La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) concluye, en un informe presentado ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro, que la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCV), entidad que sufragó parte de las tres ediciones del evento Valencia Summit y cuyo presidente, Alfonso Grau, ha sido citado a declarar como imputado, pertenece al sector público, integrada en concreto en el Ayuntamiento de Valencia.
Así lo pone de manifiesto en un dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha elaborado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y que el fiscal Pedro Horrach entregó al juez junto a un escrito en el que apoyaba la imputación de Grau, solicitada por los concejales del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia.
La conclusión de la IGAE, alcanzada en su día también por el Tribunal de Cuentas, contrasta con las declaraciones efectuadas hasta el momento por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien sostiene que se trata de una entidad privada que por tanto no estaba sujeta a las normas de contratación pública, al igual que determinaba un dictamen jurídico aportado al caso Nóos por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, para intentar acreditar que no cabía supervisar o auditar el precio abonado por el evento deportivo.
En su análisis, la IGAE subraya que es el consistorio valenciano el que financia la casi totalidad del presupuesto de la FTVCB y además es el que controla su gestión, al corresponderle el 99,55 por ciento de los votos. De hecho, el organismo público remarca que con la firma del convenio y de las dos addendas posteriores para la celebración de los Valencia Summit –por cuya organización el Instituto Nóos percibió 3,6 millones de euros públicos, a pesar de que para ello únicamente empleó 910.600 euros–, la fundación eludió la aplicación de los preceptos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas relativos a la licitación y formas de adjudicación.
En este sentido, la IGAE señala cómo esta normativa exige a la entidad del sector público contratante –en este caso la FTVCB– que, con carácter previo a la contratación, "defina las necesidades públicas que se pretenden satisfacer con el contrato y determine el precio de la prestación, seleccione al contratista mediante un procedimiento público y de concurrencia competitiva y adjudique el contrato a la oferta económicamente más ventajosa".
En esta misma línea, Horrach señala en su escrito, apoyándose en las conclusiones de la Intervención del Estado, que es el sector público el que financia la práctica totalidad de los gastos de la FTVCB, siendo la aportación del Ayuntamiento la de mayor importe, alcanzando la misma la suma de 63,4 millones de euros entre 1992 y 2013.
"Inicios fundados de criminalidad"
El Tribunal de Cuentas desvela el descontrol de las fundaciones públicas en la gestión de sus inmuebles
En concreto, Castro citó a declarar a Grau, también vicealcalde de Valencia, para el próximo día 31, al alegar en su auto que "existen indicios fundados de criminalidad" en los hechos relacionados con la firma y ejecución de los convenios que fueron suscritos en 2004, 2005 y 2006 para la celebración de los Valencia Summit.
En su resolución, Castro incide en que "existen indicios racionales de que en las diferentes contrataciones se orilló el interés general, se prescindieron de los obligados cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado así como tampoco se fiscalizó el desarrollo del convenio ni se pidió al Instituto Nóos que justificara el destino de los fondos recibidos".
Según un informe de la Agencia Tributaria, sólo en 2004 Nóos destinó a la preparación del primer Valencia Summit 194.436 euros, a pesar de que para ello había percibido un total de 1,044 millones públicos. Un año después, de los 1,5 millones que recibió, tan sólo gastó en facturas de la segunda edición 395.597 euros, mientras que en lo que a la tercera edición se refiere, el Instituto recibió 1,049 millones, de los que empleó 320.635 euros para el evento. Así, hasta un total de 3,6 millones de euros recibió Nóos de la Administración pública valenciana por las tres ediciones del evento deportivo.
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) concluye, en un informe presentado ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro, que la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCV), entidad que sufragó parte de las tres ediciones del evento Valencia Summit y cuyo presidente, Alfonso Grau, ha sido citado a declarar como imputado, pertenece al sector público, integrada en concreto en el Ayuntamiento de Valencia.