Veinte años después de que dos recién elegidos diputados del PSOE –Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, tránsfugas o vendidos, según quién los defina– auparan a Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid, resulta imposible y absurdo armar un relato sobre cómo estaríamos ahora de no haber existido aquella traición. Dicho de otro modo, no cabe aventurar cómo habría discurrido el río político madrileño si, tras 20 días de un terremoto que empezó aquel 10 de junio, el 30 de junio de 2003 cada cual hubiese votado en la Cámara autonómica a la persona elegida por su partido y las riendas hubieran quedado así en manos del socialista Rafael Simancas.
Dibujar un paisaje político a partir de la hipótesis de un tamayazo fallido no es factible. Pero sí lo es trazar la línea de continuidad derivada de aquel episodio, máxime tras la abrumadora victoria electoral cosechada el 28M por una de las dirigentes que empezaron a crecer políticamente tras el tamayazo, Isabel Díaz Ayuso.
Aquella fue y sigue siendo una historia turbia, plagada de sombras y sospechas nunca esclarecidas en torno a tramas inmobiliarias. Fue también, visto en perspectiva, un hito en la historia democrática española. Y supuso el acta fundacional de un periodo donde el éxito y los escándalos de corrupción han formado un tándem. Para el PP madrileño no ha habido factura política. Por incluir, el cóctel incluye hasta un ingrediente clásico de las películas del cine negro: la amenaza que siete años más tarde lanzó el propio Tamayo contra Aguirre –“esto no va a quedar así”– y las declaraciones que una de las “ranas” de la extensa charca de la corrupción madrileña, Francisco Granados, soltó en 2017 sobre cómo el tránsfuga había pedido al PP entre dos y cinco millones por su papel en 2003.
Ni Tamayo cumplió la amenaza –infoLibre le pidió hace días una entrevista que rehusó conceder– ni las palabras de Granados, no se sabe si ciertas o falsas, alcanzaron tierra firme. En su obra El tamayazo. Crónica de una traición (Los Libros De La Catarata, 2013), el periodista Felipe Serrano recuerda cómo el día en que Tamayo se plantó en la Puerta del Sol para hablar con Aguirre “sobre temas relacionados con lo ocurrido en 2003”, la presidenta alegó ante los periodistas un absoluto desconocimiento: “Jamás he visto a Tamayo, no he hablado en mi vida con él”. La jefa, maestra y figura admirada de Ayuso mostró entonces, marzo de 2010, una sorpresa equiparable a la que seis años más tarde envolvió sus palabras durante su comparecencia en la comisión de investigación parlamentaria del caso Púnica: “He nombrado a más de 500 cargos y dos han salido rana”.
La afirmación de Aguirre, probablemente la más célebre de todas las suyas, tomó cuerpo en los titulares del 12 de febrero de 2016. Tres meses y cinco días después, el juzgado de lo penal 22 de Madrid dictó sentencia contra el único acusado por el tamayazo, Alberto Moreno. A Moreno se le sentenció no por lo que el golpe significó en sí ni por el aluvión de dudas sobre por qué dos empresarios del ladrillo habían puesto en bandeja una habitación de hotel para que Tamayo pudiera sortear a la prensa el día del pufo parlamentario. Nada de eso. Quien se sentó en el banquillo y recibió condena –seis meses de prisión– fue un operador de telefonía señalado como filtrador de las llamadas entre Tamayo, esos empresarios y cargos del PP. La instrucción judicial había durado 12 años: una docena, no hay erratas. Y el juez instructor había sido Adolfo Carretero, hermano de un alto cargo de Aguirre que en 2015 era todavía director general de Madrid para Relaciones con la Administración de Justicia.
Del tamayazo no hubo ni habrá a estas alturas más condenas. Y no cabe conjeturar quiénes o por qué exactamente las habrían recibido de no inadmitir los tribunales la querella que interpuso el PSOE. Pero sí es posible rastrear quiénes, gracias a la llegada al poder de Esperanza Aguirre fueron ascendiendo de su mano y se convirtieron así en auténticos herederos del tamayazo: herederos en tanto en cuanto sus carreras políticas se vieron beneficiadas por la llegada de la lideresa y su triunfo interno frente a su rival más conocido, Alberto Ruiz-Gallardón. Entre aquellos a los que el tamayazo les puso en la pista de salida se cuenta Ayuso: porque fue justamente Aguirre la que alimentó política y económicamente a la actual líder del PP madrileño en sus primeros años a bordo del PP y la Comunidad de Madrid. Pero Ayuso no es la única.
Abascal y su "chiringuito"
Aunque no es posible saber si habría dado con otro camino hacia el éxito, a la lista de beneficiarios políticos de Tamayo hay que añadir al presidente de Vox, Santiago Abascal. Procedente del PP vasco, Aguirre no solo le dio cobijo en la Comunidad de Madrid sino que en febrero de 2013, en plena crisis económica y ya con su delfín Ignacio González al frente de la Presidencia de Madrid, quedó bajo su control lo que él mismo terminó definiendo como un “chiringuito”, la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio.
Abascal cobró un sueldo de 82.000 euros, un tercio del presupuesto global de la entidad. En diciembre de ese año, el Ejecutivo madrileño ordenó disolverla. A finales de 2018, la Cámara de Cuentas desveló que la fundación no había podido ser fiscalizada dada su opacidad. Ni siquiera había rendido cuentas, se leía en el informe.
Entre 2008 y 2012 el el Gobierno de Aguirre ya había subvencionado con más de 275.000 euros a otra fundación ligada a Abascal: Denaes, que presidió hasta 2014 y a cuyo patronato continúa perteneciendo.
Ayuso, asesora de Prada en el primer Gobierno de Aguirre
Pero, sin duda, el fenómeno más relevante en lo que al lote de herederos del tamayazo se refiere es el de Ayuso. La escalada de la nueva lideresa del PP madrileño y vencedora por goleada en las elecciones madrileñas del domingo aparece indisolublemente ligada al afianzamiento del PP gracias al tamayazo.
En 2006, durante el primer Gobierno de su jefa, Ayuso ya era asesora de comunicación de uno de los consejeros del Ejecutivo, Alfredo Prada. Y en 2007 entró en la lista electoral para las autonómicas de mayo: en el puesto 96, uno de esos que salvo milagro son y serán virutas de relleno pero que ahí están. A las siguientes elecciones, las de 2011, Ayuso llegó trabajando en comunicación con un sueldo de 4.100 euros mensuales para Madrid Network, la asociación privada creada por Aguirre y a la que su Ejecutivo entregó un préstamo de 80 millones públicos cuya devolución al Gobierno central ya ha costado al erario madrileño 50 millones, como ha desvelado infoLibre.
A partir de los comicios de 2011, y tras una carambola que le abrió la puerta de la Asamblea de Madrid –la marcha a otro organismo público de una diputada electa–, Ayuso no solo no perdió nunca el escaño sino que su trayectoria fue al alza: máxime a partir de 2019, cuando la situó como candidata a la Presidencia de Madrid Pablo Casado, otro de los discípulos de Aguirre. Aguirre había ejercido casi una tutoría en lo que concierne a los estudios académicos de Casado. “Aguirre decía: 'Hombre, cuídame a este chico, que tengo mucho interés'”, narró al diario El Mundo el exdirector del centro universitario donde se graduó en Derecho el político que Ayuso consideraba de su familia y al que, secundada por los demás barones, fulminó como líder del PP. Lo defenestró en cuanto puso en duda el contrato millonario adjudicado por la Comunidad de Madrid durante la pandemia a una empresa de la que cobró 234.000 euros de comisión el hermano de la presidenta, con quien a tenor de los documentos registrales comparte una sociedad sin actividad pero viva, Sismédica SL.
Casos judiciales cerrados y aún pendientes
Las investigaciones judiciales por corrupción terminaron engarzando los destinos de Francisco Granados y del que fue jefe directo de Ayuso, Alfredo Prada, dos de los 12 miembros del primer gobierno de Esperanza Aguirre: es decir, el conformado en noviembre de 2003 tras la repetición de elecciones forzada por el tamayazo. Granados ya ha sido condenado en una de las piezas de Púnica, la macrocausa que recogió el testigo del caso Gürtel y donde la financiación del PP madrileño volvió a situarse en el centro de la escena. Y Prada espera desde julio de 2021 a sentarse en el banquillo acusado de prevaricación y malversación en el caso de la Ciudad de la Justicia, el proyecto que preveía ingresar 200 millones de euros por la venta de diversos inmuebles judiciales –se enajenaron solo dos, por 75 millones– y para el que, sin embargo, se contrataron trabajos por importe total de 355 millones.
Pero de aquellos 12 integrantes del Ejecutivo nacido tras un golpe de mano que cambió el rumbo de la política madrileña, no solo Granados y Prada acabaron como imputados o investigados. Seis han desfilado por los juzgados, la última Esperanza Aguirre: también por la financiación del PP en el caso Púnica, aunque en octubre de 2022 el juez Manuel García Castellón la exculpó porque –y así lo recalcó en su auto judicial– no puede considerarse "acreditada" su participación en hechos delictivos. Aguirre, vino a argumentar el juez, no sabía que el partido se estaba nutriendo con entregas de contratistas públicos.
También se salvó finalmente de ese caso Ignacio González, primero mano derecha de Aguirre, luego presidente de la Comunidad y ahora en espera de juicio por –siempre supuestos– delitos de corrupción en otro caso –Lezo–, donde la clave reside en su papel al frente del Canal de Isabel II, aunque García Castellón le ha exonerado de la pieza sobre blanqueo de capitales. Su sucesora al frente de la Comunidad, Cristina Cifuentes, también estuvo implicada en el caso Púnica pero el magistrado archivó la causa conta ella: "no se acreditó" –argumentó– que participara en la supuesta financiación ilegal del PP.
En la lista de aquel primer gobierno aparece Juan José Güemes, también imputado por la caja B y ya exculpado, y los ya referidos Francisco Granados y Alfredo Prada. También se salvaron del procesamiento otros antiguos consejeros de Madrid. Por ejemplo, Manuel Lamela, miembro del primer Gobierno de Aguirre y quien como consejero de Sanidad acusó en falso a los médicos del hospital Severo Ochoa de matar a pacientes con sedación terminal. Lamela obtuvo luego un crédito de Madrid Network para un proyecto de sanidad privada y que –por lo que se sabe– nunca se devolvió. De legislaturas posteriores otros dos consejeros adquirieron el rango de investigados a quienes el juez de Púnica levantó finalmente la imputación: Salvador Victoria y Lucía Figar.
Cospedal, Bárcenas y Villarejo
El 'tamayazo' persigue a Alberto Moreno quince años después de la traición
A la lista de consejeros imputados de Esperanza Aguirre en su legislatura de arranque hay que sumar a alguien cuya carrera interna y externa se disparó y que tampoco tendrá que sentarse en el banquillo. María Dolores de Cospedal, que ya había ostentado dos subsecretarías en los Gobiernos de Aznar, se sumó al final de 2004 al Ejecutivo madrileño como consejera de Transportes, escaló luego con Mariano Rajoy hasta el cargo de secretaria general del PP y ministra de Defensa y en los años más recientes ganó fama como interlocutora del ya célebre comisario José Manuel Villarejo durante el espionaje al extesorero Luis Bárcenas.
Cospedal también acabó exculpada por Manuel García Castellón, juez instructor de ese caso, Kitchen. En una de las grabaciones difundidas por El País se oye cómo Cospedal le dice a Villarejo lo que sigue: “La libretita [de Bárcenas]… sería mejor poderlo parar”.
Lo que desde luego no paró fue el espionaje al extesorero, autor de la tabla de datos manuscrita –los papeles de Bárcenas– que desvelaba nombres, fechas, ingresos y pagos con cargo a la caja B del PP nacional. La otra caja B, la madrileña, sentará en el banquillo de Púnica al antiguo gerente regional del PP durante el largo mandato de Aguirre, incluida la etapa de Fundescam, la fundación utilizada para financiar al partido y de la que nada sabía la mujer que llegó a la cúspide gracias al tamayazo. Ese gerente, Beltrán Gutiérrez, es el mismo a quien, cuando en 2014 se vio cercado por la investigación sobre el uso para gastos personales de las llamadas tarjetas black de Caja Madrid, Isabel Díaz Ayuso envió un whatsapp que finalizaba de este modo: “Yo por Beltrán ma-to”. El exgerente fue condenado en 2017.
Veinte años después de que dos recién elegidos diputados del PSOE –Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, tránsfugas o vendidos, según quién los defina– auparan a Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid, resulta imposible y absurdo armar un relato sobre cómo estaríamos ahora de no haber existido aquella traición. Dicho de otro modo, no cabe aventurar cómo habría discurrido el río político madrileño si, tras 20 días de un terremoto que empezó aquel 10 de junio, el 30 de junio de 2003 cada cual hubiese votado en la Cámara autonómica a la persona elegida por su partido y las riendas hubieran quedado así en manos del socialista Rafael Simancas.