Los recortes en sanidad –el presupuesto público se ha reducido más de un 20% en los últimos cinco años– tienen claras consecuencias en la calidad asistencial y las prestaciones que reciben los ciudadanos. Así lo evidencia un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) hecho público este jueves y con el que este colectivo hace balance de los cuatro años de Gobierno del Partido Popular.
Según esta organización, la política de recorte del gasto social "supone el intento de aprovechar la crisis (...) para desmontar una de las patas del Estado del bienestar". El porcentaje de gasto sanitario público sobre el PIB ha pasado del 6,7% en 2009 al 5,8% en 2015. Y está previsto –según las previsiones que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas– que descienda incluso al 5,6% el año que viene. Pero, a pesar de los recortes, la deuda sanitaria ha seguido avanzando.
Sólo en los cinco primeros meses de 2015 –siempre según este informe– las autonomías han generado una deuda con los proveedores sanitarios de 6.309 millones de euros. Esa deuda, según la FADSP "se ha contraído en gran parte con la industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias". Hay que tener en cuenta, además, que entre 2012 y 2013 el Gobierno aportó a través de sus mecanismos de financiación 26.172 millones de euros para pagar las facturas sanitarias guardadas en los cajones por las comunidades autónomas.
Los recortes presupuestarios también han disparado las listas de espera públicas hasta el 32% de media: en la Comunidad Valenciana alcanzan al 67% y el 54% en Castilla y León. Al tiempo, casi 30.000 personas han perdido su puesto de trabajo en la sanidad española por culpa de la tijera presupuestaria. En esta legislatura también se implantó el copago del 10% en los medicamentos para los pensionistas y alrededor de 600.000 inmigrantes sin papeles que perdieron el derecho a la sanidad normalizada. La presión de los nuevos gobiernos autonómicos ha forzado al Ejecutivo de Rajoy a reconsiderar la exclusión sanitaria de los inmigrantes. Pero aún no hay un acuerdo.
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Aumenta la desigualdad
El informe asegura que la disminución en la frecuentación de los servicios sanitarios y la retirada de medicamentos prescritos con receta pública muestran que las desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios han aumentado en este período. Así, la FADSP denuncia que el sistema está sujeto a profundas tensiones como consecuencia de las desigualdades territoriales en el acceso provocadas por el modelo de financiación y las diferencias en los recortes que han llevado a cabo las comunidades.
De hecho, en 2015, la diferencia en presupuesto por habitante entre la que más dinero consigna, el País Vasco, con 1.548 euros; y la que menos, Andalucía, con 1.004, es de 544 euros. "Globalmente, las diferencias entre las que más presupuestan y las que menos se han incrementado un 5,1% desde el año 2010", puede leerse también en el documento.
Los recortes en sanidad –el presupuesto público se ha reducido más de un 20% en los últimos cinco años– tienen claras consecuencias en la calidad asistencial y las prestaciones que reciben los ciudadanos. Así lo evidencia un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) hecho público este jueves y con el que este colectivo hace balance de los cuatro años de Gobierno del Partido Popular.