Este lunes arranca en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau por la organización de la consulta del 9N. Sin embargo, no estarán solos. Las entidades soberanistas –Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, AMI y ACM– esperan que cerca de 40.000 personas se concentren a partir de las 8.15 horas frente a las puertas de la sede judicial en Barcelona para "defender la democracia".
La protesta de este lunes es el primer paso de una estrategia de movilización social que las entidades soberanistas y los partidos independentistas están planteando de cara al futuro referéndum, previsto, como muy tarde, para el próximo mes de septiembre. Desde la Asamblea Nacional Catalana se muestran convencidos de que la movilización social tendrá un papel "clave" en el camino hacia la independencia de Cataluña. Fuentes de la ANC explican a infoLibre que será "fundamental" a la hora de "defender o apoyar" a las instituciones catalanas "en el momento en que sea necesario".
Lo que para los soberanistas es una reacción lógica, para dos asociaciones judiciales es algo intolerable. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) calificó el pasado viernes la protesta frente al TSJC como una "intención de injerencia" en el trabajo de los jueces. "Y no digamos de intimidación", añadió Celso Rodríguez, portavoz de la APM. La Francisco de Vitoria, por su parte, lanzó un duro comunicado en el que definió la protesta como un "tumulto innecesario" a modo de "escrache institucional". Desde Jueces para la Democracia, de tendencia progresista, acordaron no pronunciarse al respecto.
Pero desde los ámbitos independentistas también ponen el foco en un segundo elemento que consideran de gran relevancia para impulsar el referéndum en suelo catalán: la posición que mantengan En Comú Podem y todas las formaciones de su órbita en todo este proceso. Desde la ANC admiten que una apuesta clara de los partidarios de Ada Colau por el referéndum sería clave para dirimir "el juego de mayorías y minorías" e inclinar la balanza del lado de la consulta. Desde la CUP, además, sostienen que otorgaría "más credibilidad" al referéndum.
Del 9N al referéndum vinculante
El independentismo catalán defiende que la nueva consulta sería diferente a la del 9N, celebrada en noviembre de 2014. En aquel momento, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, planteó la votación desde el primer momento como una consulta sin vinculación jurídica y en la que podían participar todas aquellas personas mayores de 16 años y ciudadanos de otros países de la UE o de terceros Estados, siempre y cuando estuviesen inscritos en el Registro de Población de Cataluña y acreditasen un año de residencia en el primer caso y tres en el segundo.
En el caso actual, sin embargo, se ha planteado desde un primer momento un referéndum "con vinculación jurídica". Lo dejó claro la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, un día después de que el president, Carles Puigdemont, anunciase la consulta para septiembre de 2017 durante el debate de la cuestión de confianza. Así, durante una entrevista en TV3, Forcadell aseguró que con el objetivo de evitar otro 9N la consulta se realizará "con todas las garantías" y "siendo vinculante" bajo "la legalidad catalana".
A día de hoy, esa nueva legalidad catalana no existe, pero los soberanistas esperan tenerla construida en el mes de junio con la aprobación de las denominadas "leyes de desconexión" –Transitoriedad jurídica, Hacienda y Seguridad Social–. En este sentido, tal y como se conoció a finales de enero, la Generalitat ya está ultimando una base de datos fiscales. Quieren estar listos para afrontar, desde el primer minuto, el resultado de un referéndum que, en palabras de Puigdemont, tendrá una pregunta "clara" y dos posibles respuestas: "sí o no". En noviembre de 2014, la papeleta contenía una doble cuestión. Esa es otra diferencia entre ambas consultas.
Consciente de que la realidad actual es muy diferente, la posición adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy es cada vez más contundente. Moncloa asegura que no permitirán, como ocurrió el 9N, que las urnas salgan a la calle. "El referéndum no se va a celebrar", dijo tajante el pasado miércoles el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, que añadió que a cada nuevo paso que se dé desde el independentismo, "el Ejecutivo de España dará otro para hacer que se cumpla la legalidad". En este sentido, no descartan activar el artículo 155 de la Constitución (que quitaría competencias autonómicas a Cataluña) y precintar los colegios, aunque el Ejecutivo evita confirmar en público esta operación precinto.
La estrategia de la presión social
Con el juicio a Mas, Ortega y Rigau a la vuelta de las esquina, las entidades soberanistas ANC y Ómnium Cultural, encargadas de organizar todos los años las movilizaciones de la Diada, hicieron un llamamiento a finales de enero para que la sociedad catalana se concentrase a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña este 6 de febrero bajo el lema "El 6-F nos juzgan a todos". Para organizar la protesta, pusieron en marcha una página web para inscribirse y anunciaron la disponibilidad de autobuses para los traslados.
Es el primer paso en una estrategia de movilización social que, en su opinión, es crucial en la senda hacia una Cataluña independiente. Son conscientes de que, si se cumplen sus planes de aprobar las llamadas leyes de desconexión, llegará un día en el que existan dos legalidades confrontadas entre sí. Y es en ese momento cuando creen que la movilización en la calle a favor de la independencia jugará un papel crucial a la hora de "defender la legalidad catalana". Fuentes de la ANC sostienen que será necesario un "movimiento cívico" para "defender o apoyar" a las instituciones catalanas "en el momento en que sea necesario".
Para Jordi Sánchez, presidente de la ANC, la movilización social será "determinante"
"Es una movilización que existe y de una manera muy visible, lo vamos a ver este lunes. A pesar de ser un día laborable, hay ya más de 35.000 inscritos y 152 autobuses dispuestos", señala el viernes en conversación con infoLibre Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, que añade que "indudablemente" esa movilización será "determinante" para "desencallar el conflicto". Una opinión que comparte Albert Botrán, diputado de la CUP en el Parlament de Cataluña. "Será un referéndum vinculante porque aquellos que lo reconocemos lo haremos vinculante", apunta.
La importancia de los comunes
Desde los espacios independentistas también reconocen la importancia que juega en todo este camino hacia el referéndum la posición que mantenga el conjunto de fuerzas políticas en torno a En Comú Podem. En las elecciones autonómicas de septiembre de 2015, los partidos abiertamente independentistas –Junts pel Sí y la CUP– cosecharon un 47,7% de los votos, frente al 39,1% de las formaciones que rechazan el referéndum –Ciudadanos, PSC y PP–. Catalunya Sí Que Es Pot, que siempre se ha mostrado a favor del derecho a decidir, consiguió casi un 9%.
Por eso, desde la ANC consideran que un apoyo sin fisuras de todas estas fuerzas inclinaría la balanza hacia el lado de la consulta. "Juega un papel fundamental en una doble dimensión: la política y la del electorado. Lo que ellos hagan te acerca claramente a una mayoría casi cualificada en el Parlament o te deja en la actual mayoría absoluta [de escaños]", sostiene el presidente de la ANC, que recuerda, además, la fuerza y el peso que tienen en municipios como Barcelona o Badalona, algo que, "no es un tema menor". Desde la CUP, además, creen que este respaldo de una formación no independentista otorgaría "más credibilidad" al referéndum.
La ANC otorga un papel relevante en este sentido a la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Esto explica el movimiento de la cumbre por el referéndum de finales de diciembre, que cambió su horario para que pudiese asistir la regidora. El pasado miércoles, Colau también estuvo presente en la reunión del Pacte Nacional pel Referèndum, donde se aprobó un manifiesto en el que se defiende una consulta acordada entre la Generalitat y el Estado. "Nosotros ya aceptamos en el momento en que se formó el Pacte que eso implicaba un discurso más plural en cuanto a la hoja de ruta. No es el nuestro, pero es el precio a pagar y estábamos dispuestos a pagarlo para compartir el referéndum con más espacios políticos", reconoce el diputado de la CUP.
Si se analizan los discursos de los dirigentes de los comunes, un espacio que está en plena creación de un nuevo partido político, parecen claras las discrepancias en relación con la necesidad de que el referéndum tenga el beneplácito del Gobierno español. Aunque no todo el mundo lo ve así. Un dirigente de ICV rechaza en conversación con este diario que haya tales diferencias: "El referéndum tiene que ser pactado y con reconocimiento internacional", sostiene. Algo con lo que coincide un miembro de la dirección de EUiA, que mantiene la necesidad de que se produzca un cambio en el Ejecutivo central que permita que se alcance un acuerdo para la celebración de una consulta. "Como en Gran Bretaña, que el Gobierno lo promueve y le da carácter político", señala a infoLibre.
Sin embargo, desde Barcelona en Comú se pronuncian con menor contundencia sobre este tema. Fuentes cercanas a la alcaldesa de la ciudad condal aseveran que "lo importante no es que sea pactado" sino que tenga reconocimiento internacional, interpele a toda la sociedad catalana y sea, sobre todo, "efectivo". Tras conocerse una nueva negativa del Gobierno a permitir la celebración de un referéndum que considera ilegal, Colau abrió el pasado mes de enero la puerta a una consulta no pactada. "Hay que ver cómo definimos el referéndum. La cuestión no es que sea pactado o no, sino que sea efectivo", apuntó en una entrevista en TV3, en la que aseguró que su partido no lo valorará "hasta que no vea la propuesta" que ponga sobre la mesa el Ejecutivo catalán.
¿Mayo o septiembre?
La celebración del referéndum se ha planteado, como muy tarde, para el próximo mes de septiembre. Sin embargo, el pasado lunes el líder de ERC y conseller de Economía de la Generalitat, Oriol Junqueras, puso sobre la mesa, durante una entrevista en Catalunya Ràdio, la opción de adelantar la fecha al mes de mayo si inhabilitan a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, cuyo juicio todavía no tiene una fecha establecida. Para Junqueras, sería "una respuesta excelente" precipitar los tiempos siempre que la consulta "esté bien preparada" y se pueda hacer "en las mejores condiciones y garantías".
En la ANC creen que la inhabilitación de Forcadell despertaría un malestar importante en la sociedad catalana. Jordi Sánchez considera grave el caso de Artur Mas "porque se juzga a millones de votantes". Sin embargo, cree que el de Forcadell es "gravísimo" porque "hablamos de la presidenta del Parlament en activo". En este sentido, sostiene que si el expresident, despertando simpatías sólo en los sectores cercanos a la antigua Convergència, consigue aglutinar a decenas de miles de personas ante el TSJC, "imagina lo que puede ocurrir con Forcadell". Por este motivo, se muestra convencido de que "el Estado va a moderar la presión judicial" y duda de que el juicio a la presidenta del Parlament se convoque "a corto plazo".
La opción de adelantar el referéndum, que la portavoz del Ejecutivo catalán, Neus Munté, confirmó que estaba sobre la mesa, también fue interpretada como un intento del Govern de mantener la tensión con el Gobierno central y, a su vez, calmar a una CUP que había decidido apoyar los presupuestos catalanes para dejar vía libre a la celebración del referéndum, pero que a su vez avisaba de que si en septiembre no se sacaban las urnas retirarían el apoyo al Ejecutivo y forzarían nuevas elecciones. "Nos desconcertó un poco esta insistencia en que se pudiese hacer antes", señala Botran, que sostiene que más allá de fechas, lo importante es "que salga bien". "Si se tiene fuerza social y capacidad técnica para hacerlo dentro de tres meses, pues se hace. Si se necesita un plazo más largo, aunque como fecha límite el mes de septiembre, para acumular la fuerza y para los detalles técnicos, pues se espera".
"El tema de los tiempos no juega a favor", señala una dirigente de Barcelona En Comú
Desde el espacio que ocupa En Comú Podem rechazan quedar "presos de calendarios cerrados". "El tema de los tiempos no juega a favor. Vamos a hacerlo bien", señala un miembro de la dirección ejecutiva de Barcelona En Comú, que pide no "precipitarse" antes de "tener todos los elementos garantizados", algo que dudan que esté listo de aquí a los dos próximos meses. Coincide un destacado dirigente de EUiA: "Los calendarios cerrados dificultan el derecho a decidir. La fecha, por lo tanto, no es decisiva para nosotros".
Las mayorías
La última incógnita a despejar, cuando los soberanistas hablan de referéndum "vinculante", tiene que ver con el resultado. Un mes antes de las elecciones del 27S, el diputado de la CUP David Fernández estableció el 55% de los votos –juntando los de Junts pel Sí y los de su formación– como el mínimo necesario para que el resultado tuviera una "legitimidad absoluta". En la cita con las urnas la suma se quedó en el 47,7% de las papeletas. La cifra fue motivo de discusión. Si bien desde Junts pel Sí vendieron como un éxito innegable del independentismo la mayoría absoluta de escaños que sumaban con la CUP, desde esta última formación reconocieron que no habían "ganado el plebiscito" y que, por lo tanto, no se declararía unilateralmente la independencia.
Sin embargo, ahora los independentista han decidido bajar el listón. En este sentido, Puigdemont ya dejó claro que apuestan por lo recogido en el Código de buenas prácticas sobre referendos de la Comisión de Venecia. En el documento, el órgano asesor del Consejo de Europa señala que "es recomendable no estipular" ni un porcentaje de participación mínima, porque "asemeja a los votantes que se abstienen a aquellos que votan en contra", ni una aprobación por un mínimo, porque "corre el riesgo de provocar una situación política compleja" si es apoyado por una mayoría simple pero menor de la barrera establecida.
La inhabilitación de Forcadell, "línea roja" en el camino hacia la independencia
Aunque el president se haya mostrado dispuesto a negociar con el Gobierno central otras mayorías diferentes, desde el independentismo catalán tienen clara su apuesta por la fórmula de "la mitad más uno de los votos". "Gana la opción que tenga un voto más que la otra", afirma el presidente de la ANC. "Cada voto vale lo mismo, porque si no estaríamos dando un poder mayor a la opción del no, que le bastaría con llegar a un porcentaje por debajo de la mitad para bloquear la opción del sí. Un 50% más uno de los votos significa que hay una mayoría para la independencia", sostiene Botran.
Desde el espacio que ocupa En Comú Podem y Colau son partidarios de que el resultado no deje lugar a dudas. Es lo que se estableció, por ejemplo, en el caso del referéndum de independencia de Montenegro, en el que la UE puso como condiciones para su validez una participación por encima del 50% y un voto a favor de la creación de un Estado independiente superior al 55%. Unas condiciones similares a las que quedaron reflejadas en la Ley de Claridad canadiense, que aunque no habla de cifras señala la necesidad de una mayoría más que simple y una participación suficiente.
Algunos dirigentes de las formaciones que forman parte de los comunes se muestran partidarios de unas condiciones similares en el caso de Cataluña. "Un voto para conformar una nueva realidad con el Estado necesita de consensos muy amplios", señala un dirigente de EUiA. "Para una decisión tan importante creo que es necesaria una participación amplia, que supere el 50%, y una mayoría clara", apunta otro dirigente de ICV. La dirigente de Barcelona En Comú, por su parte, pide ir paso a paso y garantizar primero "un referéndum efectivo y que interpele a la población".
Este lunes arranca en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau por la organización de la consulta del 9N. Sin embargo, no estarán solos. Las entidades soberanistas –Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, AMI y ACM– esperan que cerca de 40.000 personas se concentren a partir de las 8.15 horas frente a las puertas de la sede judicial en Barcelona para "defender la democracia".