La 'Gürtel' que no cesa: ocho sentencias acorralan al PP, que ya ha sido condenado dos veces por beneficiarse de la corrupción

"Estoy bien jodido". Con estas tres palabras, el líder de la trama de corrupción Gürtel, Francisco Correa, expresaba perfectamente lo que iba a ser su futuro después de que fuera detenido en febrero de 2009 y puesto a disposición de la Audiencia Nacional. Lo que entonces no se podía prever eran las implicaciones que su arresto y la caída de todo su entramado de empresas traería para el PP, el partido gracias al cual pudo expandir toda su actividad corrupta. Según se fueron conociendo detalles de la investigación, el partido que entonces lideraba Mariano Rajoy se apresuró a repetir como un mantra que la Gürtel era una "trama contra el PP", pero los años y, sobre todo, las resoluciones judiciales –también del Tribunal Supremo– le han desmentido: los tribunales ya han dictado ocho sentencias condenatorias, dos de ellas en las que la formación conservadora es señalada directamente por beneficiarse de la corrupción. Y aún hay todavía cuatro juicios pendientes y una causa en instrucción.

La sentencia que condena al PP como responsable civil subsidiario de los delitos cometidos por el extesorero Luis Bárcenas con la caja b del partido es la última de una larga lista de piezas que, tras su enjuiciamiento, han dado por probados casi todos los actos de corrupción en los que participaron alcaldes, concejales, diputados y otros altos cargos conservadores durante años. La larga investigación, que se extendió durante casi diez años, y los largos juicios han hecho que terminando 2021 siga habiendo líneas de investigación sin juzgar todavía y que continúen saliendo sentencias tan importantes como la mencionada de los papeles de Bárcenas, sobre las que el PP surgido de la moción de censura de 2018 tampoco quiere dar explicaciones.

La caja b: una sentencia y una pieza en instrucción

La trascendencia de esta sentencia sobre la contabilidad opaca que manejó Bárcenas durante al menos veinte años –el propio extesorero dice que en realidad la caja b se extendió treinta años–reside en que es la segunda condena a la que hace frente el partido conservador. No es una condena penal, porque hasta 2015 no se introdujo la modificación legal que permite la imputación de las personas jurídicas, si bien el tribunal le ha impuesto una multa como responsable civil subsidiario de 123.669 euros por el impuesto de Sociedades que no pagó en 2007 al abonar en negro de las obras de reforma en la sede central del partido en la calle Génova de Madrid. 

Aún queda en instrucción otra pieza derivada de los papeles de Bárcenas, que está en manos del Juzgado Central de Instrucción número 5, que ahora dirige Santiago Pedraz, sobre el posible cohecho cometido por empresarios y el extesorero por las donaciones en metálico al partido que no fueron fiscalizadas durante esos veinte años en que la financiación ilegal estuvo activa. El magistrado aún tiene pendiente decidir qué hacer: procesar a los imputados o cerrar definitivamente la investigación. Tal y como publicó recientemente El País, un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) pendiente de entrega puede resultar decisivo.

La primera época de GürtelGürtel

En esta última sentencia que se conoció este pasado jueves se da por probada una vez más la existencia de esa caja b y que ésta era del PP, no de Bárcenas, a diferencia de lo que se empeñan en decir los exdirigentes del partido. Se trata de una vez más porque fue en 2018 cuando un tribunal de la Audiencia Nacional, el que juzgaba la primera época de actividades de las empresas de Correa (1999-2005), acreditó la existencia de la contabilidad opaca y definió la trama como "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional". Esa sentencia fue la que propició la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa. 

En la sentencia de la llamada Época I hubo 29 condenados, incluidos los líderes de la trama corrupta Francisco Correa y Pablo Crespo, además del propio Bárcenas y la esposa de éste, Rosalía Iglesias. El fallo fue confirmado en gran parte por el Tribunal Supremo en octubre de 2020, con pequeñas modificaciones en las penas de prisión, incluida la referencia a la contabilidad opaca del PP: "El tribunal –la Audiencia Nacional– contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir la existencia de una 'caja', o contabilidad 'extracontable', del PP". El partido tuvo que abonarhace ahora un año los 245.000 euros a los que fue condenado como partícipe a título lucrativo.

La rama valenciana

No sólo en municipios de Madrid actuaba la trama Gürtel. En la Comunidad Valenciana, concretamente en administraciones controladas por el PP de Francisco Camps, también extendió sus tentáculos y por eso allí ha habido igualmente condenas. Justo un mes antes de que saliera la sentencia de la Época I, el Supremo confirmó las que fueron las condenas de Correa, Crespo y otros líderes de la red por el amaño de contratos de la Generalitat para montar sus expositores en Fitur. Aún está pendiente la derivada del expresidente valenciano, que va a ser juzgado en la Audiencia Nacional por un contrato relacionado también con la feria internacional de turismo.

Camps sí se libró de una condena por cohecho impropio en la llamada causa de los trajescausa de los trajes supuestamente regalados por la trama Gürtel. Sí fueron condenados el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret. Y la Audiencia Nacional acreditó la financiación ilegal del PP de Camps después de la explosiva declaración del ex secretario general Ricardo Costa, en la que admitió las corruptelas del partido: "Es cierto que el PP se financiaba con dinero negro".

Jerez, Aena y visita del papa

La actividad de la red corrupta en la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz) y los contratos firmados con la empresa pública Aena y por la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 también han obtenido reproche penal de la Audiencia Nacional. Los líderes de la Gürtel se van sentando en el banquillo de los acusados una y otra vez y ya acumulan altas condenas de cárcel que tienen su máxima expresión en Francisco Correa, que ya suma casi un centenar de años de prisión y aún tiene sentencias pendientes. Cumplirá previsiblemente un máximo de dieciocho, según el cálculo de cumplimiento efectivo (el triple de la mayor pena, esto es, seis años por cohecho).

Juicios pendientes

La Audiencia Nacional aún tiene pendiente juzgar la mencionada pieza sobre el contrato de Fitur en el que Camps está procesado; la referida a los contratos suscritos por la trama corrupta en el municipio madrileño de Arganda del Rey; la pieza principal por los delitos fiscales de los jefes de Gürtel y sus empresas –hay procesadas 26 personas físicas y otras 20 jurídicas–; así como la llamada Época II sobre las actividades de la trama en la localidad de Boadilla del Monte. Ante esta última, cuya vista oral está prevista para noviembre, algunos de los procesados, incluido Correa, ya han admitido todos los hechos de cara a posibles pactos con la Fiscalía. Esta es la segunda de las piezas de Gürtel por la que el PP podría ser condenado como partícipe a título lucrativo.

Púnica y KitchenPúnicaKitchen

Salvo la de Boadilla, el resto de piezas aún no tienen fecha de juicio. La pandemia de coronavirus, que suspendió los plazos procesales y administrativos y aplazó varios meses las vistas, ha contribuido al ya manifiesto retraso en la Audiencia Nacional por la alta carga de trabajo en todas las secciones a las que corresponde el enjuiciamiento. Gürtel no es la única macrocausa que ha investigado este tribunal: entre otras, todas las piezas del caso Púnica a excepción de una y el caso Villarejo, que acumula casi una treintena de líneas de investigación, están pendientes de vista oralcaso Púnicacaso Villarejo, muchas de ellas aún en instrucción. 

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En esta última macrocausa, que indaga en las actividades supuestamente ilícitas del comisario José Manuel Villarejo, se abrió en otoño de 2018 una pieza que afecta directamente al PP: la llamada operación Kitchen, el operativo ilegal financiado con fondos reservados puesto en marcha en 2013 para sustraer documentación sensible para el partido sobre la caja b. El juez ya la ha dado por concluida, aunque la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aún tiene que resolver los recursos, incluido el de la Fiscalía Anticorrupción, que consideran que la investigacion se ha cerrado "en falso".

Y en Púnica, una de las macrocausas que más tiempo lleva abierta en la Audiencia Nacional (más de siete años), el instructor se ha dado tres meses más para indagar en la pieza número nueve, la que investiga otra supuesta caja b en el PP tras confirmarse la del partido nacional y la del partido en Valencia: la del PP de Madrid que dirigió durante más de una década Esperanza Aguirre, una de las principales imputadas.

Anticorrupción, en uno de sus últimos relatos de los hechos, determina que el PP de Aguirre se financió de forma irregular para así sufragar las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008,siempre fiscalizando una parte en 'a' para no superar los límites legales y que la Cámara o el Tribunal de Cuentas no detectaran los sobrecostes, pero pagando en 'b' actos y publicidad por importes muy superiores.