Roma locuta, causa finita, dice la expresión latina. Traducción aproximada: Roma ha hablado, caso cerrado. Si se pronuncia el Santo Padre, se acabó. No se discute al Vaticano desde las provincias. Al fin y al cabo, la Iglesia es una institución teocrática radicalmente verticalizada en cuya cabeza está el papa, obispo de Roma, "Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia universal en la tierra", con potestad "suprema, plena, inmediata y universal", como dice el propio Derecho canónico.
Y, sin embargo, esta vez Roma habló y el caso sigue abierto.
La Iglesia debe pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) "por todo lo que no sea culto o bien común", afirmó en Salvados Jorge Mario Bergoglio, papa Francisco. Las declaraciones eran una bomba para las cuentas de la Iglesia en España, porque supondrían la supresión de un privilegio con el que las entidades eclesiales desarrollan su negocio de alquiler inmobiliario sin pagar el IBI.
La aplicación de la idea del papa implicaría que las entidades de la Iglesia pagaran por inmuebles que abarcan desde unos aparcamientos en Almería y Lugo hasta un hotel en la Costa Brava, pasando por un Uterqüe –tienda de gama alta de Inditex– frente a El Corte Inglés de Princesa en Madrid. Tal y como está formulada la propuesta del papa, podrían perder la exención las viviendas de sus más de 18.000 sacerdotes, por ejemplo el polémico piso de alto standing donde reside en el centro de Madrid monseñor Antonio María Rouco Varela.
infoLibre trasladó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) dos preguntas, en la estela de las declaraciones del papa: ¿Se prevé la puesta en marcha de alguna medida? ¿Entiende la CEE que [la posición del papa] afecta a algún tipo de inmueble actualmente exento? No ha habido respuesta. Dada la opacidad y descentralización con la que la Iglesia católica maneja su cuenta de activos, es imposible determinar a cuántos bienes afecta la postura papal. Lo que está claro es que el papa, con sus declaraciones, avala la posición de Europa Laica, que sostiene que la Iglesia debe pagar el IBI por los inmuebles al menos de los que hace aprovechamiento económico. Esta es también la posición del Gobierno de Pedro Sánchez, que anunció una reforma legal a la italiana, inspirada en la jurisprudencia europea y negociada con la Iglesia, pero no ha dado pasos para culminar su propósito, dejándolo en el tintero junto al grueso de su agenda laicista. Redes Cristianas, que agrupa más de 200 organizaciones de Iglesia crítica de base, considera que la exención del IBI es "un escándalo difícilmente soportable".
En cambio, la posición de la CEE y los portavoces de la línea oficial de la Iglesia ha sido claramente contraria al pago del IBI. Sin excepciones. No hace diferencias entre inmuebles con fines religiosos, sociales o aquellos alquilados a terceros. Todos, según la versión que viene expresando la jerarquía, responden al bien común, porque ese es el fin último de la Iglesia. Lo cierto es que los acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1976-1979, la interpretación de los mismos por parte del Tribunal Supremo y las leyes de Haciendas Locales y de Mecenazgo vienen garantizando a la Iglesia una exención generalizada. Las excepciones son pocas, como la del pueblecito de Escorca, en Mallorca, donde el ayuntamiento logró una sentencia firme a su favor que obligaba al pago del IBI a la diócesis por tres negocios en el Santuario de Lluc. La aplicación del punto de vista del papa implicaría que se convirtiera en norma general lo que hasta ahora ha sido un caso particular logrado tras un esfuerzo judicial: que se retire la exención allí donde hay un lucro económico, en nada relacionado con una actividad caritativa o religiosa. No es sencillo, porque en el caso de Escorca la explotación del inmueble es directa, lo que hace legalmente más fácil exigir la exención que cuando el inmueble es alquilado.
El caso valenciano
El ayuntamiento que más molestias se ha tomado para cobrar el IBI –al menos entre los grandes– es el de Valencia, gobernado por Compromís y el PSPV. Hasta ahora, sin éxito. Según los datos del consistorio, hay en la ciudad 438 bienes de la Iglesia y sus entidades exentos de IBI, entre ellos algunos en los que se desarrollan actividades económicas sin relación con las tareas pastorales o caritativas propias de la institución. En noviembre de 2016, el ayuntamiento trasladó su propuesta de pago del IBI por parte de la Iglesia por inmuebles con uso lucrativo a la Federación Española de Municipios y Provincias, que no ha movido ficha. A raíz de este anuncio se sucedieron titulares periodísticos precipitados en los cuales, por una parte, se daba por hecho que Valencia cobraría el IBI a la Iglesia y, por otra, se anunciaba el envío de recibos a las entidades de la Iglesia titulares de los inmuebles. Pero no era así.
En realidad, casi dos años después de que el alcalde Joan Ribó y su equipo empezaran a mover el tema, siete meses después de que el Gobierno local cuantificase en 2 millones lo que recaudaría si cumplía su propósito, el ayuntamiento aún no ha girado un solo recibo a ninguna entidad católica. "Es un tema complejo. No va a ser rápido. Dijimos que íbamos a cobrar y vamos a cobrar, pero no mañana", señala a infoLibre Ramón Vilar, concejal de Hacienda, que subraya que algunos medios buscaron el "titular más llamativo" sobre lo que en realidad era una intención. Sabedor de que otros ayuntamientos, caso de Begur, Lugo o los concellos orensanos de Amoeiro, Coles, A Peroxa y Vilamarín han cosechado derrotas intentando hacer a la Iglesia pagar el IBI, Vilar se está dejando las cejas para afinar el listado de los bienes y hacer así injustificable una exención a la luz de la diversa normativa aplicable. "Cuando llegamos [2015] no sabíamos ni siquiera a qué inmuebles podría afectar, no había nada hecho. Hemos empezado todo el proceso para clarificar el padrón, con la idea de que paguen por todo lo que no esté adscrito al culto ni a actividades de asistencia social, tipo Cáritas. Si hay una actividad económica permanente con carácter lucrativo sujeta a competencia, tiene que pagar", señala Vilar, que no puede evitar una risilla cuando se le recuerda que el papa ha venido a avalar su planteamiento.
Una universidad, un hospital...
El ayuntamiento facilita a este periódico un listado de inmuebles que, según la interpretación de la norma del Gobierno local, y desde luego según el punto de vista del jefe de la Iglesia, deberían estar sujetos al pago de IBI. La principal afectada es la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, que según el ayuntamiento se beneficia de exención por unas dependencias en la calle Corona, un edificio de cinco plantas más aparcamiento subterráneo en la calle Jorge Juan y un edificio en la calle Quevedo. "Es una sede de la universidad, concretamente de Derecho, pero en el catrasto son dependencias parroquiales", afirma Vilar. A juicio del concejal, la San Vicente Mártir hace competencia desleal a la Universidad Europea, que sí paga IBI por todos sus inmuebles.
No sólo la universidad está en el punto de mira del Gobierno local. También una manzana ocupada por el Hospital Casa de Salud, que según el consistorio es titularidad de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. En la calle Padres Huérfanos hay, asegura el ayuntamiento, un inmueble ocupado por la escuela de idiomas no concertada titularidad del colegio Gran Asociación de la Beneficencia. Por último, el ayuntamiento asegura que, anexos al convento de la Encarnación, hay locales comerciales arrendados titularidad de una orden religiosa de la que no da el nombre.
Este periódico trató de recabar el punto de vista de la Universidad Católica de Valencia, el Hospital Casa de Salud, las religiosas de Santa Ana y la Gran Asociación de Beneficencia, sin respuesta. Tampoco ofreció su punto de vista la Diócesis de Valencia, reiteradamente requerida por este periódico desde las declaraciones del papa. Ni las pretensiones del ayuntamiento, ni las palabras del papa han movido a la diócesis a realizar ninguna declaración. Su postura sigue siendo no pagar el IBI en ningún caso.
Dado el silencio de la diócesis y la Conferencia Episcopal, a pesar de las manifestaciones de Francisco, su versión queda en el punto donde la dejaron. En anteriores ocasiones, requeridos por este periódico, ambas instancias han justificado la exención de todos los inmuebles. La diócesis, en enero de 2017, defendía su labor social más allá de "debates recurrentes" sobre las exenciones. "La crítica a la exención no debería dirigirse a determinados propiedades, excluirlas o no, cuando los fines de la iglesia son todos de carácter social", señalaba el obispado cuando sí quería hablar del tema. Es el papa el que ahora parece verlo de otro modo.
Madrid y Lugo
Hay otras diócesis que, contactadas para este reportaje, tampoco creen que deban cambiar en nada su régimen de exenciones. Por ejemplo, la de Madrid: "La Iglesia, como todas las entidades sin ánimo de lucro acogidas a la ley 49/2002 [de Mecenazgo], tiene exención de IBI siempre que los inmuebles estén destinados a los fines propios de la institución o bien, si están alquilados, que las rentas del alquiler se destinen a los fines de la institución. Quedan exentos, por tanto, lugares de culto y viviendas de sacerdotes. De partida contamos con las más de 450 parroquias y locales anejos. No estarían exentos de IBI los inmuebles en los que se desarrolle una explotación económica no exenta del Impuesto de Sociedades. Ahora, la diócesis de Madrid no desarrolla ninguna explotación económica no exenta del Impuesto de Sociedades".
El Arzobispado de Madrid, que no polemiza con las palabras del papa, no se pronuncia sobre el inmueble libre de IBI alquilado en Madrid a Inditex por parte de Cáritas, el Seminario Conciliar de Burgo de Osma y la Congregación de las Madres Carmelitas Descalzas del Monasterio de la Santísima Trinidad. El motivo: no pertenece al arzobispado. Es uno de los problemas: la descentralización de la Iglesia dificulta una visión completa de su patrimonio y sus exenciones. La pérdida de la exención generalizada del IBI que sugiere el papa supondría que la Iglesia debería clarificar su patrimonio y el uso del mismo, al objeto de facilitar a los ayuntamientos el cobro. Miradas con lupa las implicaciones de la propuesta de Francisco, extraña menos el silencio de la jerarquía.
El Gobierno confiesa que lleva meses esperando una respuesta de los obispos para abordar los privilegios fiscales de la Iglesia
Hay otros casos, como un aparcamiento propiedad de la Diócesis de Lugo alquilado a una empresa que lo explota y libre de IBI, que chocan con el planteamiento de Francisco. A diferencia de Valencia, en Lugo el ayuntamiento ha tirado la toalla después de un informe favorable a la Iglesia encargado a los servicios jurídicos. La Diócesis de Lugo no cree que la afirmación de que sólo paguen IBI los inmuebles para el "culto" o el bien común" afecte a su aparcamiento. "La Iglesia cumple estrictamente la legislación, como no puede ser de otra forma. [...]. En referencia al bien al que te refieres [el aparcamiento], la recaudación se utiliza para el mantenimiento del Seminario que es centro de enseñanza, en los niveles de la ESO y bachillerato, y es, también, centro de formación de futuros sacerdotes que se dedicarán al culto y a la labor pastoral", explica el obispado.
La diócesis de Almería, donde hay otro aparcamiento alquilado que no está sujeto a IBI, no responde.
Pese al importante campo abierto por el papa para mejorar la recaudación municipal, el tema no se ha incorporado a la agenda política. La cuestión está fuera de la precampaña electoral. El Ministerio de Hacienda, requerido para este artículo, afirma que "cambiar el trato fiscal requiere revistar en el acuerdo con la Santa Sede", y que se trata de "un tema complejo".
Roma locuta, causa finita, dice la expresión latina. Traducción aproximada: Roma ha hablado, caso cerrado. Si se pronuncia el Santo Padre, se acabó. No se discute al Vaticano desde las provincias. Al fin y al cabo, la Iglesia es una institución teocrática radicalmente verticalizada en cuya cabeza está el papa, obispo de Roma, "Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia universal en la tierra", con potestad "suprema, plena, inmediata y universal", como dice el propio Derecho canónico.