Hacienda y Fiscalía desmienten al PP: los delitos imputados a Amador sí afectan a fondos públicos

Los delitos por los que se investiga al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no implican dispendio de fondos públicos. Esa es una de las razones esgrimidas por el PP para quitar trascendencia a la citación como imputado de Alberto González Amador que, el próximo 10 de abril, tendrá que declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, que se suman a los dos delitos fiscales y al de falsedad documental por los que ya estaba imputado. Es un argumento similar al utilizado por la propia Ayuso cuando la Audiencia de Madrid avaló la nueva pieza separada del caso con las nuevas infracciones: "Es un asunto que no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid", dijo la presidenta.

Tanto la inspección de Hacienda abierta a González Amador y a su empresa, Maxwell Cremona, como el escrito de denuncia contra él interpuesto por la Fiscalía de Madrid desmienten ambos argumentos. Los dos nuevos delitos imputados al comisionista tienen carácter societario, sí, pero se produjeron en negocios con responsables del principal contratista sanitario de la administración que dirige Ayuso, el gigante Quirón, cuyos servicios hospitalarios a la Comunidad costaron en 2024 más de 715 millones de euros procedentes de los impuestos de todos los madrileños.

El propio auto conocido este miércoles por el que la jueza cita a declarar a González Amador así lo refleja. La resolución explica que los presuntos delitos imputados por el novio de Ayuso se habrían cometido "en su propio nombre" y como responsable de su empresa Maxwell Cremona, "en connivencia con los responsables de Quirón Prevención" que, además, podría haber resultado perjudicada con la operación. Lo que investiga ahora la instructora y por lo que la pareja de Ayuso tendrá que responder es una supuesta comisión pagada por González Amador a la esposa del presidente de esa compañía sanitaria, Fernando Camino. Maxwell, la empresa de Amador le compró por casi medio millón de euros una sociedad a la mujer del ejecutivo.

La operación fue sospechosa, según los inspectores, porque el precio pagado por el novio de Ayuso fue excesivo y no se correspondía con un el de una firma sin empleados ni medios materiales para operar. Después, Amador utilizó supuestamente esa sociedad, a la que denominó Masterman & Wittaker, para sus tratos con Quirón. Lo hizo, según Hacienda, la Fiscalía y la instructora del caso, de manera instrumental con el objetivo de pagar menos impuestos. El informe de la Agencia Tributaria considera que esa operación, en la que fue parte el responsable del principal contratista sanitario madrileño, fue "artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria". La jueza, por el momento, no ha citado a declarar a Camino ni a su esposa.

Como sostuvo la Fiscalía en la Audiencia de Madrid, Masterman, la sociedad que compró Amador a través de su empresa a la mujer del presidente de Quirón por 499.836 euros, "en realidad carecía de valor". Lo demuestra, según el Ministerio Público, el hecho de que, posteriormente, Maxwell Cremona, la sociedad del novio de Ayuso con la que la adquirió, le transmitiera al propio Amador todas las participaciones de Masterman por 3.000 euros. "No es irrazonable la decisión del juzgado instructor de considerar que su compra en realidad encubría el pago de una comisión ilícita", según el fiscal. Es decir, que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid habría pagado una comisión ilícita a una de las principales contratistas sanitarias de su Gobierno.

Después de que la Audiencia de Madrid avalara los nuevos delitos achacados a González Amador, sus abogados reclamaron a la instructora que paralizara la pieza principal del caso, en la que se le investiga por dos delitos fiscales y falsedad documental, y cuya instrucción está a punto de concluir. La defensa del novio de Ayuso argumentó que, en caso de que se demostrara que los ingresos por los que dejó de tributar tuvieran procedencia ilegal, no se le podría imputar un fraude fiscal con ellos, según el Supremo. Varios penalistas consultados por infoLibre explicaron que ha habido varias sentencias en sentido contrario y consideraron que, tras la petición, solo se oculta una maniobra dilatoria.

La pareja de Ayuso, a través de uno de sus abogados, Carlos Neira, ofreció el 2 de febrero de 2024 un pacto al Ministerio Público en el que confesaba sus infracciones tributarias. "Ciertamente se han cometido dos delitos fiscales", afirmó su defensor en un correo enviado ese día a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid. Pese a la imputación de nuevos delitos, expertos penalistas consideran que el pacto sigue siendo la única vía y la más segura para evitar una condena que implique la entrada en prisión.