Es sencillo suponer a toro pasado que ni la exministra Carmen Montón, ni la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, ni el líder del PP, Pablo Casado, repetirían sus másteres en la Universidad Rey Juan Carlos si pudieran viajar en el tiempo. Las dos primeras perdieron sus cargos al descubrirse irregularidades. En el caso de Cifuentes, rematada por el vídeo de un hurto, su conducta está bajo investigación judicial, al igual que la de Casado, sobre cuya posible imputación debe decidir el Supremo. Dicho de otro modo, tenemos fundadas razones para pensar que los tres se lamentan de haber cursado aquellos estudios, de forma supuestamente plagada de irregularidades. Pero, ¿por qué se metieron en aquel lío? ¿Qué los llevó adentrarse, ya con sus carreras políticas lanzadas en los dos partidos con mayor poder institucional en España, en ese empeño académico?
Sus versiones son conocidas: querían formarse para desarrollar mejor sus tareas políticas. En 2008 el que era presidente de NNGG en Madrid y diputado regional Pablo Casado quería –asegura– formarse en derecho autonómico. El interés en esta materia fue lo que llevó a Cifuentes, siendo delegada del Gobierno en Madrid, a empezar el mismo máster en 2011, según ha afirmado. Un año antes, Montón, que era diputada y portavoz de Igualdad del PSOE, buscó en el Máster de Estudios Interdisciplinares de Género –afirma la interesada–, formación útil para sus tareas parlamentarias. A juicio del lector queda la verosimilitud de estas explicaciones. Pero no está de más para formarse un criterio conocer el trabajo de Xavier Coller, catedrático de Sociología, investigador de la formación de nuestra clase dirigente. Su trabajo nos lleva a la conclusión de que Casado, Montón, Cifuentes y en general buena parte de la dirigencia política de los grandes partidos vive atrapada en una cierta inercia credencialista. Sí, es posible que casi nadie supiera que Casado tenía un Máster en Derecho Autonómico; pero, mirado con lupa el contexto, es probable que Casado pensara que lo necesitaba para su carrera política.
¿Por qué? En contra del tópico, los estudios de Coller indican que los diputados nacionales y autonómicos españoles tienen mayores credenciales académicas que la media europea. Más de un 90% de los representantes en las comunidades y el Congreso poseen tíulo universitario, con una diferencia abismal con respecto a la media española (25%). Sílvia Claveria, doctora en Ciencias Políticas, señala en su artículo Titulitis en el Gobierno español, publicado en Politikon: "Los ministros de España tienen un nivel educativo muy por encima de la media de los países europeos". La causa está en el mecanismo de selección de gobernantes. Hay dos modelos: Uno) generalista, en el que los ministros son escogidos de entre los parlamentarios, como ocurre en Reino Unido. Dos) especialista, en el que no son seleccionados exclusiva ni mayoritariamente de entre los diputados. Ahí está España.
"Mientras los sistemas especialistas tienen un nivel muy elevado de ministros que poseen un máster o doctorado (45%), en los sistemas generalistas este porcentaje es menor (27%). [...] Un 55% de los ministros españoles cuentan con un máster o postgrado. Un 70% de los ministros de Portugal tienen esos títulos, el 75% de los ministros fineses cuenta con ese nivel educativo o un 43% de los ministros de EE.UU. En cambio, en los países generalistas, como Reino Unido, solo un 27% de sus ministros han alcanzado un máster o doctorado, Bélgica llega hasta 28% o Italia cuenta sólo con un 9%", expone Claveria. El artículo es de abril, con el PP. Pero el esquema se ha mantenido con Pedro Sánchez, cuyo gobierno fue de hecho aplaudido por la trayectoria de numerosos miembros en el campo "profesional" o "de la gestión", así como por sus currículos académicos... Es decir, por tener títulos y venir de fuera de la política (Grande-Marlaska, Pedro Duque ...) o por tener más galones políticos de gestión que orgánicos (Nadia Calviño, Luis Planas...). No fueron pocos los colaboradores de Sánchez, bregados en la batalla que libró contra el aparato del partido para ser secretario general, que se quedaron con un palmo de narices en el reparto de cargos. Es en ese sistema que premia la credencial y desdeña el activismo político el que conviene conocer para entender el telón de fondo de los casos de Cifuentes, Montón y Casado.
Una sociedad con "titulitis"
El enfoque de Coller no desmerece la formación académica de los políticos españoles, sino que la sitúa en el marco de una lógica mayor. El discurso meritocrático –"elijo a los mejores"– no explica el fenómeno. Los políticos con aspiraciones necesitan, incluso al precio de descuidar puntualmente tareas políticas urgentes, trabajarse un perfil académico que los valide en unos circuitos de identificación social donde la experiencia como negociador en conflictos o la identificación con su electorado potencial pueden acabar valiendo menos que un lustroso CV.
"Somos una sociedad de titulitis. [Lo que ocurre en la política] es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Hay mucho credencialismo. Necesitamos enseñar lo que [Pierre] Bourdieu llama el capital social institucionalizado. Como cuando vas al médico y ves toda esa pared cubierta de títulos", explica Coller. Es tan sencillo como antiguo. "Las credenciales educativas no solo reflejan un elevado grado de formación, sino también un cierto origen social, dado que los hijos/as de universitarios tienen más probabilidades de serlo debido a factores que economistas y sociólogos/as han estudiado ampliamente", expone Coller con otros colegas en un artículo en El País de 2012.
Tentaciones formativas
El catedrático Coller es director de uno de los pocos másteres en España dirigidos a formar gestores políticos, el deSociedad, Administración y Política de la Pablo de Olavide. La oferta en nuestro país de este tipo de formación es incipiente. Y no hay nada parecido al Philosophy, Politics and Economics de Oxford, o a la École Nationale d'Administration francesa, auténticas canteras de la élite. Las escuelas de los partidos políticos se centran en el adoctrinamiento y la explicación de códigos políticos, pero no en aspectos transversales como la negociación, la empatía o la expresión en público.
Se da una contradicción. Los animales de partido, los cachorros que echan los dientes en las estructuras orgánicas y acceden pronto a responsabilidades institucionales, se encuentran con múltiples obligaciones urgentes y poco tiempo para ir ensanchando ese "capital cultural institucionalizado" que a la postre van a necesitar para llegar a la cima. Sí, se hacen con cierta popularidad, contactos y amistades relevantes, experiencia... Pero, en un mundo volátil como la política en el que un traspiés puede apartarte para siempre, es tentador ir construyendo un suelo académico. "Si entras muy joven en la política", señala Coller, sin referirse a nadie, "es fácil sentir la necesidad de conseguir títulos". Sin escuelas específicas de referencia a las que acudir, como en Reino Unido o Francia, es tentador buscar la acreditación allí donde ofrecen mayores garantías de conseguirla sin excesivo esfuerzo. Por ejemplo, en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, bien conectado con el poder y con estándares de exigencia bajos, sobre todo con los debidos contactos, tal y como se viene desvelando desde hace meses.
Reproducción social de las élites
Andrés Santana, doctor en Ciencias Políticas, coincide con su colega Coller en que hay una "sobrerrepresentación de personas con niveles de titulación altos" en la clase dirigente. Y que este sesgo es mayor en España que en otros países. Y subraya un hecho: no es una decisión del electorado. Salvo en el Senado, no votamos listas abiertas. Es decir, "el proceso de selección de representantes con elevados niveles educativos tiene lugar en el seno de las propias las élites", afirma Santana, que lanza una pregunta pertinente: "¿Los partidos seleccionan a candidatos con títulos porque tienen títulos, o porque el tipo de perfil que seleccionan y su ambiente social vienen de la mano de títulos?". Sea cual sea la respuesta –Santana se inclina por la segunda–, el título ayuda. Las lógicas de los partidos los empujan a seleccionar a sus puntales entre integrantes de clases superiores, donde es más sencillo que se den perfiles académicos altos. Es la "ley de desproporción creciente", que va conformando una cierta homogeneidad en la élite. Los másteres se convierten en signo de reconocimiento en el seno de esa élite.
En paralelo se tiende a denigrar al político sin carrera universitaria. Como al jornalero y sindicalista Diego Cañamero, sin formación escolar. Se ridiculiza a los responsables institucionales que no saben inglés, a los que "no terminaron la carrera", como el exministro José Blanco o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Y es un fenómeno que va a más. Hace treinta años el electricista José Luis Corcuera llegó a ministro del Interior sin mayor controversia. ¿Sería posible hoy? Hay otro factor que lo dificulta. España es el país europeo con más trabajadores sobrecualificados. Casi cuatro de cada diez graduados desempeñaron en 2017 tareas para las que no es necesario título universitario, según un informe de la Fundación CYD. Es conocido el fenómeno de la fuga de cerebros. Con ese panorama se hace incómodo explicar que jóvenes criados en los partidos, sin trayectoria profesional al margen de la política ni un currículo brillante, alcancen elevados puestos de responsabilidad. Eso lo saben todos los cuadros que aspiran a un puesto importante. Un puesto de ésos en los que te van a mirar el currículo. Por eso necesitan títulos. Pero a la vez necesitan seguir en la brecha, en la vida orgánica, en la refriega política, en los medios... Tampoco tienen tiempo de dejarlo todo un año para hacer un máster.
La irrupción de dos nuevos partidos, Podemos (que exalta la dedicación pasajera a la política y demoniza la profesionalización) y Ciudadanos (adalid de la "meritocracia"), meten aún más presión a los cuadros de los viejos partidos para adornar sus currículos y no parecer aparateros sin más oficio que la política. Lo que ven en su entorno y lo que imitan, en pos de lo que los sociólogos llaman "deseabilidad social", son CV cargados de referencias. A todo esto se suman factores históricos: España es país de hidalguías, de apellidos, de sagas... La tecnocracia opusina que pilotó la modernización económica desde finales de los 50 hasta el tardofranquismo imprimió en amplios sectores de la sociedad la idea de que para gestionar bien lo público hay que provenir de entornos bien conectados... Nada mejor que los estudios de posgrado para conectarse.
El riesgo de todo ello es objetivo: que fecunde una endogamia de élites académicamente competentes, pero cada vez más desconectadas de la realidad, sin experiencias ni trayectorias transversales.
Currículos engordados
España sigue siendo una partitocracia, pero al mismo tiempo se denigra a los partidos como escuelas de líderes, con lo que se exige a sus cuadros una formación paralela que demuestre que "no necesitan la política para vivir". Ahí empiezan a engordar los currículos. Ha habido decenas de políticos criticados por una presentación supuestamente artificiosa de sus trayectorias: el propio Casado (Harvard-Aravaca), Albert Rivera, Juan Manuel Moreno Bonilla, Toni Cantó, Elena Valenciano..."Según los documentos oficiales", escribe en su artículo Claveria, "los ministros españoles tienen un nivel educativo alto y especializado, sobre todo comparado con sus homólogos europeos". Pero añade: "El sistema institucional donde estamos insertos, sistema especialista, incentiva a elegir gente muy preparada, al menos en su campo de especialización. Sin embargo, ahora quedará la duda si ese nivel educativo que poseen es real o fruto de la inflación artificial del currículum".
Según un estudio de la plataforma de formación online Udemy, una cuarta parte de los españoles admite haber falseado alguna vez su currículo. Ese "nivel alto" de inglés que se ve tanto en los currículos pero tan poco en la calle. La política no es una excepción, aunque el fenómeno tiene el agravante de que sus miembros son élite. El currículo puede inflarse bien embelleciendo logros reales o bien conquistándolos por procedimientos cuestionables haciendo uso de las relaciones. Por lo que se conoce, las facilidades para obtener titulaciones máster que ofreció el Instituto de Derecho Público en la Universidad Rey Juan Carlos no eran para cualquiera. Sino para gente bien conectada.
'Sistema Bankia'
Hasta ahora hemos descrito el hambre: políticos ávidos de una titulación con la que reforzar su posición en un entorno credencialista. Pero es que el hambre se juntó con las ganas de comer: un instituto dentro de una universidad gestionado de forma opaca, próximo al poder y mimado a base de subvenciones. La Coordinadora en Defensa de las Universidades Públicas de Madrid y otros colectivos críticos han descrito su funcionamiento como "modelo Bankia": una estructura de poder y silenciamiento en la que todos los sectores obtienen satisfacción y garantizan silencio, al modo en que ocurrió en Caja Madrid con las tarjetas black. La discrecionalidad de los puestos de libre designación y de la formación de tribunales, la laxitud en la aplicación de los principios de publicidad y transparencia, la afinidad de los dirigentes con el partido gobernante en la comunidad, el PP, todos los factores de riesgo se concitaron en la Rey Juan Carlos, especialmente en el Instituto de Derecho Público que creó el catedrático imputado Enrique Álvarez Conde. Ahí es donde se centran las investigaciones de tratos de favor.
¿Es la Rey Juan Carlos la excepción o la norma? Los profesores consultados para este reportaje, tanto los que dan su nombre como los que prefieren opinar anónimamente, creen que no es representativa. Que allí se ha dado una tormenta perfecta única. Pero los mismos académicos afirman que la universidad pública en general no está libre, en mayor o menor medida, de los vicios del nepotismo, la arbitrariedad, la relajación de la exigencia y la falta de control. Lo más grave es que ha habido profesores que han apuntado a una falta de reacción de la Conferencia de Rectores (CRUE). Un comunicado de docentes emitido tras el estallido del caso Cifuentes censuraba el "silencio" de la CRUE y ponía el dedo en una llaga que no es exclusiva de la Rey Juan Carlos. "La absurda y estéril burocratización del sistema universitario español ha llevado a la abundancia de fiscalizaciones puramente aparentes por parte de agencias y entidades de evaluación que [...] a menudo no sirven más que para disfrazar el desgobierno y la arbitrariedad", señalaba.
El envés de los másteres
El promotor de aquel comunicado es el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León Juan Antonio García Amado, la antítesis del arquetipo de profesor acobardado por el sistema y que no habla por temor. Su relato muestra el envés universitario de los casos políticos que marcan la actualidad. "El vergonzoso silencio de la CRUE es la prueba de un sistema universitario incapaz de autodepurarse", afirma. Amado ve signos sistémicos en el problema, pero rechaza una generalización. Lo que ocurre en la Rey Juan Carlos, afirma, es "un cáncer" que empezó con el exrector Gustavo Villapalos y no ha sido extirpado. Es más, cree injusto que en el terreno del favoritismo a políticos se apunte a la universidad pública, cuando él ve el cogollo en la privada. "En la pública hay chiringuitos, las privadas son chiringuitos", dice. Y se refiere directamente a "venta" de doctorados, obtenidos con unos requisitos mucho menores a los exigidos por la pública. El presidente Pedro Sánchez se doctoró en una universidad privada.
Según el relato que hace García Amado, los favores a políticos, la relajación de exigencias, la falta de control y la opacidad son el dedo. La luna es Bolonia: el acortamiento y desvalorización de los grados y el boom de los másteres. Eso pone a las universidades a correr en busca de la concesión y consolidación de másteres. Para eso necesitan alumnos. Esa es la carrera en la que se pierde rigor y autoexigencia. Ese es el caldo de cultivo de todo lo demás. El profesor David Senabre lo expresó así en Twitter: "Entró la Atila política en la universidad. La transferencia educativa de la gestión universitaria a las consejerías de educación abrió la puerta al control de planes, plantillas, nóminas, plazas, proyectos de investigación y entes universitarios por políticos. Su influencia sobre la financiación directa, año a año, el uso de las agencias propias de investigación, fue convirtiendo a la institución en un cortijo arrendado. Se perdió la autonomía universitaria. La corrupción dio apariencia de legalidad a falsas acreditaciones de 'saber'. Se diseñaron universidades ex profeso para estas tramas de adorno curricular. Las inercias tienen apenas 20 años. Y mientras tanto hemos pasado, en el mismo tiempo, de 50 universidades a 82, entre públicas y privadas". Un retrato demoledor del paisaje post-Bolonia, con su consiguiente politización, banalización de la enseñanza de posgrado, sustitución de la lógica del conocimiento por la lógica del credencialismo.
Una carrera desesperada
Francisco García Pérez, catedrático de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Sevilla, hace también un balance sombrío. No extrapola las corruptelas de la Rey Juan Carlos a todo el sistema, pero sí afirma que es "la punta del iceberg". "El sistema de acreditaciones y de mercantilización del conocimiento ha terminado llevando a una carrera desesperada por los másteres. Participan todos. Los alumnos y sus familias, que han interiorizado la idea de que un grado no es suficiente y resulta indispensable el posgrado. Las universidades, que los utilizan como mecanismos de recaudación. Con más másteres tienen más prestigio, más dinero y más horas para sus profesores", explica. García Pérez sitúa también el origen del problema en el Plan Bolonia, que desató esa"carrera" por conseguir másteres, cuantos más mejor. Eso ha sido lo prioritario, explica García: conseguir que las autoridades educativas -y en último término la administración de cada Comunidad Autónoma- concedan másteres y lograr el suficiente número de alumnos cada año para mantenerlos. Lo demás ha quedado en un segundo plano, por ejemplo la evaluación de su calidad. "La regla ha sido 'Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita'. ¿Cuál es el problema? Que puede haber másteres que no funcionan, pero siguen ahí porque ninguna universidad quiere renunciar a los que ya tiene, taponando quizás así la incorporación de otros más necesarios". García Amado abunda en esta línea y subraya lo infrecuente que es que la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, cuya sola mención hace enarcar todas las cejas) retire un máster.
La explicación de García Amado y García Pérez ayuda a entender el interés de una universidad como la Rey Juan Carlos por conseguir alumnos VIP, que a su vez atraigan a otros alumnos, al mismo tiempo que puedan contribuir a situar a la institución en buena disposición con las autoridades. Las facilidades a Pablo Casado, por ejemplo, cobran sentido en este marco. Ahí se encontraron el joven dirigente político que busca credenciales académicas con la institución necesitada de tejer relaciones y consolidar másteres. Al catedrático García Pérez le parece insólito que se intente hacer pasar por normal lo puramente extraordinario, como la convalidación de 18 de las 22 asignaturas a Casado. "¿Pero cómo se van a convalidar 18 asignaturas de un grado en un posgrado? ¡Si es un pos-grado!", subraya. La juez que instruía el caso de Casado hasta que lo tuvo que enviar al Supremo porque está aforado ya advirtió que veía prevaricación y cohecho.
El caldo de cultivo del plagio
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García Amado se esfuerza en hacer una distinción. "Por un lado está el problema de la titulitis de los políticos, que pueden encontrar más o menos facilidades para conseguir su título según quién sean y dónde lo intenten. Por el otro está lo de los plagios", explica. Ambas cosas pueden formar parte de un mismo gran tema, pero según García Amado los plagios son harina de otro costal. El catedrático coincide en un comentario extendido: que, con los casos Cifuentes, Casado y Montón, la opinión públicas se queda en la superficie, sin ir al cogollo. ¿Qué cogollo? García Amado da tres claves: Una) "Pésimos mecanismos de selección del profesorado". Dos) Incentivos perversos, en los que la importancia de la cantidad eclipsa la calidad en todos los órdenes. Tres) Una "pérdida de profesionalidad" en paralelo a una creciente "anomia", o pérdida de tensión moral en la institución.
García Amado pone un ejemplo, que además ha publicado en Twitter. Este mismo año denunció en su decanato el descubrimiento de dos plagios. "La respuesta fue: 'Tenemos las manos atadas'. Nombraron otro tutor y punto", explica García Amado. El catedrático afirma que, por increíble que parezca, no hay mecanismos legales concretos para sancionar el plagio. "En lo penal, o se demuestra que ha habido un negocio, o nada. Y para que haya una indemnización civil, hay que demostrar que ha habido un daño económico", afirma el académico, que lamenta la falta de normativa clara contra el plagio.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo su doctorado y presentó su tesis en una universidad privada, la Camilo José Cela. Las privadas son por regla general menos exigentes, coinciden los profesores consultados. ¿Significa eso que en las públicas los listones de exigencia y rigor están por las nubes? En absoluto. El catedrático Francisco García Pérez afirma que "la sobreabundancia de tesis puede dar lugar a una bajada de la calidad", aunque ha habido, hay y habrá excepciones. Otro investigador de una universidad andaluza, catedrático que habla con la condición de anonimato y que lleva treinta años asistiendo a lecturas de tesis, ofrece un panorama lúgubre. Y anota cuatro problemas. Uno) Un exceso de cum laude, calificación convertida en norma. "Yo he visto en mi vida dos tesis sin cum laude", dice. Dos) Un procedimiento mecánico y rutinario de formación de los tribunales, en el que el director de tesis propone al departamento nombres que jamás son cuestionados, con lo que es frecuente que se seleccionen "amigos". "Nadie fiscaliza los currículos de los que el director propone", explica. Tres) Antes de la lectura de la tesis, es presentada al departamento para su crítica y mejora, pero nadie aporta nada nunca, según este catedrático. Cuatro) "En la lectura el presidente da la palabra a los doctores para que digan algo, aporten algo. Es rarísimo que alguno diga algo", afirma.
Es sencillo suponer a toro pasado que ni la exministra Carmen Montón, ni la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, ni el líder del PP, Pablo Casado, repetirían sus másteres en la Universidad Rey Juan Carlos si pudieran viajar en el tiempo. Las dos primeras perdieron sus cargos al descubrirse irregularidades. En el caso de Cifuentes, rematada por el vídeo de un hurto, su conducta está bajo investigación judicial, al igual que la de Casado, sobre cuya posible imputación debe decidir el Supremo. Dicho de otro modo, tenemos fundadas razones para pensar que los tres se lamentan de haber cursado aquellos estudios, de forma supuestamente plagada de irregularidades. Pero, ¿por qué se metieron en aquel lío? ¿Qué los llevó adentrarse, ya con sus carreras políticas lanzadas en los dos partidos con mayor poder institucional en España, en ese empeño académico?