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Casi dos semanas después de que creciesen las expectativas ante una posible renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la situación ha vuelto a la normalidad en la que se había instalado el órgano de gobierno de los jueces en los últimos dos años y medio. Una normalidad que pasa por seguir con mandato caducado al haberse frustrado el acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular debido a el veto impuesto por éste último al magistrado José Ricardo de Prada, un nombre que, curiosamente, sí estaba en el pacto que se había alcanzado en el otoño de 2018 y en verano de 2020.
Dado que las posiblidades de acuerdo se han esfumado, una vez más, los vocales mantendrán su agenda prevista para las próximas semanas y que pasa por llevar a término esta semana ocho nombramientos discrecionales, los últimos que podrán hacer antes de que entre en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que limita sus poderes en periodo de interinidad, y ponerse a trabajar en los informes de los anteproyectos de ley de Memoria Democrática y de Enjuiciamiento Criminal, según han informado a infoLibre fuentes de la institución que preside Carlos Lesmes.
Vocales consultados por este periódico lamentan que el resultado de la negociación tampoco haya llegado a buen puerto –han sido tres los intentos desde que se frustró la renovación de 2018 que colocaba al magistrado Manuel Marchena como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo–, pero no se plantean una dimisión o en bloque o de la mitad del órgano como medida de presión para que los partidos políticos cumplan con el mandato constitucional de aprobar una nueva composición de la institución. Aseguran que continuarán cumpliendo con su "responsabilidad" como han venido haciendo hasta ahora.
Sólo la vocal designada a propuesta de IU, Concepción Sáez, mantiene que la dimisión en bloque o de al menos once miembros del CGPJ sería la "única solución" para que los partidos se movieran. El pasado diciembre, fueron hasta cinco los vocales progresistas, incluida Sáez, que firmaron un voto particular en el que planteaban como solución la renuncia, por un lado para forzar que el Congreso y el Senado cumplan con su "obligación constitucional" y también para evitar y frustrar las "expectativas de interferencia en la independencia judicial de quien obstaculiza la renovación", en clara alusión al PP. Sin embargo, fuentes del CGPJ reconocen que la posibilidad no se ha vuelto a plantear en las sucesivas reuniones que el órgano ha mantenido en los últimos dos meses y la mayoría sigue pensando que la dimisión no es ninguna salida.
Nombramientos con menos consenso
Esta es la situación que se presenta ahora tras casi dos semanas de expectación, también de los propios vocales, que veían más cerca que nunca la tan esperada renovación del CGPJ. Por lo pronto, los miembros del órgano consultados por este periódico dan por seguros los ocho nombramientos que tienen en cartera para el próximo jueves, en el Pleno extraordinario que se convocó la semana pasada para darse más tiempo para lograr un consenso mayoritario para nombrar a magistrados en esas plazas. Se trata de dos puestos de magistrado de Sala Primera (de lo Civil) del Tribunal Supremo –vacantes por la jubilación de sus dos titulares–, una en la Sala Cuarta (de lo Social) también del alto tribunal, otras dos en las presidencias de los tribunales superiores de justicia (TSJ) de Canarias y País Vasco –ambas llevan meses en interinidad–, dos en las presidencias de las audiencias provinciales de Almería y Salamanca, y una en la Sala de lo Social del TSJ vasco.
Las primeras cinco plazas requieren una mayoría cualificada de tres quintos del Pleno del CGPJ (trece vocales), mientras que para las tras últimas es necesaria la mayoría absoluta (once vocales). Las de mayoría absoluta no presentan mayores inconvenientes y, según fuentes del organismo, el jueves saldrán adelante con una amplia mayoría, aunque no tan holgada como la alcanzada en los plenos del pasado otoño, cuando los nombramientos fueron aprobados por 19 votos a favor y dos en blanco. Puede haber más dudas para las plazas de mayoría cualificada, sobre todo en la de la Sala Cuarta del Supremo, si bien vocales consultados creen que finalmente saldrán adelante por los trece votos necesarios.
El del jueves será, previsiblemente, el último Pleno del CGPJ con plenas funciones, ya que, según fuentes parlamentarias, la reforma de la LOPJ ya estará lista este mes para publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE), gracias a la tramitación por la vía de urgencia. Cuando esto ocurra, los nombramientos discrecionales quedarán en suspenso hasta que se produjese la tan esperada renovación de los veinte vocales. Así, el órgano de gobierno de los jueces celebrará su Pleno ordinario el 25 de marzo, como es habitual –estas reuniones se suelen convocar el último jueves de cada mes–, pero en su orden del día ya no figuraría la asignación de plazas. Así lo tienen ya asumido los vocales.
Informes de leyes en el próximo mes
El Gobierno no retirará a De Prada de la negociación del CGPJ pero admite que sí renunció a Rosell
Lo que sí seguirá su curso dure lo que dure la interinidad del CGPJ es el trámite de informe a los anteproyectos de ley que llegan del Gobierno. Esta semana, el órgano de gobierno de los jueces ya tiene dos encima de la mesa: el borrador de la Ley de Memoria Democrática que sustituirá a la de Memoria Histórica y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según las fuentes consultadas por infoLibre, para la primera ya se han designado ponentes del informe a los vocales Álvaro Cuesta y José Antonio Ballestero y el plazo para presentarlo finaliza el 29 de marzo; para la segunda, aún no se han designado ponentes y el plazo expira el 9 de abril. No obstante, estos tiempos se pueden prorrogar.
Es lo que ha ocurrido recientemente con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como ley del "sólo sí es sí", cuyo informe se apobó en el Pleno del CGPJ de la semana pasada después de al menos dos prórrogas solicitadas por los ponentes. Por unanimidad, los vocales estuvieron de acuerdo en las reticencias jurídicas de los proponentes a ciertos aspectos determinantes del borrador de la norma, como la definición del consentimiento o la absorción del delito de abuso sexual en el de agresión sexual.
Los informes del CGPJ, como el del resto de órganos consultivos del Gobierno, no son vinculantes, pero se suelen tener en cuenta para hacer retoques a los anteproyectos de ley. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ya anunció que el Ministerio deIgualdad seguirá "adelante" con la ley del "solo sí es sí" por el carácter "regresivo" del informe del órgano de gobierno de los jueces, aunque fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron que estudiarán el dictamen para que la norma que salga del Consejo de Ministros sea "la mejor posible".
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