La decisión del empresario de la construcción alicantino Enrique Ortiz de reconocer a última hora que financió al PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) de forma ilegal ha puesto sobre la mesa la importancia de los arrepentidos de los delitos de corrupción, que colaboran con la investigación a cambio de una reducción de las penas.
Esta colaboración, ya sea durante la instrucción o durante el juicio es de gran ayuda para los instructores, tal y como se ha comprobado en los casos Gürtel, Púnica e ImelsaGürtelPúnica , en los que los arrepentidos o colaboradores aportan pruebas vitales para destapar las tramas de corrupción.
Por ejemplo, la confesión de Ortiz, que se ha producido antes del inicio del juicio, pone en muy mal lugar al PP valenciano, que tiene muy difícil escapar de una condena. Aunque no hay nada imposible, ya que ya se ha dado el caso de que el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps fuera absuelto de recibir trajes de la trama Gürtel después de que dos de sus colaboradores lo hubiera reconocido.
En concreto, Ortiz muestra su conformidad con los hechos descritos por la Fiscalía Anticorrupción y el PSOE de la Comunidad Valenciana, personado como acusación popular, y reconoce haber abonado 348.115 euros al PPCV con ocasión de la campaña de las generales de 2008.
El dueño de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, integrado en el Grupo Cívica, admite que una de las firmas de la trama Gürtel, Orange Market, elaboró distintas facturas que suponían la prestación de servicios por parte de su compañía para dar cobertura "formal" a esas entregas.
Multa por prisión
La Fiscalía Anticorrupción solicita para el empresario una pena de cuatro años de prisión por delitos en las cuentas electorales y falsedad en documento mercantil. En su escrito de defensa, Ortiz reclama que se le condene a 15 meses de cárcel y una multa. "Solicitamos respetuosamente que el tribunal acuerde en sentencia la sustitución de las penas de prisión por la correspondiente multa", agrega.
infoLibre ha hablado con el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada, que explica que los fiscales pueden aplicar una reducción de las penas que reclaman para los procesados, pero nunca dejando de aplicar la ley: "Nos atan los hechos y las penas. Hay un margen sobreentendido de actuaciones, y en un escenario favorable, las personas que colaboran con la justicia pueden resultar muy beneficiadas, ya que los fiscales pueden reconsiderar los atenuantes que sean más discutibles, pero siempre que haya una restitución del daño causado", especifica Viada, que es fiscal del Tribunal Supremo.
Dos grados de rebaja
Esta colaboración, prosigue Salvador Viada, repercute en una menor pena: "Todo depende de la verdad que se considere probada. Y estos beneficios consisten en rebajar un grado e incluso hasta dos grados las penas. Es decir, en un delito grave, de 10 años, se podría rebajar hasta dos y medio de reclusión".
Pero a estas personas que colaboran con la justicia reconociendo los delitos a cambio de penas menores, ya que si no tienen antecedentes penales es muy probable que no ingresen en prisión, se unen los arrepentidos que en la fase de instrucción colaboran con la justicia.
infoLibre hace un recuento de todas estas personas que en una forma u otra han colaborado con los jueces y fiscales en las tramas de corrupción:
1. El denunciante de GürtelGürtel
El exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas sostiene que nunca formó parte de la trama corrupta liderada por Francisco Correa. Su versión de los hechos apunta a que desde un principio grabó las conversaciones de Correa, pero que nunca se benefició de los tejemanejes de la red. Es decir, según su versión, no es un arrepentido habida cuenta de que no reconoce haber cometido ningún delito. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción pidió para este exconcejal del PP, que desde un principio ha colaborado con la Policía Judicial para esclarecer los hechos, ocho años y 11 meses de cárcel.
Precisamente, en el caso de José Luis Peñas las fiscales aseguran que concurre respecto de todos los delitos que se le atribuyen la circunstancia atenuante de confesión apreciada como muy cualificada. Peñas fue el denunciante del caso, que aconsejado por su abogado Ángel Galindo aportó a la Policía Judicial las primeras grabaciones realizadas a Francisco Correa. Estas grabaciones dieron paso después a la publicación de los conocidos papeles de Bárcenas, en los que se refleja la contabilidad B del PP.
La diferencia de la pena que se reclama a Peñas con la del otro concejal del PP de Majadahonda que también grabó conversaciones a Correa ejemplifica de forma clara los beneficios que reporta colaborar con los jueces, fiscales y policías. El otro edil, Juan José Moreno, que no presentó denuncia por los hechos, afronta una petición fiscal de 24 años y dos meses de cárcel, sin que haya ningún atenuante.
También en el caso Gürtel el constructor de la Región de Murcia Alfonso García Pozuelo-Asins, anterior dueño de Constructora Hispánica, ha conseguido rebajar las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción por delitos fiscales abonando 20 millones de euros.
2. El arrepentido Marjaliza
Al igual que en Gürtel con los concejales Peñas y Moreno, en la Operación Púnica hay un ejemplo claro de lo positivo que resulta colaborar con la justicia. David Marjaliza, considerado el número dos de la trama liderada por el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, está el libertad desde el 31 de diciembre pasado después de abonar una fianza de 100.000 euros, mientras que su socio y amigo de la infancia permanece en prisión incondicional desde su detención en octubre de 2014.
Marjaliza aseguró al juez su intención de devolver todo el dinero que ganó de forma irregular, y realizó una confesión de casi diez horas que ha servido, entre otras cosas, para destapar la presunta caja B del PP madrileño que Granados había plasmado en una agenda de color morado. Marjaliza trata, de esta forma, rebajar de forma ostensible la pena que le reclamará la Fiscalía Anticorrupción.
3. caso imelsacaso imelsa
El exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Impulso Económico Local (Imelsa) Marcos Benavent pidió perdón públicamente por su actuación al frente de esta entidad de la Diputación de Valencia y afirmó que se había equivocado, por lo que intentaría reponer "todo" lo que se había llevado. Benavent fue el autor de las grabaciones a Alfonso Rus, que dieron pie a las diferentes investigaciones que han destapado numerosas irregularidades en el PP de la capital valenciana con la operación Taula.
Benavent, que se definió a sí mismo como un "yonqui del dinero", llegó a reconocer que se llevó de la Diputación "dinero de todo". Con esta actitud Benavent, al igual que el resto de implicados que colaboran con la justicia, trata de rebajar las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción.
4. CASO NOÓSCASO NOÓS
El excontable del Instituto Nóos Miguel Tejeiro, al que Manos Limpias le retiró días antes de iniciarse el juicio la acusación de 11 años de cárcel, acabó declarando como testigo en el caso Urdangarin. Y en su testimonio, el exasesor fiscal y exsecretario de la junta directiva del Instituto Nóos insinuó que la infanta Cristina siguió un "guión" al ser interrogada como acusada en la vista oral.
"Ella tiene derecho a mentir, pero yo tengo el deber de decir la verdad", explicó Tejeiro, cuyo testimonio perjudicó los intereses de Urdangarin y de la infanta. Por su parte, el expresidente balear Jaume Matas también quiso obtener una rebaja tras realizar una confesión, que sin embargo no convenció a la Fiscalía, que aseguró que la misma descargaba todas las culpas contra sus subordinados. Para el fiscal Pedro Horrach Matas no ejerció como un arrepentido de verdad.
5. LOS TRAJES DE CAMPS Y CAIXA PENEDÈS
Tampoco son arrepentidos, pero tanto en el caso de los trajes del expresidente de la Comunidad Valenciana como en el de Caixa Penedès, los procesados llegaron a un acuerdo con las partes para ser condenados a penas de menos de dos años de cárcel, lo que unido a que ninguno tenía antecedentes penales, no ingresaron en prisión.
Es el caso del exvicepresidente valenciano Víctor Campos y del jefe de gabinete de Camps, Rafael Betoret, que fueron condenados por cohecho Pagaron una multa de 40.000 euros y devolvieron los trajes que les regaló la trama liderada por Francisco Correa. Sin embargo, Camps fue absuelto por un jurado popular.
Por su parte, el ex director general de Caixa Penedés Ricard Pagès (2 años); y los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas, fueron condenados a un año de cárcel tras acordar con la acusación particular la pena. Los exdirectivos, los primeros que fueron condenados, tuvieron que devolver los 28 millones que percibieron de forma ilegal.
La decisión del empresario de la construcción alicantino Enrique Ortiz de reconocer a última hora que financió al PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) de forma ilegal ha puesto sobre la mesa la importancia de los arrepentidos de los delitos de corrupción, que colaboran con la investigación a cambio de una reducción de las penas.