La campaña que nos conducirá a las elecciones europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo empieza la semana que viene y echa a andar con la política fiscal como el campo de batalla en el que PP y Ciudadanos se disponen a hacer frente al PSOE.
Los líderes del PP y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, han aprovechado la actualización del programa de estabilidad que el Gobierno de España envió esta semana a Bruselas con las previsiones económicas correspondientes a la legislatura que está a punto de comenzar para acusar a Pedro Sánchez no sólo de querer llevar a cabo una "abrupta subida de impuestos a las clases medias" sino de haber engañado a los electores ocultándoles sus planes durante la campaña electoral. Ambos ya han anunciado que la semana que viene, durante las reuniones que mantendrán en La Moncloa por separado con el presidente en funciones, ese será uno de los temas centrales de su agenda.
Lo cierto es que los impuestos que el Gobierno se propone poner en marcha a partir de 2019 ni son nuevos ni tienen como destinatarias a las clases medias. La política fiscal del PSOE fue definida por el Ejecutivo el pasado otoño, debatida en el Congreso, diseñada en el Consejo de Ministros e incorporada al proyecto de ley de Presupuestos Generales para 2019, el mismo que PP, Cs y el independentismo votaron en contra el pasado febrero desencadenando la convocatoria electoral del 28A. No hay nada nuevo en la actualización del programa de estabilidad por el que ahora los líderes de la derecha se rasgan las vestiduras.
Lo que hace el documento remitido a Bruselas es señalar “un escenario para 2020” que incluye “tres elementos que el Gobierno actual ya había planteado: el paquete tributario incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2019, las medidas de lucha contra el fraude y la creación de las dos nuevas figuras tributarias que había impulsado mediante los correspondientes proyectos normativos”.
En primer lugar, una actualización del impuesto de sociedades para acercar el tipo efectivo al nominal y conseguir “una mayor contribución de las grandes empresas y grupos consolidados”. Para conseguirlo, el Gobierno se propone limitar las exenciones para evitar la doble imposición, exigir una tributación mínima de un 15% que “afectará solamente a los grupos que tributan en régimen de consolidación fiscal y a las empresas no integradas en grupos cuyo importe neto de la cifra de negocios sea igual o superior a 20 millones de euros”.
Las PYMEs no sólo no se verán afectadas por esta medida sino que se beneficiarán de una rebaja del tipo nominal del impuesto sobre sociedades del 25 al 23% siempre que facturen menos de un millón de euros. Las entidades que incrementen el número de mujeres en su Consejo de Administración también podrán bneficiarse de deducciones en este impuesto.
El Gobierno se propone además poner en marcha, a partir del año que viene, un incremento de los tipos del IRPF que afectarán exclusivamente a las rentas altas: subirán dos puntos los tipos para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. Asimismo, el tipo estatal sobre la base del ahorro subirá en cuatro puntos porcentuales para las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros, pasando del 23 al 27%.
También tendrá lugar el año que viene, si Sánchez consigue ser reelegido presidente, un incremento del impuesto sobre el patrimonio de un 1% en el tipo aplicable a los que sean superiores a 10 millones de euros.
Impuesto al diésel
El paquete tributario incluye también una subida de 38 euros por cada mil litros de diésel. El Gobierno siempre subraya que no afectará el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado, pero no puede negar que afectará a la clase media, como le reprochan PP y Ciudadanos. La justifica, sin embargo, en nombre de la lucha contra la contaminación.
La política fiscal que quiere poner en marcha el Gobierno de Sánchez en 2020 incluye también rebajas del IVA. Se reducirá al 10% en el caso de los servicios veterinarios y al 4% en el de los libros, periódicos y revistas en soporte electrónico, así como en los productos de higiene femenina.
Especialmente relevantes serán, a partir del año que viene, las nuevas figuras tributarias que el Gobierno trató de poner en marcha en los Presupuestos de 2018. En primer lugar, el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero que afecten a empresas con un valor de capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros —básicamente las del IBEX 35—.
En segundo lugar, el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales —conocido popularmente como la tasa Google— que tratará de gravar los ingresos que obtienen en España grandes empresas internacionales a partir de ciertas actividades digitales que escapan al actual marco fiscal. El impuesto gravará, a un tipo del 3%, los ingresos generados por servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario y sólo afectará a personas jurídicas y otras entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios supere los 750 millones de euros y cuyos ingresos derivados de prestaciones de servicios sujetas a este impuesto en España sean superiores a los 3 millones, para evitar que pueda ser de aplicación a las PYMEs.
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Con el conjunto de estas medidas, el Gobierno calcula que será capaz de ingresar el año que viene 5.654 millones de euros, la mayor parte de ellos a partir de la reforma del impuesto de sociedades para que las grandes empresas no eludan el pago (1.776 millones) y de la nueva tasa Google tasa Google (1.200 millones). Otros 850 millones llegarán, según los cálculos del Ejecutivo, del impuesto sobre las transacciones financieras, 828 de la lucha contra el fraude, 670 de la nueva regulación del diésel, 339 de la subida del impuesto sobre los grandes patrimonios y 328 de la subida del IRPF a los más ricos.
Por el contrario, las PYMEs se beneficiarán de una reducción del impuesto de sociedades por la que el Estado dejará de ingresar 260 millones. Del mismo modo, los usuarios de servicios veterinarios y los compradores de publicaciones electrónicas y productos de higiene femenina dejarán de pagar 77 millones de euros.
Como consecuencia de todo ello el porcentaje de ingresos en proporción al PIB pasará del 38,9% en 2018 hasta el 40,7 en 2022. Combinando la “favorable evolución de la economía” que espera el Gobierno con la estrategia de incrementar la recaudación agregada, el Ejecutivo espera “ir acercando los niveles de tributación de España a la media de los países de nuestro entorno”. Siempre sobre la base, proclama el documento remitido a Bruselas, de que “quienes disponen de mayor riqueza contribuyan de forma equitativa en un modelo fiscal progresivo, donde cada uno aporte en función de su capacidad y reciba en función de su necesidad, preservando a la clase media y trabajadora, que es la que ha soportado con su esfuerzo los momentos más duros de la crisis”.
La campaña que nos conducirá a las elecciones europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo empieza la semana que viene y echa a andar con la política fiscal como el campo de batalla en el que PP y Ciudadanos se disponen a hacer frente al PSOE.