Los 102, 52 millones de euros en los que se incrementará en 2017 el presupuesto estatal para la aplicación de la ley de dependencia –serán 1.354 en total– sólo servirán para que apenas unas 15.000 de las 341.301 personas que aguardan en lista de espera reciban la prestación económica o servicio (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día o de noche, residencia...) que ya tienen reconocida por la Administración. Es decir, apenas el 4% de los beneficiarios con derecho reconocido accederán al sistema de ayudas.
La estimación ha sido realizada por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Según sus cálculos la atención media de un dependiente cuesta 6.833 euros al año. En consecuencia, los 102 millones extra previstos para este año apenas servirán para atender a 15.000, el 4% del total de los que esperan. "El otro 96% está condenado a no recibir ninguna prestación durante un año, por eso decimos que este incremento es papel mojado", señala José Manuel Ramírez, presidente del colectivo.
También es muy crítico con el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno el presidente Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, José Luis Gómez-Ocaña, que califica de "migaja" la subida anunciada. "No nos extraña en absoluto que el PP se olvide de nosotros ahora que, según ellos, el país se empieza a recuperar; nunca hemos estado entre sus prioridades", señala.
Ramírez carga con dureza contra el PP, pero también contra Ciudadanos, partido que sí suscribió el pasado diciembre con su colectivo un acuerdo por el que se comprometían a revertir en las cuentas públicas para este año los recortes aplicados a la aplicación de la ley desde 2012. "Está engañando tanto a los dependientes como a la opinión pública, pues hablar de presupuestos sociales es un oxímoron. La crueldad de este anuncio es brutal", denuncia.
También es crítico con el partido naranja Gómez-Ocaña, que afea a Albert Rivera que no haya hecho valer el compromiso suscrito en el pacto de investidura con los conservadores de aumentar en 440 millones de euros el dinero dedicado a la aplicación de la ley de dependencia. "Ambos son corresponsables, el PP por no cumplir ese acuerdo y Ciudadanos por no haberlo hecho cumplir", señala.
"Una prioridad"
El Gobierno, sin embargo, sostiene que el presupuesto destinado a la dependencia para este año demuestra su "implicación" con la aplicación de esta ley y evidencia que esta norma es "una prioridad" para el Ejecutivo. Es cierto que los 1.354,81 millones de euros consignados para 2017 están un 8,85% por encima de los presupuestados para 2016, si bien están todavía lejos de los 1.581,07 de 2010. Sanidad presume, y con razón, de que actualmente hay casi 132.000 personas más que reciben una prestación o servicio que en 2011, cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa. Los beneficiarios de algún tipo de ayuda ascendían en febrero a 870.388, respecto a las 738.587 de diciembre de 2011.
En el Ejecutivo aseguran que las "medidas de sostenibilidad" adoptadas han dado sus frutos. Pero los colectivos insisten en que esas medidas son, en realidad, severos recortes. De hecho, el documento con las previsiones oficiales incluidas en el programa de estabilidad 2016-2019 [ver PDF] recoge un "ahorro" logrado con estas medidas en todas las administraciones de 2.278 millones entre 2012 y 2014, de los que 1.183 correspondieron a la Administración General del Estado y 1.095 a las comunidades.
¿Cómo se consigue dar atención a más personas con menos dinero? Ramírez señala que tras un fase de gran expansión del sistema entre los años 2009 y 2010, la llegada de los conservadores a la Moncloa, a finales de 2011, supuso una "derogación encubierta" de la ley. En 2012 llegó el gran tijeretazo a través de un real decreto por el que se modificaron hasta 14 artículos de la ley. Uno de esos cambios fue la reducción de un 15% como mínimo de las pagas que reciben los familiares por cuidar a dependientes, lo que se tradujo en un "ahorro" de unos 289 millones anuales.
El Gobierno también aplazó el calendario de entrada al sistema de los dependientes moderados –que solo pudieron hacerlo en julio de 2015– aunque muchos siguen todavía esperando sus prestaciones. También se suprimió un bloque entero de financiación, el llamado nivel acordado –285 millones– y se redujo en un 13% la otra gran fuente de financiación, el nivel mínimo, que es el importe que destinan las Administraciones por cada dependiente en función de su grado de discapacidad. También se suspendió la retroactividad en el cobro de las ayudas y se acabó el pago de la cotización a las personas que atienden a familiares dependientes.
Este último aspecto es especialmente importante para Gómez-Ocaña. "Exigimos con urgencia la recuperación de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares. "De no ser así en poco tiempo se habrá creado una inmensa bolsa de pobreza con rostro de mujer, pues miles de ellas no podrán acceder a una pensión de jubilación", asevera. Lo cierto es que en julio de 2012, en el punto más álgido de la serie, eran 180.021 las personas acogidas al convenio público. En febrero de 2017 apenas eran 9.546 las que se pagaban de su bolsillo la cotización. De ellas, un 89% son mujeres y una de cada dos tiene más de 56 años.
Precisamente la semana pasada fue rechazada en el Congreso –con el voto en contra del PP y la abstención de Unidos Podemos– una iniciativa del PSOE que instaba al Gobierno reponer el derecho de las cuidadoras no profesionales a que sus cotizaciones a la Seguridad Social corrieran a cargo de la Administración General del Estado. "No entendemos que alegando que esta propuesta se quedaba muy corta no haya podido aprobarse. El juego del todo o nada nos ha dejado sin nada", señala Gómez-Ocaña.
Recortes
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales viene documentando en sus sucesivos informes las consecuencias de los recortes y las modificaciones que ha sufrido durante la crisis la norma que reconoció en 2006 el derecho que tienen las personas que no pueden valerse por sí mismas a recibir una ayuda por parte del Estado. Especialmente damnificados por esas "medidas de sostenibilidad" son los beneficiarios de ayudas para el cuidado en el entorno familiar.
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La propia redacción de la ley recoge que los cuidados en casa solo se pagarían de forma excepcional, cuando los servicios profesionales no estuvieran al alcance. A pesar de ello, se conceden más pagas para los cuidadores familiares que prestaciones para abonar estos servicios fuera del hogar. Según los datos del pasado febrero hay concedidas 366.336 de estas prestaciones, un 34,08% del total.
Pues bien, en julio de 2012 el Ejecutivo central metió un gran tijeretazo a estas ayudas. A través de un real decreto determinó que para las personas que, a partir de esa fecha, solicitaran prestaciones por cuidados familiares sus ayudas estarían sometidas a un "plazo suspensivo" de dos años. Es decir, que aunque tuvieran una paga reconocida no empezarían a cobrarla hasta pasado ese período. Este plazo, sumado a los seis meses de resolución de los trámites administrativos, hace que algunos beneficiarios puedan pasar hasta dos años y medio esperando sus prestaciones.
Los portavoces de los colectivos consultados hablan de esta ley como la generadora del mayor avance en protección social en lustros, si bien ambos reiteran la necesidad de "cumplirla estrictamente y de revertir los últimos recortes". A la vista del proyecto de Presupuestos presentados este martes en el Congreso, eso tampoco ocurrirá en 2017.
Los 102, 52 millones de euros en los que se incrementará en 2017 el presupuesto estatal para la aplicación de la ley de dependencia –serán 1.354 en total– sólo servirán para que apenas unas 15.000 de las 341.301 personas que aguardan en lista de espera reciban la prestación económica o servicio (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día o de noche, residencia...) que ya tienen reconocida por la Administración. Es decir, apenas el 4% de los beneficiarios con derecho reconocido accederán al sistema de ayudas.