Cada vez que se producen avances en el reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo, algo se remueve en lo más profundo de la derecha española. Es, prácticamente, una regla no escrita. Ya ocurrió en 2007, con la aprobación de la primera norma en esta materia. Y ahora, catorce años después, la historia ha vuelto a repetirse. "Un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936. Fue un enfrentamiento brutal entre dos sectores de los españoles que se saldó con los daños propios de una guerra civil", señaló este martes, a pocas horas de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, el exministro de UCD Ignacio Camuñas. Lo hizo durante una jornada organizada por la Fundación Concordia, creada por el PP, en Ávila. Y ante el silencio cómplice del presidente conservador, Pablo Casado, quien ha evitado contradecir o desautorizar las afirmaciones de quien fuera titular de Relaciones con las Cortes. "Hay un enorme consenso en que fue un golpe de Estado", enfatizan los diferentes historiadores consultados por este diario.
Los estudiosos consideran que ni siquiera debería abrirse un debate a este respecto. Principalmente, porque, dicen, no hay ninguna duda. El catedrático de Ciencias Política de la Universidad de Barcelona, Rafael Martínez, lo define en Subtipos de golpes de Estado: transformaciones recientes de un concepto del siglo XVII como "las acciones concatenadas y realizadas en un corto espacio de tiempo (exitosas o no) encaminadas, mediante la amenaza (creíble pero no forzosamente materializada), a remover (o a impedir que se alcance) el poder ejecutivo, por parte de un pequeño grupo con alta capacidad de disuasión que utilizará cauces ilegales –no siempre agresivos, aunque pueden serlo llegado el caso, pero sí que violentan–, que luego tratará de justificar arguyendo la defensa de unos intereses propios a ese grupo que se revisten de colectivos y que vienen a paliar el desastre al que abocaba la acción del Gobierno depuesto".
"¡Por favor!, es un golpe de Estado de manual", apunta Xosé Manoel Núñez Seixas, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela. Está claro que el movimiento militar, que tenía capacidad de disuasión, buscaba remover al Ejecutivo legítimo salido de las urnas en los comicios de febrero de 1936. También, que las acciones de los golpistas, planificadas durante meses, se llevaron a cabo de manera concatenada y en un corto espacio de tiempo, si bien es cierto que no fueron capaces de tomar el control de forma inmediata y esto terminó derivando en una guerra que se prolongó durante tres años. Y, por supuesto, el bien general como justificación del movimiento militar: "La situación de España es cada día más crítica; la anarquía reina en la mayoría de los campos y pueblos; autoridades de nombramiento gubernativo presiden, cuando no fomentan, las revueltas...", señalaba Franco en un mensaje del 17 de julio de 1936.
Los expertos consultados coinciden en señalar que actualmente hay un "consenso amplio" entre los historiadores sobre la "interpretación clara" del alzamiento militar como "golpe de Estado" y los "efectos" posteriores que tuvo la asonada. "Negar eso es demostrar una absoluta ignorancia", apunta Núñez Seixas. "Incluso los historiadores conservadores serios coinciden en eso", sostiene Gutmaro Gómez, profesor de Historia en la Universidad Complutense de Madrid y director del Grupo de Investigación Complutense de la Guerra Civil y el Franquismo (Gigefra). Otra cosa es lo que tiene que ver con las "causas" que pudieron desembocar en el golpe de Estado. "En este punto, puede existir algo más de desacuerdo", reconoce el historiador, que se muestra sorprendido por el hecho de que en pleno siglo XXI el principal partido de la derecha, una formación de Estado, acoja sin pestañear este tipo de discursos revisionistas.
Durante su intervención, Camuñas cargó con dureza contra la izquierda de hace más de ocho décadas. Si hay un "responsable directo" de la contienda, dijo, ese fue el Gobierno de la República. "Es mejor olvidar el pasado y no seguir pretendiendo que la derecha es la culpable de 1936. Eso es mentira", sentenció. Algo que irrita profundamente al historiador Ángel Viñas. "Lo que están diciendo ahora es lo mismo que decían los golpistas en el año 1936", sostiene el autor de ¿Quién quiso la guerra civil? Para el experto, las fuerzas de la derecha no buscan otra cosa que "preparar el terreno" de cara a las elecciones del mismo modo que lo hicieron en los años treinta. Por eso, se intenta avivar con fuerza el fantasma del "socialcomunismo", aunque desde hace décadas no exista un gigante como la Unión Soviética. "Y ahora tienen la presión de Vox. La historia, me temo, va a convertirse en otro de los campos de batalla", apunta el catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela.
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De todos modos, Núñez Seixas tampoco ve que haya un cambio de rumbo. Es cierto que en 2002 el PP votó a favor en el Congreso de reconocer a todos los que sufrieron la represión de la dictadura. Entonces, fue un paso de gigante. Sin embargo, luego llegaron los "carcas" de Casado "que están todo el día con la fosa de no sé quién". O aquella frase del líder de los conservadores pronunciada en la Cámara Baja hace muy pocas semanas: "Señorías, hablando de memoria histórica, la Guerra Civil fue el enfrentamiento entre quienes que querían la democracia sin ley y entre quienes querían la ley sin democracia". "La derecha siempre ha hecho lo imposible por echar la culpa de aquel golpe de Estado a la Segunda República", apunta Viñas al otro lado del teléfono.
Sin embargo, el historiador recuerda que lo que terminó el 18 de julio de 1936 fue todo un "proceso conspirador" que empezó en 1931. "Quienes quisieron la Guerra Civil fueron los monárquicos, los fascistas italianos y los militares", asevera. El estudioso detalla que ya en 1932 los monárquicos empezaron a entablar contactos con la Italia fascista. En marzo de 1934, unos meses antes de la famosa Revolución de Octubre, consta una visita del dirigente de Renovación Española Antonio Goicoechea a Roma para firmar "unos contratos de suministro de material de guerra". No fue el único. El 1 de julio de 1936, casi dos semanas antes del asesinato de Calvo Sotelo, un hecho que desde la derecha se fija como detonante del golpe de Estado, los monárquicos compran a Mussolini aviones, bombas, ametralladoras o proyectiles. El encargado de firmar los contratos de la operación, valorada en 39 millones de liras, fue otro de los diputados de Renovación Española.
La algarada no surgió de la noche a la mañana. Se llevaba preparando meses. De hecho, el 8 de marzo de 1936 consta ya una reunión de militares descontentos en la que se acordó que el mando del pronunciamiento recayera en Sanjurjo. En abril, el general Emilio Mola ya emite su primera instrucción secreta, recogida por Paul Preston en su obra La Guerra Civil española y en la que se hace especial hincapié en la importancia del terror: "La acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo. (...) Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos, para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas".
Cada vez que se producen avances en el reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo, algo se remueve en lo más profundo de la derecha española. Es, prácticamente, una regla no escrita. Ya ocurrió en 2007, con la aprobación de la primera norma en esta materia. Y ahora, catorce años después, la historia ha vuelto a repetirse. "Un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936. Fue un enfrentamiento brutal entre dos sectores de los españoles que se saldó con los daños propios de una guerra civil", señaló este martes, a pocas horas de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, el exministro de UCD Ignacio Camuñas. Lo hizo durante una jornada organizada por la Fundación Concordia, creada por el PP, en Ávila. Y ante el silencio cómplice del presidente conservador, Pablo Casado, quien ha evitado contradecir o desautorizar las afirmaciones de quien fuera titular de Relaciones con las Cortes. "Hay un enorme consenso en que fue un golpe de Estado", enfatizan los diferentes historiadores consultados por este diario.