Unidos Podemos presiona y exige al Gobierno que, si quiere su apoyo para aprobar los Presupuestos, fije una "hoja de ruta" para aprobar las medidas no presupuestarias incluidas en el pacto firmado el pasado octubre. Este viernes, el mismo día que el Consejo de Ministros aprobó llevar al Congreso el proyecto de cuentas para 2019, la coalición morada advirtió que son al menos 11 los "incumplimientos" del acuerdo presupuestario e insistió en que no apoyará los Presupuestos si estos no van acompañados de un plan para poner en marcha el resto de medidas "extrapresupuestarias".
La alianza comenzó a mostrar sus dudas este jueves, cuando mantuvo una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y este viernes, incluso desde antes de que el Gobierno certificase la presentación de los Presupuestos, Unidos Podemos puso en duda su apoyo al proyecto de cuentas si el Gobierno no se aviene a cumplir "íntegramente" el acuerdo suscrito en octubre. "No hay nada más que negociar", porque el pacto ya está firmado y es un "compromiso", afirmó la coportavoz de la ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, mientras el secretario de Organización, Pablo Echenique, recordaba que "para que esos Presupuestos salgan adelante hacen falta los votos de Unidos Podemos", y para ello es "obviamente" necesario "que el Gobierno cumpla el acuerdo suscrito".
La mayor parte de los "incumplimientos" del pacto citados por Unidos Podemos no tienen que ver con los Presupuestos presentados este viernes, sino con medidas complementarias que también incluía el acuerdo y que, por el momento, no se han puesto en marcha o lo han hecho de manera parcial. No obstante, preguntada al respecto, la ministra Montero aseguró que el Gobierno tiene pensado cumplir durante el año 2019 con todas las medidas del pacto. Aquellas que "tenían que ir en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado" se han recogido, y el resto forman parte de un "acuerdo político" más amplio que se desarrollará según lo previsto, sostuvo Montero, una apreciación que no es suficiente para Unidos Podemos, que exige "hojas de ruta" fechadas.
La limitación de precios de los alquileres
Lo que figura en el pacto: El acuerdo suscrito por Gobierno y Unidos Podemos contempla la necesidad de "poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas" que se consideren "tensionadas", dando a los ayuntamientos la capacidad de regular excepcionalmente los precios en una o varias zonas concretas de su localidad. Asimismo, el pacto establece la necesidad de impulsar "reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio", se plantea que los contratos de alquiler para personas físicas vuelvan a tener una duración de cinco años y también propone que se limite por ley la fianza que los arrendadores pueden exigir al arrendatario hasta un máximo de dos mensualidades de la renta.
Lo que se ha hecho y lo que falta: El Gobierno aprobó el pasado diciembre un decreto de medidas urgentes para el mercado del alquiler entre las que se encontraban la ampliación del plazo mínimo de los contratos de tres a cinco años y la limitación de las fianzas a un máximo de dos mensualidades. Igualmente, se aprobó que bastará que así lo aprueben tres quintas partes de los propietarios para que las comunidades de vecinos puedan limitar los alquileres turísticos en sus propiedades.
Pero entre las medidas implantadas no se encuentra la cesión de competencias a los ayuntamientos para que puedan poner límites a los precios de los alquileres en algunas zonas. Unidos Podemos lo ha denunciado y ha asegurado que, sin este precepto, no tiene intención de apoyar la convalidación del decreto en el Congreso. Pero este viernes, la ministra de Economía, Nadia Calviño, evitó aclarar si es partidaria de dar a los consistorios la capacidad de fijar topes a los precios de los alquileres, tal y como acordó el Gobierno en el pacto presupuestario.
La reforma del recibo de la luz
Lo que figura en el pacto: El acuerdo apuesta por cambios normativos "para acabar con la sobrerretribución (conocida como 'beneficios caídos del cielo') que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente" al actual. Asimismo, se plantea la ampliación del bono social para que su solicitud sea automática, la renta per cápita del hogar vulnerable sea el único criterio de adjudicación y quienes lo disfruten estén blindados ante cortes de la luz que no autoricen los servicios sociales.
Lo que se ha hecho y lo que falta: En octubre, el Gobierno decidió ampliar la cobertura del bono social energético a nuevos colectivos, elevó un 15% el umbral de consumo que tiene derecho a descuento y, además, creó una nueva ayuda económica destinada a que estos colectivos puedan abonar el suministro de gas, que se abonará en forma de cheque y que tendrá como destinatarios a los mismos beneficiarios que accedan al bono eléctrico.
Además, el Ejecutivo aprobó también poder multar con hasta 60 millones de euros la imposición de condiciones, retrasos o dificultades por parte de las compañías a la hora de tramitar el bono social, y asimismo se aprobó extender la prohibición de los cortes de luz, un suministro considerado esencial, a algunos colectivos más de los que ya se beneficiaban de esta medida. En aquellos hogares donde resida al menos un menor de 16 años, una persona con una discapacidad mayor o igual al 33% o una persona dependiente en grado II y III, las compañías eléctricas no podrán cesar el servicio por impago.
Los permisos de paternidad y maternidad
Lo que figura en el pacto: En el acuerdo se establece que los permisos de maternidad (actualmente 16 semanas) y paternidad (cuatro semanas) se equipararán en 2021, con aumentos progresivos de los meses de permiso para los padres (ocho semanas en 2019, 12 semanas en 2020 y ya las 16 semanas en 2021). "La equiparación del permiso por paternidad deberá establecerse en términos de igualdad, intransferibilidad y remuneración al 100%", señala el acuerdo.
Lo que se ha hecho y lo que falta: En el proyecto de Presupuestos aprobado por el Consejo de Ministros este viernes está recogida la ampliación a ocho semanas del permiso de paternidad. No obstante, Unidos Podemos ha protestado porque entiende –pese a que el acuerdo no lo recoge expresamente– que el Gobierno está malinterpretando el pacto. El Ejecutivo no ha precisado si quiere que el permiso de ocho semanas del padre coincida con la primera mitad del de la madre, pero para Unidos Podemos el único formato válido es el que establezca que el permiso del padre comience inmediatamente después de la finalización del de la madre, para que así el bebé esté atendido por sus progenitores durante más tiempo.
La reforma del delito de agresión sexual
Lo que figura en el pacto: Son dos las medidas que recoge el acuerdo entre Gobierno y Unidos Podemos para luchar contra las agresiones sexuales: la aprobación de una ley de protección de la libertad sexual que establezca protocolos y medidas para tratar las agresiones y abusos sexuales, y la reforma del Código Penal para establecer que toda relación sexual que se produzca sin consentimiento explícito de la mujer se considere un delito sexual.
Lo que se ha hecho y lo que falta: El Gobierno encargó a un grupo de expertos estudiar la modificación del Código Penal, y hace unas semanas dicho colectivo recomendó retirar de la ley el término "abuso" y considerar agresiones todos los atentados contra la libertad sexual. Aquellos casos en los que la penetración llegue tras haber ingerido la víctima alguna droga que merme su voluntad serían, además, considerados violaciones. No obstante, este texto no es vinculante y el Ejecutivo aún no ha iniciado la tramitación parlamentaria de esta reforma penal.
Las cuotas de los autónomos
Lo que figura en el pacto: El acuerdo de Presupuestos era muy poco concreto en lo relativo a los autónomos. Sobre la cuota que tendrán que pagar los trabajadores por cuenta propia, el pacto únicamente planteaba la necesidad de "reformar, dentro de 2019, el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a los ingresos reales, de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja". Pero el texto no incluía ninguna cifra concreta, pese a que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó haber acordado con el Gobierno un sistema de cuotas progresivas y que los autónomos que no alcancen un ingreso mínimo mensual de 735,9 euros al mes en 14 pagas estarán exentos de pagar tarifa alguna.
Lo que se ha hecho y lo que falta: Pese a que el acuerdo no recogía ninguna subida de la cuota para 2019, lo cierto es que el Ejecutivo ha acometido un aumento de las tasas de 5,36 euros para la cuota mínima después de alcanzar un acuerdo con las organizaciones de autónomos ATA, UPTA, Uatae y CEAT. La implantación de la cuota progresiva aún no se ha puesto sobre la mesa.
La revalorización de las pensiones por ley
Lo que figura en el pacto: El documento suscrito en octubre por el Gobierno y Unidos Podemos establece el compromiso de incorporar "a la normativa de la Seguridad Social la revalorización de las pensiones conforme al IPC real" en "el marco de la reforma integral del propio sistema". Es decir, ambos se comprometen a reformar la ley para que el aumento de las pensiones con el IPC no dependa de la voluntad de Gobierno de turno, sino que se aplique a través de un mecanismo automático.
Lo que se ha hecho y lo que falta: El pacto también recogía las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3% en 2019, lo que tendrá un coste de 384 millones de euros, mientras que el resto de las pensiones aumentarán un 1,6%. Ese aumento se ha ejecutado ya, pero lo que no se ha puesto en marcha es la reforma legal para que en años sucesivos la subida de las pensiones deje de depender de decisiones del Ejecutivo. La comisión del Pacto de Toledo ha aprobado por unanimidad recomendar al Gobierno que las pensiones tengan que revalorizarse conforme a la inflación, pero con una redacción tan genérica que cada grupo la interpretó como una victoria de sus postulados. Esta recomendación, además, es únicamente eso: pese a su peso político, todavía no ha sido trasladada a la ley.
La prohibición de la publicidad de casas de apuestas
Lo que figura en el pacto: Otra de las metas recogidas en el acuerdo es la de poner coto a "la adicción a las apuestas y los juegos de azar y la ludopatía", y para ello el Gobierno y Unidos Podemos plantearon la aprobación de "una regulación de la publicidad del juego de azar y apuesta en línea de ámbito estatal similar a la de los productos del tabaco". Esta norma promovería las "medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos" para concienciar a la sociedad de los riesgos que tiene la adicción a este tipo de prácticas, y se propone que una parte de los impuestos pagados por los operadores de apuestas por internet se destine a "iniciativas preventivas, de sensibilización, de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos por la actividad del juego".
Lo que se ha hecho y lo que falta: En este caso, todo está por hacer. El Congreso únicamente ha aprobado una moción sin efectos jurídicos instando al Gobierno a prohibir la publicidad de las casas de apuestas, pero aún no se ha comenzado siquiera a tramitar un proyecto o proposición de ley para poner en marcha la regulación de estos operadores.
Los cambios en la legislación laboral
Lo que figura en el pacto: Unidos Podemos y el Gobierno acordaron que las horas extraordinarias vuelvan a cotizar a la Seguridad Social, y además se estableció la necesidad de modificar de manera urgente "el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, para incluir la obligación de registrar diariamente el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador" y combatir las horas extra no cobradas. Asimismo, el pacto establecía la necesidad de "revisar las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas, garantizando el mantenimiento de aquellas que tienen como finalidad la inserción en el mercado laboral de los colectivos con especial vulnerabilidad".
Lo que se ha hecho y lo que falta: El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presentó una proposición de ley en junio de 2017 para llevar a la práctica esta propuesta, pero la mayoría conservadora en la Mesa del Congreso ha bloqueado su tramitación hasta el momento. No obstante, la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa ha reactivado la iniciativa: el Gobierno ha pactado con los sindicatos impulsar esta reforma para que la ley establezca que "será de obligación de la empresa registrar la jornada de cada trabajador" y para que la compañía esté obligada a informar al propio trabajador y a sus representantes sindicales mensualmente al respecto. Este acuerdo, no obstante, aún no se ha llevado al Congreso.
La ley mordaza y las injurias a la Corona
Lo que figura en el pacto: El documento suscrito en octubre planteaba la modificación de la polémica Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP, conocida por sus detractores como Ley mordaza. La intención del Gobierno y Unidos Podemos es garantizar el derecho de reunión aun sin comunicación previa, limitar las competencias de la Policía para cachear a manifestantes o reducir la cuantía de las multas y los supuestos por los que pueden aplicarse. Asimismo, se plantea la "restricción del ejercicio de funciones públicas por parte de empleados de seguridad privada, en especial, las que se realizan en la vía pública".
Por otra parte, Unidos Podemos y el Gobierno acordaron "modificar" los artículos del Código Penal "que hacen alusión a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la corona", aunque el pacto no ofrecía más detalles.
Lo que se ha hecho y lo que falta: En el Congreso hay dos proposiciones de ley tramitándose con respecto a la Ley mordaza: una del PSOE, que plantea su derogación total, y otra del PNV, que tiene como objetivo reformar la norma. El acuerdo al que han llegado el Gobierno y Unidos Podemos pasa por modificar la ley a través de la iniciativa legislativa de los nacionalistas vascos, pero aún se encuentra tramitándose en el Congreso y, para salir adelante, tendrá que reunir el apoyo de la mayoría absoluta.
Igualmente, la reforma del Código Penal para modificar los delitos de ofensa contra los sentimientos religiosos e injurias a la corona también se ha puesto en marcha, aunque está aún dando sus primeros pasos. La iniciativa parte de una proposición de ley de Unidos Podemos y fue admitida a trámite el pasado mes de octubre, pero aún se encuentra en las primeras fases del procedimiento para su aprobación.
Las 10 claves de los Presupuestos del Estado para este año
La recuperación de la justicia universal
Lo que figura en el pacto: El acuerdo establece que el Gobierno, que creó el pasado agosto un grupo de expertos para que le recomendasen una reforma de la normativa de justicia universal, tendría que someterse a sus "conclusiones y propuestas".
Lo que se ha hecho y lo que falta: Ese grupo de expertos entregó sus conclusiones al Ejecutivo en octubre, y apostaron por recuperar la capacidad de los tribunales españoles para perseguir delitos como el genocidio, los crímenes de guerra, de lesa humanidad o la tortura cometidos en el extranjero. Pero el Gobierno ha recogido el guante solo a medias: en la tramitación de la reforma de la justicia universal que se encuentra en el Congreso, se establece como limitación para perseguir estos delitos "que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España", lo que en la práctica limita el principio de justicia universal.
Unidos Podemos presiona y exige al Gobierno que, si quiere su apoyo para aprobar los Presupuestos, fije una "hoja de ruta" para aprobar las medidas no presupuestarias incluidas en el pacto firmado el pasado octubre. Este viernes, el mismo día que el Consejo de Ministros aprobó llevar al Congreso el proyecto de cuentas para 2019, la coalición morada advirtió que son al menos 11 los "incumplimientos" del acuerdo presupuestario e insistió en que no apoyará los Presupuestos si estos no van acompañados de un plan para poner en marcha el resto de medidas "extrapresupuestarias".