Iberdrola y Mapfre se resisten a desvincularse de un devastador proyecto en la selva amazónica

Las grandes empresas españolas Iberdrola y Mapfre podrían optar al contrato para construir la que sería la tercera mayor presa del mundo, que anegaría una superficie equivalente a la ciudad de Nueva York y heriría de muerte el modo de vida de un pueblo indígena y el ecosistema en el que vive. El polémico proyecto de la presa de São Luz do Tapajós, en plena selva amazónica de Brasil, aún no ha sido licitado pero ya cuenta con el rechazo de los ecologistas, informes negativos de instituciones brasileñas y empresas que ya se han desvinculado. No es el caso de Iberdrola y Mapfre, que se escudan en el estado embrionario del plan pero cuyos antecedentes muestran falta de escrúpulos a la hora de participar en megapresas que de renovables tienen poco. Greenpeace pide que anuncien públicamente su desvinculación, dado que considera que las evidencias son suficientes para considerar la posible futura central como incompatible con sus políticas de responsabilidad corporativa.

El desarrollismo económico promulgado por el Gobierno de Brasil se sustenta en perjuicio, en ocasiones, de los tesoros naturales únicos en el mundo que alberga la selva amazónica. Los planes del Estado brasileño pasan por 40 presas en la zona de mayor o menor tamaño, entre la que se encuentra la de São Luz do Tapajós. La construcción, según datos de Greenpeace, anegaría una superficie de 400 kilómetros cuadrados de bosque y generaría la deforestación de otros 2.220 kilómetros cuadrados. Afectaría, bajo criterio de Greenpeace, a las poblaciones de peces, reptiles acuáticos, tortugas, caimanes, delfines de río y otras especies –más de 2.600–, "como ya se ha comprobado con proyectos de energía hidroeléctrica en el pasado y en el presente", reza el informe de la organización ecologista.

Flora, fauna y pueblos indígenas son los amenazados. Los mundurukú, habitantes milenarios de la cuenca del río Tapajós, cortaban las cabezas de los colonizadores y las clavaban en las estacas que delimitaban su territorio. Cuatro siglos después dibujan cabezas en palos en los postes de madera que indican la nueva delimitación. La supervivencia de la comunidad depende de la marcha de los planes del Estado brasileño con respecto a São Luz do Tapajós. La presa no solo anegaría parte de su territorio, sino que también, según los ecologistas, incidiría directamente en la fertilidad del terreno, la pesca y la pérdida de la calidad del agua, recursos indispensables para ellos. Necesitan un río activo y una tierra seca para vivir.

La Constitución brasileña reconoce, en su artículo 231, el derecho de los indígenas a ser consultados cuando cualquier actividad incide en su territorio o en su modus vivendi. Sin embargo, el Estado tiene mecanismos para obviar las normas establecidas cuando lo estima oportuno. En 2014, el proyecto de la megapresa se consideró "de interés estratégico", lo que permitió suspender la demarcación del territorio mundurukú que había realizado la Fundación Nacional del Indio (Funai). "Es como en España las declaraciones de utilidad pública: te saltas procedimientos y se asume el impacto" de los planes, explica el responsable de bosques de Greenpeace, Miguel Ángel Soto. Establecer legalmente la zona de la que disfrutan los indígenas es un requisito indispensable para la negociación.

El proyecto está estancado. En parte porque ha dejado de ser una prioridad, debido a que, como explica Soto, "en Brasil está creciendo la pobreza y la desigualdad. Es un drama económico que hace que la necesidad de energía baje". También porque el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (Ibama) suspendió el pasado abril la licencia ambiental de la central hidroeléctrica, algo que, a juicio del activista, frenará pero no impedirá su construcción. El informe del organismo aporta decenas de argumentos. El impacto sobre la vida de personas, animales y plantas es defendido por la institución y considerado como una evidencia por Greenpeace, que pide a las grandes empresas españolas como Iberdrola y Mapfre que rechace cualquier participación futura, a sabiendas de que aún está todo en el aire.

Iberdrola participa del 39% de la empresa brasileña Neoenergía, la primera distribuidora de energía del país por número de clientes. La compañía ha estado implicada en la construcción de numerosas centrales hidroeléctricas. Incluyendo la represa de Belo Monte, ya terminada pese a las protestas de agentes nacionales e internacionales. Por su parte, Mapfre conforma una empresa llamada BB-Mapfre junto a su socio, el Banco do Brasil, participado mayoritariamente por el Gobierno. La corporación española participó también en Belo Monte asegurando el 30% del riesgo de la megapresa para reasegurarlo posteriormente: una operación conocida como fronting mediante la cual "ellos cobran la pasta y no asumen el peligro", opina Soto.

Iberdrola no ha querido contestar a las preguntas de infoLibre. Sin embargo, el activista de Greenpeace preguntó en la junta de accionistas de la entidad si pensaban desvincularse del proyecto de São Luz do Tapajós. El presidente, Ignacio Galán, contestó que su responsabilidad respecto a una sociedad de la que es propietaria al 39% no incluye la construcción de presas devastadoras. "Ni gestionamos ni pintamos nada en ese tema", aseguró, "son temas de los brasileños, que seguro que lo están haciendo de acuerdo con las leyes brasileñas". Se desvinculan de sus negocios en Brasil pero "en su memoria de actividades sí incluyen la actividad" en el país latinoamericano, lamenta Soto.

Mapfre declaró a los ecologistas en marzo que aún estaban analizando los riesgos asociados con el proyecto para decidir si participan o no. En declaraciones a infoLibre, fuentes de la compañía son mucho más tajantes. Aluden a que São Luiz do Tapajós existe solo en el papel. “No nos podemos desvincular de lo que no ha pasado. No hemos cambiado nuestra postura porque nunca la hemos tenido. No hay un planteamiento”. En el caso de que la central hidroeléctrica saliera adelante, en Mapfre prometen realizar un análisis “completo” del “riesgo y de las consecuencias medioambientales”.

La postura de las grandes firmas españolas es insuficiente para el ecologista y convierte en “papel mojado” sus declaraciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). En primer lugar, porque Greenpeace considera que las evidencias de impacto en los mundurukú y en la selva son ya suficientes. En segundo lugar, por los antecedentes. Iberdrola y Mapfre participaron en la construcción de la represa de Belo Monte, en funcionamiento desde hace meses en el río Xingú y con una licencia ambiental aprobada pese a las críticas de asociaciones y figuras mediáticas como James Cameron. Los problemas que acarreará, a juicio de su oposición, son similares: inundación de la selva, desecación del caudal y condena a las tribus indígenas.

Compromisos ambientales en cuestión

“El Grupo manifiesta su total rechazo al trabajo infantil y al trabajo forzoso u obligatorio y se compromete a respetar la libertad de asociación y negociación colectiva, así como los derechos de las minorías étnicas y de los pueblos indígenas en los lugares donde desarrolle su actividad”. Son palabras del código ético de Iberdrola, insuficientes para la empresa para rechazar el proyecto pese a su inmadurez. Mapfre se adhirió en 2004 al Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre responsabilidad social y sostiene que apoya los Principios para la Inversión Responsable (PSI), pero afirma que deben esperar a su propio análisis sobre Tapajós y no tuvo reparos en involucrarse en Belo Monte. Aún no se ha puesto ni un solo ladrillo en la cuenca del río, pero se prevé un combate intenso entre la ética de las corporaciones españolas y la golosa tarta hidroeléctrica en Brasil.