Martes, 4 de mayo de 2020. Es la fecha fijada para que los madrileños acudan a las urnas, pero también el día escogido para la celebración de un juicio de previsible impacto mediático: el que sentará en el banquillo de los acusados al humorista David Suárez. La Fiscalía de Madrid pide pena de cárcel para el cómico por un presunto delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales. El motivo, un chiste publicado en redes sociales hace dos años.
La asociación Plena Inclusión Madrid denunció al cómico al considerar que el comentario encaja en un "discurso de odio" contra las personas con discapacidad. La Fiscalía pide un año y diez meses de prisión, además de una multa de 3.000 euros por su mensaje "despectivo". También exige su inhabilitación como cómico durante el tiempo por el que se prolongue la condena y otros cinco años más, en los que además no podrá ejercer ningún oficio educativo en el ámbito docente, deportivo o de tiempo libre.
La pretendida serenidad de David Suárez al otro del teléfono no eclipsa la indignación que dice sentir. "Nadie espera nunca sentarse en el banquillo por un chiste", reconoce a infoLibre. Cree que el impacto del tuit ha sido deliberadamente sobredimensionado. "Esto que sucede en España parece que ha sucedido en un país no democrático", reflexiona. "No queda otra reacción que el estupor". A su juicio, "hasta la gente a la que puede no gustarle" su humor entiende que la reacción es "desproporcionada", que la pena de cárcel es "excesiva" y que "la justicia está cometiendo un error". "La calle está cansada de que nos den lecciones a través de la ley", concluye.
La Fiscalía entiende que Suárez cometió un delito penado en el artículo 510 del Código Penal. Este precepto castiga a todo aquel que lesione la dignidad a través de acciones que supongan humillación, menosprecio o descrédito "contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél" y por motivos que incluyen la discapacidad. El juicio que se celebrará coincidiendo con las elecciones de la Comunidad de Madrid se produce después de que el caso fuera inicialmente archivado. En mayo de 2019, la asociación denunciante llevó el chiste a los tribunales y el juez se inclinó por el sobreseimiento. Entendía que el mensaje era "desafortunado, grosero, zafio, repugnante y sin gracia alguna", pero no un delito. Los Fiscalía asumió inicialmente el archivo, pero finalmente secundó el recurso de la asociación. La Audiencia Provincial de Madrid revocó el sobreseimiento.
Isabel Elbal ejerce la defensa del acusado. "Un año y diez meses de prisión por hacer un chiste", resume al inicio de la conversación con infoLibre. "Un chiste que a nadie gustó, parece ser, pero que no deja de ser un chiste hecho por un humorista profesional, escrito en una cuenta de Twitter dedicada exclusivamente al humor", completa. Insiste en que "a nadie le gustó" el chiste y por ello el joven "recibió tomatazos, no aplausos". El conflicto "debía haberse quedado ahí", pero se ha dado "un paso más y se entiende que es un delito de odio". El ánimo del chiste, enmienda la letrada, no era otro que "hacer reír, y eso excluye cualquier ánimo de delinquir". En esta línea, se pregunta si "toda risa o mofa sobre un colectivo vulnerable debe ser entendida como delito".
La defensa se agarra al contexto para recordar que la interpretación del chiste debe enmarcarse dentro del humor. "No hay que banalizar los delitos de odio", apostilla la abogada, quien reprocha a la justicia estar llevando el Código Penal a "unos extremos que nunca quiso el legislador". Las consecuencias, a su entender, redundan en una "desprotección de la ciudadanía, que no sabe lo que está mal", pero los efectos son también el "desaliento y la autocensura" por parte de los artistas.
Suárez, sin embargo, se reconoce "optimista respecto al futuro" y cree que la evolución lógica es que "se persiga lo que realmente son delitos de odio, no relatos de ficción" donde encuadra él su trabajo. También se muestra optimista en cuanto al respaldo recibido. "Siempre ha habido apoyo, pero era minoritario. Ahora empieza a haber un apoyo que no sentí hace dos años", afirma.
El comentario le costó al humorista su despido del programa radiofónico en el que participaba. Fue una de las grandes consecuencias para el cómico. "Durante una época larga hubo un periodo de desierto a nivel laboral: las marcas por supuesto te abandonan, hay una losa laboral que vas arrastrando", subraya para a continuación añadir que "por fin están cambiando las cosas". Desde el inicio, el también guionista se defendió mediante un comunicado, argumentando que su intención "nunca ha sido y nunca será la de herir a las personas con Síndrome de Down, ni causar dolor o sufrimiento a sus familiares". En julio del pasado año, el propio David Suárez escribía en infoLibre que si la acusación "tiene como objetivo erradicar las conductas vejatorias hacia las personas de este colectivo, es ingenuo pensar que eso se conseguirá borrando un tuit de ficción o pidiendo cárcel por un chiste".
Cómicos a juicio
No es David Suárez el primer cómico que acaba en los tribunales y no es la primera vez que el manido debate sobre los límites del humor divide a la sociedad. El cantautor Javier KraheJavier Krahe fue los primeros en abrir la veda. Lo hizo con sus Instrucciones para cocinar un cristo, una grabación en la que el artista llevaba a los fogones un crucifijo. Fue hace más de quince años y el caso llegó a los juzgados por un presunto delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Krahe fue absuelto de todos los cargos y el juez estimó que el vídeo suponía el legítimo ejercicio de una expresión artística que "con un componente burlesco" buscaba criticar "el fenómeno religioso en nuestra sociedad". El sentido del corto era, según el magistrado, inequívocamente "satírico, provocador y crítico".
Tres magistrados para juzgar un chiste: el cómico David Suárez se enfrenta a casi dos años de cárcel por un tuit
En aquel juicio estuvo presente José Miguel Monzón, El Gran Wyoming, el mismo que años después se sentaría también en el banquillo. Lo hizo junto a Dani Mateo, en el año 2018. La denuncia partía de la Fundación Franco, entidad que reprochaba una parodia efectuada por los dos cómicos en torno a la exhumación de los restos del dictador, durante el programa El Intermedio. La Fiscalía de Madrid archivó la denuncia. Ese mismo año, el mismo Dani Mateo fue denunciado por sonarse la nariz en una bandera rojigualda. El juez, una vez más, se decantó por el archivo.
A distintos procesos judiciales tuvieron que enfrentarse los creadores y trabajadores de la revista El Jueves. En noviembre de 2007, la justicia condenó a sus dibujantes a pagar 3.000 euros de multa por un delito de injurias al príncipe heredero (artículo 491.1 del Código Penal), como resultado de una portada en la que Felipe VI y la reina Letizia mantenían relaciones sexuales. La causa sigue ahora en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Diez años después, en noviembre de 2017, el director y el subdirector del magazine fueron investigados por un delito de injurias, tras una denuncia del Cuerpo Nacional de Policía por un chiste sobre el consumo de cocaína por parte de las fuerzas de seguridad. La Audiencia de Barcelona archivó el caso y enmarcó la burla en el ejercicio de la libertad de expresión.
En 2018, son los dos rostros visibles de la revista Mongolia quienes se encuentran inmersos en un proceso judicial. La denuncia contra Darío Adanti y Edu Galán parte del torero Ortega Cano, después de que los cómicos reprodujeran en un cartel su rostro, sobre el dibujo del cuerpo de un alienígena, para promocionar su espectáculo en Cartagena. La revista asumió una indemnización de 40.000 euros por un ataque al honor del denunciante. El caso ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo.
Martes, 4 de mayo de 2020. Es la fecha fijada para que los madrileños acudan a las urnas, pero también el día escogido para la celebración de un juicio de previsible impacto mediático: el que sentará en el banquillo de los acusados al humorista David Suárez. La Fiscalía de Madrid pide pena de cárcel para el cómico por un presunto delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales. El motivo, un chiste publicado en redes sociales hace dos años.