A falta de conocer quién gobernará España durante los próximos años, en el Congreso que se constituirá el próximo miércoles 13 de enero hay un cambio evidente con respecto a la pasada legislatura: el PP perdió el 20-D la amplia mayoría absoluta de que disfrutó desde noviembre de 2011 –la mantiene, eso sí, en el Senado–. Y el efecto más inmediato es que varios partidos han anunciado ya su intención de presentar iniciativas –antes incluso de la investidura de un presidente– con el objetivo de, entre otras cuestiones, derogar buena parte de las normas aprobadas por los conservadores.
Ya a finales de diciembre, por ejemplo, el portavoz del PSOE en la Cámara baja, Antonio Hernando, y el candidato a la Presidencia de IU-Unidad Popular, Alberto Garzón, mantuvieron un encuentro en el que constataron que existe una mayoría suficiente a tenor del resultado de las generales para dejar sin efecto gran parte de las medidas impuestas por el PP, como la reforma laboral, la Ley Wert o la conocida como Ley Mordaza. Ambas formaciones coincidieron en que, tan pronto como se retome la actividad parlamentaria, si hay voluntad política, se podrá revertir esa herencia legislativa.
El PSOE, contra la reforma laboral
Fuentes de los socialistas en el Congreso consultadas por infoLibre este viernes aseguraron que no se esperará hasta la formación de un nuevo Gobierno para comenzar a actuar y confirmaron que "se están preparando varias iniciativas". El PSOE abordará en una reunión de su comisión ejecutiva permanente, previsiblemente este lunes según fuentes del partido, las "prioridades" de su grupo parlamentario. En ese encuentro se perfilarán las medidas que los diputados trasladarán a las primeras sesiones de la Cámara baja. Esas mismas fuentes subrayaron que, entre las cuestiones que "claramente" se abordarán, está la reforma laboral.
El PSOE sostiene que las medidas que presentará en este ámbito estarán "en línea" con el contenido de su programa electoral y con las propuestas de Pedro Sánchez en campaña. El documento programático del partido es duro con la reforma laboral de los conservadores, a la que acusa de instaurar un modelo de "precariedad" y "subempleo" que ha llevado a España a ser "el país de la UE con mayores diferencias salariales entre los que más y menos ganan" y que ha provocado efectos como un "empeoramiento de las condiciones laborales", una mayor "destrucción de empleo" y una reducción "prácticamente a la mitad" de los convenios colectivos.
Sánchez prometió en campaña derogar por decreto ley los "elementos centrales" de la reforma laboral del PP, entre los que incluyó la regulación de la negociación colectiva, aspectos referidos a la contratación y los elementos que permiten la desigualdad salarial. El programa del PSOE apostó por elevar el salario mínimo también por decreto. La indemnización por despido, en cambio, se regularía más tarde en un nuevo Estatuto de los Trabajadores pactado por los agentes sociales, según las propuestas de los socialistas. Con el cambio de mayorías en el Congreso, esperan que algunas de estas medidas puedan salir adelante en las primeras sesiones.
Los socialistas también estudiarán a partir este lunes qué tipo de medidas se pueden presentar en la Cámara con un Ejecutivo en funciones. Fuentes del grupo parlamentario señalaron que la Mesa del Congreso tendrá una gran importancia a la hora de ordenar los debates y admitir o no a trámite las distintas iniciativas. El PSOE cuenta con poder presentar proposiciones no de ley –que no tienen carácter vinculante, sino que únicamente instan al Ejecutivo a actuar en una determinada dirección–, pero no tiene la certeza de que puedan presentarse proposiciones de ley –que sí pueden convertirse en leyes–, pues estas últimas requieren para su tramitación de un informe del Gobierno. "Y es dudoso que pueda elaborarlo un Gobierno en funciones", sostuvieron estas voces.
Podemos se centra en la "emergencia social"
“La situación que viven miles de familias en este país no puede entender de plazos ni de esperas”, dijo el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el pasado 24 de diciembre, cuando anunció que su grupo en el Congreso presentará el mismo 13 de enero, día en el que se constituyen las Cortes, una Ley de Emergencia Social. Fuentes de la formación morada confirmaron que esos planes siguen en pie y que la norma es la única iniciativa que los diputados del partido y sus distintos aliados territoriales tienen previsto presentar en las primeras sesiones de la Cámara baja.
Esta iniciativa, precisa Podemos, se basa "en cuatro ejes fundamentales". En materia de vivienda se propone prohibir los desalojos forzosos "sin alternativa habitacional", instaurar la dación en pago retroactiva, simplificar el proceso de reestructuración y cancelación de deudas y una "garantía habitacional inmediata" para las víctimas de violencia de género. En segundo lugar, la ley contempla "garantizar por ley un suministro mínimo" energético. El tercer punto es poner en marcha un "programa de renta" para los hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza. Y por último, prohibir los copagos farmacéuticos.
Las fuentes consultadas en Podemos no quisieron avanzar el sentido del voto de los diputados morados en las iniciativas que plantean otras formaciones. Precisaron, eso sí, que hay cuestiones en las que la posición del partido de Iglesias "es muy clara" a favor "de que se deroguen" determinadas medidas aprobadas por el Gobierno del PP, como la reforma laboral y la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.
Ciudadanos apuesta por una reforma electoral
Un portavoz de la formación de Albert Rivera, por su parte, indicó en conversación con infoLibre que C's solicitará un informe jurídico a los letrados de la Cámara "para saber qué tipo de iniciativas se pueden presentar" mientras el Gobierno está en funciones. Siempre que fuera posible tramitarlas, agregaron estas fuentes, el partido naranja "quiere presentar iniciativas que solucionen la emergencia social" y "que cambien la ley electoral", aunque no ofrecieron más detalles ni precisaron en qué dirección votarán los 40 diputados de la formación ante las propuestas ya anunciadas por otros grupos.
En su programa, el partido propuso implantar un sistema electoral mixto donde el elector tuviese dos votos: uno para escoger a 175 diputados que representarían cada uno a una circunscripción, y otro para elegir a los 175 diputados restantes a través de un sistema de candidaturas parecido al actual. Sobre los primeros, el documento no concretó el tamaño de las demarcaciones unipersonales; mientras que los restantes 175 diputados serían elegidos en una circunscripción única a nivel nacional, aunque con listas desbloqueadas –lo que permitiría al elector alterar el orden de los candidatos decidido previamente por las formaciones–.
PSOE e IU constatan que la Camara baja sumará votos suficientes para anular gran parte de las políticas del PP
IU-Unidad Popular celebra la nueva mayoría
Por último, fuentes de IU-Unidad Popular preguntadas por este diario el viernes reiteraron que "los números dan", tras las pasadas elecciones generales, para derogar buena parte del paquete legislativo impulsado por el PP durante los cuatro años de gobierno de Mariano Rajoy.
Aunque la candidatura liderada por Alberto Garzón reconoció que no tiene ninguna iniciativa concreta lista para presentar en la Cámara, subrayó que trabajará por la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana –conocida popularmente como Ley Mordaza–, la reforma laboral y la última ley educativa del PP, y que a priori votará a favor de cuantas medidas se presenten para dejarlas sin efecto.
A falta de conocer quién gobernará España durante los próximos años, en el Congreso que se constituirá el próximo miércoles 13 de enero hay un cambio evidente con respecto a la pasada legislatura: el PP perdió el 20-D la amplia mayoría absoluta de que disfrutó desde noviembre de 2011 –la mantiene, eso sí, en el Senado–. Y el efecto más inmediato es que varios partidos han anunciado ya su intención de presentar iniciativas –antes incluso de la investidura de un presidente– con el objetivo de, entre otras cuestiones, derogar buena parte de las normas aprobadas por los conservadores.