El juicio contra el expresident de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, que arrancó el pasado lunes con la protesta de 40.000 personas a las puertas del TSJC y se prolongó hasta el viernes, ha dado el pistoletazo de salida a la estrategia de movilización social que las asociaciones soberanistas y partidos independentistas están planteando de cara al futuro referéndum. Pero también ha puesto en marcha el calendario judicial relacionado con el procès catalán, que incluye otra causa más por la consulta del 9N y una tercera por la aprobación de la hoja de ruta independentista. Es en este último caso sobre el que se ponen todos los focos.
Al juicio del expresident y las exconselleras le seguirá, entre el próximo 27 de febrero y el 1 de marzo, el del exconseller de Presidencia y actual portavoz del Partit Demòcrata Català (PDCat) –extinta Convergència–, Francesc Homs, al que se acusa de los delitos de prevaricación y desobediencia por la consulta de noviembre de 2014 y para el que el fiscal pide nueve años de inhabilitación. La fijación de la fecha por el Tribunal Supremo, que se conocía durante la declaración de Homs en el TSJC en el proceso de Mas, Rigau y Ortega, deja bien atadas las dos causas abiertas en relación con el 9N.
Sin embargo, todavía no está marcado en el calendario el juicio contra la actual presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, un proceso al se está prestando especial atención desde los sectores independentistas. Desde las asociaciones y partidos soberanistas sostienen que una inhabilitación precipitaría "el choque de trenes" entre Cataluña y España y provocaría un gran rechazo en la sociedad catalana. Sin embargo, aunque son conscientes de que Forcadell genera mayor simpatía que Mas, no aseguran que con su inhabilitación se vaya a precipitar el referéndum.
El juicio a Forcadell
La causa abierta contra la presidenta del Parlament, a diferencia de los procedimientos judiciales en los que se encuentran inmersos Mas, Rigau, Ortega y Homs, no tiene nada que ver con la consulta del 9 de noviembre de 2014. Aunque sí está estrechamente relacionada con el procès. Forcadell está acusada de desobediencia y prevaricación por permitir que el pleno de la Cámara autonómica debatiese y votase las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que abrían la puerta a la declaración unilateral de independencia.
Desde la CUP, formación que permite con su respaldo que el actual Ejecutivo catalán se mantenga en pie, consideran que en el caso del proceso contra Forcadell "no hay brecha legal a la que agarrarse", como en el proceso contra Mas, porque el Constitucional "fue muy explícito" en su prohibición. Por lo tanto, añaden, habrá "algún tipo de condena por parte de la justicia española". En este sentido, la presidenta del Parlament de Cataluña se mostró contundente el pasado mes de diciembre tras prestar declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: "Inhabilitarme sería un ataque tan grande a la democracia que sería inconcebible", dijo.
Línea roja
"Con Forcadell se estaría pasando una frontera al inhabilitar a un miembro activo del Parlament de Cataluña", aseveran en conversación con infoLibre fuentes de la Asamblea Nacional Catalana, que añaden que eso "es inaceptable" y que no se va "a admitir". Una línea con la que coinciden desde ERC, integrada dentro de Junts pel Sí. Según explica un dirigente de la formación, una sentencia condenatoria en este caso supone "tocar a una institución", algo que, en su opinión, multiplica "exponencialmente los síntomas y los efectos".
Un diputado de la CUP en la Cámara catalana, por su parte, apostilla que inhabilitar a una presidenta del Parlament por "haber permitido un debate en sede parlamentaria" es una "línea roja todavía más gorda si cabe" que juzgar a un Gobierno por facilitar "un proceso participativo". "En las democracias parlamentarias está prácticamente todo permitido mientras que no se vulneren los derechos humanos. Es un exceso de celo por parte del Constitucional, que no quería ni tan solo que se debatiesen ni votasen las conclusiones de una comisión de estudio", critica.
El juicio contra la presidenta del Parlament de Cataluña todavía no está fijado en el calendario judicial, a pesar de la rapidez con la que dio los primeros pasos la causa en la que está siendo investigada. Fuentes de la ANC consultadas por este diario creen que "visto que la movilización" durante el juicio de Mas "fue un éxito" y que hay "una masa importante de gente dispuesta" a acompañar a las personas que han permitido "un debate que se pedía desde la ciudadanía", se van a "estirar" los tiempos y el Estado "se lo va a pensar dos veces". Desde ERC y la CUP vaticinan que el juicio será "pronto" pero la sentencia no se conocerá a corto plazo.
Forzaría el "choque de trenes"
El independentismo catalán se muestra convencido de que una condena contra Forcadell precipitaría "el choque de trenes". "Si el Estado fuerza la inhabilitación, estará forzando un choque institucional del que tendrá que explicarnos cómo sale. Nosotros ya tenemos claro cómo lo vamos a hacer", apuntan fuentes de la Asamblea Nacional Catalana, que defienden que la presidenta del Parlament tiene que continuar en su cargo y las instituciones deben seguir caminando hacia el referéndum de independencia.
Esquerra y la CUP se posicionan en la misma línea. El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardá, ya advirtió que, ante una inhabilitación de Forcadell, el Parlament de Catalunya "actuará en consecuencia" y volverá a reafirmarla como presidenta de la Cámara. De esta manera, añadió Tardá, "se va a demostrar que la vía represora y autoritaria" para "intentar frenar la voluntad pacífica y cívica" no sólo es "anómala", sino también "estéril". "Tendría que continuar ejerciendo su cargo", señala un diputado de la CUP. Pero añade que hay que tener claro lo que esa decisión implica: "Constituye una afirmación de soberanía", recalca.
"Podría generar incluso más rechazo"
Los sectores independentistas han criticado por activa y por pasiva el carácter "político" de todos los juicios relacionados con el procès. El último en hacerlo fue el pasado miércoles el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont: "La democracia española tiene un problema estructural que la va deteriorando, es una democracia que ha enfermado", señaló tras pedir la palabra en el pleno del Parlament, donde acusó al Estado español de "judicializar" asuntos que deberían ser resueltos por la vía política y de cometer "abusos" para "perseguir ideas".
Sin embargo, son conscientes de que la actual presidenta del Parlament genera una mayor simpatía que el expresident. "Más que simpatía, suscita un consenso mayor", dicen desde la ANC. Algo con lo que coincide un diputado de la CUP, que si bien señala que en los dos casos "la complicidad" va más allá "del independentismo", una inhabilitación a Forcadell "podría generar incluso más rechazo" al tratarse de "un cargo público menos connotado ideológicamente". "La sociedad catalana –apuntan desde ERC– lo interpretaría como la subida de un peldaño más en este asedio a la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña".
¿Referéndum en mayo?
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Pero, ¿precipitaría la consulta? Esta carta ya fue puesta sobre el tapete a finales de enero por el conseller de Economía, Oriol Junqueras. El también líder de ERC dejó caer, durante una entrevista en Catalunya Ràdio, la posibilidad de adelantar al mes de mayo el referéndum si la sentencia contra la presidenta del Parlament recogía una inhabilitación. Para Junqueras, sería "una respuesta excelente" precipitar los tiempos siempre que la consulta "esté bien preparada" y se pueda hacer "en las mejores condiciones y garantías".
Un dirigente de Esquerra consultado por infoLibre deja claro que su partido apuesta por la celebración "la segunda quincena de septiembre". "Ahora bien, ¿puede todo precipitarse? Puede, pero solamente puede, porque ya entramos en el terreno de la especulación", añade. Para la CUP el calendario judicial "es secundario": "Pero sí que es verdad que a partir de determinado momento quien cruza la línea es el Estado y, por lo tanto, nosotros estaríamos legitimados para acelerar el proceso mucho más", añade.
No obstante, desde el independentismo se señala que, sea en mayo o en septiembre, lo importante es que se esté preparado "técnica, social y políticamente". "La cuestión no es precipitar el referéndum, sino que sea efectivo. Que esté correctamente preparado y que ofrezca todas las garantías", sostienen desde la Asamblea Nacional Catalana. "Tenemos que actuar con la cabeza fría, entendiendo que determinadas maniobras del Estado son líneas rojas pero celebrando el referéndum en función de los preparativos que tengamos hechos", señala un diputado de la CUP.
El juicio contra el expresident de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, que arrancó el pasado lunes con la protesta de 40.000 personas a las puertas del TSJC y se prolongó hasta el viernes, ha dado el pistoletazo de salida a la estrategia de movilización social que las asociaciones soberanistas y partidos independentistas están planteando de cara al futuro referéndum. Pero también ha puesto en marcha el calendario judicial relacionado con el procès catalán, que incluye otra causa más por la consulta del 9N y una tercera por la aprobación de la hoja de ruta independentista. Es en este último caso sobre el que se ponen todos los focos.