Hacienda sólo ofrece paliar el problema contable del IVA pero las autonomías insisten en reclamar el dinero

No hubo acuerdo. Hacienda no entregará los 2.500 millones del IVA de diciembre de 2017 que reclaman las comunidades autónomasreclaman y que quedó pendiente por una decisión tomada aquel año por el Gobierno del PP que el Ejecutivo de Sánchez no pudo corregir porque no pudo sacar adelante los Presupuestos de 2019.

La titular del ministerio, María Jesús Montero, ofreció a los consejeros autonómicos que acudieron al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) tres medidas paliativas. La primera, no tener en cuenta a efectos de déficit ese dinero, que muchas de estas comunidades presupuestaron —y gastaron— en 2019 pese a no tener soporte en la columna de ingresos. La segunda, preparar fondos para ayudar a las que este problema ha provocado dificultades en los pagos a proveedores. Y la tercera, diseñar una senda de déficit para la administración autonómica que facilite su transición hacia el equilibrio presupuestario: un 0,2% del PIB para este año, un 0,1% para 2021 y un 0% para 2022.

Hay que tener en cuenta, recordó Montero, que la senda de déficit en vigor para las comunidades en 2019 —la que fijó Montoro en 2017— es del 0,1%. Y que la decisión de muchas comunidades de contar con ese IVA en sus cuentas de 2019 les supondría un incremento de déficit de en torno a dos décimas, de manera que si el Gobierno decidiera incluir lo sucedido en el cómputo de déficit la cifra aumentaría a un 0,3% del PIB. Eso es lo que el Ejecutivo ha ofrecido no hacer.

La senda de déficit, así como la de deuda —23,4 para 2020, 22,8 para 2021, 22,1 para 2022 y 21,4 para 2023— fue aprobada en el CPFF por 11 votos a favor y seis en contra —los de las comunidades del PP—.

Al final, la inmensa mayoría de comunidades autónomas —de distinto color político— que han acudido CPFF insistieron en reclamar el IVA que consideran pendiente de 2017, algunas de ellas a través de los tribunales.

Así se expresó, por ejemplo, la consejera socialista de las Illes Balears, Rosario Sánchez Grau (PSOE), quien dejó clara su opinión de que no se puede pretender compensar a las autonomías permitiéndoles más déficit a cambio de no abonarles los 2.500 millones del IVA del 2017. “El déficit no es compensación de la cuestión del IVA, que se tenía que haber repercutido en 2019”, zanjó la consejera en declaraciones recogidas por Europa Press.

En términos parecidos se manifestaron Javier Fernández-Lasquetty (Madrid) y Valeriano Martínez (Galicia), ambos del PP. Este último argumentó que déficit e IVA son “conceptos distintos”. “No hace falta saber mucho de economía. Se nos está dando deuda, pero los recursos en origen no eran deuda”, criticó.

El origen del contencioso del IVA que enfrenta a las comunidades autónomas con el Gobierno se remonta a 2017, cuando el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), sólo pagó a las comunidades autónomas 11 meses de IVA como consecuencia de un ajuste contable. Con “nocturnidad hizo una modificación unilateral del sistema de información del IVA que hizo que en la práctica sólo se recaudaran, a efecto de comunidades autónomas, once meses”, explica el actual equipo de Hacienda.

Hoy ese dinero ya no se puede entregar a las comunidades, afirma Montero, “porque el sistema de financiación tiene una liquidación dos años más tarde. Es decir: si el daño se produjo en el 2017, se tenía que haber reparado en el año 2019”.

“No existen 2.500 millones de euros que se quede el Gobierno de España, eso es falso”, asegura la ministra, quien añade que “el ajuste, en términos de contabilidad nacional, se hizo en el año 2017. Así que nadie se queda con ningún dinero porque no hay ningún dinero sobrante”.

La senda de estabilidad

Lo que la ministra Montero no reveló este viernes son los objetivos de déficit y deuda para la Administración central, la Seguridad Social y las entidades locales, a la espera de hacérselos saber a la Administración local y de aprobarlos definitivamente en Consejo de Ministros.

La senda de estabilidad marca los límites dentro de los cuales se tiene que mover el presupuesto público durante los próximos años en términos de déficit y deuda, dos conceptos sobre los que la Unión Europea ejerce un fuerte control a través del llamado Pacto de Estabilidad, un instrumento creado para garantizar la disciplina fiscal de los Estados miembros.

Ese Pacto de Estabilidad está siendo puesto en cuestión por algunos Estados, entre ellos España. Los países del norte, en general, quieren endurecerlo; los del sur, relajarlo. La nueva presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen, abogó esta semana por aplicarlo “con toda la flexibilidad” posible. En cualquier caso, mientras esté en vigor, el Gobierno de Sánchez mantiene su compromiso de cumplimiento.

Lo habitual es que los objetivos de déficit y deuda —para la Administración central, las comunidades autónomas, la Seguridad Social y las entidades locales— se actualicen cada año —es obligatorio tramitarlos en el primer semestre—, pero en España todavía están en vigor los fijados hace casi tres años por el Gobierno de Mariano Rajoy. Eso es así porque el PP, que hasta abril de 2019 tenía mayoría absoluta en el Senado, bloqueó en la Cámara Alta la actualización que el Gobierno de Pedro Sánchez quería aplicar suavizando los objetivos con el visto bueno de Bruselas.

Si no se modificase la senda vigente, la del PP, obligaría al Gobierno de Sánchez a conseguir una reducción del porcentaje de déficit al 0,5% del PIB y a hacerlo íntegramente a través de la Seguridad Social —el mandato era de equilibrio en la Administración central, las comunidades autónomas y las entidades locales—. Y a recortar también la deuda este año a un 92,5% del PIB, en su mayor parte (67,6 puntos) con cargo a la Administración central.

Tras la aprobación de la senda autonómica en el CPFF, el Gobierno tiene que fijar en el Consejo de Ministros el resto, así como el límite de gasto no financiero, conocido como “techo de gasto”, para posteriormente presentarlo junto a la senda con los nuevos objetivos de déficit y deuda de las Administraciones públicas al Congreso de los Diputados y el Senado. Estas previsiones constituyen la base sobre la que el Gobierno elaborará y aprobará su proyecto de Presupuestos Generales para 2020.

Presupuestos “cuanto antes”

El propio Pedro Sánchez remarcó este jueves que no piensa modificar su objetivo de contar con Presupuestos cuanto antes ni siquiera para sortear las dificultades que representa conseguir una mayoría suficiente en el Congreso como consecuencia del escenario preeletoral en el que ha entrado Cataluña.

“La intención del Gobierno de España es aprobar cuanto antes los Presupuestos”, declaró en Barcelona. “Y les digo una cosa: ese cuanto antes nada tiene que ver con el calendario electoral, tiene que ver con las urgencias y la importancia de los temas que afectan al día a día de los ciudadanos de nuestro país”.

Oficialmente, el Gobierno no reconoce haber negociado estas cifras con Bruselas más allá del “constante diálogo” que, según la ministra de Economía, Nadia Calviño, mantiene con las autoridades comunitarias para compartir sus previsiones macroeconómicas y las intenciones del Ejecutivo desde el punto de vista fiscal.

Calviño, sin embargo, recordó hace unos días que el margen de maniobra de España ha cambiado en comparación con el que se encontraron en 2018. Porque gracias a la reducción del déficit público nuestro país salió la pasada primavera del llamado brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y pasó a formar parte del brazo preventivo. En esta nueva situación, precisó, Bruselas no hace tanto énfasis en la ratio de déficit nominal, sino en cuáles son los ajustes estructurales a realizar en los próximos años para lograr los objetivos de sostenibilidad en materia de déficit y deuda pública.

Desde el punto de vista de los objetivos, hay varias diferencias entre el brazo correctivo y el preventivo. La primera de ellas es que al haber bajado de un déficit del 3% basta con mantenerse por debajo de esa cifra, no es imperativo seguir reduciéndola. Y que la atención pasa ahora al llamado déficit estructural: la diferencia entre ingresos y gastos sin tener en cuenta cómo les afecta que el ciclo económico sea de crecimiento o de recesión.

El Gobierno apela al crecimiento y a los nuevos impuestos para sostener la subida del techo de gasto presupuestario un 3,8%

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Eso significa que no se pueden tener en cuenta los ingresos derivados de un mayor crecimiento o, por ejemplo, el ahorro motivado por tener que pagar menos prestaciones por desempleo. Sólo cuenta recaudar más por subidas de impuestos o gastar menos por recortar los gastos. Eso es en lo único en lo que se va a fijar Bruselas a partir de ahora.

En el caso español, la UE exige un ajuste estructural para el 2020 del 0,65% del PIB, lo que representa aproximadamente 7.800 millones de euros. Una cifra que puede salir de la reducción de gastos o del aumento de impuestos pero que con toda probabilidad España intentará escalonar a lo largo de varios ejercicios para no afecte a las políticas sociales que quiere poner en marcha.

De ahí que la arquitectura financiera que el Gobierno está preparando incluya la creación de nuevos impuestos, entre los que destacan los que afectan a las transacciones financieras o a las empresas digitales que comercian con datos de los usuarios, así como al incremento de los tipos para las más ricos y para las grandes empresas.