Las inundaciones en España han pasado a considerarse de algo inevitable, que no se puede prever y contra lo que no se puede luchar, a una cuestión, casi como todas, política. Las Administraciones no pueden evitar que llueva, pero sí pueden hacer que el agua encuentre su camino hacia el mar encontrándose los mínimos impedimentos posibles: edificios, coches y personas. Pueden, y deben, cuidar los cauces para que los ríos no se excedan de su curso natural en caso de tromba: y pueden y deben luchar con todos los métodos a su alcance contra el cambio climático, que aumenta la frecuencia y la intensidad de estos fenómenos. "Los planes de inundación en España no entran en el meollo de la cuestión: las construcciones en zonas inundables", denuncia el coordinador de Aguas de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas.
La última desgracia ha tenido lugar en Cantabria y Asturias. 156 desalojados y más de 800 incidencias se registraron en Cantabria la pasada semana. "No hay río que no esté desbordado", señaló su presidente, Miguel Ángel Revilla, que se volvió de Fitur para coordinar las labores de rescate y emergencia. Lo sorprendente no fue tanto la intensidad del fenómeno como su extensión: afectó a toda la comunidad autónoma. En Asturias el episodio se saldó con cuatro personas fallecidas; unas al verse sorprendidas por los ríos desbocados y otras por los desprendimientos.
La primera consecuencia de que las inundaciones sean políticas es que se trasladan a la disputa política. El presidente Revilla, además de advertir con buen tino que estas catástrofes serán cada vez más comunes por el cambio climático, cargó contra las Confederaciones Hidrográficas del Ebro y del Cantábrico. Responsables, según la legislación española, de elaborar planes de gestión de inundaciones, que incluyen el cuidado de cauces. Las acusó de "no estar haciendo nada" ni permitir a otras administraciones "hacer nada" para evitar, prevenir o minimizar los efectos de las inundaciones. "Nos llenan de multas", criticó el dirigente, que afirmó que hay zonas afectadas donde las Confederaciones no permitían drenar cauces ni retirar árboles que estaban en el mismo río y que ahora, según explicó, han quedado arrancados por las inundaciones y han dañado puentes.
"Desde la Confederación en ningún momento se ha denegado ninguna petición de limpieza que hemos realizado, de un total de 30 solicitudes en los últimos años", defendió Nicolás Toral, el secretario general del PSOE en Cabuérniga. Un municipio especialmente afectado por las inundaciones y de un partido que gobierna la región en coalición con el partido de Revilla. A su ayuda salió la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, que aseguró que el Ejecutivo había encargado la limpieza de los cauces a la empresa Tragsa.
Todas las Confederaciones Hidrográficas, quitando las de las Islas Canarias, cuentan con sus planes de gestión de inundaciones y son responsables de su cumplimiento, según establece el real decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. A pesar de que dicho decreto es del 2010, la mayoría se aprobaron a principios de 2016: por lo que, en las únicas evaluaciones disponibles en la web del Ministerio, la mayoría de las actuaciones a acometer aún no se habían ejecutado. Las medidas son de todos los tipos y a todos los niveles, e incluyen desde la mejora de las redes de alerta hasta la limpieza de cauces, la inversión en I+D+i o la evaluación de los efectos del cambio climático. Estos seguimientos incluyen un capítulo específico para las llamadas Áreas con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs), que incluyen la construcción o el mantenimiento de infraestructuras para evitar la crecida de ríos en caso de precipitaciones abundantes.
Aquí, a juicio de los ecologistas, está el problema. "Obras como diques y dragados no sirven para nada: son, de hecho, contraproducentes, ya que generan una sensación de falsa seguridad. Cuando el agua supera ciertos niveles va a su albedrío sin ningún tipo de control, se pueden producir daños realmente graves", asegura Martín Barajas. La contención de las riadas solo sirve cuando la riada no es lo suficientemente grande: cuando, azuzada por el cambio climático, supera las barreras que se le ponen, arrasa por todo. Es por ello que Ecologistas en Acción pone el foco en otro punto: las construcciones en cauces de ríos. La organización las cifra en 40.000. Algunas de ellas en las violentas inundaciones de octubre de 2018 en Sant Llorenç (Mallorca), una riada que dejó varios muertos que se encontraban en el camino del agua.
Martín Barajas alude al artículo 28 de la ley del Plan Hidrológico Nacional, que es bastante claro: "En el dominio público hidráulico se adoptarán las medidas necesarias para corregir las situaciones que afecten a su protección, incluyendo la eliminación de construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo". Si la ley, de 2001, es tan clara, ¿por qué hay 40.000 construcciones en cauces? Porque, simplemente, no se ha cumplido la ley, defienden los ecologistas.
La ley no solo prohíbe la construcción en estas zonas, sino que insta a las administraciones a su eliminación. Una tarea "tremendamente compleja", aseguró la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la última reunión del Consejo Nacional del Agua, como argumento para echar balones fuera. El Gobierno, según se desprende de sus declaraciones, no abordará la eliminación de construcciones en cauces de ríos, sensibles a unas riadas que serán cada vez más comunes.
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El caso de Canarias
El caso concreto de Canarias, con siete demarcaciones hidrográficas distintas (La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura), es distinto al del resto del territorio nacional. Los planes hidrológicos de segundo ciclo (2015-2021) se empezaron a aprobar en mitad del periodo de aplicación, en 2018, después de que el Gobierno autonómico asumiera una competencia en principio destinada a los cabildos y ante las exigencias de la Unión Europea.
La Comisión ha denunciado a España esta pasada semana ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber aprobado ni uno solo de los planes de gestión de inundaciones obligatorios del archipiélago canario. En una comunidad autónoma que, por su lugar geográfico, estará en los próximos años expuesta a huracanes como el de Leslie, agravados por el cambio climático. "Canarias es una zona particularmente peligrosa. No suelen tener zonas llanas, hay barrancos" creados por la formación volcánica de las islas, advierte Martín Barajas. En caso de fuertes precipitaciones, "te viene una avalancha por menos de nada", asegura.
Las inundaciones en España han pasado a considerarse de algo inevitable, que no se puede prever y contra lo que no se puede luchar, a una cuestión, casi como todas, política. Las Administraciones no pueden evitar que llueva, pero sí pueden hacer que el agua encuentre su camino hacia el mar encontrándose los mínimos impedimentos posibles: edificios, coches y personas. Pueden, y deben, cuidar los cauces para que los ríos no se excedan de su curso natural en caso de tromba: y pueden y deben luchar con todos los métodos a su alcance contra el cambio climático, que aumenta la frecuencia y la intensidad de estos fenómenos. "Los planes de inundación en España no entran en el meollo de la cuestión: las construcciones en zonas inundables", denuncia el coordinador de Aguas de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas.