Una entrada en escena gracias a un primo del alcalde. Unos precios desorbitados que a nadie parecieron llamar la atención. Un trato vip que les eximió de pagar el transporte aéreo asumido por las demás empresas suministradoras de material de protección contra el covid. Errores en los números del listado con que la funeraria municipal de Madrid debía informar a la Fiscalía Anticorrupción sobre el coste exacto de las tres adjudicaciones relacionadas con los dos comisionistas. Un año de tardanza entre la fecha de los contratos y el refrendo oficial de la junta de gobierno local de Madrid.
Lo anterior son piezas que se han ido conociendo sobre el escándalo de Luis Medina y Alberto Luceño, un auténtico puzle del que todavía se sabe poco y que, de momento, ha conducido a la imputación del aristócrata sevillano y su amigo por estafa, blanqueo, falsedad documental y, en el caso del primero, también por alzamiento de bienes. El último trozo del rompecabezas lleva fecha del pasado lunes, cuando en su declaración judicial Luceño le dijo al magistrado que le parece "normal" cobrar una comisión del 47% en contratos sanitarios. Y Medina espetó que no tiene "conciencia" de haber cometido ningún delito. "No pactamos comisiones. Entendí que me iba a tocar un tercio", fueron también sus palabras.
Hasta ahora, lo único sobre lo que no caben dudas es que ambos se hicieron de oro al cobrar seis millones en comisiones: la mitad de lo que en total le costaron al erario madrileño las adjudicaciones a la empresa malaya Leno, o sea, la que les pagó. A lo largo de año y medio, tres fueron los contratos bajo la lupa de Anticorrupción. El primero, por 6,23 millones de euros, para la adquisición de mascarillas. El segundo, por 3,93 millones, para la compra de pruebas de autodiagnóstico. Y el último, por 4,62 millones, para hacerse con guantes de nitrilo en la peor fase de la pandemia, aunque el importe final se quedó en 952.000 euros cuando salió a la luz que su calidad era ínfima.
En el polo opuesto, el de la confusión y las dudas, se sitúa la nebulosa en que se ha visto envuelta la corporación que preside el alcalde José Luis Martínez-Almeida.
Pero, en espera de que la investigación judicial resuelva las dudas —si es que ello acaba por suceder—, la historia de quienes aprovecharon la mortífera pandemia para engrosar de manera insospechada su patrimonio —coches de lujo, un yate, una vivienda de alta gama, etc.— destapa como mínimo una serie de agujeros: los de una red de gestión cuyo objetivo confeso era proteger a los ciudadanos acelerando adjudicaciones imprescindibles: las de emergencia. Hoy, las preguntas siguen en el aire.
Los elegidos y el primo del alcalde
El primer interrogante que amenaza con dejar al descubierto irregularidades en el procedimiento de adjudicación o, cuando menos, las brechas del sistema seguido cuando el estallido de la pandemia disparó los contratos de emergencia se resume así: ¿por qué fueron Luis Medina y Alberto Luceño los elegidos para una compra de material cuyo importe final (11,2 millones de euros en números redondos) equivale casi a la partida que en abril de 2020 (11,87 millones) aportó el consistorio a la funeraria municipal para adquirir material de protección frente al Covid-19?
La querella de Anticorrupción relata cómo fue el hijo del fallecido duque de Feria quien inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid. Lo hizo, prosigue la Fiscalía, “aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid”. El texto se refiere al abogado Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde. Desde ese momento, marzo de 2020, fue Luceño quien tomó las riendas en nombre propio y de su amigo Medina. Y su interlocutora, Elena Collado, coordinadora de presupuestos y jefa de compras de la corporación local, cuya imputación pide el PSOE. El regidor madrileño solo contactó con los dos comisionistas para agradecerles que su oferta de productos incluyera una donación de mascarillas.
Como subraya el ministerio público, quien negoció con Collado fue Alberto Luceño. "Ni tenía experiencia significativa en negocios de importación —escribe el fiscal Luis Rodríguez en la querella— ni disponía de fábricas en China". Y tampoco "era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista". ¿Por qué entonces fueron él y su amigo los elegidos para una operación de enorme relevancia económica y que, de no haberse visto menguada en más de tres millones por la ínfima calidad de los 2,5 millones de guantes suministrados, habría rondado los 15 millones de euros? La respuesta, como se plantea al inicio de este texto, permanece en espera.
Los tapabocas más caros de España
Seis meses antes de que saliera a la luz que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando los contratos del Ayuntamiento de Madrid vinculados a Luis Medina y Alberto Luceño, el Tribunal de Cuentas publicó el 28 de octubre de 2021 un informe casi profético de lo que acabaría por ocurrir. En sus páginas, el máximo organismo fiscalizador dejaba constancia de que en 2020 el Ayuntamiento de Madrid aparecía como el que más había pagado por mascarillas entre las 12 grandes ciudades del país. Luego se supo que esos tapabocas eran los adquiridos por la funeraria municipal a la empresa malaya Leno. Cada unidad costó 6,23 euros en marzo de 2020. En aquellas fechas, las principales urbes estaban comprando modelos FFP2 y KN95 que nunca superaron los 4 euros. Los test le costaron a la corporación capitalina 15,73 euros la unidad, frente a los 10,90 euros que como mucho estaban abonando las otras capitales.
Ahora, y una vez el caso está ya en manos de un juzgado de instrucción con el aristócrata sevillano y su amigo investigados por supuesta estafa, blanqueo, falsedad documental —y alzamiento de bienes en el caso de Medina—, la información que en enero de 2021 remitió la empresa funeraria de Madrid a la Fiscalía Anticorrupción destapa algo más: que el 20 de marzo de 2020, tres días antes de adjudicar a la empresa malaya Leno la compra de un millón de mascarillas a 6,23 euros la unidad, la funeraria había adquirido 100.000 mascarillas FFP2 a una empresa gallega, Sibucu 360 SL, por 3,3 euros la unidad. Los expertos consultados por infoLibre aseguran que lo lógico habría sido lo contrario: a menor cantidad de material, mayor precio por las dificultades de negociar con el fabricante un precio más bajo.
En su querella contra Medina y Luceño y en referencia expresa a las mascarillas suministradas por Leno, Anticorrupción ya destacó que los dos comisionistas incrementaron un "148% el precio real del producto". De no ser porque ambos se embolsaron seis millones en comisiones, la empresa proveedora "habría estado dispuesta a vender por un precio muy inferior al pagado”, agregaba la Fiscalía. Porque —concluía la querella— "el precio real de venta de las mascarillas era de 2.689.300 millones de dólares (2.469.611 euros)". O sea, cuatro millones menos. Los dos millones restantes hasta los seis que se repartieron el hijo del fallecido duque de Feria y Naty Abascal y Luceño correspondían al sobreprecio de los guantes de nitrilo y los test del Covid-19 incluidos en el lote.
El Ayuntamiento no ha aclarado aún si cuando se lanzó a la búsqueda de mascarillas, guantes y test contactó con la asociación de empresas del sector (Asepal), que ya entonces agrupaba a un centenar de mercantiles especializadas en equipos de protección.
Transporte aéreo gratis: una exclusiva para el dúo comisionista
Las adjudicaciones de mascarillas, guantes y test fue lo principal pero no lo único que Medina y Luceño obtuvieron del Ayuntamiento de Madrid. En contra de la norma aplicada a los otros 59 contratos de emergencia adjudicados entre marzo y diciembre de 2020 por la funeraria municipal, la empresa municipal de servicios funerarios (EMSFCM ) hizo que el transporte aéreo del material desde China le saliera gratis a la empresa malaya Leno, la que desembolsó los seis millones para los dos comisionistas. En total, y según el listado de operaciones remitido a Anticorrupción, la EMSFCM abonó 325.000 euros adicionales por el transporte aéreo del material. Pero ni siquiera esa cifra está clara: como se explica justo en el siguiente apartado de este texto, la cuantía reflejada el 11 de marzo de 2021 en los acuerdos de la junta de gobierno local supera de largo esa cifra.
Precios que bailan en los papeles
De las tres adjudicaciones a la empresa malaya Leno, la más jugosa fue la de un millón de mascarillas. A ese millón se añadían “183.000 unidades gratis” que en parte —50.000— acabaron en el hospital Puerta de Hierro, donde trabaja la mujer de Luceño. En enero de 2021, y en el listado de los 60 contratos de emergencia para la adquisición de equipos de protección realizados el año anterior, la funeraria municipal de Madrid anotó en la casilla de importe de aquellos cubrebocas la cifra de “6.689.300”. En realidad, esa era la cuantía en dólares. Traducido a euros, se quedaba en 6.242.490 euros, como atestigua el acuerdo adoptado el 21 de marzo de ese año por el que la junta de gobierno del consistorio queda “enterada” de la resolución dictada un año antes por la empresa funeraria.
En este caso, la discordancia obedece a un claro error de índole menor: confundir dólares con euros. Pero aparece en una relación de contratos cuyo destinatario no es cualquiera sino la Fiscalía Anticorrupción, que por segunda vez había requerido documentos a la empresa municipal.
Pero la de los dólares no es tampoco la única discrepancia en cifras que afecta a contratos adjudicados 10 meses antes de la remisión del listado de proveedores a la Fiscalía. Por ejemplo, en la casilla del importe final de los 2,5 millones de guantes de nitrilo, aquellos cuyo precio se despeñó desde los 4,6 millones (4.613.605,81) a los 952.212,20 por la baja calidad del producto, aparece otra cifra: 975.000.
¿Un "documento interno" y no oficial para Anticorrupción?
El viernes y citando fuentes municipales, El País publicó que el Ayuntamiento considera la lista de proveedores enviada a Anticorrupción como "un documento interno que nada tiene que ver con los documentos oficiales". Como se refleja en el sumario judicial, esa lista aparece adjunta a la respuesta que la Empresa Municipal de Servicios Funerarios (EMSF) remitió el 25 de enero de 2021 a la Fiscalía tras un nuevo requerimiento de información. "Se le adjunta como anexo -se lee en el escrito que el gerente envió al ministerio público- las empresas suministradoras a este ayuntamiento de material sanitario relacionado con el Covid 19". Es en la página siguiente donde figura la citada relación de suministradores.
En ella, y con medio millón de euros como importe de compra por un millón de mascarillas turcas, aparece una empresa, Aifos Consultores, que según las fuentes municipales nunca tuvo ningún contrato. Su inclusión fue un "error", sostienen las fuentes del gobierno local. Pero el consistorio sigue sin aclarar qué empresa debería entonces haber ocupado el espacio donde, según sus datos, quedó escrito de manera equivocada el nombre de Aifos, intermediaria en una veintena de contratos siempre según el equipo de Almeida.
El desfase de las fechas que envió la funeraria a la Fiscalía
Los números no se erigen en el único elemento con distorsiones en este confuso caso. El miércoles, una de las partes personadas en la causa, el grupo municipal de Más Madrid, pidió al magistrado que tome declaración como investigado al gerente de la empresa funeraria. Pero el fiscal se opone a ello. La clave de la solicitud de Más Madrid estriba en la disparidad de fechas en documentos oficiales sobre los pedidos de material a la empresa malaya Leno, la que luego pagó a los comisionistas. En este caso, la discrepancia afecta a las llamadas “cartas de encargo”, donde se plasma qué exactamente requiere el ayuntamiento de la empresa suministradora, en qué condiciones y a cambio de qué importe.
Por ejemplo, en lo que concierne a las mascarillas, Más Madrid lo explica así: “Pese a que la carta de encargo de la contratación de las mascarillas está fechada el día 25 de marzo de 2020, la carta aportada por la EMSFM está firmada electrónicamente por el gerente de la EMSFM, don Fernando Sánchez González, el 29 de marzo de 2020, es decir, una vez realizado ya el primero de los dos pagos por el suministro de las mascarillas”. Es la diferencia de fechas y lo que implica a efectos de pago la razón por la que la formación que en el consistorio madrileño lidera Rita Maestre ha pedido la imputación del gerente de la funeraria municipal.
El logotipo que ya ni se usaba
Tanto Luis Medina como Alberto Luceño permanecen desde el principio imputados no solo por estafa y blanqueo sino también por falsedad documental. Como subraya la Fiscalía en su querella, en dos documentos se falsificó la firma del supuesto director de la empresa malaya Leno, San Chin Choon. Ninguno de esos documentos, sostiene Anticorrupción en su querella, era auténtico. La firma de San Chin Choon aparecía “simulada”.
No es la única falsificación detectada. El martes, el diario El Mundo reveló cómo en sus primeras declaraciones ante la Fiscalía Anticorrupción los comisionistas enarbolaron en su defensa las recomendaciones de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) sobre el cobro de comisiones. El logotipo de la ICC encabezaba, de hecho, los contratos con el proveedor malayo Leno. Pero ni esos contratos tenían respaldo de la Cámara ni las recomendaciones que mencionaron existen. En un comunicado, la rama española del ICC lo explicó así: "Ese contrato se ha basado en un falso modelo atribuido a la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Ese falso modelo, con inclusión no autorizada del antiguo logotipo de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), es un texto que no se corresponde con ningún modelo de documento avalado por la ICC".
Un año para darse por enterado el gobierno local
Las tres adjudicaciones de mascarillas, guantes y test que en marzo de 2020 para Leno tardaron 12 meses en llegar a la junta de gobierno local, a la que la ley obliga a cumplir el trámite de quedar oficialmente “enterada” de los contratos de organismos autónomos y empresas. Esa toma de conocimiento no la llevó a cabo la junta de gobierno hasta el 11 de marzo de 2021. La legislación sobre adjudicaciones públicas ordena que en los de emergencia el contratista –aquí, la empresa municipal de servicios funerarios, EMSFCM– traslade toda la información al Gobierno responsable en un mes.
Es decir, hasta el 11 de marzo de 2021 y a efectos formales, Almeida y su equipo de gobierno no supieron oficialmente nada de aquellas adjudicaciones.
La comisión de seguimiento que no se sabe si existió
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La asignación a la funeraria de los contratos de emergencia fue consecuencia del convenio suscrito el 20 de marzo por la empresa con la concejal de Hacienda, Engracia Hidalgo, para garantizar el suministro de material sanitario y de seguridad personal de la plantilla municipal. Una comisión de seguimiento debía vigilar el cumplimiento del convenio municipal en virtud del cual la EMSFCM otorgó adjudicaciones de emergencia a lo largo de 2020. Para su ejecución, el Gobierno local de Madrid aprobó en abril de 2020 aportar 11,87 millones. En diciembre de ese año, amplió la cuantía en otros 24 millones. En total, casi 36 millones.
¿Se reunió alguna vez la comisión? ¿Comparó los elevadísimos precios manejados por Medina y Luceño con los obtenidos por otras grandes ciudades o incluso el Gobierno central? ¿Se preguntó por qué tres días antes de encargarle a Leno un millón de mascarillas por 6,23 euros la unidad la empresa gallega Sibucu 360 SL había vendido a la funeraria municipal 100.000 tapabocas, también FFP2, por 3,3 euros IVA incluido, es decir, por la mitad?
Miguel Montejo, concejal de Más Madrid y miembro del consejo de administración de la funeraria municipal, asegura que la comisión “nunca” se reunió. “El 4 de abril preguntamos justamente por ello. La respuesta de Elena Collado fue que como la empresa municipal y ellos ya hablaban 50 veces, pues no se reunieron nunca”.
Una entrada en escena gracias a un primo del alcalde. Unos precios desorbitados que a nadie parecieron llamar la atención. Un trato vip que les eximió de pagar el transporte aéreo asumido por las demás empresas suministradoras de material de protección contra el covid. Errores en los números del listado con que la funeraria municipal de Madrid debía informar a la Fiscalía Anticorrupción sobre el coste exacto de las tres adjudicaciones relacionadas con los dos comisionistas. Un año de tardanza entre la fecha de los contratos y el refrendo oficial de la junta de gobierno local de Madrid.