La Conferencia Episcopal Española aprovechó este miércoles la presentación de los resultados de la asignación tributaria a la Iglesia en 2013 –el dinero que va a parar a esta institución cuando los contribuyentes marcan esta casilla en la declaración– y la campaña de 2014 para anunciar la entrada en vigor de su "portal de la de transparencia". Con esta herramienta, la Iglesia española intenta seguir la estela de otras instituciones, como el Congreso, el Senado y algunas comunidades autónomas que llevan un tiempo volcando en un apartado de su página web aquella información que consideran de relevancia pública siguiendo los listados de la Ley de Transparencia. No obstante, el portal eclesiástico se queda muy atrás en cuanto a la información ofrecida si se le compara con cualquiera de sus homónimos, incluso los más deficientes: sólo ofrece seis documentos organizados de la siguiente forma: "Quiénes somos", "Normativa de aplicación", "Organigrama" y "Asignación tributaria".
¿Son datos nuevos? ¿Suponen un antes y un después para esta institución tradicionalmente opaca, según llevan años denunciando los colectivos laicistas? En absoluto. De hecho, sobre la primera de las preguntas en la propia institución reconocen que lo que se ha hecho ha sido aglutinar en un apartado de la página la información ya existente en materia económica y organizativa. Una información, además, que impresa no supera una decena de folios. En lo económico, este portal de transparencia no arroja nada de luz sobre las retribuciones concretas de los obispos ni sobre las propiedades, ingresos o inversiones de la Iglesia. Tampoco hay rastro de las transferencias a la educación o sanidad concertadas en centros dependientes de la Iglesia.
Las instituciones a las que se aplica la Ley de Transparencia y el propio portal de Transparencia de la Administración General del Estado sí ofrecen datos económicos como salarios y bienes inmuebles de su propiedad. Pero en la ley no se hace mención alguna a la Iglesia en sentido estricto como afectada por el articulado.
Pese a que desde el año 2007 la Iglesia dejó de recibir cantidades con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para su sostenimiento básico pasando al sistema actual –el de su correspondiente casilla en la declaración de la renta–, esto no acabó con sus históricos privilegios. Con lo que la Iglesia recauda vía IRPF, se paga a la Conferencia Episcopal y al clero. Pero los diferentes ministerios tienen partidas que acaban repercutiendo en la Iglesia. Se trata de cuestiones como la reparación y restauración de catedrales o arquitectura religiosa. O por ejemplo, de programas para atender el culto religioso en las prisiones.
No sólo estas partidas llevan años en el punto de mira de las asociaciones laicistas. Estos colectivos denuncian que las asignaciones no son el único dinero público que recibe la Iglesia católica. De hecho, en 2013, este diario infomó de que Europa Laica cifraba en 11.337 millones de euros el dinero que el Estado iba a entregar a los obispos, incluyendo lo que iba a dejar de ingresar por exenciones fiscales como el impago del IBI u otros impuestos municipales o las transferencias a la educación o la sanidad concertadas. Según datos de este colectivo del mismo año, esto implicaba que cada habitante, independientemente de que fuese o no creyente o marcase o no la casilla de la Iglesia en su declaración, ayudase al sostenimiento de la institución con 260 euros de media.
Para poner las cifras en su contexto, para este año 2015, y según los datos que figuran en los Presupuestos Generales del Estado, la Iglesia católica va a recibir 159,2 millones de euros del Estado como anticipo del dinero que previsiblemente le entregarán los contribuyentes que marquen su casilla en la declaración de la renta.
La sombra de las inmatriculaciones
Otro asunto polémico son las inmatriculaciones. Ahora, la ley hipotecaria pretende poner fin a este privilegio. Pero desde 1946, una ley franquista, incluyó a la Iglesia entre las instituciones que podían inscribir bienes de dominio público sin dueño registrado previo mediante una certificación expedida por un funcionario. Un año más tarde, el reglamento de la ley elevaba al clero a la categoría de funcionario público para poder acreditar inmatriculaciones. En la práctica, se equiparaba a un obispo diocesano con un notario. Pero el verdadero incremento de inmatriculaciones se produjo a partir de 1998, cuando el Gobierno de Aznar integró a los templos entre los bienes que la Iglesia podía registrar a su nombre.
Con estos mimbres, es imposible saber el número de pisos, locales, ermitas, fincas... que la Iglesia católica ha inscrito a su nombre gracias a esta ley. Según la Conferencia Episcopal, a la que este diario consultó recientemente, no existe registro alguno. Lo mismo mantienen en el colegio de registradores. Europa Laica hizo sus propios cálculos en un informe propio: al menos 5.000 propiedades.
La Iglesia no tiene ninguna obligación legal de rendir cuentas sobre este asunto. Su responsabilidad se limita a hacerlo en lo relacionado con sus percepciones vía Presupuestos Generales del Estado para la conservación de sus centros religiosos, colegios católicos y profesores de religión. Y, también, a través de la casilla del IRPF.
¿Cuánto cobra un obispo?
En lo que respecta a las retribuciones, el único dato que figura en este portal de transparencia está ubicado en el apartado denominado "asignación tributaria". Y con datos correspondientes a 2012 –los de 2013 los presentaron este miércoles en rueda de prensa–. Según este documento, la retribución a los obispos en el citado ejercicio fue en su conjunto de 2.178.000 euros. Pero no es este el concepto que registró una mayor cuantía. El envío a las diócesis se llevó más de 179 millones de euros de un gasto total de 248 millones.
La puesta en marcha de este portal forma parte del "Plan de Transparencia y Modernización" de los sistemas de gestión de la Iglesia en España, anunciado el martes en rueda de prensa por el vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal. Y, pese a que a día de hoy eso no ocurre, la intención es la de que incorpore "nuevos contenidos".
La Iglesia se financia a través del Estado con 11.000 millones de euros al año
Otra de las patas de este denominado plan de transparencia es el desarrollo y aprobación de manuales de buenas prácticas en la gestión. "Se está trabajando en un manual de inversiones financieras, de compras, contratación de servicios y obras y en un protocolo de contratación de personal", reza la nota que da cuenta de la rueda de prensa de Giménez Barriocanal.
Además, en un intento más de combatir la opacidad con la que siempre se ha identificado a esta institución, se anunció la puesta en marcha de un plan piloto de revisión contable en la Conferencia Episcopal y en las diócesis. Según explicó Barriocanal, en este año se realizarán diez auditorías externas que incluyen al propio órgano de gobierno de los obispos y a nueve diócesis. Estas serán realizadas por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC).
"La Iglesia no se puede quedar atrás. Tenemos que ofrecer mecanismos de plena confianza. Muchas veces en las parroquias se lleva una cuenta de caja, el dinero que ha entrado en casa y el que sale. Hoy en día, eso para gestionar el conjunto de instituciones de la Iglesia no es suficiente", justificó Barriocanal la iniciativa de las auditorías.
La Conferencia Episcopal Española aprovechó este miércoles la presentación de los resultados de la asignación tributaria a la Iglesia en 2013 –el dinero que va a parar a esta institución cuando los contribuyentes marcan esta casilla en la declaración– y la campaña de 2014 para anunciar la entrada en vigor de su "portal de la de transparencia". Con esta herramienta, la Iglesia española intenta seguir la estela de otras instituciones, como el Congreso, el Senado y algunas comunidades autónomas que llevan un tiempo volcando en un apartado de su página web aquella información que consideran de relevancia pública siguiendo los listados de la Ley de Transparencia. No obstante, el portal eclesiástico se queda muy atrás en cuanto a la información ofrecida si se le compara con cualquiera de sus homónimos, incluso los más deficientes: sólo ofrece seis documentos organizados de la siguiente forma: "Quiénes somos", "Normativa de aplicación", "Organigrama" y "Asignación tributaria".