La imputación de Tania Sánchez complica su candidatura para las generales en Podemos

Ni a la excandidata de IU a la Comunidad de Madrid Tania Sánchez, ni a su defensa, le pilló por sorpresa que la jueza la llamase a declarar como imputada. Formaba parte del ritual procesal lógico, argumentaron, una vez que fue admitida a trámite la querella del PP. Pero esa acusación también tiene su derivada política: que, mientras se mantenga viva, no pueda presentarse como candidata a las primarias de Podemos para las generales, una posibilidad que ella misma no descartó en la campaña de las autonómicas y municipales del 24-M. Se lo impediría el estricto código ético de la formación morada. 

Fue este lunes cuando se conoció la providencia del Juzgado de Instrucción número 6 de Arganda del Rey (Madrid), firmada el 27 de mayo. La magistrada Gladys López llamó a declarar como imputada a la excandidata de IU a la Presidencia de la Comunidad de Madrid para el próximo 23 de junio, a las diez de la mañana. Ese mismo día deberán acudir a explicarse ante la jueza su hermano, Héctor Sánchez, adjudicatario a través de una cooperativa, Aúpa, de varios de los contratos otorgados durante la etapa en que la exdiputada era concejala en Rivas Vaciamadrid (2007-2011), y el padre de ambos, Raúl Sánchez, que también era edil. Un día antes, 22 de junio, habrán de explicarse el alcalde en funciones de la localidad madrileña, Pedro del Cura, y Yolanda Pérez Díaz y Abril Barceló, que formaban parte de la sociedad de la que era socio Héctor Sánchez y que abandonaron para convertirse en funcionarias del Ayuntamiento.

El 19 de enero, en plena tormenta interna en IU y con el caso Aúpa al rojo vivo, el PP presentó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra quien todavía encabezaba la candidatura de IU al Gobierno regional, su padre y su hermano, y Del Cura, entre otros, por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en varios contratos adjudicados por el Consistorio ripense.

Ya no es aforada, el TSJM lo desestima

Sánchez se marchó de IU-CM y dejó su escaño en la Asamblea el 9 de febrero. Intentó construir un Ganemos autonómico, una plataforma de confluencia de las izquierdas sólida que pudiese acudir a las elecciones coaligada con Podemos. Pero la formación morada impuso sus reglas: se presentaría al 24-M con su marca y sólo con su marca. Sánchez dio un paso atrás, pero exmiembros de IU de su entorno sí se integraron en las listas regionales del partido de Pablo Iglesias.

Al renunciar a su acta, Sánchez perdía su condición de aforada. El TSJM tuvo que declararse falto de competente para investigar la causa, pero esta pasó a un juzgado ordinario, el 6 de Arganda, que admitió la querella en marzo. Ahora es cuando la magistrada da un paso relevante al citar a todos los imputados. 

Entretanto se resuelve la causa, Sánchez se mantendrá como tal, como imputada. El pasado 12 de mayo, en una entrevista en Espejo público, en Antena 3, no descartó concurrir a las generales bajo las siglas de Podemos. "No tengo una bola de cristal. Creo que ya he demostrado que no tomo decisiones políticas que tengan que ver con intereses personales y lo seguiré haciendo", señalaba ante las cámaras. 

El código ético que tienen que firmar todos los integrantes de Podemos –y eso incluye a los candidatos, aunque sean independientes, porque han de inscribirse en la formación– es muy rotundo respecto a qué hacer. En su punto XI. g), establece que todo cargo público, orgánico y todo aspirante del partido se compromete a renunciar a su puesto "en caso de ser imputado, procesado o condenado por las faltas y delitos que se determinarán en el reglamento al efecto que habrá de publicar la Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirán siempre los delitos de corrupción, económicos, acoso sexual, violencia de género, pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de los trabajadores, ecológicos y urbanísticos".

Sánchez ya estaba imputada desde marzo

infoLibre preguntó a Podemos si Sánchez se encontraría en esa situación si fuera candidata. Un portavoz respondió que el código ético es "claro y no admite duda" respecto a qué ocurre cuando un cargo o candidato es imputado. Pero a continuación hizo esta matización: "En el caso de Tania nos encontramos con que ha sido citada a declarar como imputada. Quizá habría que esperar a la imputación formal de delito. De todos modos, la situación procesal de Tania se resolverá pronto". Fuentes oficiales elevaron la consulta a la Comisión de Garantías de la formación, que a última hora de este lunes aún no había emitido su parecer. 

Este periódico intentó contactar con la exdiputada regional. No fue posible. Sí lanzó un comunicado a los medios, con el que expresó su "absoluta tranquilidad ante el desarrollo ordinario del proceso judicial, esperable y previsible en las diligencias previas de este tipo de procedimientos". "Dicha declaración me permitirá reiterar las explicaciones y solicitar el archivo de la causa. Esta querella responde a un interés político del Partido Popular de desacreditarme y carece de cualquier fundamento", subrayó. La nota no hizo referencia a una eventual candidatura para las generales. Sí le preguntaron por su futuro político en Hora 25, en la Cadena Ser: aseguró que “en los procesos acelerados de cambio que vivimos” no es la hora de aclarar esas dudas. “Yo no me imagino no haciendo política pero también se hace en la vida cotidiana”, indicó la exparlamentaria, que sin embargo no ve la razón por la que debería dejar de participar en el cambio que vive España.

El abogado de Sánchez, Gonzalo Boye, considera "alucinante" que la noticia saltara a los titulares de todos los medios rápidamente. "Ella ya estaba imputada desde el auto de admisión a trámite de la querella del PP, y de hecho yo estoy personado en la causa como letrado de la imputada. Este era el paso esperado: que tras examinar la abundante documentación presentada por el Ayuntamiento de Rivas, la jueza citase a declarar a los imputados. No podía hacer otra cosa. No podía sobreseer la causa sin que acudiesen a explicarse los afectados. Lo que esperamos es que ahora todo se archive, porque esto no es más que una cortina de humo del PP y no tiene ningún fundamento".

Una situación similar a la de Chaves y Griñán

El trámite de audiencia no se ha dado antes, explica la defensa de la exdiputada, porque la magistrada ha sido "escrupulosa" con los tiempos y no ha dictado su providencia antes de las elecciones. "Esta es la diligencia lógica, y si no la practicara se expondría a que la Audiencia luego le ordenara reabrir la causa. Lo que no se dice es que la jueza ha inadmitido a trámite la querella presentada por el abogado Emilio Rodríguez Menéndez". 

La situación procesal de Sánchez es semejante a la de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que fueron citados por el Tribunal Supremo por la causa de los ERE. Ambos, junto con tres exconsejeros de la Junta, desfilaron por el instructor, Alberto Jorge Barreiro, en abril, y este aún tiene que determinar qué hace con los imputados. Tanto Susana Díaz como la dirección federal del PSOE esgrimieron que no pedirían el escaño a ambos hasta que se les acusara formalmente de un delito. Sin embargo, tanto Podemos como Ciudadanos fijaron como condición previa para poder negociar la investidura de la socialista el que los dos exjefes del Ejecutivo dejaran sus escaños de manera inmediata. Al final, Chaves se comprometió a no repetir otra legislatura en el Congreso y Griñán anunció su retirada en cuanto Díaz fuera reelegida. Cosa que no ha ocurrido aún. 

Sánchez no ocupa ningún cargo público. Ni es oficialmente candidata. Es fundadora, eso sí, de Convocatoria por Madrid (CxM), la plataforma en la que convergieron exmiembros de IU y dirigentes de Equo, entre otros. 

Dificultades para Del Cura

Pero quien sí está más directamente concernido por la providencia judicial es el alcalde de Rivas y aspirante a la reelección, Pedro del Cura. Somos Rivas, la candidatura que él encabezó el 24-M y que integraba a IU y a Equo, fue la lista más votada: obtuvo 7 concejales (seis menos que en 2011), mientras que Rivas Puede –la plancha apoyada por Podemos– logró 6 ediles, por delante de PP, Ciudadanos y PSOE, los tres con 4 actas cada uno. Del Cura se encuentra estos días negociando su investidura. Le quedan menos de dos semanas, porque el 13 de junio se constituyen todos los ayuntamientos de España. Nueve días antes de pasar ante la magistrada. 

IU Rivas emitió un comunicado en el que enfatiza que Del Cura "tendrá por primera vez la oportunidad de comparecer ante el juzgado para demostrar que se trata de una querella política presentada por el PP que está basada en hechos falsos, por lo que solicitará el archivo de la causa". "De esta forma se pondrá fin a la campaña de difamación y denuncias falsas protagonizada por el Partido Popular contra el Gobierno de Rivas. Cabe recordar que la imputación no es un juicio preliminar ni anticipa la sentencia, tan sólo un mecanismo procesal previsto en nuestro ordenamiento jurídico para la comparecencia ante el tribunal de la parte acusada".

Del Cura, en conversación con infoLibre, proclamó su inocencia y expresó su deseo de no retirarse de la carrera. Quiere aportar a los demás grupos "toda la documentación disponible en el Ayuntamiento", y "explicar todo lo que haya que explicar". Pero sabe que su labor de convencer a los otros partidos se complica: "Habrá quien quiera aprovechar este episodio, pero sería hacerle el caldo gordo al PP, que interpuso una querella política para ir contra un candidato y una ciudad emblema". Rivas ha sido hasta ahora la joya de la corona de IU, una localidad de 80.000 habitantes gobernada ininterrumpidamente por la federación desde 1991 –entre 2011 y 2015, con mayoría absoluta–, la mayor población en sus manos en el último mandato. 

El alcalde contaba a este diario que había hablado con Cayo Lara, que le había trasladado su "tranquilidad" y confianza. Pero no con IU-CM, con cuya dirección regional sí se ha enfrentado. Del Cura entiende que no debe apartarse, según su lectura del código ético de IU aprobado en 2011, que dice lo siguiente en su punto 8: que los candidatos tendrán que "asumir las responsabilidades políticas a que hubiere lugar en casos de corrupción, con dimisión cautelar de los cargos públicos y cargos de libre designación en caso de imputación y procesamiento por delitos de corrupción política o urbanística". El regidor sostiene que no se ha producido apertura de juicio oral, y por tanto no debe dar un paso atrás. Además, recuerda que si renunciara a la Alcaldía y luego se levantara la imputación no tendría posibilidad de recuperar el bastón de mando. 

Dirigentes de IU-CM, requeridos por este diario, no quisieron pronunciarse sobre el caso. La federación tampoco emitió ningún comunicado. La cúpula, no obstante, está de salida, pues el miércoles convocará una asamblea regional extraordinaria para dar salida a la crisis interna y al batacazo electoral del 24-M. Quien sí pidió la dimisión de Del Cura fue el partido Rivas X la Izquierda, ligado al anterior primer edil, José Masa, cuya lista no pudo concurrir a los comicios. 

No sabía que su hermano administraba Aúpa

Esperanza quiere pactar con Tania

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El Ayuntamiento de Rivas otorgó, entre 2002 y 2008, contratos por valor de 1,4 millones de euros a Héctor Sánchez, administrador y socio de Aúpa. A su hermana le afecta el caso por la última adjudicación que se le hizo en este periodo, por 137.000. La excandidata no se inhibió cuando el contrato pasó por la Junta de Gobierno, como le obliga la ley. Sánchez ha reconocido siempre que aquello fue un error, pero que su voto no tuvo peso en la medida en que las decisiones se adoptaban de forma colegiada y venían respaldadas por la mesa de contratación, de carácter técnico.

También dijo desconocer, en la comisión de investigación que se montó en el Ayuntamiento, que no sabía que su hermano era administrador de la cooperativa. Raúl Sánchez sí fue concejal durante todos esos años, y también en el último mandato, y no se inhibió.