Hermann Tertsch infringió el Código de Conducta del Parlamento Europeo al no declarar una empresa de su propiedad

Eurodiputado de Vox desde mayo de 2019 y vicepresidente del grupo parlamentario al que pertenece su partido, el ECR (Conservadores y Reformistas Europeos), Hermann Tertsch infringió el Código de Conducta de la Eurocámara al no declarar su presencia accionarial y gestora en una empresa fundada por él mismo y que había utilizado para facturar trabajos como periodista. Con Tertsch como administrador único, se trata de la sociedad Regueros 11 SL. Tertsch no decidió disolver la compañía hasta el pasado 17 de febrero, como ha comprobado infoLibre a través del Registro Mercantil. Habían transcurrido ya 20 meses desde el 18 de junio de 2019, cuando presentó la declaración de intereses económicos. Es decir, el formulario que obliga a todos los eurodiputados a informar con detalle a la Cámara de su actividad profesional en "los tres años anteriores" a su ingreso en el Parlamento de Estrasburgo así como de las empresas en cuyo organigrama societario ocupase durante ese periodo o siga ocupando algún puesto.

En respuesta al cuestionario que el martes por la mañana le envió este periódico, Terstch argumentó que no creyó "necesario incluir [en su declaración] ninguna referencia" a su posición en Regueros 11 SL porque el 28 de junio de 2019 comunicó a la Agencia Tributaria "el cierre efectivo de actividad" de la mercantil. "El cierre de esta sociedad sin actividad ninguna –continúa su respuesta– había sido encargada a mi asesor tras las elecciones y se llevó a cabo el mismo mes de mi llegada a Bruselas, razón por la cual no creí necesario incluir ninguna referencia en mi declaración en el Parlamento Europeo". 

El documento remitido a Hacienda y una copia del cual envió Tertsch a infoLibre constata que, en efecto, diez días después de rubricar su declaración de intereses económicos notificó a la Agencia Tributaria en nombre de Regueros 11 SL la siguiente decisión: "Dejar de ejercer todas las actividades empresariales y/o profesionales (personas jurídicas y entidades, sin liquidación. Entidades inactivas)". Pero el hecho de que esa comunicación a la AEAT entrañe la declaración de inactividad económica, y así lo han confirmado a este medio expertos en materia tributaria, no implica la liquidación de la sociedad, que se mantuvo latente aunque viva hasta el 17 de febrero de 2021.

¿Por qué demoró hasta el 17 de febrero de 2021 –es decir, hasta un año y ocho meses después– la reunión de la junta general universal que acordó la liquidación de Regueros 11 SL, como acredita el Registro Mercantil? ¿Y por qué no comunicó en su declaración de intereses al Parlamento Europeo que en los "tres años anteriores" a su entrada en la Cámara había ostentado el cargo de administrador único de Regueros 11 SL, sociedad de la que era propietario mayoritario como titular de 300 de las 305 participaciones sociales con que fue constituida el 10 de julio de 2008? Esta vez, Terstch respondió solo a la primera de las dos preguntas. Lo hizo a las 0.27 horas de este miércoles: "Pues no lo puse porque supongo que no rellené ese trámite con el cuidado necesario. Vistos los efectos y actividad referida que era nula supongo que el error o despiste solo puede tomarse como grave para quien solo pretenda hacer daño a mi persona".

La declaración de intereses económicos de los eurodiputados persigue trazar el mapa de relaciones societarias de cada eurodiputado y sus potenciales vínculos con grupos de influencia, tanto si conllevan remuneración de algún tipo como si poseen carácter altruista. 

Durante casi dos años, ha permanecido así incompleta la declaración de intereses económicos de Tertsch, la misma que en aplicación de la normativa sobre el Código de Conducta cada eurodiputado efectúa al inicio de su mandato [puedes ver la suya pinchando aquí]. Todos deben actualizarla en cualquier momento si se produce algún cambio. De carácter público, la declaración busca también reforzar la imagen de transparencia, honorabilidad, independencia y limpieza del Parlamento que aprueba las políticas de la Unión Europea. 

Primer apartado del formulario de la declaración de intereses económicos presentada por Hermann Tertsch el 18 de junio de 2019

El formulario de la declaración, cuyo contenido plasma de manera pormenorizada el Código de Conducta, incluye dos casillas de enunciado inequívoco. Son el apartado A –reproducido justo sobre estas líneas– y el D. El primero se refiere a las actividades profesionales realizadas en los tres años previos a la toma de posesión del escaño y a la pertenencia del diputado "durante ese tiempo" a comités o consejos de administración: sea o no remunerada. El apartado D es donde el parlamentario ha de consignar en qué empresas sigue ostentando cargos en la fecha de su declaración, cobre o no. Y llega luego un tercer recuadro, el F, menos claro porque insta a reflejar "las participaciones en empresas o sociedades cuando pueda tener implicaciones políticas" o cuando otorguen al diputado "una influencia importante en los asuntos de los organismos de que se trate".

"Implicaciones políticas" o "influencia importante"

La redacción de este tercer compartimento del formulario se presenta más confusa al introducir el concepto de "implicaciones políticas" y el de "influencia importante". Hay diputados –por ejemplo, Jordi Buxadé, que encabezó la candidatura de Vox y socio del bufete Albacar, Clusa & Buxade– que han optado por lo que parece una vía intermedia: dejan vacía la casilla sobre su cargo en una determinada sociedad en los tres últimos años o en la actualidad pero declaran poseer participaciones en una mercantil: en este caso, la del bufete citado. Otros, como Javier Nart, elegido en la lista de Ciudadanos, incluyen sus sociedades en los tres apartados. Y otros, como Isabel Benjumea, del PP, no facilitan el nombre de la empresa a la que han pertenecido pero hacen constar que tuvieron relación con una mercantil, en este caso, Greatness SL: Benjumea, que dimitió como administradora de esa firma tras su entrada en la Cámara de Estrasburgo, no ofrece su nombre pero declara haber sido "fundadora y directiva" de una sociedad. Tertsch, en cambio, no ha dejado en su declaración el menor rastro de su actividad empresarial. La firmó el 18 de junio de 2019 y, desde entonces, se ha mantenido inalterable.

A preguntas de infoLibre sobre cuándo se considera que la tenencia de acciones o títulos en una compañía puede generar conflicto de intereses por sus "implicaciones políticas" o el grado de "influencia" que a través de ella adquiere el diputado, los servicios de prensa de la Eurocámara eludieron dar explicaciones. "En caso de ambigüedad –fue su respuesta– los miembros [del Parlamento] pueden solicitar asesoramiento confidencial al Comité Asesor sobre la Conducta de los Miembros" del Parlamento. Los portavoces de comunicación añadieron que "el presidente puede sancionar a cualquier miembro que infrinja el código de conducta". Y que esa sanción "es anunciada por el presidente en el Pleno y publicada de forma destacada en el sitio web del Parlamento durante el resto de la legislatura". 

El cuestionario inicial remitido a Tertsch este miércoles por la mañana incluía una pregunta sobre si había presentado alguna actualización de su declaración de intereses económicos o si prevé hacerlo. El eurodiputado respondió así: "No sé si en algún momento creeré que deba hacer algún añadido. Si lo considero sin duda lo haré".

InfoLibre también le preguntó si había realizado alguna consulta al Comité Asesor sobre la Conducta de los Miembros de la Cámara para que le asesorasen sobre si cabe alguna excepción que exima a los parlamentarios de cumplimentar el formulario de la declaración de intereses económicos. Aquí, Tertsch contestó así: "No, no consulté a nadie. Pero hice todo lo que me indicaron debía hacer".

A tenor de las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil de Madrid, la sociedad Regueros 11 SL no desarrolló en 2019 ninguna actividad que le reportase ingresos. Tampoco en 2017 ni en 2018. Pero en esos dos ejercicios –como en 2016, cuando facturó 4.260 euros– reconocía poseer un patrimonio neto de 196.000 euros. En 2019 y por razones que ninguna de las memorias anuales especifica, esa cifra quedó anotada como pérdidas del ejercicio.

Tertsch ostenta una de las vicepresidencias del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (CRE), el tercero de mayor tamaño en la Cámara. Al CRE perteneció hasta 2016 el partido de la extrema derecha alemana, AFD. Fue expulsado una vez que su líder invitó en enero de aquel año a la Policía a disparar contra los refugiados "si es necesario" para evitar su entrada en el país. No obstante, los lazos de AFD con Vox se han mantenido. Tras las elecciones generales de abril de 2019, la formación germana felicitó al partido de Santiago Abascal como los grandes ganadores.

Del contrato con una televisión pública al ataque al gasto público

Considerado uno de los cargos de Vox con mayor visibilidad en los ataques contra las “mamandurrias” y los “chiringuitos”, banderas en la estrategia de Vox contra el gasto público que el partido considera innecesario, Tertsch constituyó Regueros 11 SL el 10 de julio de 2008 con 3.050 euros de capital. Solo cinco de las 305 participaciones quedaron en manos de otra periodista: consta como cofundadora de la mercantil pero nunca desarrolló ningún cargo ejecutivo.

Tuit de Hermann Tertsch sobre mamandurrias.

La expansión fulgurante de Regueros 11 SL comenzó cinco meses después de su creación. Lo hizo de la mano de una televisión pública, Telemadrid, en la ya lejana etapa de Esperanza Aguirre. Con esa cadena, Hermann Tertsch firmó en 2008 en nombre de su empresa un contrato por 120.000 euros anuales. En junio de 2009, ambas partes suscribieron un anexo donde elevaban esa cuantía en 8.640 euros anuales más IVA. 

En virtud de ese contrato, luego prorrogado, Regueros 11 SL se comprometía con el ente público regional a que Tertsch prestase “los servicios correspondientes a la función de director y presentador del programa informativo denominado Diario de la noche”.Diario de la noche

Una década más tarde, el partido que aupó a Tertsch al Parlamento Europeo se mostraba partidario de cerrar Telemadrid. Así lo proclamó en mayo de 2019 Rocío Monasterio, entonces candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y que ahora repite en el puesto.

Once años antes, Tertsch había firmado en junio de 2008 y como persona física un contrato en su propio nombre con Telemadrid. Pero en diciembre quedó en agua de borrajas para dar paso al contrato de Regueros 11. La cuantía permaneció inalterable: 120.000 euros. 

La colaboración de Tertsch con Telemadrid tanto en Diario de la Noche como en el programa Alto y Claro siguieron viento en popa. En 2010, cuando diciembre echó la persiana del año con 4,1 millones de parados en medio de una crisis devastadora, Regueros 11 SL llegó a cobrar de la cadena pública madrileña 562 euros por cada informativo Diario de la noche, como acredita una de las facturas obtenidas por infoLibre. A esa cifra se añadía otra: 337 euros por cada programa Alto y claro. Por ejemplo, sus retribuciones de Telemadrid sumaron 9.778 euros en abril de 2010. IVA incluido.

La sintonía de Tertsch con una cadena nutrida por fondos públicos alcanzó tal dimensión que Telemadrid llegó en aquella etapa a asumir el pago de nada menos que 30.000 euros por los gastos de representación legal de Tertsch en la demanda que interpuso en 2009 contra el Gran Wyoming. 

 Tertsch acudió sin éxito a los tribunales por varios vídeos que el programa El Intermedio emitió tras el rocambolesco episodio de una pelea de bar que la propia Esperanza Aguirre había definido en 2009 como un ataque político de la ultraizquierda instigado por el programa televisivo de Wyoming. El programa se hizo con los justificantes de ingreso, reproducidos bajo estas líneas.

Los pagos de Telemadrid por el juicio de Hermann Tertsch contra Wyoming.

Abascal es el único líder que oculta al Congreso dónde obtuvo sus ingresos antes de ser diputado y si cobró de alguna fundación

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El propio rival de Tertsch en aquella bronca de madrugada a puñetazos subrayó luego que no disponía siquiera de televisor. Propietario de un bar en una de las calles selectas del barrio de Salamanca, el supuesto agresor tenía entre sus antepasados al general Narváez, influyente político en el reinado de Isabel II. Y formaba parte del consejo de administración de una empresa familiar cuyo capital social sobrepasaba los cinco millones de euros. 

No es la primera vez que dirigentes de Vox se saltan normas destinadas a reforzar la transparencia y el acceso universal a los intereses privados de los cargos públicos. El presidente del partido, Santiago Abascal, ocultó primero la compra de un chalé de lujo con hipoteca de 730.000 euros. Y en una actuación secundada al milímetro por sus 51 diputados al Congreso aunque no por sus tres senadores, se convirtió luego en el único líder del arco parlamentario español que se niega a revelar en la declaración de intereses económicos de dónde salieron sus ingresos en los cinco años previos a la toma de posesión del escaño.