo, en el año 2005. Es una de las magistradas del Constitucional que firmó la suspensión de la ley de consultas y el proceso de participación del 9 de noviembre en 2014, lo que hizo que la Universidad de Girona se llegase a plantear retirarle el título de doctora 'honoris causa' otorgado en 2012.

Además, la magistrada del TC fue la ponente de la sentencia que se dio a conocer en noviembre de 2016 en la que afirmaba que el artículo 1 de la Ley que prohíbe la celebración de corridas de toros en Cataluña es inconstitucional. Para el TC, esta norma incurre en un "exceso en el ejercicio de las competencias autonómicas que invade o menoscaba las del Estado.