Casi como un mantra, el presidente del Gobierno lleva repitiendo desde que fue investido que a España no le convienen nuevas elecciones generales porque este escenario daría inestabilidad después de más de un año en el que ha sido jefe del Ejecutivo de manera interina. No obstante, Mariano Rajoy y su equipo saben que es el as en la manga que tienen a partir del 3 de mayo si las cosas se les ponen muy cuesta arriba. No sólo tienen el reto de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino el de mantener a flote el pacto de investidura con Ciudadanos, el partido que le aupó a la Moncloa.
En los últimos días han ocurrido una serie de acontecimientos en la política que dirigen el foco hacia la posibilidad de que 2017 sea, como lo fue 2016, un año electoral. Los frentes son tres. Al bache que atraviesa la relación entre Rajoy y su "socio preferente" Albert Rivera a nivel nacional se suma la crisis abierta en Murcia con la imputación de su presidente, Pedro Antonio Sánchez (PP) y los pasos dados por la Generalitat para la "desconexión".
Rajoy disimula muy poco. Se ve a la legua que no está nada cómodo con su pacto de investidura con Ciudadanos. Con el hecho de que un partido relativamente nuevo y liderado por un hombre mucho más joven que él le haya arrebatado parte de su electorado y, encima, impuesto una serie de condiciones a cambio del apoyo que le prestó para su investidura. Lo describió a la perfección hace una semana el número tres del PP, Fernando Martínez-Maillo cuando dijo que las seis condiciones que el partido naranja propuso a cambio de sentarse a hablar con ellos el pasado agosto eran "lentejas". Unas lentejas que los conservadores digieren con mayor o menor entusiasmo en función de la situación política.
Rajoy sostuvo este jueves que su partido "no ha incumplido nada" del pacto con Ciudadanos y animó a sus socios a centrarse en "temas importantes". Unas palabras que escondían justo lo contrario: Ciudadanos está empezando a anotar en su libreta incumplimientos del PP y aunque los conservadores restan peso a los roces y creen que estas diferencias forman parte de "una relación normal" entre socios ya se está empezando a visualizar que Albert Rivera también es capaz de entenderse con otras fuerzas parlamentarias con las que salen las cuentas. Es precisamente lo que lo en el PP echan en cara a Ciudadanos cuando ponen exigencias sobre la mesa como la limitación de mandatos o la supresión de aforamientos: que los votos de los dos partidos no suman.
En el PP y en el Gobierno han visto cómo uno de los seis puntos del pacto previo al de investidura, el de la creación de una comisión de investigación sobre la financiación del PP, va a salir adelante gracias a que el partido naranja se ha sumado al PSOE y a Podemos. La reacción inmediata fue cargar contra su socio por acercarse a Podemos y registrar en el Senado, donde sí tienen mayoría absoluta, una propuesta de comisión de investigación sobre la financiación de todos los partidos.
Relación "reconciliable"
Este jueves, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, consideró en un almuerzo organizado por el Club Siglo XXI que la relación entre ambos socios es "perfectamente reconciliable". Porque, a su juicio, no "hay división clara en asuntos fundamentales".
Tirando de argumentario, la también ministra de Defensa consideró que "hoy" España es mirado "como un país estable" y "unas elecciones generales no son buenas ahora". Pero, más allá del argumentario, las fuentes del PP y del Gobierno consultadas apuntan a que no es algo que dependa "sólo de Mariano Rajoy".
"Una cosa es ser responsable y no tener un papel activo para provocar unas nuevas elecciones. Rajoy ha dicho que va a presentar los Presupuestos y que va a intentar agotar la legislatura. Pero el PP tiene los escaños que tiene en el Congreso (134) y si se quiere avanzar hace falta que todos seamos responsables", defiende un miembro del Comité Ejecutivo Nacional.
Con la Constitución en la mano, Rajoy puede disolver las Cortes el 3 de mayo, cuando se cumple un año de la última disolución. En los últimos meses la idea más extendida en el PP es que el presidente estaba dispuesto incluso a una segunda prórroga presupuestaria pero que esa situación no iba a ser muy sostenible en el tiempo por la "imagen letal", sobre todo puertas afuera, de "un Gobierno que no puede gobernar". En este contexto, consideraban que, si nada cambiaba, 2018 tenía bastantes posibilidades de ser el año para unas nuevas generales. Ahora, señalan, "mucho depende de Ciudadanos".
El 'factor Pedro Sánchez'
Otro elemento a meter en la coctelera, según recuerdan las fuentes consultadas, es el proceso interno que vive el Partido Socialista. El PP señala siempre oficialmente que no pueden opinar sobre los procesos internos de otros partidos porque tampoco les gusta que se inmiscuyan en los suyos. Pero, en privado, no ocultan que Pedro Sánchez no es su candidato preferido por el "no es no" a Rajoy. El congreso federal será los días 17 y 18 de junio.
infoLibre ya ha informado de que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, defiende que el PSOE debe oponerse a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 del Gobierno del PP. La dirigente socialista considera, según las fuentes de su entorno consultadas, que hay que mantener el no hasta el final incluso si el resultado es que tengan que prorrogarse los actuales Presupuestos.
En última instancia, el PP huye de hacer este tipo de manifestaciones en público, pero el grueso de las fuentes consultadas considera que no serían ellos la fuerza peor parada. Un elemento que puede funcionar, consideran, para que el resto de partidos acaben "poniendo de su parte" para que no haya que convocar otras elecciones.
El PP hará en Murcia "lo que tenga que hacer"
"Vamos a apoyar el derecho a la presunción de inocencia de Pedro Antonio Sánchez. Espero que no hagan una moción de censura para gobernar en Murcia Podemos, PSOE y Ciudadanos. En el PP haremos lo que tengamos que hacer". Así se pronunciaba este jueves María Dolores de Cospedal preguntada sobre cómo iba a actuar su partido en Murcia si los partidos de la oposición plantean una moción de censura. Juntos, Podemos, PSOE y Ciudadanos suman un diputado más en la Asamblea de Murcia que los conservadores liderados por el imputado Pedro Antonio Sánchez.
Cuando saltó la noticia de que Pedro Antonio Sánchez iba a ser investigado en el marco del caso Púnica, el líder de Ciudadanos reclamó a los conservadores que presentasen un sustituto. Su continuidad, a ojos del partido naranja, viola el pacto de Gobierno en la Región de Murcia, según el cual un cargo público debe dimitir en el momento en el que es imputado.
Ahora, el PP está inmerso en una discusión terminológica con Ciudadanos. De un lado, señalan que el acuerdo fue suscrito previamente al cambio legislativo mediante el que se sustituyó el término "imputado" por "investigado" y que ahora no existe imputación formal hasta el momento de la apertura del juicio oral. De otro, recuerdan que Rivera defendió hacer un par de semanas en el Congreso una iniciativa, que contó con el voto a favor del PP, que, entre otros asuntos, fijaba el momento de la apertura de juicio oral para apartar a un político investigado por corrupción.
Los conservadores están pendientes de los pasos judiciales que vayan completándose del caso que afecta a Pedro Antonio Sánchez y no descartan la convocatoria de elecciones. La idea más extendida en Génova es que es una opción preferible a enfrentarse a una moción de censura. Unos comicios para los que, salvo cambios de última hora, mantendrían a su candidato, de la misma forma que en breve será ratificado como líder del PP de Murcia.
Sin entendimiento con Cataluña
En sectores del Gobierno central y del PP existe el convencimiento de que la imposibilidad, "por ilegal", de la celebración de un referéndum por la independencia de Cataluña podría acabar en una convocatoria electoral para finales de año. Una cita a la que las fuerzas soberanistas intentarían imprimir un carácter que vaya mucho más allá de unos comicios autonómicos.
Los puentes entre Moncloa y Generalitat están cada vez más rotos. Hace una semana se filtró que había habido una reunión entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont pero que esta había concluido sin avances. Pese a esta experiencia, el presidente del Ejecutivo estaría dispuesto a intentarlo de nuevo.
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De otro lado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el delegado del Gobierno, Enric Millo, están intentando contactos con otros sectores de la sociedad catalana, unos encuentros en los que, según fuentes conocedores de los mismos, empiezan a percibir un cierto agotamiento con la situación política de catalana.
En todo caso, la situación en Cataluña es una de las principales preocupaciones de Rajoy porque la tensión no baja. El Ejecutivo está dispuesto a hablar, señalan, de 45 de las 46 exigencias de la Generalitat al Estado. Su único rechazo, insisten, está en hablar de un referéndum. "No se puede incumplir la ley. Yo no veo una España divida en dos y no se va a producir", señaló este mismo jueves Cospedal.
En el PP evitan referirse concretamente a la aplicación del articulo 155 de la Constitución, el de la suspensión de la autonomía, cuando se les pregunta sobre qué medidas tomaría el Gobierno en caso de convocarse una consulta ilegal. Se limitan a asegurar que "todas" las opciones están sobre la mesa.
Casi como un mantra, el presidente del Gobierno lleva repitiendo desde que fue investido que a España no le convienen nuevas elecciones generales porque este escenario daría inestabilidad después de más de un año en el que ha sido jefe del Ejecutivo de manera interina. No obstante, Mariano Rajoy y su equipo saben que es el as en la manga que tienen a partir del 3 de mayo si las cosas se les ponen muy cuesta arriba. No sólo tienen el reto de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino el de mantener a flote el pacto de investidura con Ciudadanos, el partido que le aupó a la Moncloa.