La Iglesia católica ha recibido 2.491 millones de euros del Estado en los últimos diez años a través del IRPF. Esa cantidad –que ha supuesto alrededor de 250 millones anuales– sale del bolsillo de todos los contribuyentes, pues se detrae del total de la masa fiscal. Los católicos que marcan la X en la casilla correspondiente de la declaración de la renta aportan a la Iglesia un 0,7% de su cuota fiscal y, a Hacienda, el 99,3% restante. El resto de ciudadanos aporta a Hacienda el 100%. Por tanto, sea cual sea la decisión de cada contribuyente, no se modifica la cuantía final del impuesto que paga o de la devolución a la que tenga derecho, subraya la Agencia Tributaria.
Los cuatro acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede –firmados en Roma un mes después del referéndum constitucional de 1978 y, por tanto, negociados entre el Gobierno de Adolfo Suárez y el Estado vaticano antes de la aprobación de la Constitución– permiten a la Iglesia católica mantener todavía hoy incontables privilegios emanados del franquismo en asuntos económicos, educativos y jurídicos. Dichos textos también regulan la asistencia católica a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de los clérigos.
El acuerdo económico, firmado el 3 de enero de 1979, regula varias cuestiones esenciales. Entre ellas, la colaboración financiera entre ambas instituciones. A pesar de que la Iglesia católica "declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades", el articulado de este acuerdo también consagra la ayuda económica directa del Estado español a la Iglesia como la única manera viable de posibilitar su sostenimiento económico. Textualmente establece que "el Estado se compromete a colaborar en el sostén financiero de la Iglesia en el respeto absoluto del principio de libertad religiosa" a través de una "dotación" en los Presupuestos Generales del Estado.
Más de 39 años después de la aprobación del acuerdo económico, esa pretendida autofinanciación sigue siendo una utopía. De hecho, la ley de presupuestos para el año 2007 estableció con carácter "indefinido" que el Estado destinará al sostenimiento de la Iglesia católica el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF correspondiente a los contribuyentes que manifiesten su voluntad en tal sentido. Esta norma también actualizó el coeficiente que recibe el episcopado de los fieles que marcan la casilla, que hasta entonces era del 0,52%.
El contenido de dicha ley es fruto del acuerdo al que había llegado en septiembre de 2006 el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con la Conferencia Episcopal para modificar el modelo de financiación de la Iglesia. Esas negociaciones estuvieron motivadas por una exigencia de la UE, que llevaba tiempo cuestionando que la jerarquía católica española no estuviera sujeta al pago del IVA en las operaciones comerciales (compras de bienes muebles e inmuebles, por ejemplo), lo que suponía una vulneración de la normativa de armonización fiscal. De hecho, la Comisión Europea inició un procedimiento para denunciar esta cuestión ante el Tribunal de Luxemburgo, aunque el cambio se produjo antes de que llegara la respuesta de la Justicia.
Pues bien, a cambio de que la Iglesia accediera a pagar el IVA en las operaciones comerciales, el Ejecutivo aceptó elevar al 0,7% el porcentaje de la cuota íntegra que los fieles pueden aportar a la Iglesia. Los obispos pedían el 0,8%. El Gobierno aseguró entonces que, de esta manera, se acabarían las aportaciones extra que vía presupuestos se venían otorgando a la Iglesia para compensar la disminución progresiva de la aportación de sus fieles a través de la declaración de la renta. Y así ha sido. Aunque también es cierto que, tras este cambio, la Iglesia pasó de recaudar alrededor de 150 millones de euros anuales a través de este mecanismo de asignación tributaria a una media de 250 millones.
256 millones en 2016
Precisamente este martes la Conferencia Episcopal dio a conocer los datos de la asignación tributaria registrados a favor de la Iglesia católica en la declaración de la renta de 2017, correspondiente a la actividad económica desarrollada en 2016. La recaudación alcanzó los 256,21 millones de euros, la más alta desde que se elevó el porcentaje de la cuota íntegra que pueden aportar los fieles desde hace una década. Esa cifra supone un aumento de siete millones de euros respecto al ejercicio anterior, cuando fue de 249,16 millones de euros. En porcentaje, el aumento es del 2,8%.
Durante el ejercicio pasado, sin embargo, se produjo una caída en el número de contribuyentes que marcaron la X a favor de la Iglesia: de 7.347.982 a 7.112.844, un 33,5%% del total. Un descenso de 235.138, un 3,2% menos. Las comunidades autónomas donde más se marcó esta casilla, con porcentajes superiores al 40%, fueron: Castilla-La Mancha (45,94%), La Rioja (45,37%), Murcia (43,96%), Castilla y León (43,26%) y Extremadura (43,26%). Y en las que menos Cataluña (19,21%), Galicia (26,19%), Baleares (29,20%) y Canarias (27,13%).
La cifra de declarantes que se mostraron a favor de sufragar con dinero público a la jerarquía católica fue en 2016 la segunda más baja desde que se elevó el porcentaje al 0,7%. En la declaración de la renta de 2007, los contribuyentes que marcaron la casilla fueron 6.958.012. Según explicó este martes en rueda de prensa el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, el aumento de la cantidad recibida por la Iglesia se debe a la evolución de la situación económica, con un aumento significativo tanto del número de contribuyentes que realizan la declaración como de la renta declarada.
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El incremento de la recaudación por parte de los obispos a pesar del descenso del número de contribuyentes se explica porque la cuota íntegra (el resultado de aplicar el tipo de gravamen a la base liquidable) de los fieles que están a favor de subvencionar a la jerarquía católica es mayor. De hecho, en las rentas declaradas superiores a 30.000 euros, el número de declaraciones a favor de la Iglesia se incrementó en 23.672. Por otro lado, 600.000 nuevos declarantes optaron por no marcar la casilla.
Por comunidades autónomas, en 13 de las 17 se incrementó el importe recaudado. Destaca especialmente el caso de Navarra, donde hubo un incremento porcentual del 35,2%, al pasar de 4,7 millones de euros de recaudación a 6,4. Y eso a pesar de que las declaraciones a favor de la Iglesia se redujeron un 1,6%. Le siguen Baleares, con un aumento del 5,4% (+279.247 euros); Canarias (+5% y 326.435 euros más); y Cataluña (+4,7% y 1,4 millones de euros más). En contraposición, la recaudación cayó en Aragón (-1,9%), Asturias (-1,6%), Extremadura (-0,7%) y Castilla y León (-0,5%).
Por primera vez en la historia y a instancias del Congreso, el programa de actuaciones del Tribunal de Cuentas para 2018 incluye la fiscalización de la Iglesia católica, lo que aumentará el control sobre el destino de los fondos entregados a través de la casilla del IRPF. Actualmente, los obispos presentan únicamente una memoria que carece de la profundidad necesaria como para hacer una inspección precisa.
La Iglesia católica ha recibido 2.491 millones de euros del Estado en los últimos diez años a través del IRPF. Esa cantidad –que ha supuesto alrededor de 250 millones anuales– sale del bolsillo de todos los contribuyentes, pues se detrae del total de la masa fiscal. Los católicos que marcan la X en la casilla correspondiente de la declaración de la renta aportan a la Iglesia un 0,7% de su cuota fiscal y, a Hacienda, el 99,3% restante. El resto de ciudadanos aporta a Hacienda el 100%. Por tanto, sea cual sea la decisión de cada contribuyente, no se modifica la cuantía final del impuesto que paga o de la devolución a la que tenga derecho, subraya la Agencia Tributaria.