Tras años de promesas, el Gobierno pone punto y final a la discriminación fiscal sufrida en España por las publicaciones digitales. El Consejo de Ministros ha decidido este martes incorporar a su último paquete de medidas para suavizar el impacto económico y laboral de la crisis sanitaria una reducción del IVA para los libros electrónicos y los periódicos y revistas online, equiparándolo así al gravamen que afrontan las publicaciones en papel. De esta manera, el tipo impositivo pasa del 21% al 4%, cumpliéndose con una de las reivindicaciones clásicas dentro del sector mediático. La medida, que supone un desahogo para muchos diarios, llega casi dos años después de que se diera en Bruselas el visto bueno a la directiva que permitía a los Estados miembros acabar con las injustas diferencias tributarias en un contexto de enorme expansión del mundo digital. Un texto puesto sobre la mesa en 2016 que tardó en ver la luz por los vetos cruzados entre varios países en relación con otras normativas en discusión.
La pandemia del coronavirus ha colocado a los medios de comunicación contra las cuerdas. Al mismo tiempo que el consumo de páginas vistas se ha disparado un 29% y el de minutos de navegación un 64% desde la activación del estado de alarma, la inversión en publicidad digital se ha llegado a desplomar en marzo un 20% respecto al mes anterior, según los datos de IAB Spain. Una situación delicada que llevó a las principales asociaciones del sector a exigir al Ejecutivo que adoptara medidas concretas para mantener a flote a estas empresas, del mismo modo que se ha hecho en otros países como Italia. En una época en la que la información se torna más necesaria que nunca, el objetivo es evitar a toda costa que la nueva crisis vuelva a dibujar un panorama tan desolador como el que dejó la Gran Recesión. Sólo entre 2008 y 2015, según la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), más de 12.000 profesionales fueron despedidos y bajaron la persiana casi cuatro centenares de medios.
Entre las medidas que se pusieron sobre la mesa del Ejecutivo, los colectivos del sector plantearon por carta a la ministra de Hacienda y a la de Economía, María Jesús Montero y Nadia Calviño, respectivamente, mantener "el compromiso de inversión en publicidad del conjunto de la Administración del Estado" o incentivar la compra de espacios publicitarios en periódicos, televisiones, radios o revistas "con una desgravación fiscal del 30% para las inversiones de 2020". Pero también pidieron la puesta en marcha de un IVA reducido para los digitales. Era una de las tres reivindicaciones que 16 medios independientes, entre ellos infoLibre, realizaron conjuntamente el pasado 2 de abril (ver aquí). Un guante, el único por el momento, que se encargó de recoger Montero la semana pasada. Así, en rueda de prensa, anunció que el Gobierno estudiaba "seriamente" su aprobación "de manera inmediata". Cinco días más tarde, se ha dado el tan esperado paso. Sólo han sido necesarias veitisiete palabras: "Se reduce también el IVA aplicable a los libros, revistas y periódicos electrónicos equiparándolo con el IVA aplicable a estos mismos productos en su versión en papel".
La aplicación de un gravamen reducido en libros, periódicos y revistas electrónicas ha sido durante años una de las exigencias del sector editorial europeo. Tanto es así que el diario digital de referencia en Francia, Mediapart (socio editorial de infoLibre), decidió aplicar unilateralmente desde su creación en 2008 un tipo reducido del 2,1% –el mismo que gravaba a los periódicos en papel en suelo galo– en lugar del 19,6% o el 20% que se aplicaba a las publicaciones online, lo que le llevó a tener que enfrentarse a una liquidación de Hacienda que con intereses y penalizaciones se situó en los 4,7 millones de euros y a acudir a los tribunales. El Ejecutivo galo terminó cediendo y aplicando la directiva europea. En el caso de España, infoLibre lleva desde su puesta en marcha hace siete años denunciando la discriminación que supone estar sometido al 21% en lugar de al 4%, como el formato físico. Un sinsentido que demuestra la resistencia de algunos sectores políticos a entender el periodismo es periodismo con independencia del modo de transmisión de las informaciones.
La larga batalla europea
El melón sobre la fiscalidad para las publicaciones digitales se abrió por primera vez en las instituciones comunitarias a mediados de marzo de 2015. Pocos días después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligara a Francia y Luxemburgo a eliminar el gravamen reducido que habían implantado para los libros electrónicos, cuatro Estados miembros –Alemania, Francia, Italia y Polonia– exigieron al Ejecutivo encabezado entonces por Jean-Claude Juncker que llevara a cabo cuantos cambios fueran necesarios en la normativa comunitaria para poder disminuir el IVA de las publicaciones digitales. Año y medio más tarde, la Comisión Europea puso sobre la mesa del Consejo una propuesta de modificación de la directiva en línea con lo que se había planteado. Los cambios sobre el papel eran mínimos, de unas pocas palabras. Pero suponían un mundo para diarios y revistas online a lo largo y ancho del Viejo Continente. Muy especialmente, para los medios que, como Mediapart o infoLibre, dependen esencialmente de la suscripción de los lectores.
En un primer momento, la tramitación cogió el impulso esperado. Pero más tarde fue utilizada para negociar cuestiones en clave nacional. La iniciativa se atascó en medio de un tira y afloja entre Francia y República Checa. Durante más de un año, Praga vetó sin descanso la reforma, condicionando su voto favorable a la aprobación de otra directiva sobre la inversión del sujeto pasivo del IVA, un asunto que los checos consideraban clave en la lucha contra el fraude fiscal pero que París y otros miembros del club rechazaban al creer que dicha inversión se desviaba del sistema general del IVA en suelo europeo. Finalmente, Francia y la República Checa levantaron los vetos cruzados, y los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) dieron su beneplácito a la nueva normativa en octubre de 2018. Tras eso, la pelota se colocó sobre los tejados de las distintas capitales. La reforma abría la puerta a la aplicación de un gravamen reducido, pero no obligaba a ello.
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Cuatro años de promesas
En el caso de España, este movimiento fiscal ha sido durante cuatro años una continua promesa incumplida. El Gobierno de Mariano Rajoy aseguró que ejecutaría la tan esperada rebaja nada más ponerse sobre la mesa la propuesta de reforma legislativa de la Comisión. De hecho, en diciembre de 2016, el entonces ministro de Economía Luis de Guindos volvió a insistir en que el Ejecutivo modificaría el tipo de las publicaciones digitales en cuanto fuera aprobada la nueva directiva. "La idea es la convergencia total hacia los tipos de IVA que tiene la prensa impresa", apuntó el ahora vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). No concretó fechas. Pero sí dejó claro que la idea era que la reducción no se llevara a cabo de forma progresiva, sino que se ejecutase en un solo movimiento. Parecía, por tanto, cuestión de poco tiempo.
Finalmente, los conservadores no pudieron ver desde Moncloa el levantamiento de los vetos cruzados en Bruselas. La moción de censura hizo que fuera el PSOE el que recibió desde el Gobierno la luz verde definitiva de Bruselas. Con la puerta para la rebaja totalmente abierta, el Ejecutivo de Pedro Sánchez incluyó la disminución del IVA digital del 21% al 4% en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado. Pero el fracaso de las cuentas en el Congreso, la celebración de elecciones y la repetición de noviembre volvió a meter la medida en un cajón. Figuraba de nuevo en el último proyecto de Presupuestos pactado entre el PSOE y Unidas Podemos. Ahora, el impacto económico de la pandemia ha llevado al Ejecutivo de coalición a acelerar los tiempos para tratar de amortiguar los daños también en el sector mediático. Se acabó, por fin, la discriminación fiscal del periodismo online.