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Horrach ve inaudito que se deje a Castro libertad para que aplique la ‘doctrina Botín’ en el caso de la infanta

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El fiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, aseguró este martes que no recibió ninguna orden del fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en el caso Urdangarin, y reclamó que tanto él como el fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, "respetaron y avalaron" sus decisiones.

"Por supuesto, ninguna institución del Estado me sugerió nada", dijo en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press en la que criticó el auto de la Audiencia Provincial de Baleares que mantiene la imputación a la infanta Cristina por dos delitos fiscales.

Para Horrach, es una "cosa inaudita" dejar al juez de instrucción "libertad de criterio" para interpretar una norma procesal –en alusión a si debería aplicarse la llamada doctrina Botín según la cual no cabría juicio sólo con la acusación popular–.

Pero además, cree que en su imputación a la Infanta por dos delitos fiscales, "de forma sorprendente" la Audiencia "construye una teses alambicada y artificial con contradicciones técnicas e inconsistencias tributarias".

A esas contradicciones, dijo, responderá en su momento en su escrito de acusación, en el que confirmó que no incluirá a Doña Cristina ni a los cuatro nuevo imputados por la Audiencia. Eso sí, en el caso del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, dijo que habrá que esperar a las nuevas diligencias de investigación que se solicitan para ver si hay datos objetivos que justifiquen la imputación.

"Queda mucho camino por delante"

Horrach no precisó cuándo presentará ese escrito y, preguntado si finalmente la Infanta Cristina se sentará en el banquillo, replicó que "ni el juicio comenzó ni la instrucción finalizó", sino que "queda mucho camino por delante".

Eso sí, dejó claro que, si por él fuese, "por supuesto que no" se sentaría en el banquillo, "pero no por una decisión arbitraria o caprichosa sino por una estricta aplicación de la ley procesal y penal".

"Consideró que no existen elementos jurídicos ni fácticos para sentar a la Infanta en el banquillo y así lo digo", subrayó, recordando que no es la primera ni la última vez que un fiscal recurre un auto de transformación y que el ser considerado "defensor de la Infanta" es una cuestión de los medios de comunicación".

Pese a discrepar de la Audiencia Provincial, Horrach dejó claro que él no se siente desautorizado –"revés jurídico no es el primero ni será el último que voy a tener a lo largo de mi carrera", ha dicho– y que sigue considerando válidos los planteamientos que mantuvo a lo largo de toda la instrucción y que no hay ningún dato nuevo que justifique cambiarlos.

La Fiscalía destapó el 99% de casos de corrupción 

Con todo, sí reconoció que se sintió "dolido", pero no por las críticas a su trabajo, sino por la falta de reconocimiento a la autonomía de la Fiscalía y a su labor contra la corrupción, porque "un 99 por ciento de las causas de corrupción abiertas en España fueron a iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción". "Si los ciudadanos saben que existe corrupción en España es porque la Fiscalía anticorrupción la hizo visible",defendió.

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Sobre el contenido del auto de la Audiencia, explicó que discrepa de la decisión de la Audiencia de imputar a la hermana del Rey delito fiscal y también en lo relativo a la legitimación del Ministerio Fiscal cuya legitimidad, recalcó, "viene otorgada por la Constitución y las leyes, no por los tribunales".

En lo relativo a los delitos, recordó que en sus autos de 2012 y 2013 la propia Audiencia descartó cualquier tipo de vinculación de la Infanta con el entramado de Nóos, en el que se inserta la sociedad mercantil Aizoon coparticipada por ella y su esposo, Iñaki Urdangarin.

En cambio, ahora la Audiencia sí que "establece una suerte de responsabilidad objetiva por el mero hecho de ser socia partícipe de una sociedad mercantil instrumental, circunstancia que al menos en España nunca ha estado contemplada como delito", según Horrach.

El fiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, aseguró este martes que no recibió ninguna orden del fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en el caso Urdangarin, y reclamó que tanto él como el fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, "respetaron y avalaron" sus decisiones.

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