La Conferencia Episcopal (CEE) carga a los gobiernos de PP y PSOE, desde José Luis Rodríguez Zapatero a Pedro Sánchez pasando por Mariano Rajoy, con toda la responsabilidad de cualquier descontrol que pudiese detectarse en el dinero público dedicado a la Iglesia.
El vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, afirmó este jueves que el "protocolo" de colaboración entre la Iglesia y el Estado, el llamado "canje de notas" firmado en 2006 con el Gobierno de Zapatero (PSOE), "establece que la aplicación de fondos debe ser objeto de una memoria justificativa". Y eso es, según Jiménez Barriocanal, lo que los obispos han hecho. Esta memoria es la que el Tribunal de Cuentas, en un informe provisional adelantado por infoLibre, considera totalmente insuficiente para acreditar el destino que la Iglesia da al dinero público recibido vía IRPF, unos 250 millones de euros al año. Es más, el Tribunal de Cuentas, en su informe provisional, señala que la memoria, más que justificativa, es un repaso a las actividades de la Iglesia.
Giménez Barriocanal se desentiende: "En toda la vida del sistema de asignación tributaria, jamás hemos recibido la anotación de ninguna administración diciendo que debíamos cambiar el sistema". Por su parte, Luis Argüello, portavoz y secretario general de la CEE, afirmó que el dinero que se entrega a la Iglesia vía IRPF "no es una subvención ni una ayuda finalista", lo que explicaría un menor grado de detalle en la justificación.
"Lo que se nos pidió"
El responsable económico de la Iglesia, que compareció este jueves en rueda de prensa precisamente para presentar los datos de recaudación de la Iglesia católica vía IRPF en la pasada campaña, se escudó en que lo que el Tribunal de Cuentas no se encarga de fiscalizar a la Iglesia, ni a ninguna otra confesión religiosa, sino a las administraciones públicas, porque así está establecido legalmente. Por ello, añadió el vicesecretario de Asuntos Económicos, la CEE ni siquiera presenta alegaciones a la auditoría, que aún debe ser aprobada. Está por ver si lo que se aprueba definitivamente queda rebajado con respecto al informe provisional, redactado en unos términos que por su dureza sorprendieron incluso a los colectivos laicistas. La Iglesia sí recibió de parte del Tribunal de Cuentas el informe provisional según Giménez Barriocanal, que subrayó que la Iglesia no hizo alegaciones.
El Tribunal de Cuentas, a través de un portavoz, indica que a la CEE le fue enviado el informe preliminar porque le "concierne", pero sus "comentarios" como respuesta no serán tramitados como alegaciones, ya que técnicamente se fiscaliza a la Administración pública, no a la Iglesia.
Lo que no dijo Giménez Barriocanal es que, aunque una auditoría del Tribunal de Cuentas sea siempre y por defecto a administraciones públicas, en este caso pone el foco en la forma en que la Iglesia administra dinero que le entrega el Estado. Y en que cuestiona no solamente cómo justifica el dinero recibido vía IRPF, sino también sus exenciones fiscales, así como el destino que da al superávit obtenido gracias a los fondos estatales.
"Hacemos la memoria que nos pidió y se acordó. La entregamos dos semanas después de que el Gobierno nos entregue la liquidación definitiva", añadió Giménez Barriocanal. Normalmente, dicha entrega al Gobierno de la memoria se realiza en el mes de junio. "No existe ningún informe del Tribunal de Cuentas. Es un borrador de informe. No podemos entrar en contenido de un papel de trabajo", añadió el vicesecretario general de la CEE.
Conclusiones y recomendaciones
Lo que la CEE llama un "papel de trabajo" es el informe preliminar, ya con conclusiones y recomendaciones para las administraciones públicas, del Tribunal de Cuentas, que aún no ha sido aprobado definitivamente. En base a dicho informe preliminar, Hacienda ya trabaja en modificaciones en su funcionamiento para combatir la opacidad fiscal de las entidades religiosas.
El Tribunal de Cuentas pone de relieve opacidad en las exenciones fiscales, la entrega y seguimiento del dinero vía IRPF y otras áreas de la relación económica del Estado con la Iglesia y otras entidades religiosas. El informe pone a la Iglesia bajo sospecha de beneficiarse de ayudas de Estado, vulnerando con ello la legislación europea, al dedicar el superávit que obtiene gracias a la casilla de la Iglesia a sociedades mercantiles como 13TV.
El Tribunal de Cuentas también desmiente que la Iglesia se autofinancie y deja igualmente claro que el dinero que recibe vía IRPF es dinero público salido del presupuesto. Precisamente este jueves, la CEE presentó la liquidación provisional del dinero recibido vía IRPF gracias a las declaraciones del último ejercicio: 284,4 millones de euros, récord histórico.
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Negociación con el Gobierno
El informe, en suma, supone una amenaza al privilegiado estatus económico de la institución católica y golpea con fuerza ejes básicos de su discurso, justo cuando se abre una legislatura que el Gobierno pretende utilizar pare renegociar algunos aspectos de su relación económica con la institución católica. En ese tema también entró Argüello, que afirmó que le "sorprende" que, cuando se habla de recortar exenciones fiscales, se hable "sólo de la Iglesia". Con ello, Argüello recordaba que también partidos, sindicatos y ONG se benefician de exenciones fiscales.
"No nos parecería justo que se mirase sólo a la Iglesia", añadió Argüello, que apeló al cuidado de la "España vaciada" para defender la necesidad de que los bienes de la Iglesia en los pueblos gocen de "una ayuda del sistema fiscal". "Las desgravaciones fiscales al as organizaciones no lucrativas son la mejor inversión que puede hacerse", concluyó Giménez Barriocanal
La Conferencia Episcopal (CEE) carga a los gobiernos de PP y PSOE, desde José Luis Rodríguez Zapatero a Pedro Sánchez pasando por Mariano Rajoy, con toda la responsabilidad de cualquier descontrol que pudiese detectarse en el dinero público dedicado a la Iglesia.