La impulsora de la queja contra el fiscal del 'caso Villarejo' ya intentó tumbar como jueza a Victoria Rosell

La investigación interna para determinar si realmente uno de los fiscales del caso Villarejo, Ignacio Stampa, buscó favorecer a Podemos ha destapado de forma involuntaria un largo hilo que conduce a Canarias. La investigación llega tras publicar varios medios mensajes de chat donde una abogada de la formación morada, Marta Flor, se jactaba insinuante de mantener una relación íntima con Stampa y daba por hecho que este ayudaría procesalmente al partido. Pero la inspección abierta sobre el fiscal a raíz de esas informaciones, basadas de forma exclusiva en el relato por entregas de la letrada, solo constituye el segundo round de un combate que comenzó en febrero. Fue entonces cuando una periodista canaria, María Montero, presentó un escrito donde pedía investigar a Stampa por lo que en aquel chat había escrito la abogada. Y aquí entra en escena la conexión con el archipiélago, donde Stampa dirigió durante años sonadas operaciones contra la corrupción urbanística y política en Lanzarote. Aquellos casos, sobre todo los conocidos como Unión y Stratvs (sic),le costaron incluso una querella por parte de un empresario que terminó condenado. 

La conexión canaria se basa en lo siguiente: la solicitud de febrero para investigar a Stampa fue archivada aunque Montero ha recurrido; pero antes de eso, ella misma ya había presentado en diciembre de 2018 otra queja en el CGPJ. Esta, contra Victoria Rosell. Es decir, contra la actual delegada del Gobierno para la violencia de género y destacada figura de Podemos. Su intento, fallido, se produjo justo después y con los mismos mimbres que el efectuado dos meses antes también en el CGPJ por Salvador Alba, el juez que resultó luego condenado a seis años de prisión por maniobrar contra Rosell.

Fuentes oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han precisado que aquella queja de María Montero contra Rosell, que había pasado inadvertida, entró el 18 de diciembre de 2018. Confirman asimismo que se incorporó al expediente abierto tras la denuncia de Salvador Alba. Y que fue archivada de inmediato dado que la de su predecesor también lo estaba. ¿El motivo que adujo la autora de la queja? El mismo que el esgrimido dos meses antes por Salvador Alba: que la jueza, a quien su imputación tras una querella de José Manuel Soria había obligado a devolver su acta como diputada al Congreso, había asistido a un acto de Omnium Cultural sobre el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.

Montero, con quien contactó este periódico por teléfono, asegura que lo que hizo fue reclamar al Consejo que investigase a Rosell. Según su versión, se lo pidió al CGPJ porque el día en que participó en el acto de Omnium "la tensión era enorme en Barcelona, yo estaba allí, y quería saber qué hacía en aquel acto una magistrada como Rosell".

Nada que ver con José Manuel Soria ni con Salvador Alba

La periodista sostiene que ni hay conexión entre el paso que ha dado respecto a Stampa y el que dio con Rosell ni conoce a Salvador Alba. Es decir, el juez que dio instrucciones expresas a un empresario para que incriminase a Victoria Rosell en un caso, lo que objetivamente habría favorecido al exministro José Manuel Soria, expresidente del PP en el archipiélago canario. Soria se había querellado contra Rosell en diciembre de 2015. En abril del año siguiente se vio obligado a dimitir al trascender su relación con una empresa radicada en el paraíso fiscal de Jersey.

Salvador Alba y José Manuel Soria han compartido abogado y personas cercanas. El abogado es el prestigioso penalista y editor de libros jurídicos Nicolás González Cuéllar. Y entre las personas cercanas se cuenta Juan Santana, que fue jefe de comunicación y de gabinete de José Manuel Soria. Entre Juan Santana y María Montero opera como lazo Radio Las Palmas, emisora asociada a esradio, la cadena de Federico Jiménez Losantos.

Interpuesta bajo la acusación de que Rosell había retardado deliberadamente la instrucción de un caso en beneficio de un empresario que había cerrado un negocio con su pareja, la querella de Soria había sido admitida por el Tribunal Supremo. En contra del criterio de la Fiscalía, que no veía indicios para investigar a Rosell, la admisión se produjo en abril de 2016 mediante un auto dictado por el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena. En diciembre de aquel año, la querella fue archivada.

En medio quedó un episodio decisivo contra el juez Salvador Alba. Con el pleito ya en el Tribunal Superior de Canarias (TSJC), porque Rosell había dejado el Congreso para regresar a la carrera judicial tras ser admitida la querella de Soria, el caso dio un giro copernicano: lo hizo cuando el empresario cuyo caso, según Soria, había retardado la jueza denunció que Salvador Alba se había reunido en privado con él antes de tomarle declaración. Y que le había dado instrucciones sobre lo que tenía que manifestar para perjudicar a la exdiputada de Podemos. El empresario aportó una grabación de la charla. El TSJ de Canarias condenó a Salvador Alba en septiembre de 2019. La sentencia, pendiente de recurso ante el Supremo, le impone seis años de cárcel por prevaricación, cohecho y falsedad documental. 

En su conversación telefónica con infoLibre y ante la pregunta de si además de las dos peticiones de investigación –la de Rosell y ahora la de Stampa– ha solicitado, en el momento que sea, la apertura de pesquisas internas sobre personas distintas, María Montero respondió que no. La periodista asegura que no comparte micrófono con Juan Santana, –"yo vivo en la isla de enfrente", en Tenerife y cada uno tiene su programa de radio independiente–, que no conoce al abogado de Soria y Alba. Y tampoco a este último aunque dice que no sabe si alguna vez ha entrado en antena en su programa La ventana indiscreta. Y que ignoraba que Salvador Alba hubiese presentado una queja ante el CGPJ sobre Rosell poco antes que ella misma.

En una información publicada por el digital Confilegal, Montero ha solicitado en su recurso ante la FGE que se averigüe si la abogada Marta Flor ha enviado unos presuntos emails al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. Y que en esos correos la letrada de Podemos ofrece asegurar que ha exagerado su relación con Stampa a cambio de que no se investigue a Pablo Iglesias. A la pregunta de cómo es posible que haya accedido a un email en todo caso posterior a febrero de este año y del que no puede por tanto haber rastro en el chat cuyo contenido terminó en un juzgado una vez que Podemos despidió a otro abogado –José Manuel Calvente– enfrentado a Marta Flor, la periodista vino a decir lo siguiente: que si el email se filtra "es porque uno de los dos lo ha difundido". Cuando este periódico le preguntó si cree posible que alguien como Alejandro Luzón filtre un correo donde figura como destinatario, Montero respondió que no.

InfoLibre se interesó por su opinión sobre la credibilidad otorgada a los mensajes de Marta Flor, cuyo único respaldo es el relato de su propia autora. Según Montero –y esa es su versión, de la que este periódico le envió copia escrita por si había algún malentendido o interpretación errónea– esos mensajes también cuentan con el refuerzo de Calvente. Al recordarle que Calvente no pasaría aquí de ser en todo caso un testigo de referencia, dado que nada le sitúa en posesión de datos que confirmen la relación con el fiscal y que su única fuente eran los mensajes de la controvertida abogada, Montero respondió así: que no es un testigo de referencia sino también un denunciante.

Según Montero, se está limitando a cumplir una estricta labor informativa: "Si alguien trata de hacer cualquier montaje falso enlazando puras casualidades con el trabajo periodístico que estamos realizando sobre el caso Tandem tomaremos las medidas judiciales oportunas". Esa fue su advertencia, aunque en una conversación posterior aseguró que no iba dirigida contra este periódico.

De la rama menor a la espada de Damocles

Considerada hasta ahora como una rama menor de la gigantesca Operación Tándem, que por primera vez ha puesto al poderoso comisario bajo el foco de la justicia, la pieza Dina surge vinculada al robo del móvil de una antigua asesora de Pablo Iglesias: Dina Bousselham. Y se incardina en el caso Villarejo porque la Policía halló en casa del policía archivos de la tarjeta telefónica sustraída.

El robo de aquel móvil se perpetró en noviembre de 2015. En julio del siguiente año, OKdiario publicó mensajes almacenados en el teléfono de Bousselham. El más célebre, aquel donde el líder de Podemos aseguraba en charla privada ante sus compañeros que azotaría hasta hacerla sangrar a la periodista Mariló Montero, que no guarda ningún vínculo familiar, al menos conocido, con María Montero. Iglesias escribió en el chat ese mensaje días después de que, en una entrevista, Mariló Montero definiese al político así: "Es un hombre oscuro", dijo. Y siguió: no es el estandarte del 15M ni el prototipo del macho ibérico. La afirmación más clara sobre sus postulados fue la siguiente: "El macho ibérico defiende y protege a la mujer, yo no me veo para nada defendida por su discurso".

Carpetazo a la investigación interna del fiscal del 'caso Villarejo' al no acreditarse ninguna relación íntima con la abogada de Podemos

Ver más

En la primavera de 2019, la pieza Dina arrancó judicialmente de manera visible. Con Marta Flor como representante legal, Bousselham ha modificado en sede judicial o mediante escritos su versión sobre dos puntos relevantes: cuándo y en qué estado recuperó la tarjeta que le habían robado una vez el presidente del Grupo Zeta se la devolvió a Pablo Iglesias; y si lo publicado por OKdiario podía o no proceder de pantallazos que ella misma hubiese enviado a terceras personas.

La envergadura penal y política de la pieza Dina no compite bajo ninguna circunstancia con las dos de mayor calado entre las 25 en que se distribuye la causa: la denominada Kitchen, centrada en el espionaje policial y parapolicial a Luis Bárcenas y con la que supuestamente se pretendía evitar que conservara papeles de la contabilidad B incriminatorios para el partido; y la bautizada como BBVA, donde se investigan los contratos de investigación, seguimiento y espionaje con medios policiales y parapoliciales que el segundo banco del país mantuvo con Villarejo durante la etapa de Francisco González. Por esos encargos, la entidad pagó nada menos que 10,28 millones de euros.

Pero, aun tratándose de una pieza menor, la difusión de los mensajes de Marta Flor ha hecho que se convierta en una espada de Damocles para el vicepresidente segundo. El juez instructor, Manuel García Castellón, ha retirado al líder de Podemos la condición de perjudicado en la causa y todo indica que está preparando el terreno para poner a Iglesias en manos del Tribunal Supremo. Y mientras Kitchen y BBVA han pasado a segundo plano, la pieza de Dina va cobrando protagonismo día a día. Vox acaba de presentar una denuncia en Anticorrupción que además de a Pablo Iglesias y a Dina Bousselham incluye a Ignacio Stampa. Y el PP da ya por cierto que la Fiscalía dio "trato de favor" a Podemos.