Interior responsabiliza a los tribunales de fallos al investigar torturas

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, apeló este miércoles en el Congreso de los Diputados a la "separación de poderes" para responsabilizar a los tribunales y no al Gobierno de las posibles deficiencias en la investigación de torturas a detenidos de ETA. El diputado del PNV, Emilio Olabarría le había preguntado acerca de cinco condenas a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no haber investigado lo suficiente sendas denuncias de malos tratos.

El ministro defendió que en España existe la "separación de poderes" y le recordó al diputado nacionalista que el tribunal europeo no ha condenado a España por torturas ya que "no ha entrado a valorarlas", sino "a la insuficiente investigación judicial por lo que no refiere al Gobierno, sino a otro poder del Estado". Además, ha explicado que los hechos que tratan esas sentencias "traen causa de hechos en legislaturas anteriores".

El ministro recordó que "esas cinco denuncias se refieren a presuntos miembros de ETA a los que se les aplicó la incomunicación (tras su detención) que ya dispone de un riguroso control judicial". Además, citó la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal para destacar que se van a introducir medidas "contra acciones que atenten contra la integridad". Añadió que de los últimos 80 etarras detenidos en España "a ninguno se le aplicado ya la detención incomunicada".

En su réplica, le reprochó al diputado nacionalista que haya realizado esta pregunta cuando él era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el momento en el que se produjeron algunos de los hechos denunciados. "Pregúnteselo a sí mismo y no traiga aquí esta cuestión", le contestó.

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Olabarría en cambio insistió en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es al Reino de España a quien a condenado con el pago de 200.000 euros en concepto de indemnización y que el Gobierno de España es el responsable de mantener la actual política antiterrorista que no está dispuesto a cambiar. A su juicio se trata de "una política de excepción" y acusó al ministro de actuar "como si en Euskadi no hubiese pasado nada". "No asume que la situación es muy diferente", añadió.

Denunció, asimismo, que lo que hace el tribunal europeo es dictar una "amonestación severa" contra España por no investigar con diligencia los casos de tortura "con carácter general" y citó un informe elaborado por el Gobierno vasco y coordinado por el forense Carlos Echeverría en el que se cifra en 3.587 los casos de torturas y malos tratos entre 1960 y 2013.

También recogió otros estudios en los que se habla de 6.000 denuncias de tortura "que son veraces, con suficiente fundamento". "No sé si estos datos le abochornan, creo que a cualquiera le deberían abochornar", insistió Olabarría, quien finalizó diciendo que esta actitud demuestra "la calidad democrática de un Estado".