José Luis Escrivá Belmonte fue nombrado presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en febrero de 2014 por el Gobierno del PP. Su mandato es de seis años improrrogables, por lo que el próximo mes iba a ser el último al frente de este organismo de control fiscal creado por mandato de la Unión Europea tras el rescate financiero. El nombramiento de Escrivá Belmonte como titular del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, una vez desgajado de Trabajo –como adelantó infoLibre– acelera sólo un poco, por tanto, su salida de la AIReF.
Entre las responsabilidades del organismo –elaborar informes no vinculantes sobre las previsiones macroeconómicas del Gobierno y los Presupuestos del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos–, se encuentran también el análisis y diagnóstico de la sostenibilidad de la Seguridad Social. No sólo evalúa su presupuesto, sino también los cálculos para revalorizar las pensiones públicas. De este modo, la AIReF ha redactado en sus seis años de existencia numerosas opiniones, informes y documentos de trabajo sobre los problemas financieros de la Seguridad Social y sobre las múltiples y siempre polémicas medidas necesarias para garantizar unas pensiones que deben ser tan suficientes como sostenibles. Además, el propio José Luis Escrivá ha comparecido en un buen número de foros y ante las comisiones del Pacto de Toledo y de Empleo en el Congreso de los Diputados, para explicar su visión sobre los aspectos básicos de la que a partir de ahora será su responsabilidad en el ministerio.
Según los últimos cálculos de la AIReF, la Seguridad Social tiene un déficit estructural –eliminado el ciclo económico– de entre el 1,3% y el 1,5% del PIB, entre 15.600 y 18.000 millones de euros. Ese agujero, no obstante, es “manejable”, a tenor de lo que explicó José Luis Escrivá el pasado mes de octubre en unas jornadas organizadas por la agencia de noticias Servimedia. Para cerrarlo a corto plazo –una medida no sólo “deseable” sino también “factible”– la AIReF y su presidente recomendaban que el Estado asumiera los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, las reducciones de cotizaciones sociales –que se usan para incentivar los contratos indefinidos, por ejemplo–, las prestaciones por maternidad y paternidad, y las subvenciones de los regímenes especiales. También debería aumentar la cotización por contingencias comunes en unos 3,5 puntos –desde los 28,3 puntos actuales– y rebajar en la misma proporción la cuota para las prestaciones de desempleo –ahora cerca de los ocho puntos–, otra forma de “traspasar” el déficit a la “parte de la administración [el Estado] que dispone de herramientas para solucionarlo”. Así, el desfase se vería como “un problema del conjunto de las administraciones públicas y no como algo inherente a la Seguridad Social”.
Pero como el problema a largo plazo del sistema es el envejecimiento de la población y el aumento del gasto en pensiones asociado, la AIReF ha propuesto una batería de medidas encaminadas a contener el gasto sin poner en peligro, asegura, la suficiencia de las prestaciones. Según sus previsiones, en 2048 el gasto en pensiones representará el 13,5% del PIB, unos tres puntos más que en la actualidad. Para “manejar” ese aumento, José Luis Escrivá aboga por “profundizar” en la reforma de las pensiones de 2011, que elevó la edad de jubilación –de forma gradual hasta los 67 años, en 2027–, el periodo para calcular la cuantía de la pensión –pasará de 15 a 25 años en 2022– y el número de años necesarios para cobrar el 100% de la pensión –de 35 a 37 años en 2027–.
Adiós al IRP, ¿y el factor de sostenibilidad?
El presidente de la AIReF planteaba acercar lo máximo posible la edad efectiva de jubilación, actualmente en 62,4 años, a la legal –67 años en 2027– y elevar el periodo de cálculo de la pensión por encima de los 25 años establecidos en la reforma de 2011, incluso hasta computar toda la carrera laboral, como ocurre en Alemania, Italia o Suecia. En la opinión que el organismo hizo pública en enero de 2019 utilizaba un periodo de cálculo de 35 años para 2027 que le servía para atribuir a esa medida una contención del gasto en pensiones de medio punto del PIB en el horizonte de 2048.
Todas estas iniciativas, recalca la AIReF, deberían aprobarse siempre “con el máximo consenso político y social” y aplicarse “de forma gradual” para “suavizar” su impacto.
Precisamente por su coste político, Escrivá y la Autoridad Fiscal descartan el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) creado por la reforma de las pensiones de 2013reforma de las pensiones de 2013. “Un instrumento diseñado con la mejor de las intenciones”, pero “impracticable” y “con poco recorrido”, aseguró en las jornadas de Servimedia. Aplicando el IRP, los gobiernos del PP subieron las pensiones entre 2014 y 2017 sólo un 0,25% cada año. Así debería ocurrir, en cumplimiento de la ley, siempre que la Seguridad Social tuviera déficit, como ocurre desde 2012. De hecho, la AIReF preveía en 2017 que tendría que seguir aplicándose esa cuasicongelación por lo menos hasta 2022 por los problemas financieros del sistema.
Sin embargo, “los incentivos para deshacer la reforma [de 2013] han resultado demasiado fuertes”, apuntaba el organismo en su opinión del pasado enero, en referencia a la presión que las multitudinarias y continuas protestas de los jubilados en toda España ejercieron sobre el Ejecutivo del PP en año electoral y con los Presupuestos pendientes de aprobación. Finalmente, Mariano Rajoy pactó con el PNV su apoyo a las Cuentas del Estado a cambio de, entre otras medidas, subir las pensiones un 1,6% en 2018. Desde entonces, el IRP se encuentra suspendido, aunque no derogado, y las prestaciones han vuelto a revalorizarse de acuerdo con la inflación.
Cabe recordar que el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos incluye la actualización de las pensiones “conforme al IPC mediante ley de forma permanente”, así como un aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y no contributivas. Es decir, la derogación del IRP.
No obstante, la AIReF también ha defendido en sus informes otras “posibilidades de revalorización complementarias al IPC”, como el crecimiento del PIB, de los ingresos del Estado o de las cotizaciones sociales. Fue ésta una de las cuestiones que más debate suscitó en la Comisión del Pacto de Toledo el año pasado. Unidas Podemos se negaba a “modular” el IPC con ningún otro parámetro, mientras que PP, Ciudadanos y PDeCAT querían incluir en la fórmula el PIB o los salarios.
Contra la japonización, inmigración
Por el contrario, la AIReF ha elaborado todos sus documentos sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social teniendo en cuenta el factor de sostenibilidad, la otra medida estrella creada por la reforma de 2013 y que el acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos también promete derogar. Escrivá nunca lo ha puesto en cuestión, a diferencia del IRP. El factor, que recorta la cuantía de la pensión inicial de acuerdo con la esperanza de vida de cada generación, quedó igualmente en suspenso hasta 2023 por decisión del Gobierno del PP. Según la reforma, debería haberse empezado a aplicar ya a quienes se hubieran jubilado en 2019. De haberse hecho así, su efecto para contener el gasto en pensiones equivaldría a 0,6 puntos del PIB, calcula el organismo.
Eso sí, además recortaría la tasa de cobertura –la relación entre pensión media y salario medio– del 57% actual hasta el 53% en 2048.
Para garantizar la sostenibilidad del sistema, José Luis Escrivá también ha defendido la puesta en marcha de políticas fiscales favorables a la natalidad y de medidas que apoyen la conciliación laboral. Y ha señalado la necesidad de utilizar la inmigración como recurso para aumentar la poblaciónla inmigración como recurso para aumentar la población. Ambas son herramientas para combatir el envejecimiento y la dispersión. En el Senado explicó que España sigue la trayectoria demográfica de Japón con “un decalaje de 15 años”. No obstante, según las previsiones de la AIReF, puede alcanzar los 50 o 60 millones de habitantes en 2050, “lo que permitiría un crecimiento del PIB del 1,6%”, resaltó. Para ello, calculaba una entrada neta de inmigrantes de 270.000 al año.
Rentas mínimas distintas a la ILP
Otra de las cuestiones en las que José Luis Escrivá tendrá la ocasión de poner en práctica los análisis elaborados en la AIReF son las rentas mínimas. “Una medida de gran calado potencial dados sus efectos redistributivos y fiscales”, destacó ante la Comisión de Empleo del Congreso en noviembre de 2017. El organismo fiscal ha analizado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre rentas mínimas que habían presentado UGT y CCOO en febrero de ese año. Tal y como la diseñaron los sindicatos, la medida tendría un coste de entre 7.200 y 9.800 millones de euros, de acuerdo con los cálculos de la AIReF. Además, padece “debilidades” desde el punto de vista de la “eficacia, la institucionalidad y la eficiencia”, sostiene en el informe que elaboró a petición del Gobierno del PP y entregó en junio de 2019.
El organismo precisaba entonces que la ILP fallaba a la hora de reducir la pobreza severa, la que padecen quienes sólo poseen el 30% de la mediana de la renta disponible, 355 euros al mes para un individuo o 746 euros para dos adultos con dos niños. La obligación de que el beneficiario se inscriba como demandante de empleo durante los 12 meses anteriores a la solicitud de la ayuda “identifica pobreza con paro de larga duración” y excluye a potenciales destinatarios, argumenta el documento. También la considera un desincentivo a la reincorporación al mercado laboral. Y critica el “solapamiento” que se produce con otros programas de rentas mínimas nacionales y autonómicosrentas mínimas nacionalesautonómicos, al tiempo que no la ve integrada con las políticas sociales de los ayuntamientos.
La AIReF hizo entonces dos propuestas de renta mínima, con un coste de 5.500 millones de euros. Ambas tendrían como requisito principal para obtenerla la renta del hogar, eliminando el requisito laboral de la ILP. Las ayudas serían además compatibles con el empleo; es decir, actuarían como complemento salarial hasta un determinado umbral que se considere como salario suficiente. Y las comunidades autónomas podrían completarlas tanto en cobertura como en cuantía. Los potenciales destinatarios deberían inscribirse en la Agencia Tributaria “para agilizar trámites y reducir el riesgo de fraude”. Se solicitarían en los ayuntamientos.
La primera equivaldría al 80% del Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), fijado en 537,84 euros al mes, con un complemento de 1.200 euros al año por hijo. Esta opción beneficiaría a 1,8 millones de personas y reduciría la tasa de pobreza severa un 60,4%, asegura la AIReF. La tasa de pobreza se recortaría un 2%.
La segunda consiste en una ayuda decreciente desde el 80% al 10% del Iprem y dos tipos de complementos por hijo: uno de 1.680 euros al año para el tramo de los más pobres (menos del 30% de la mediana de la renta disponible) y 1.200 euros al año para quienes posean menos del 60% de la mediana de la renta disponible. También cubriría a 1,8 millones individuos. Con este modelo la tasa de pobreza se rebajaría en un 4,7% y la de pobreza severa, un 46%.
3.500 millones de euros menos
El gasto en pensiones se eleva en febrero hasta la cifra récord de 9.872 millones, un 3,2% más
Con la ayuda diseñada por los sindicatos, los beneficiarios serían menos, 1,1 millones, como también la reducción de la tasa de pobreza severa –un 27,6%–, pero rebajaría más la tasa de pobreza general –un 12,1%–. La AIReF sostiene que sus propuestas de renta mínima no sólo tienen un menor coste fiscal, 1.500 millones de euros menos, sino que ahorran otros 2.000 millones al evitar los solapamientos con otras ayudas. Como se introduciría de forma gradual, a lo largo de tres años, aumentaría el déficit anual sólo en una décima, lo que facilita su “compensación con otras medidas”.
Estos serán los diseños que Escrivá deberá negociar ahora con CCOO y UGT. El acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos se compromete a desarrollar un Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social. “Un aumento decidido de la prestación por hijo para familias vulnerables”, en un primer momento y, posteriormente, “un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos”, dice la letra del pacto.
Todo ello, tanto la subida de las pensiones como la renta mínima, sujetos a la “sostenibilidad del sistema”, como se repite a lo largo del acuerdo de gobierno y ha sido el objetivo de los análisis de la AIReF, por mandato legal, durante sus seis años de existencia.
José Luis Escrivá Belmonte fue nombrado presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en febrero de 2014 por el Gobierno del PP. Su mandato es de seis años improrrogables, por lo que el próximo mes iba a ser el último al frente de este organismo de control fiscal creado por mandato de la Unión Europea tras el rescate financiero. El nombramiento de Escrivá Belmonte como titular del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, una vez desgajado de Trabajo –como adelantó infoLibre– acelera sólo un poco, por tanto, su salida de la AIReF.