No es habitual que en los debates electorales la cuestión de los impuestos ocupe tanto tiempo y atención en las intervenciones de los candidatos como sucedió en el celebrado este lunes en la CRTVG (Corporación Radio y Televisión de Galicia). Fue el propio Rueda el que se adentró en la cuestión lanzando promesas de nuevas rebajas de impuestos, lo que fue aprovechado por el resto de contrincantes para afearle que sus bonificaciones han beneficiado a ingresos o patrimonios cada vez más altos frente a las propuestas de los partidos de izquierda de "que pague más quien más tiene". Lo que no se sabe es para qué sirvieron esas reducciones de impuestos, más allá de que para que las personas con esos ingresos y patrimonios altos dejen de sufragar a los servicios públicos. El Consello de Contas, equivalente al Tribunal de Cuentas, ha reclamado desde hace años a la Xunta que evalúe "los efectos de los beneficios fiscales en las políticas económicas y sociales a las que van destinados”, pero el Gobierno gallego se niega.
Desde la llegada de Feijóo a la presidencia de la Xunta en 2009 sus gobiernos han aplicado sucesivas rebajas en impuestos como el tramo autonómico del IRPF, el de herencias, el de patrimonio o el de compra de viviendas que están beneficiando progresivamente a rentas cada vez más altas. Hace un año Praza.gal, con el asesoramiento de expertos en régimen fiscal de la Universidad de Vigo, trazó el perfil de contribuyente más beneficiado por esas bonificaciones, que podría ser el de un heredero de un millón de euros que cobre 60.000 euros al año y compre un chalé en O Grove o Baiona, lugares de segundas residencias con parroquias que la Xunta privilegia al considerarlas rurales.
Desde aquel momento las rebajas siguieron, porque después Rueda amplió al 50% la bonificación del impuesto del patrimonio, que solo lo pagan las 8.000 personas más ricas de Galicia, con más de dos millones de euros. En los presupuestos para este año la Xunta llegó a cuantificar en 34,1 millones de euros lo que dejaría de ingresar por esa rebaja para unos pocos contribuyentes, más que los 33,9 millones de bonificaciones en el IRPF que paga la gran mayoría de la ciudadanía. El Gobierno gallego solo rectificó a última hora. Cuando el Tribunal Constitucional avaló el impuesto estatal con el que el Gobierno de España pretendía cobrar lo que las comunidades perdonasen de ese tributo, la Xunta decidió mantenerlo íntegro de forma "temporal".
Este lunes Rueda, en el debate, prometió que la siguiente rebaja que tiene en mente es la del impuesto de sucesiones o herencias para familiares cada vez más alejados, "colaterales", un compromiso que no aparece en el programa electoral del partido, que se limita a "consolidar" en la nueva legislatura las rebajas ya implantadas. Hasta 2020 ese impuesto gravaba las herencias que superaban los 400.000 euros, descontada la vivienda habitual. Pero desde ese año el límite libre de impuestos para las herencias de familiares directos fue ascendido a un millón de euros.
Si con el anterior límite de 400.000 euros la Xunta aseguraba que ya solo pagaría el impuesto de sucesiones el 1% de la población, al aumentarlo en 2020 a un millón el Gobierno gallego cifró en apenas el 0,06% la ciudadanía que todavía quedaría afectada por el tributo. Esto es, la propia Xunta admitió que con esa nueva rebaja del impuesto estaba beneficiándose exclusivamente a la mayor parte del 1% más rico de la población.
Los gobiernos de Feijóo y Rueda han defendido que estas rebajas de impuestos ayudan a impulsar la economía. Sin embargo, los beneficiarios de rebajas como la del impuesto del patrimonio han aumentado más sus gastos en bienes de lujo que sus inversiones en la economía productiva. Y la propia Xunta admite que no evalúa los efectos de sus bonificaciones fiscales. "Evidentemente es un área en el que tenemos que mejorar", decía el pasado octubre el conselleiro de Economía, Miguel Corgos.
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Pero no es que evaluar las rebajas de impuestos sea difícil, sino que la propia Xunta rechaza hacerlo. Hasta 2017 el Consello de Contas, el ente independiente fiscalizador de las finanzas públicas, dejaba constancia en sus informes anuales que la Xunta no estaba evaluando los efectos de sus bonificaciones fiscales. Pero en el informe de 2018 Contas dio un paso más y añadió una recomendación expresa para que la Xunta procediese a “el establecimiento de objetivos e indicadores de cumplimiento cuando se proceda a la creación de nuevos incentivos fiscales, y la elaboración sistemática de estudios sobre los efectos de los beneficios fiscales en las políticas económicas y sociales a las que van destinados”.
Un año más tarde, al comprobar en el informe de 2019 qué recomendaciones previas había cumplido la Xunta, Contas indicó por error en una primera versión de su auditoría que el Gobierno gallego había aceptado su petición de evaluar los efectos de las rebajas de impuestos. Pero no había sido así y la propia Xunta, a través de la Agencia Tributaria de Galicia, así se lo hizo ver al ente fiscalizador, dejando constancia por escrito de que "esta agencia no aceptó la citada recomendación". Recomendación que sigue siendo plasmada en cada informe anual de Contas desde aquel momento pero todavía sin éxito, como admite el propio conselleiro de Facenda: "Estamos trabajando en este tipo de evaluaciones".
Aquí puedes leer el texto original en gallego.
No es habitual que en los debates electorales la cuestión de los impuestos ocupe tanto tiempo y atención en las intervenciones de los candidatos como sucedió en el celebrado este lunes en la CRTVG (Corporación Radio y Televisión de Galicia). Fue el propio Rueda el que se adentró en la cuestión lanzando promesas de nuevas rebajas de impuestos, lo que fue aprovechado por el resto de contrincantes para afearle que sus bonificaciones han beneficiado a ingresos o patrimonios cada vez más altos frente a las propuestas de los partidos de izquierda de "que pague más quien más tiene". Lo que no se sabe es para qué sirvieron esas reducciones de impuestos, más allá de que para que las personas con esos ingresos y patrimonios altos dejen de sufragar a los servicios públicos. El Consello de Contas, equivalente al Tribunal de Cuentas, ha reclamado desde hace años a la Xunta que evalúe "los efectos de los beneficios fiscales en las políticas económicas y sociales a las que van destinados”, pero el Gobierno gallego se niega.