La adjudicación sin concurso público de la gestión informática de las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre a la empresa semipública Indra ha llenado en los últimos días las redes sociales de mensajes en los que se especula con la posibilidad de un fraude electoral en esos comicios. Junto a la noticia de esta adjudicación algunos usuarios han compartido informaciones sobre la vinculación de la compañía con ciertos escándalos de corrupción que afectan a los conservadores.
Esquerra Republicana, la formación a la que mayoría de encuestas dan como favorita, también dio alas a esta teoría al anunciar el 30 de noviembre su portavoz y jefe de campaña, Sergi Sabrià, que el partido reforzaría el recuento paralelo que suele hacer en las votaciones con el objetivo de asegurar que se "evite cualquier tipo de pucherazo". Su portavoz en el Congreso, Joan Tardà, matizó después estas palabras al afirmar que no tenía conocimiento de que "nunca" algún cargo de ERC hubiera difundido esas sospechas.
Indra, participada en un 18,7% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se cuenta entre las mercantiles que están siendo investigadas en la trama Púnica por presunta financiación del PP. Su consejero delegado, Javier de Andrés, permanece imputado en esa causa desde 2015; y su esposa, la exdirectiva del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, es una de las principales investigadas en otra operación, el caso Lezo. De hecho, un testigo clave de esta última investigación reveló al juez que el Gobierno de Madrid infló en beneficio del PP contratos de recuento electoral.
Sin embargo, la vinculación de las conexiones de esta compañía con el PP, su contratación sin concurso público para este proceso y la posible influencia que estos hechos pudieran tener en el resultado electoral tiene importantes lagunas. La cuestión más relevante es que, aunque no es imposible que se puedan producir errores involuntarios, pequeñas alteraciones en el cómputo o situaciones como el acarreo de votos, el sistema tiene controles técnicos y humanos que impiden que haya una alteración masiva del resultado.
Es cierto que Indra tendrá un papel determinante en el proceso electoral, aunque no en el recuento ni en los resultados definitivos. Es habitual que las administraciones contraten empresas tecnológicas para que procesen los datos provisionales y se puedan ir haciendo públicos en la misma noche de las elecciones, lo que requiere de una infraestructura considerable, pero no para que cuente las papeletas.
De hecho, Indra ha resultado adjudicataria de este servicio en ocho de las diez elecciones autonómicas que se han convocado en Cataluña desde hace 29 años. Concretamente en los procesos de 1988, 1999, 2003, 2006, 2010, 2012, 2015 y 2017. En los de 1992 y 1995 la adjudicatación fue para Odec, tal y como confirman en Departament de Vicepresidencia. Fuentes de la compañía aseguran que la empresa también se encargó de dar soporte tecnológico el referéndum del Estatut de Catalunya de 2006. "Indra ha sido contratada por todos los gobiernos de la Generalitat, de diferentes perfiles políticos", añade un portavoz.
El recuento
Indra no tiene ninguna responsabilidad en el escrutinio definitivo. El recuento es público y, por tanto, puede acceder cualquier ciudadano, aunque sin el derecho a formular reclamación o protesta alguna. Una vez abierta la urna el presidente de la mesa extrae, uno a uno, los sobres, los abre, lee cada papeleta en voz alta y la muestra a los dos vocales que hay en cada mesa, a los interventores y a los apoderados. Si estos últimos tienen dudas pueden pedirla para examinarla.
El manual para los miembros de las mesas electorales que ha publicado la Generalitat para estos comicios [consultar, aquí] determina que pueden actuar ante la mesa un máximo de dos interventores por cada candidatura. La única condición es que presenten antes de las 8.30 horas de la mañana las credenciales correspondientes. Estas personas están autorizadas a comprobar la identidad de cada elector, así como si están inscritos en el censo y asistir al recuento.
Una vez realizado el conteo, el presidente anuncia el resultado en voz alta y traslada los datos a las actas de escrutinio. Este documento es firmado por el presidente, los dos vocales y los interventores de las candidaturas. Cada uno de ellos se queda con una copia, se coloca otra en la entrada del local electoral y se le proporciona otra el representante de la Administración. También pueden tener una copia los apoderados o candidatos con la limitación de que sólo puede entregarse una copia del acta por candidatura.
El representante de la Administración –un funcionario o un empleado público– es el que introduce los datos en un dispositivo electrónico (tableta, ordenador...) facilitado por Indra. Esa información se procesa en el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) y se va volcando en la página web creada para cada elección, en la que se recoge de forma explícita que se trata de resultados provisionales. De hecho, el escrutinio provisional es de carácter informativo para la Generalitat, pero no tiene validez jurídica alguna de cara al recuento definitivo y a la proclamación de electos.
El proceso de adjudicación
La participación de Indra en estas elecciones también se ha puesto en entredicho por haber resultado adjudicataria, sin concurso público, del servicio de asistencia e informatización del sistema de recogida, procesamiento y difusión de datos provisionales y definitivos en el marco de estos comicios. Según explica un portavoz del Departament de Vicepresidencia de la Generalitat, el pasado 3 de noviembre el Consejo de Ministros acordó considerar "de emergencia" los contratos de servicios y suministros y todas las prestaciones vinculadas a la celebración de las elecciones catalanas del 21 de diciembre.
Arrimadas lamenta que el actor Toni Albà llame "mala puta" a una tal Inés y él niega que se refiera a ella
Así, señala que la Administración ha contratado los servicios necesarios de asistencia e informatización del sistema de recogida, procesamiento y difusión de datos provisionales y definitivos de las elecciones al amparo del artículo 113 de la Ley de Contratos del Sector Público, que le permite actuar de manera inmediata y contratar sin obligación de tramitar ningún expediente administrativo.
Tal y como recoge el BOE [consultar, aquí] el presupuesto base de licitación de este contrato ascendía a 1.426.982,74 euros (IVA incluido), que es el importe que recibirá Indra por realizar este servicio. En otras ocasiones en las que sí ha habido concurso público, como en las elecciones de 2010 o 2012, se han conseguido rebajas económicas sobre el presupuesto base de alrededor del 20%. No obstante, en ambas ocasiones, tanto la estimación de lo que costaría el servicio como lo que la administración abonó finalmente fue mayor que en el 21D: 2.041.600 euros en 2010 y 2.092.296 en 2012.
Por otro lado, en los comicios de 2015, cuando el procedimiento se realizó por la vía de urgencia por el adelanto electoral, el importe neto de adjudicación fue de 1.317.690 euros, casi un millón de euros menos que los 2.300.000 que la Administración había estimado que le costaría a la adjudicataria prestar ese servicio. En ese caso, la reducción respecto a la cantidad prevista fue de más del 40%.
La adjudicación sin concurso público de la gestión informática de las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre a la empresa semipública Indra ha llenado en los últimos días las redes sociales de mensajes en los que se especula con la posibilidad de un fraude electoral en esos comicios. Junto a la noticia de esta adjudicación algunos usuarios han compartido informaciones sobre la vinculación de la compañía con ciertos escándalos de corrupción que afectan a los conservadores.