“Ha llegado la hora de que las Cortes Generales se planteen reformar los reglamentos del Congreso y del Senado para algo tan de sentido común como endurecer las sanciones a aquellos diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y de actividades, o que lo hagan con información falsa o incompleta”. El presidente del Gobierno puso así el foco este miércoles sobre los parlamentarios españoles en el marco del debate sobre regeneración democrática que quiere impulsar en España y que, en gran medida, descansa sobre la transparencia de los medios y de la gestión pública. “No hacerlo”, añadió, “creo que sería incoherente con el nuevo Código de Conducta de las Cortes y dificultaría el seguimiento del nuevo delito de enriquecimiento ilícito que aprobamos en las Cortes Generales”.
“Endurecer las sanciones” es un eufemismo: en la actualidad no es posible ni está previsto que se pueda sancionar a los diputados y senadores que incumplen sus obligaciones de transparencia.
Los senadores y diputados están obligados por ley a dar publicidad de sus bienes, intereses y actividades económicas “tanto al adquirir como al perder su condición de parlamentarios, así como cuando modifiquen sus circunstancias”. Pero no todos lo hacen. Muchos suministran información incompleta o deliberadamente ambigua, y casi ninguno actualiza los datos cuando se produce alguna modificación.
La obligación deriva de los reglamentos de las Cámaras, del artículo 160 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y del Código de Conducta de las Cortes Generales aprobado en 2020. Los parlamentarios “están obligados a formular declaración de todas las actividades que puedan constituir causa de incompatibilidad” y de otras “que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, así como de sus bienes patrimoniales, tanto al adquirir como al perder su condición de parlamentarios, así como cuando modifiquen sus circunstancias”.
Pero nadie puede exigírselo ni castigarlos si no lo hacen. Todo lo más pueden ser señalados por los medios de comunicación, que al principio de cada legislatura se toman la molestia de repasar sus declaraciones y luego, por regla general, se desentienden de hacer un seguimiento, en parte porque son raras las modificaciones.
Ingresos
La declaración de actividades económicas debe incluir cualquier actividad desarrollada en los cinco años anteriores a obtener el puesto de parlamentario y que pueda constituir incompatibilidad con su labor como diputados porque exista un conflicto de intereses, así como, en general, cualquier tarea que pueda suponerles ingresos, los posibles regalos recibidos o las donaciones.
Pero ningún organismo se ocupa de investigar que la información suministrada se corresponde con la realidad, lo que, sobre el papel, facilita a los diputados y senadores la posibilidad de falsear los datos.
Es verdad, no obstante, que la presentación de declaraciones ha ido mejorando, según la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales. Hace un año, este organismo de supervisión denunció que los parlamentarios de Vox habían incluido en sus declaraciones de bienes respuestas tipo no “creíbles”, que no detallaban sus empleadores ni el sector al que pertenecen si trabajaban por cuenta ajena ni la información de su actividad cinco años antes de ocupar el cargo. En su último informe, presentado en febrero, asegura que la situación ha cambiado: “A 31 de diciembre de 2023, 338 diputados habían presentado su declaración de intereses económicos y 12 no”. Y los que no lo habían hecho, señalaba la citada oficina, era porque “tomaron posesión de su cargo en el mes de diciembre”. En esa fecha, señala el mismo informe, la totalidad de los miembros del Senado, 266, habían presentado su declaración.
El organismo supervisor admitía también el pasado mes de febrero que “la calidad de estas declaraciones” ha sufrido “una mejora significativa” en comparación con las presentadas en la legislatura anterior. “Una amplísima mayoría ha rellenado correctamente el apartado de la declaración sobre actividades que hayan generado ingresos económicos en los cinco años anteriores al acceso al mandato parlamentario, si bien ha sido preciso recordar en no pocos casos que en el citado apartado hay que consignar, cuando sea de aplicación, el hecho de haber sido diputado o senador en una o varias legislaturas precedentes”.
Igualmente, “ha subido notablemente el número de parlamentarios que, en vez de dejar en blanco el apartado sobre regalos, obsequios y donaciones recibidas, o bien se refieren a regalos sin importancia en el ámbito familiar o social, o bien incluso consignan donaciones y regalos concretos”. Lo mismo ocurre en el apartado reservado a dejar constancia de cuotas a partidos y sindicatos, asociaciones benéficas, culturales, colegios profesionales, o clubes deportivos, entre otras aportaciones y contribuciones.
Agenda opaca
Menos elogios merece a la oficina la transparencia de los parlamentarios a la hora de dar cuenta de su agenda, algo a lo que también están obligados. A 31 de diciembre de 2023, “eran minoría en ambas Cámaras quienes, además de las reuniones de órganos parlamentarios, publicaban otro tipo de actividades y reuniones mantenidas con grupos de interés o asociaciones y organizaciones de todo tipo, interesadas en el proceso legislativo”. De hecho, este comportamiento, lejos de mejorar, ha empeorado en el Congreso, donde “ha bajado el número de quienes hacen la publicación completa de las reuniones de todo tipo, relacionadas con su cargo parlamentario, que mantienen, mientras que en el Senado, por el contrario, ha subido”.
La oficina se muestra tan satisfecha por el número de declaraciones presentadas que en su último informe aseguró que “no parece necesario seguir insistiendo ahora, específicamente, sobre su concreta observancia, puesto que se ha generalizado una buena práctica de cumplimiento”. Otra cosa es el problema de desactualización. En este caso, el organismo sí recuerda “la necesidad de actualizar la declaración cuando, en el curso de la legislatura, el parlamentario realice, en su caso, nuevas contribuciones a fundaciones y otras asociaciones”.
Su principal recomendación, sin embargo, tiene que ver con la opacidad de la agenda de los parlamentarios. Por ese motivo recuerda “la obligación que tienen de publicar en sus agendas las reuniones que mantengan con los representantes de entidades que tengan la condición de grupos de interés, tal y como estos se definen en el artículo 6.2 del Código de Conducta de las Cortes”.
Para hacerse una idea de la mala calidad de la información que los parlamentarios incluyen, en general, en sus declaraciones, basta con echar un vistazo a algunas de ellas. Los datos que se les exigen son del año anterior a la obtención de escaño, es decir, de 2022. Y esos son los que siguen apareciendo en sus declaraciones, a pesar de que ya estamos en la segunda mitad del año 2024.
La diputada Cristina Agüera (PP), por ejemplo, hace constar sus propiedades (un piso, un apartamento y un trastero) pero deja en blanco la cantidad que pagó por IRPF a Hacienda en 2022. El presidente Sánchez detalla los puestos que desempeña, con y sin remuneración, así como los ingresos que obtuvo como jefe de Gobierno, por dividendos, arrendamiento de inmuebles y derechos de autor, además de la suma pagada a Hacienda en 2022 y sus propiedades (dos viviendas y dos plazas de aparcamiento). Tiene, por ejemplo, 5.104 euros en acciones, pero no dice en qué compañías cotizadas.
Datos antiguos
Alberto Núñez Feijóo, en cambio, sí lo especifica: tiene acciones de Telefónica y de Inditex, la matriz de Zara. Es imposible saber cuánto gana en la actualidad o el volumen de sus ingresos en 2023: su declaración se limitó a hacer constar datos de 2022 y no lo ha actualizado en 2024. Hace dos años eran 94.566 euros de la Xunta, el Parlamento de Galicia, el PP y el grupo popular en el Senado, a los que habría que sumar su sueldo como senador (unos 35.000 euros en ese año que no hace constar porque no está obligado) así como unos 7.600 euros de dividendos y rendimientos inmobiliarios: en total, entre 130 y 140.000 euros.
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Los diputados de Vox, por citar otro caso, intentaron ocultar sus intereses con una declaración genérica sin datos. A día de hoy, la mayoría han modificado la información para detallar, en mayor o menor medida, a qué se dedican y de dónde salen sus ingresos. La portavoz parlamentaria, María José Rodríguez de Millán Parro, más conocida como Pepa Millán, se limitaba inicialmente a decir que ninguna de sus actividades condicionaba su actuación política en tanto en cuanto siempre se desarrollará al servicio del interés superior de España, pero acabó modificando su declaración para hacer constar que fue asesora parlamentaria del grupo de Vox en el Parlamento de Andalucía y posteriormente senadora.
Su jefe de filas, Santiago Abascal, también ha modificado su declaración inicial para incluir entre sus ingresos del último año otros 18.000 euros que cobra de Vox, en concreto lo que percibe como presidente del grupo parlamentario en la Cámara Baja. Un ingreso que hay que añadir a su sueldo como presidente del partido (37.357,8 euros) y a su nómina como diputado.
Para garantizar que todos los parlamentarios cumplen las normas de transparencia del Congreso y del Senado, la Comisión de Conflictos de Interés de las Cortes debería tener capacidad y medios para contrastar la información con la que tiene Hacienda y con los registros de la propiedad, así como con las entidades bancarias.
“Ha llegado la hora de que las Cortes Generales se planteen reformar los reglamentos del Congreso y del Senado para algo tan de sentido común como endurecer las sanciones a aquellos diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y de actividades, o que lo hagan con información falsa o incompleta”. El presidente del Gobierno puso así el foco este miércoles sobre los parlamentarios españoles en el marco del debate sobre regeneración democrática que quiere impulsar en España y que, en gran medida, descansa sobre la transparencia de los medios y de la gestión pública. “No hacerlo”, añadió, “creo que sería incoherente con el nuevo Código de Conducta de las Cortes y dificultaría el seguimiento del nuevo delito de enriquecimiento ilícito que aprobamos en las Cortes Generales”.