El ingreso mínimo vital ha supuesto una ruptura del bloque de las bautizadas como "tres derechas" contra el Gobierno. Sólo Vox se opone de forma clara. La iniciativa, aprobada el pasado viernes en un Consejo de Ministros extraordinario y publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado ha abierto una clara fisura en la estrategia de PP, Vox y Ciudadanos de confrontación con la Moncloa. Así, el principal partido de la oposición se mueve entre el 'sí' y la abstención. La extrema derecha se ubica ahora a el 'no' al considerar, entre otras cuestiones, que genera un efecto llamada y Ciudadanos apuesta por el voto a favor si se dan una serie de condiciones.
La nueva prestación, presentada como el cuarto pilar del Estado del Bienestar después de la sanidad, la educación y la dependencia, beneficiará potencialmente a 850.000 hogares, supondrá un gasto previsible de unos 3.000 millones de euros y, se cumplen las previsiones el Gobienro, sacará de la pobreza al 80% de las personas que hoy se encuentran en esa situación en España.
En las últimas semanas, el Partido Popular de Pablo Casado había nadado en la ambigüedad a la hora de acercarse a esta iniciativa. Salvo algunas excepciones, como cuando Isabel Díaz Ayuso consideró que rentas como esta generaban "dependencia" del Estado, los conservadores no han hecho una oposición frontal a la medida. De hecho, según se ha ido acercando la fecha en la que iba a hacerse realidad, en el PP intentaron reclamar el copyright de la iniciativa defendiendo que se trata de una "imitación" del las medidas que ellos llevan "años" aplicando en las comunidades autónomas en las que gobiernan.
"En un contexto de crisis como la actual no te puedes quedar fuera de apoyar herramientas para quienes no tienen recursos. Sería dar una cara muy poco social", defiende un destacado dirigente en conversación con infoLibre apuntando al sentido del voto que también apuntan en la dirección nacional: "Estaremos entre el sí o la abstención".
El viernes, cuando fue aprobada por el Consejo de Ministros, no fue el presidente del PP, Pablo Casado, el que reaccionó a la misma, sino la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra. La dirigente conservadora ya dio pistas de que no iban a oponerse. No obstante, dejó claro que al PP le hubiera gustado que aprobase con la "necesaria coordinación" con las comunidades autónomas y que el futuro de los españoles, a ojos del partido, tiene que pasar por el "mantenimiento y creación de puestos de trabajo" y no por un ingreso mínimo "como única garantía de futuro".
El líder del PP siempre defiende que Sánchez no puede contar con sus votos para mantener un Estado de alarma que los conservadores consideran que ha sobrepasado todos los límites o para aprobar unos Presupuestos que consagren la agenda económica de Unidas Podemos. Pero que el principal partido de la oposición siempre estará ahí para apoyar cualquier tipo de iniciativas que sean útiles para los ciudadanos. Pero luego, en la práctica, miden muy bien cualquier gesto que pueda parecer un acercamiento al Gobierno. Un ejemplo de esto se produjo este mismo lunes, cuando el vicesecretario de Participación del partido, Jaime de Olano, aseguraba en una entrevista concedida a Los Desayunos de TVE que el PP iba a votar 'sí' al ingreso mínimo vital.
El PP se resiste a confirmar el sentido definitivo del voto
Horas después, desde la dirección nacional del partido se matizaban las declaraciones de este vicesecretario asegurando que la posición no estaba todavía cerrada del todo, que puede oscilar entre el 'sí' y la abstención. "No ha sido un error ni estamos desautorizando a Olano, no nos ha dado tiempo a analizar lo publicado en el BOE", aclaraban.
Después, en la rueda de prensa ofrecida por Cuca Gamarra y Ana Pastor, la vicesecretaria de Política Social precisó que lo que vote el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso "dependerá de los matices" del texto del real decreto que están analizando "en profundidad".
"Es un ingreso necesario dada la situación que estamos viviendo y, sobre todo, porque en una democracia como la nuestra y una sociedad avanzada tiene siempre que articular medidas de solidaridad que garanticen que aquellos que menos tienen puedan tener un mínimo vital para poder salir adelante", dijo.
El PP pretente que se tramite como proyecto de ley para poder introducir enmiendas y que las comunidades autónomas puedan gestionar estas ayudas. "Este real decreto establece que la gestión la llevarán a cabo unas comunidades y establece cuáles son. Sin embargo, para el resto de las comunidades se estudiará", subrayó. Para el PP, el escenario ideal es que las comunidades autónomas "tengan la capacidad de decidir si gestionar el ingreso mínimo vital ya que tienen la experiencia y los instrumentos". Así se lo demandaron los barones del PP el domingo a Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes, en línea de lo acordado por el PNV con el Ejecutivo para Navarra y País Vasco en el marco de las conversaciones para la prórroga del estado de alarma que se vota este miércoles en el Congreso.
Desde la aprobación de la iniciativa en el Congreso de Ministros, ni Pablo Casado ni el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han hecho valoración alguna al respecto. Como se ha visto, han dejado las reacciones en manos de otros portavoces del partido. El domingo, a menos de 24 horas de que el BOE publicara el decreto, el jefe de los conservadores se quejaba en su cuenta de twitter de que las prórrogas del estado de alarma se hayan convertido en un "mercado persa".
Las "mafias" de Vox
"Las mafias del tráfico de personas, con el apoyo de progres e incautos, ya están ofreciendo un nuevo complemento a su oferta de viaje: una renta mínima pagada por los españoles que llevan toda una vida trabajando". Vox, el tercer grupo parlamentario en número de diputados en el Congreso, tras PP y PSOE, dejó clara este lunes su oposición frontal a la medida. La extrema derecha cree que puede generar un efecto llamada. Y así lo defienden en su perfil de Twitter, acompañán el mensaje de una serie de vídeos en árabe que no van acompañados de traducción y en el que sus protagonistas, que intercalan algunas palabras en castellano, repasan los requisitos para acceder a las ayudas.
Estos vídeos fueron el arranque de la rueda de prensa que ofreció este lunes Jorge Buxadé. El portavoz y eurodiputado consideró que la medida es "antinacional", porque entrega a algunas autonomías su gestión, que "cronifica y vulnerabiliza" a la población porque es "permanente" y no excepcional para quienes se hayan empobrecido por el covid19, y porque "alimenta la entrada masiva e ilegal de extranjeros en España" para beneficiarse de esa ayuda. No obstante, el decreto indica que sólo pueden acceder a ella los extranjeros con residencia legal en España de al menos un año en el momento de la solicitud, así como las víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género extranjeras, aunque no tengan residencia legal en España.
Si bien la semana pasada Vox decía no estar en contra de la iniciativa, esta han virado su posición. Buxadé lo justificó en que , a ojos de su formación, esta ayuda debía tener caracter "extraordinario" y limitado en el tiempo.
Este mismo lunes, Faes, la fundación presidida por José María Aznar, también mostraba reservas en un sentido similar respecto a la cuestión temporal: "No será un sistema temporal sino estructural y no está claro que la extraordinaria complejidad del diseño de esta política contribuya a una gestión eficaz y a una evaluación rigurosa de sus resultados. La retórica populista que ha envuelto su presentación no es un buen augurio", puede leerse en uno de sus análisis. No obstante, en Faes consideran "un deber moral y una política sensata remediar las situaciones de pobreza extrema y exclusión en nuestra sociedad, cuidar de los más vulnerables, tender una red de seguridad a los que la necesiten".
Ciudadanos pide que se tramite como proyecto de ley
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, consideró este lunes que "el Ingreso Mínimo Vital es necesario". "No puede ser que la gente llore por conseguir una bolsa de comida, es obligatorio ayudarles", dijo en rueda de prensa. "No podemos dejar a nadie en el camino, no podemos abandonarles", añadió.
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El parlamentario avanzó, eso sí, que la formación liberal pedirá su tramitación como "proyecto de ley" para que sea "eficaz, coordinado con las comunidades autónomas, igual para todos los españoles y orientado a políticas de empleo".
Bal dio por hecho que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aceptará la tramitación que reclaman —el PP de Pablo Casado demanda lo mismo— por la relevancia que tiene la medida y porque, desde que comenzó la crisis del coronavirus, nunca se ha opuesto a la tramitación de los decretos como proyectos de ley cuando se les ha pedido. "Creo que ellos mismos son conscientes de que, con la urgencia y la improvisación con la que legislan, necesitan a la oposición para mejorar sus leyes", defendió.
En Ciudadanos lanzaron esta exigencia al Ejecutivo en un momento en el que negocian con Sánchez para una nueva prórroga del estado de alarma. Al respecto, Bal subrayó que ellos practican "la política de mano tendida, pero de mano exigente". Y se comprometió a que en el partido naranja harán "política útil, actuarán con prudencia y coherencia y lucharán por los intereses de los españoles".