Igualdad da el primer paso para reformar la ley del aborto en plena ofensiva ultraconservadora contra los derechos de las mujeres

Educación sexual, violencia obstétrica y acceso al aborto también para las menores de dieciséis y diecisiete años. Son algunos de los pilares sobre los que se sustentará la reforma de la ley del aborto que prepara el Ministerio de Igualdad y que este este martes da sus primeros pasos. Coincidiendo con el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, el departamento de Irene Montero abre una consulta pública consulta públicaque durante quince días acogerá las sugerencias de la ciudadanía y los colectivos. El objetivo, según anunció este mismo lunes la directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, es que una primera versión del texto esté lista en diciembre.

"La reforma es un asunto absolutamente urgente, por eso hemos puesto toda la maquinaria a funcionar", señaló Morillas. La pretensión de avanzar hacia una modificación de la norma emerge además en plena ofensiva ultraconservadora contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El Congreso acaba de aprobar, sin el apoyo del Partido Popular y de Vox, penalizar el acoso frente a las clínicas de interrupción del embarazo. Grupos ultracatólicos llevan años organizándose en distintas ciudades para manifestarse frente a las clínicas. Una forma de violencia sistemática que se viene produciendo, según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), desde que la ley de 2010 echó a andar. A través de una encuesta a tres centenares de mujeres, la organización elaboró un estudio en el que concluye que un 89% se siente acosada y un 66,67% amenazada por la presencia de estas personas. El 95,67% cree que las concentraciones deberían estar prohibidas y el 91,67% estima que las mujeres tendrían que poder recibir ayuda. En el debate parlamentario de la semana pasada, el diputado de Vox Javier Sánchez García llamó "bruja" a Laura Berja, portavoz socialista en materia de Igualdad.

A finales de agosto, grupos antiabortistas se concentraron frente al Tribunal Constitucional, ataviados con pancartas criminalizando a la interrupción voluntaria del embarazo. Salieron en apoyo del Partido Popular por el recurso que interpuso hace ahora once años contra la ley del 2010, todavía sin respuesta por parte de los magistrados.

Grupos antiabortistas se concentran ante el Tribunal Constitucional.

El discurso ultraconservador comienza a tener consecuencias materiales en otros puntos del globo. Este año, Polonia acometió una restrictiva reforma de su ley, con el objetivo de limitar casi por completo el acceso al aborto, incluidos los supuestos de malformación fetal. En Texas, las mujeres tienen prohibido abortar desde este mes de septiembre tras las primeras seis semanas de embarazo. Incluso quienes hayan sido violadas tendrán que seguir, según la legislación, adelante con el embarazo.

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Morillas, quien entró en el Instituto de las Mujeres a finales de mayo, llegó a la institución bajo la promesa de dar impulso a la reforma. "La ley fue una conquista del movimiento feminista y supuso un avance sin matices, pero once años después hemos identificado obstáculos", reconoció. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, correspondientes a 2020, el 85% de los abortos notificados por las comunidades autónomas se produjeron en centros privados. La directora de la institución también ha advertido de una "mala práctica en relación a la objeción de conciencia que hace que el derecho humano al aborto se obstaculice". El pasado miércoles, la médica Marta Vigara relató en una entrevista en la Cadena Ser su experiencia en el hospital público Clínico San Carlos de Madrid, donde todo el equipo de ginecología es objetor de conciencia. Igualdad prevé confeccionar un registro de objetores para evitar que este derecho individual –la objeción colectiva es ilegal– lastre el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo de forma efectiva y garantista.

El ministerio no sólo tratará de enyesar las principales brechas que quedan tras la aplicación de la ley, sino que incluirá también cuestiones que hasta ahora ocupaban un segundo plano. Es el caso de la violencia obstétrica, entendida como el conjunto de prácticas que no respetan las decisiones, el cuerpo y la salud de las mujeres en el proceso de gestación y parto. Igualdad ya valoró incorporar esta forma de violencia en la futura Ley de Libertad Sexual, pero se descartó después de "lecturas y análisis jurisprudencial". Siguiendo la estela de comunidades como Cataluña y de algunos países de América Latina, la cartera de Irene Montero lo considera una forma de violencia machista y así la abordará en la reforma de la Ley del aborto.

Otro de los asuntos prioritarios es el que atañe a la educación afectivo-sexual. El informe de Save the Children (Des)información sexual: pornografía y adolescencia, publicado en septiembre de 2020, señala que el 40% de las personas encuestadas reconoce la pornografía como fuente de aprendizaje afectivo-sexual, frente a un 26% que apunta al centro educativo. Morillas lo identifica como foco de problemas: "Cuando hay niños y niñas que terminan secundaria sin poder haber accedido a ninguna clase de educación sexual, nos evidencia que hay algunos asuntos que debemos resolver", señaló este lunes. En una entrevista con este diario, aseguraba que "cuando la principal fuente de educación afectivo-sexual es la pornografía, la educación se produce en parámetros patriarcales y que habitualmente propugnan una cultura de la violación". También en este punto la batalla con la derecha será encarnizada: Vox, en ocasiones con la connivencia de sus socios conservadores, insiste en imponer el veto parental precisamente para desterrar la educación sexual de las aulas.