El Instituto Universitario de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que en el curso 2011-2012 organizó una nueva edición del máster que hoy mantiene a Cristina Cifuentes al borde del abismo, ya había recibido para esa fecha casi medio millón del Gobierno de Madrid. ¿Cómo? gracias a convenios discrecionales y a contratos a medida para cursos que comenzaron a impartirse antes de que hubiera adjudicación formal.
Así ha podido verificarlo infoLibre con datos oficiales y otros procedentes de las propias memorias del IDP, parte de las cuales, así como sus cuentas, siguen sin ser accesibles y para cuya entrega el rectorado de la URJC ha dado un plazo de 48 horas que expira este miércoles. Fuentes del Ejecutivo de Cristina Cifuentes aseguran que tras el curso 2011-2012, cuando la Comunidad patrocinó el máster de la presidenta pagando la matrícula de otros ocho alumnos, el IDP no ha vuelto a recibir ni directa ni indirectamente más fondos del erario madrileño.
Pero durante seis años (2005-2010) el IDP obtuvo al menos 460.000 euros. ¿Cómo? A través de seis convenios -todos con el IMAP menos uno con Mintra y todos ellos cuantificados en las distintas memorias del IDP menos uno- así como de tres contratos sucesivos para sendos cursos sucesivos de "especialización sobre arbitraje" y de otros acuerdos de rango muy menor.
Entonces gobernaba Esperanza Aguirre. Y Cifuentes, que a esta hora sigue sosteniendo que logró su título de postgrado de la URJC tras presentar el Trabajo de Fin de Máster (TFM) ante un tribunal que ha adquirido tintes fantasmales -dos de sus tres integrantes ya han admitido que jamás participaron en él-, era vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid. Cuando se matriculó en ese postgrado sobre Derecho Público del Estado Autonómico, la ahora jefa del Ejecutivo regional presidía también el comité de garantías del PP madrileño.
De la mano de González Trevijano
Tres años antes del máster de Cifuentes, el portavoz del PP, Pablo Casado, había añadido a su currículum otro expedido por el mismo Instituto de Derecho Público gracias a la convalidación de 18 de las 22 asignaturas de que constaba aquel postgrado: la convalidación, como desveló este martes infoLibre, lleva la firma de Fernando Suárez, rector entre 2013 y 2017, cuando dimitió tras quedar al descubierto sus plagios.
A lo largo de todo el periodo en que la Comunidad de Madrid mimó al IDP se situaba al frente de la URJC el jurista Pedro González Trevijano. Entonces rector y figura esencial de la Rey Juan Carlos, Trevijano se incorporó en 2013 como magistrado al Tribunal Constitucional, destino en el que permanece. Su nombre figura en distintos convenios junto con el del todavía director del IDP el catedrático Enrique Álvarez Conde, que recaló en la Rey Juan Carlos tras cesar en octubre de 1999 como director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Había desempeñado ese cargo durante la etapa de Mariano Rajoy como ministro de Administraciones Públicas.
El organismo homólogo del INAP en el ámbito de la Comunidad de Madrid, el ya extinto Instituto Madrileño de Administración Pública (IMAP) se convirtió muy pronto en una gran fuente de ingresos públicos para el Instituto de Derecho Público de la URJC. Como desveló el sábado este diario, fue el IMAP el que patrocinó de hecho el mismo máster que supuestamente cursó la hoy presidenta de la Comunidad mediante una fórmula difícilmente detectable: subvencionar las matrículas de los funcionarios que se inscribiesen en el máster de Derecho Público del Estado Autonómico.
Pero antes de que, en un viraje cuyas razones no han trascendido, la Administración madrileña acudiera al patrocinio inverso -subvención directa a los alumnos pero siempre que se inscribiesen en un determinado máster y no en cualquiera de su elección aun si se enmarcaba dentro de su ámbito profesional-, el IDP había recibido fondos de Madrid por otras dos vías: convenios y contratos convencionales.
Este diario preguntó a los portavoces de la Consejería de Presidencia de Madrid por qué el Ejecutivo soslayó la fórmula del convenio discrecional que había empleado para dotar al IDP de financiación extraordinaria al menos entre los años 2005 y 2008 y optó por embarcarse en una serie de procedimientos administrativos que condujeron al mismo destino: nutrir las arcas de ese organismo autónomo de la URJC, que goza de personalidad jurídica propia desde abril de 2005 por decisión expresa del Gobierno madrileño.
El Gobierno acometió esos procedimientos a través del Instituto Madrileño de Administración Pública (IMAP), uno de esos organismos autónomos prácticamente inexpugnables para la oposición en su tarea de control y cuya liquidación ordenó Esperanza Aguirre en diciembre de 2010 junto con otros que ahora están bajo la lupa en casos como Púnica o Lezo.
Con un importe de 83.160 euros de los que, según el equipo de Cifuentes, solo se desembolsaron finalmente 25.200, ese primer contrato se adjudicó en 2009 a dedo. Es decir, mediante un "procedimiento negociado con publicidad" cuya convocatoria -y así lo detalla uno de los documentos del expediente, subrayando en negritas el adverbio negativo- "no se publica en el Boletín Oficial de la CM". El contrato entre el IDP y el IMAP se firmó el 4 de febrero de 2009. El curso había comenzado el 29 de enero. Así consta en el tríptico anunciador, incorporado también a la memoria oficial de aquel curso y que puedes ver pinchando aquí.
Para la edición siguiente, el IMAP eligió una fórmula de apariencia más transparente que el procedimiento negociado: un concurso cuya adjudicación quedaba sujeta a "varios criterios". Solo se presentó el IDP. En este caso, el importe se cuantificó en 73.080 euros. La adjudicación definitiva quedó datada el 11 de febrero de 2010. Para ese momento, el "VI Curso de Especialización sobre Arbitraje" llevaba ya casi dos semanas en marcha: la sesión inaugural, que en la memoria de IDP relativa al curso 2009-2010 aparece fechada el 28 de enero de ese segundo año, había corrido a cargo de Manuel Jiménez de Parga, expresidente del Tribunal Constitucional y en aquel momento presidente del Consejo Arbitral para Alquileres de la Comunidad de Madrid.
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Según el equipo de Cifuentes, "ambos procedimientos se ajustaban a la Ley de Contratos y garantizaban la concurrencia" A tenor de esa versión, "en el procedimiento negociado con publicidad la concurrencia se garantiza mediante el anuncio del contrato a través del portal del contratante y cualquier empresa o universidad interesada podía participar; en el abierto se garantiza mediante la publicación en el BOCM".
El tercer y último contrato de la serie fue "menor" y carece por tanto de más trámite que la aceptación de la factura. Fuentes oficiales de la Consejería de Presidencia lo explican así: "Como únicamente se matricularon cinco personas con un importe total de 13.000 euros, se trata de un contrato menor". Es decir, de antemano se sabía que el curso de arbitraje correspondiente a 2011 lo haría el IDP. Exactamente como llevaba ocurriendo desde 2005. De los tres contratos, solo el segundo es susceptible de ser localizado a través del perfil del contratante de la Comunidad de Madrid.
El Instituto Universitario de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que en el curso 2011-2012 organizó una nueva edición del máster que hoy mantiene a Cristina Cifuentes al borde del abismo, ya había recibido para esa fecha casi medio millón del Gobierno de Madrid. ¿Cómo? gracias a convenios discrecionales y a contratos a medida para cursos que comenzaron a impartirse antes de que hubiera adjudicación formal.