Aún no se conoce la fecha en la que lo anunciará, pero el Gobierno tiene pensado prohibir los pagos en efectivo de cantidades superiores a los 1.000 euros para combatir el fraude fiscal. Eso supondría aumentar el listón de exigencia que existe actualmente, ya que, desde 2012, realizar una transacción en metálico por una cuantía superior a los 2.500 euros está castigado con una multa que asciende al 25% del importe del pago. No obstante, la eficacia de esta medida es relativa, ya que desde su implantación, Hacienda únicamente ha ejecutado 2.900 sanciones por superar el límite legal a la hora de pagar en efectivo.
Este tipo de restricciones al pago en efectivo se aplican en países como Francia e Italia y están pensadas, fundamentalmente, para combatir el fraude en el IVA a través de los pagos en dinero negro. Pero, desde que fueron implantadas en España a finales de 2012, el Ministerio de Hacienda ha podido cazar y sancionar a pocos contribuyentes eludiendo sus responsabilidades con el fisco a través de estos métodos, aunque la Agencia Tributaria sostiene que "lo relevante de la limitación de efectivo no es la sanción en sí, sino el efecto disuasorio que la perspectiva de esa sanción implica, en el sentido de evitar y tratar de evitar que se realicen esos pagos en efectivo por encima del límite".
Según los datos proporcionados por la propia Agencia a infoLibre, entre 2013 y 2015 –al no haber finalizado el año, aún no hay datos de 2016– Hacienda abrió "más de 2.900" expedientes sancionadores por pagos en efectivo de más de 2.500 euros. 2015 fue el año en el que la Agencia Tributaria multó a más contribuyentes, con un total de 1.313 expedientes de sanción, por los 831 del año 2014 –un 37% menos– y los cerca de 760 de 2013.
El organismo explica, además, que "entre 2013 y 2015 se han iniciado 14.000 expedientes de análisis de denuncias por posible incumplimiento de la limitación de pagos en efectivo", y señala que "específicamente en 2015 han sido más de 6.000, un 28% más que en 2014". No obstante, la Agencia Tributaria no ofrece el dato de la cuantía de la recaudación que ha obtenido a través de las sanciones que finalmente se han impuesto a los ciudadanos que han efectuado pagos en efectivo por un valor de más de 2.500 euros.
Expertos relativizan la importancia de la medida
En cualquier caso, los expertos consultados por infoLibre sostienen que las limitaciones a los pagos en efectivo, pese a ser positivas, tienen un efecto muy limitado en la lucha contra el fraude. "El número de multas es bajísimo" en comparación al fraude en el pago del IVA que existe en España, sostiene José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), que recuerda que nuestro país es uno de los que menos recauda a través del IVA de toda la UE.
Mollinedo y su sindicato, sin embargo, se muestran favorables a que se limiten los pagos en efectivo a 1.000 euros –el mismo umbral, explica, que el que existe en Italia, con un nivel de economía sumergida similar al español–, y recuerda que llevan pidiéndolo desde el año 2004. "Es cierto que, por sí misma, esta medida no elimina el fraude, pero sí lo dificulta", señala el secretario general de Gestha, que coincide en este sentido con José María Peláez, expresidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, que califica de "positiva" la limitación pero insiste en que "no va a acabar con el fraude".
"Si la medida antes era irrelevante, ahora lo va a seguir siendo", señala Peláez. Para el inspector de Hacienda, uno de los grandes problemas que tiene esta limitación es "el escaso efecto disuasorio" de la sanción del 25% del importe del pago que se realice en efectivo. "Si te ofrecen pagar un servicio sin factura, estarías ahorrándote el 21% del IVA, y en el caso de que te pillen, la sanción ascendería a un 25%", por lo que el desembolso final no sería mucho más abultado, ejemplifica Peláez, que explica que la Agencia Tributaria ofrece a cualquiera de las partes que participe en una transacción en efectivo fraudulenta la posibilidad de denunciarla en el plazo de tres meses, a cambio de quedar eximido de cualquier responsabilidad.
Las grandes empresas
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Mollinedo, por el contrario, interpreta que la limitación que quiere potenciar ahora el Gobierno afecta principalmente a malas prácticas realizadas por algunas grandes empresas y no tanto a los fraudes que realizan, por ejemplo, algunos autónomos. "Es difícil que una reparación doméstica supere los 1.000 euros, y aunque los supere, un pago en negro es complicado de detectar", sostiene el técnico de Hacienda, que afirma que en las transacciones entre compañías es más fácil que la Agencia Tributaria encuentre irregularidades en el pago del IVA por los "rastros" que dejan este tipo de operaciones.
En este sentido, Mollinedo explica que en las grandes compañías "cualquier salida o entrada de dinero se contabiliza", lo que puede llevar a Hacienda a detectar irregularidades. "A veces, por ejemplo, empresas constructoras han registrado facturas falsas en sus cuentas para poder disponer de un dinero en efectivo que, finalmente, ha ido a parar a manos del responsable que decidía a qué compañía se entregaba una obra pública: pues bien, con el límite de los 1.000 euros, el número de facturas falsas que debería registrar esa empresa para realizar el mismo pago sería mayor", y eso podría poner sobre alerta a la Agencia Tributaria.
Peláez, en cualquier caso, es escéptico. "Quien quiera pagar en negro va a seguir haciéndolo", sostiene el inspector de Hacienda, que considera que este tipo de medidas están pensadas, fundamentalmente, de cara a la galería y para potenciar la imagen de la lucha contra el fraude. La cifra, más allá de interpretaciones, es la que es: apenas 2.900 sanciones en tres años.
Aún no se conoce la fecha en la que lo anunciará, pero el Gobierno tiene pensado prohibir los pagos en efectivo de cantidades superiores a los 1.000 euros para combatir el fraude fiscal. Eso supondría aumentar el listón de exigencia que existe actualmente, ya que, desde 2012, realizar una transacción en metálico por una cuantía superior a los 2.500 euros está castigado con una multa que asciende al 25% del importe del pago. No obstante, la eficacia de esta medida es relativa, ya que desde su implantación, Hacienda únicamente ha ejecutado 2.900 sanciones por superar el límite legal a la hora de pagar en efectivo.