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–Me deja usted un panorama desolador.
–Si sigo hablando, lo puedo dejar aún peor.
El primero que habla es el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. El segundo, el inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional Manuel Morocho, quien ha declarado este martes como testigo en relación con todos los años de "presiones" e intentos de sabotajes de su investigación sobre Gürtel y la caja b del PPGürtel que sufrió por parte de la cúpula policial del primer gobierno de Mariano Rajoy. Más de tres horas de declaración que aún no ha concluido, pues continuará el próximo viernes, según han informado a infoLibre fuentes presentes en la comparecencia.
Esas presiones de las que habla han ido saliendo poco a poco a la luz, a raíz de la investigación de la operación Kitchen, el operativo parapolicial financiado con fondos reservados para hacerse con documentación que el extesorero del PP Luis Bárcenas se habría llevado del partido tras ser despedido. En esta pieza separada del caso Villarejo, Bárcenas es el perjudicado de los actos de espionaje, pero Morocho, que como testigo estaba obligado a decir la verdad, se revela como una nueva víctima de una estrategia que parecía encaminada a acabar, o al menos entorpecer, las pesquisas del equipo del inspector tras la apertura, primero, del caso Gürtel y la publicación, después, de la financiación irregular del partido conservador.
En este panorama de "presiones", como las ha llamado el inspector, éste ha situado a los que entre 2012 y 2016 fueron sus superiores en la UDEF, como el comisario José Luis Olivera, pero también al ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, el máximo mando policial. Ha hablado de sobrecargas de trabajo con otros asuntos que le hacían ralentizar la investigación de Gürtel, intentos para que no señalara en sus informes a cargos políticos del PP –incluido el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general María Dolores de Cospedal– y atractivas ofertas de cambios de destinoGürtel mucho mejor remunerados para apartarle definitivamente de las pesquisas.
Los apuntes de Villarejo encajan
Morocho ya había dado detalles en una anterior declaración judicial, en febrero de 2019, pocos meses después de que se abriera la investigación de Kitchen, pero esta nueva citación se ha producido a raíz del hallazgo de varios apuntes de los que el comisario jubilado José Manuel Villarejo dejó constancia en sus agendas recientemente incautadas. Para el inspector, esas anotaciones "encajan" ahora perfectamente en varios de los episodios que ha narrado en la Audiencia Nacional y que vivió hace años.
"ORTI. Aviso de problemas sobre el último informe de MOROC (Morocho)" es un ejemplo de esos apuntes. "ORTI" es José Luis Ortiz, jefe de gabinete de Cospedal, según los investigadores. La anotación es de abril de 2013, justo cuando el inspector estrechaba el cerco sobre los dirigentes del PP que aparecían citados en los papeles de Bárcenas. Fue, según Morocho, en las mismas fechas en que sus jefes le impidieron que incluyera en sus informes los nombres de los políticos del PP que habrían cobrado de la caja b, incluido Mariano Rajoy, lo que le llevó a incluirlos en los anexos y no en el documento principal que entregó al juez instructor del caso, que entonces era Pablo Ruz. Uno de los oficios de la UDEF también incluía a López del Hierro, pues para él era claramente el "López H" y el "López Hierro" de los apuntes del extesorero, pero sus superiores le volvieron a presionar: "Eso hay que cambiarlo ya".
La consigna que desde los mandos policiales intentaron que transmitiera al juez instructor era que si había algo detrás de los papeles de Bárcenas, "era cosa" del extesorero, "no del PP". Precisamente esta es la estrategia que han desplegado los antiguos dirigentes del partido en el último juicio en la Audiencia Nacional, donde han declarado como testigos, entre otros, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos. Es la defensa que ha mantenido el abogado de la formación, que está acusada como responsable civil subsidiaria.
Un mes después, otro apunte de Villarejo: "Morocho-Lisboa", lo que vuelve a cuadrar para Morocho: en junio de ese año, Olivera, ya como responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), le ofreció un destacado puesto en la capital portuguesa de enlace para la lucha contra el narcotráfico, un área que nada tenía que ver con las responsabilidades que había desempeñado el inspector, por lo que no daba el perfil, tal y como han precisado las fuentes consultadas.
Según Olivera, el entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó, quería nombrar a alguien allí, pero Morocho lo rechazó. "Son 6.000 euros al mes y un puesto relajado", le insistió el director del CITCO. Morocho vuelve a declinar. "¿Dónde quieres irte? ¿A una embajada? ¿A cuál?", dice el inspector que le volvió a insistir. Y en esa cita, Olivera recibió una llamada telefónica, a la que contestó: "Hola, ministro. Estoy con él". El ministro era Jorge Fernández Díaz, ahora imputado en Kitchen. Esto llevó a Morocho a pensar que Fernández Díaz estaba al tanto. No obstante, cuando el juez le ha preguntado si aquello no podría ser un "teatrillo" de Olivera para impresionarle, el investigador ha concedido que eso no lo sabía. Pero no fue el único puesto que se le ofreció, pues según ha contado le tantearon hasta para la representación española en Naciones Unidas. Incluso, le llegaron ofertas de empresas privadas.
"Problemas" con sus informes
Morocho ha contado un sinfín de episodios que, aislados, podrían no tener importancia, pero que se sucedieron en el tiempo y que comenzaron ya en 2011 y siguieron hasta 2016. Y vinieron de todo tipo de personas en la escala policial. Olivera le llegó a decir en 2013 que sus informes sobre la contabilidad en b del PP estaban generando "problemas" y hasta le pidió que se los reenviara aunque él ya no era su jefe en la UDEF. También supo por casualidad que esos mismos informes estaban llegando al DAO Eugenio Pino, a pesar de que él sólo debía dar cuentas ante el juez Ruz, y que el comisario de confianza de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, los estaba revisando. A Gómez Gordo, ha dicho, se lo intentaron asignar a su equipo de la investigación de la caja b, pero el inspector se opuso, siempre según las fuentes presentes en la declaración.
El juez imputa al exjefe de la UDEF por el espionaje a Bárcenas
La presión llegó a tal punto que el inspector tuvo que llevar con especial sigilo la preparación del registro en la sede central del PP en la calle Génova de Madrid. Según asegura, se le llegó a plantear desde los mandos que debía cuestionar en sus informes la información del diario El País con los papeles de Bárcenas y que evitara relacionar un posible cohecho por la supuesta relación entre los empresarios donantes y la adjudicación de obra pública, a lo que se tuvo que volver a negar, defendiendo su investigación y garantizando que había indicios que apuntaban a esa contabilidad en negro que había manejado el extesorero durante casi veinte años. La caja b ya ha sido ratificada por dos sentencias judiciales, en la Audiencia Nacional y después en el Tribunal Supremo, y aún sigue abierta una causa sobre el posible cohecho.
Su trabajo para la Audiencia Nacional se vio seriamente ralentizado en 2015, cuando incomprensiblemente le trasladaron a la DAO, a las órdenes directas de Pino. Allí estuvo algo más de año y medio, tiempo en el que "no sabían ni dónde" colocarlo y le pedían, entre otras cosas, que revisara informes apócrifos como el falso sobre las finanzas de Podemos (Informe PISA). Clarificador de lo que le estaba ocurriendo es lo que le comentó un día otro comisario, Enrique García Castaño, con quien se cruzó un día que había ido a tomar café con su jefe. "Tú qué haces aquí, si tenías que estar muerto", asegura Morocho que le llegó a decir este policía ya jubilado al que apodaban El Gordo y que también está imputado en Kitchen.
Fue en ese tiempo en la DAO cuando dedujo que había en marcha una investigación paralela sobre Luis Bárcenas. Siendo el inspector jefe de Gürtel y caja b, Morocho sabía que el juez instructor no había encargado ningún seguimiento o informe en esos términosGürtel, lo que le llevó a concluir, para su sorpresa, que se trataba de un operativo al margen del juzgado. Su desconfianza, ha dicho, se acrecentó, pues eso podía arruinar toda su investigación y llevar a la nulidad del procedimiento. No fue así, y años después la macrocausa Gürtel encara su recta final de juicios en la Audiencia Nacional, todos los que se han celebrado han acabado en condenas para sus principales acusados y se ha acreditado la existencia de la caja b del PP.
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