"Las víctimas ya no pueden esperar más". Así de contundente se mostró el pasado otoño el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en una abarrotada sala del Congreso. Durante la presentación de la primera gran investigación oficial sobre la pederastia en el seno de la Iglesia, que recogió centenares de testimonios, el exministro avisó de que íbamos tarde en la reparación a quienes habían sufrido en sus propias carnes esta lacra. E hizo una serie de recomendaciones para intentar cerrar una herida que lleva décadas abierta. Pero un año después, sin embargo, las víctimas siguen esperando. La Conferencia Episcopal insiste en su propio mecanismo de reparación. Un plan que aún no se ha concretado y que no cuenta con el respaldo de los afectados.
El Alto Comisionado de las Cortes encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas planteó como "opción más deseable" para compensar a las víctimas el establecimiento de un "modelo mixto" entre Iglesia y Estado. En este sentido, proponía la puesta en marcha de un "órgano especial de carácter temporal" que tenga como finalidad la reparación en aquellos casos en que, por prescripción o por defunción del victimario, no se hubiese podido seguir un procedimiento penal. La propuesta se inspira en el Centro de Arbitraje belga, del que la Iglesia asumió dos tercios de sus costes –además de las indemnizaciones acordadas por el órgano–.
"Mediante ese organismo, la Iglesia católica podría asumir la totalidad o parte sustancial de las compensaciones, y el Estado podría aportar recursos materiales y económicos para los gastos operativos e, incluso, para sufragar una parte de las compensaciones", sostenía el Defensor del Pueblo. Dicha institución, continuaba, debería contar con "personalidad jurídica propia". Y podría consistir, por ejemplo, en una fundación privada regida por un "patronato mixto" conformado por Iglesia y Estado, "que elegirían de común acuerdo o de forma paritaria" los "miembros de los comités de administración y comités científicos" que se encargarían de "ordenar los procedimientos y los mecanismos de reparación".
Una propuesta que rechaza la institución religiosa. La Conferencia Episcopal Española (CEE) apuesta por su propio Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos (Priva), un modelo en el que una Comisión Asesora designada por la propia jerarquía eclesiástica se encarga de evaluar caso por caso y recomendar el "marco posible de reparación" en base a un "baremo o sistema de valoración" elaborado junto a la Vicesecretaría de Asuntos Económicos de la CEE. Las decisiones de la comisión no serán vinculantes para obispos y órdenes, si bien la Conferencia Episcopal se ha comprometido a que la Iglesia asuma las indemnizaciones cuando los responsables eclesiásticos no quieran o puedan hacerlo.
"Control exclusivo" de las indemnizaciones
"Lo que quieren es tener el control exclusivo del proceso de indemnización, de forma que sean ellos mismos los que decidan si se indemniza y cómo", apunta Miguel Hurtado, un referente entre las víctimas de los abusos en la Iglesia. Este plan, aprobado antes del verano, será uno de los temas que se abordaran esta semana en la Asamblea Plenaria de la CEE. Un cónclave que ha arrancado este lunes con un discurso del jefe de los obispos españoles, Luis Argüello, en el que ni siquiera se ha hecho mención alguna a la pederastia en la institución religiosa o se ha hecho alusión alguna a la pederastia en la institución religiosa. Y que se alargará hasta mediados de semana.
El plan de reparación no cuenta, ni mucho menos, con el aval de las víctimas. "Lo hicieron sin contar con nosotros", expone Juan Cuatrecasas, de la Asociación Nacional Infancia Robada. No se fían de un modelo que no es externo, de un mecanismo que gestionan los mismos que encubrieron "sistemáticamente" los abusos. "Es poner al zorro a cuidar de las gallinas", lanza Hurtado. Sospechan, y así lo exterioriza este último, que lo que se busca es "pagar cuatro duros" a los afectados: "Todo este discurso de compasión y deseos reparación es pura fachada y quieren pagar mínimo dinero posible". Por el momento, la jerarquía eclesiástica no ha puesto un baremo de indemnizaciones sobre la mesa.
En muchos de los países de nuestro entorno se han afrontado ya procesos de reparación por la pederastia en el seno de la Iglesia. Y se ha hecho con todo tipo de horquillas de compensación. En Bélgica, por ejemplo, se establecieron 2.500 euros para los casos más leves y 25.000, para los más graves. El baremo francés, por su parte, osciló entre los 5.000 y los 60.000 euros, una cifra máxima que en Países Bajos podía escalar hasta los 100.000 euros. Para algunas víctimas, un modelo decente sería el irlandés, que se mueve entre los 50.000 y los 300.000 euros. Recientemente, el papa Francisco consideró que 50.000 euros era "una cantidad demasiado baja".
Es ahí, en la factura a asumir, donde se encuentra la madre del cordero. "Saben que la magnitud de la tragedia es monumental y el coste de las indemnizaciones puede ser estratosférico", desliza Hurtado. En su último informe Para dar luz, la CEE hablaba de 1.057 casos registrados, de los cuales sólo consideraban probados o verosímiles 358. Una cifra que contrasta con la que aportó el despacho Cremades & Calvo-Sotelo en la auditoría que hizo por encargo de la propia jerarquía eclesiástica y que hablaba de 1.383 denuncias y un mínimo de 2.056 víctimas. Una realidad que se acerca más a la que dibuja el diario El País en su propia base de datos: 2.817 afectados por los abusos en la Iglesia.
A la espera de la política
La compensación a las víctimas ha sido un importante punto de fricción entre el Gobierno y la Iglesia. Y así pudo verse a finales de abril, cuando el Consejo de Ministros aprobó el plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo. "El texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado", se quejaron desde la Conferencia Episcopal. Y dijeron que solo colaborarían con el Ejecutivo en la reparación si incluían en la misma a todas las víctimas de la pederastia, no solo las de ámbito religioso.
La Iglesia indemniza desde hace años en otros países mientras las víctimas de abusos siguen esperando en España
El Gobierno siempre ha apostado por un modelo mixto. "La participación del Estado no es solo la única manera de cumplir fielmente con las citadas recomendaciones, sino que, además, supone la manera más rápida, eficaz y segura de abordar el problema social que nos ocupa", sostenía Bolaños en una carta enviada a comienzos de julio al jefe de los obispos, en la que advertía de que no se aceptaría "ninguna fórmula unilateral". Pero la CEE hizo oídos sordos. Y cuatro días después aprobó, en una asamblea extraordinaria, su propio plan. "Está cerrada a iniciar un proceso común", sostiene Cuatrecasas.
Hurtado se queja también de la falta de concreción del Gobierno. "En aquel documento que aprobaron apenas hay detalles", lamenta al otro lado del teléfono. En este sentido, asevera que el Ejecutivo sigue sin aclarar quién y cómo abonará la factura si la Iglesia se niega a colaborar. "No se puede hacer con dinero público. Hay mecanismos para obligarla a pagar, como puede ser a través del IRPF, dándole menos y usando ese dinero ahorrado para indemnizar a las víctimas. Pero el Gobierno se niega a dejar claro si están dispuestos a utilizar todos los mecanismos a su alcance para hacer que sean ellos quienes paguen la factura", considera Hurtado.
Cuatrecasas dice que, por el momento, de aquel plan de respuesta aprobado en el seno del Gobierno no ha salido aún "nada concreto". Pero recuerda que existe un compromiso. Y espera que, a nivel legislativo, se empiece a trabajar a partir de este jueves, que es cuando Gabilondo presentará en el Congreso de los Diputados su informe sobre la pederastia en la Iglesia. Porque un año después de la investigación oficial, las víctimas siguen esperando sin que ni siquiera, como se queja Hurtado, se haya alcanzado un "consenso" en el "modelo a implementar". "Llama la atención la ausencia de avances", asevera.
"Las víctimas ya no pueden esperar más". Así de contundente se mostró el pasado otoño el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en una abarrotada sala del Congreso. Durante la presentación de la primera gran investigación oficial sobre la pederastia en el seno de la Iglesia, que recogió centenares de testimonios, el exministro avisó de que íbamos tarde en la reparación a quienes habían sufrido en sus propias carnes esta lacra. E hizo una serie de recomendaciones para intentar cerrar una herida que lleva décadas abierta. Pero un año después, sin embargo, las víctimas siguen esperando. La Conferencia Episcopal insiste en su propio mecanismo de reparación. Un plan que aún no se ha concretado y que no cuenta con el respaldo de los afectados.