La nueva tanda de correos que Diego Torres ha hecho llegar al juez resulta tan esclarecedora como las anteriores por cuanto cimenta la tesis de que tanto Cristina de Borbón como el propio jefe del Estado estaban al tanto de las actividades empresariales y asociativas de Urdangarin. Pero quienes conocen los entresijos del caso creen que ninguno de los nuevos correos añade o quita razones para la imputación de la infanta, cuyo futuro procesal se ha situado en el eje de gravedad del caso, a la vista de que el de su marido parece ya claro.
Ahora bien, si la imputación de la infanta se daba por descartada hace apenas tres meses, hoy se vislumbra como probable. Eso es lo que intuyen quienes, como zahoríes, siguen de cerca cada movimiento que el juez del caso, José Castro, imprime a la instrucción. Algunos llegan más lejos y creen que si el juez imputa a la infanta lo hará convencido de que dejarla al margen equivaldría a cerrar el caso en falso, aun siendo consciente de que la Audiencia de Palma podría luego tumbar su decisión.
Pero quienes así lo presagian avisan también de que se abrirá una brecha grave en el caso si la imputación llega sin la aquiescencia del fiscal Pedro Horrach, que no ha dado signos de observar indicios delictivos en la actuación de la infanta. Hasta ahora, ni una sola fisura entre el juez y el fiscal ha acudido en auxilio de los investigados.
Que Castro haya preguntado a Hacienda si Cristina de Borbón se acogió a la amnistía fiscal es un signo potente de hacia dónde avanzan sus sospechas: sobre todo, porque todos los demás por los que el juez pregunta a Hacienda están imputados. Y tampoco es baladí que haya solicitado las actas de Instituto Nóos para que, suponiendo que tales actas existan, pueda verificarse si la infanta participaba en las reuniones. De momento, ni hay respuesta de Hacienda ni hay actas. Falta también un segundo informe de Hacienda que puede agravar la imputación de Urdangarin por el supuesto fraude fiscal de medio milón de euros.
El papel de Aizoon
Según la Fiscalía, que basa sus conclusiones en un análisis previo de la Agencia Tributaria, ese delito fue perpetrado a través de Aizoon. Mucho mejor conocida hoy por lectores que en sus tiempos de esplendor (2004-2007), cuando recibió 700.000 euros procedentes de Instituto Nóos y pagados en última instancia por administraciones públicas, esa es la empresa cuya propiedad se reparten los duques de Palma al 50%. Y es también la empresa a la que Urdangarin endosó trabajos que, según Hacienda, debía haber consignado en su declaración de IRPF de 2007 y 2008.
La lectura del sumario indica que la actuación de Cristina de Borbón en este asunto se asemeja a la su padre. Pero, a diferencia de su hija, el monarca no puede ser objeto de imputación judicial. Que moviera sus influencias –como sugieren distintos emails electrónicos– en favor del rentable engranaje de ONG y empresas capitaneado por Urdangarin y Diego Torres es, por tanto, indiferente a efectos penales.
No lo es a efectos políticos, aunque ninguno de los grandes partidos del arco parlamentario ha dado signos que indique su disposición a abrir un debate que pondría sobre la mesa asuntos que durante décadas han tenido la consideración de tabú. Por ejemplo, las reglas que deben regir las actividades lucrativas de los miembros de la Casa Real. Si en lugar del rey y Urdangarin los protagonistas de esos correos fueran el presidente del Gobierno –cualquiera de los habidos- y su yerno, el escándalo habría alcanzado tal magnitud que ningún Ejecutivo se habría zafado sin explicaciones.
Pero si el blindaje judicial asiste al rey por expreso mandato de la Constitución –su persona “es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”–, para Cristina de Borbón no hay escudo legal. El problema, y eso es lo que a tenor de su trayectoria parece sostener el fiscal Pedro Horrach, estriba en que los datos que apuntan a un eventual delito de tráfico de influencias se perfilan débiles o interpretables. En ese diagnóstico coinciden abogados personados en la causa que representan intereses por complejo ajenos a los duques y que no albergan la menor simpatía por la figura de la aristócrata.
Que la infanta mejoró su nivel de vida gracias a los manejos de su marido parece fuera de duda. Que tomó café con un posible patrocinador o aliado de Fundación DCIS, la ONG sucesora de Instituto Nóos, también. Y que transmitió mensajes de su padre, quien, según uno de los correos escritos por Urdangarin, sabía que Camps llamaría al promotor de un proyecto en el que andaba embarcada la Fundación DCIS, justamente la usada por la trama para sacar de España medio millón de euros.
Y es cierto también que el nombre de la infanta quedó estampado en el folleto publicitario del Instituto Nóos. Todo eso ofrece hoy la solidez de los hechos incuestionables. Como innegable parece a estas alturas que la trama utilizó su imagen y la de su marido como reclamo para cazar contratos. Como mensaje subliminal o evidente es lo mismo porque en ambos casos funcionó. Lo admitió el expresidente balear Jaume Matas. Y hace una semana deslizó la misma idea el dirigente del PP y exconsejero valenciano Esteban González Pons durante su declaración como testigo. No es casual que la Casa Real haya evitado desmentir oficial y palmariamente la afirmación lanzada por Diego Torres ante el juez y según la cual fue en La Zarzuela donde Urdangarin y él mismo fraguaron con Francisco Camps y Rita Barberá la celebración de la primera cumbre Valencia Summit.
Pero ni el café ni el folleto ni la pertenencia formal a la junta directiva de Instituto Nóos confirman de forma indudable la otra gran afirmación judicial de Diego Torres: que todos los miembros de la junta –y aquí debe leerse que también la mujer de Urdangarin- participaban “de forma activa” en las decisiones. Y aquí debe leerse en los manejos de la trama.
Urdangarin informó al rey de sus primeros pasos en Instituto Nóos
A la espera de la investigación de Hacienda
A menos que la investigación tributaria arroje nueva y rápida luz sobre el papel de la infanta o que aparezcan actas de Instituto Nóos que confirmen su asistencia a reuniones en las que se tomaron decisiones de funcionamiento, la situación se promete endiablada para Anticorrupción si el juez opta finalmente por imputar a la infanta.
Si eso ocurre –y cada día se perfila como más probable aunque habrá que esperar a la decisión final del magistrado José Castro–, el fiscal Pedro Horrach topará con un dilema insalvable: o asume la imputación y la secunda o la recurre. En el primer caso, necesitará pertrecharse de argumentos contundentes de acusación que, según algunas fuentes, asegura no tener. Y si recurre la imputación por razones procesales, el mismo Horrach que ha levantado a pulso un caso por el que pocos apostaban hace dos años corre el riesgo de aparecer como un funcionario blando y dócil ante una opinión pública que, aplastada por los escándalos y por una pertinaz negativa a la asunción de culpas, ha dejado de distinguir entre responsabilidades políticas y penales y que deposita ahora sus esperanzas en los llamados jueces y fiscales “valientes” El dilema, desde luego, se presenta endiablado.
La nueva tanda de correos que Diego Torres ha hecho llegar al juez resulta tan esclarecedora como las anteriores por cuanto cimenta la tesis de que tanto Cristina de Borbón como el propio jefe del Estado estaban al tanto de las actividades empresariales y asociativas de Urdangarin. Pero quienes conocen los entresijos del caso creen que ninguno de los nuevos correos añade o quita razones para la imputación de la infanta, cuyo futuro procesal se ha situado en el eje de gravedad del caso, a la vista de que el de su marido parece ya claro.