No hace un mes, el 28 de abril, el Ministerio del Interior informaba de la detención de 21 personas en el marco de la Operación Araña. Una actuación de la Guardia Civil "contra el uso público de las redes sociales para la comisión de presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo de ETA, así como de humillación de las víctimas del terrorismo", según definieron en el ministerio. Además de perseguir una conducta delictiva, en el departamento de Jorge Fernández Díaz presumían de la "intención ejemplarizante" de los arrestos. Para el Gobierno, aquel episodio se ha convertido en un precedente de lo que puede ocurrir con la investigación abierta el pasado lunes por la tarde cuando la red social Twitter albergó mensajes ofensivos contra Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, minutos después de ser asesinada a tiros.
En este caso, la Policía también pretende que aquellos mensajes en los que se haya incitado al odio, se haga apología de la violencia o se injurie a la fallecida, tengan su reproche penal o administrativo. De hecho, no se descartan detenciones en los próximos días.
De todo el arco parlamentario, son los partidos de izquierda los que han reaccionado de una forma más crítica a los últimos anuncios de Interior de los últimos días a raíz del asesinato de la presidenta del PP de León. Desde IU, por ejemplo, Gaspar Llamazares, califica de "caza de brujas" el intento de buscar responsabilidades en las redes sociales en este caso, y estima que responde a una estretegia emprendida desde Interior para politizar "desesperadamente" el asesinato de Carrasco, pese a que es "cada vez más claro" que se trata de un crimen "común" y no político.
En este episodio, desde el Gobierno se insiste de nuevo en el fin "ejemplarizante" del resultado que puedan tener las investigaciones abiertas. "Este tipo de comportamientos no pueden quedar impunes porque si no se da la sensación de que las redes sociales son una isla en la que atacar, insultar, calumniar, defender la violencia o desear la muerte a alguien desde el anonimato sale gratis", insisten desde Interior. Unas palabras prácticamente calcadas a las del ministro cuando este mismo martes anunció que en los próximos días se pondrá en contacto con el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para estudiar posibles cambios en la legislación para evitar la "incitación al odio" en internet. "Quien pone esos límites son las autoridades judiciales [...] Pero la apología del delito y la incitación al odio está claro que es una conducta que debe ser rechazada y debe tener un reproche penal o administrativo, pero un reproche sin duda".
Además del contenido de los mensajes que Interior dio traslado a la Policía, en el ministerio subrayan la relevancia que muchos de ellos alcanzaron, logrando altas cantidades de retuits y "llegando incluso a ser trending topic", el tema del momento en la red social Twitter. "El tema de la publicidad, de la repercusión, también hay que tenerlo en cuenta a la hora de estudiar cada uno de los casos", explican.
Otros precedentes
Pese a que de las declaraciones del ministro pueda desprenderse que no es posible perseguirse este tipo cpmportamientos en las redes sociales, lo cierto es que el Código Penal ya tipifica este tipo de delitos sin tener en cuenta el soporte. Para muestra está la propia Operación Araña, donde el campo de trabajo de los investigadores también fue las redes sociales. Y otro caso que suena mucho a los conservadores: a principios de este mes, la juez de lo Penal número 24 de Madrid condenó al pago de un de 1.300 euros a un joven por un delito de injurias a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, a través de las redes sociales. En este caso fue la propia delegada del Gobierno la que interpuso la denuncia.
Interior es consciente del debate abierto en las últimas horas sobre la competencia o no de la Policía para abrir la investigación de oficio, sin denuncia previa. En el equipo del ministro recalcan recalcan que es "perfectamente posible". También es consciente de las críticas que les han llovido desde todos los sectores –desde judiciales a los partidos de la oposición– por haber puesto ahora sobre la mesa ahora el debate sobre la necesidad de emprender cambios legales para perseguir comportamientos delictivos en internet. Al respecto, las fuentes consultadas defienden que del mismo modo que se persigue la violencia en los campos de fútbol con una legislación específica, debe estudiarse qué hacer para que en internet también sea un lugar seguro.
"La siguiente vas a ser tú"
La Policía busca el arma homicida en las inmediaciones donde murió Carrasco
Son numerosos los dirigentes del Partido Popular, sobre todo de Castilla y León, los que en los últimos días han lanzado a Interior peticiones públicas para que algunos de los comportamientos en las redes sociales –sobre todo en Twitter– no queden impunes. Su preocupación, coinciden algunos de estos dirigentes es que las amenazas o las injurias salten de las pantallas de los ordenadores a la calle. Y citan como ejemplo la detención, hecha pública en la tarde de este miércoles, de un hombre en Arnedo (La Rioja) por amenazar a una concejal del PP un día después de la muerte de la presidenta de la Diputación de León. "Tu compañera ya está bajo tierra, la siguiente vas a ser tú", fue una de las frases que la concejal incluyó en su denuncia según fuentes conocedoras del caso consultadas por infoLibre.
Tanto desde el Ministerio del Interior como desde el Grupo Parlamentario Popular consideran que lo delicado de esta cuestión hace necesario que los posibles cambios legislativos que se emprendan partan del "maximo consenso parlamentario", por lo que creen que el foro idóneo para debatirlo es la subcomisión sobre redes sociales que lleva meses trabajando en el Congreso de los Diputados.
A tenor de las primeras reacciones de los grupos parlamentarios, lograr el consenso en este campo va a ser bastante complicado. Jorge Fernández Díaz resumió hace un par de días que había que "limpiar" las redes de "indeseables" estudiando la forma de abordar instrumentos legales extra que permitan hacer compatible la libertad de expresión y el derecho a la información con el derecho de los ciudadanos a su honor, intimidad y seguridad. En el arco parlamentario hay quienes creen que no existe ningún tipo de lagunas en esta materia y que la legislación vigente es suficiente.
No hace un mes, el 28 de abril, el Ministerio del Interior informaba de la detención de 21 personas en el marco de la Operación Araña. Una actuación de la Guardia Civil "contra el uso público de las redes sociales para la comisión de presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo de ETA, así como de humillación de las víctimas del terrorismo", según definieron en el ministerio. Además de perseguir una conducta delictiva, en el departamento de Jorge Fernández Díaz presumían de la "intención ejemplarizante" de los arrestos. Para el Gobierno, aquel episodio se ha convertido en un precedente de lo que puede ocurrir con la investigación abierta el pasado lunes por la tarde cuando la red social Twitter albergó mensajes ofensivos contra Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, minutos después de ser asesinada a tiros.