La investigación abierta hace año y medio en Suiza y que involucra a Juan Carlos I como supuesto receptor de 100 millones de dólares pagados por Arabia Saudí ha devuelto al primer plano de la política española las sospechas de corrupción sobre el rey emérito. La confirmación de que Anticorrupción espera los datos requeridos a la Fiscalía de Ginebra ha activado ya tensiones en el Congreso. Unidas Podemos se sumó este jueves a la petición de cinco formaciones (ERC, Junts, Compromís, BNG y Más País) para que una comisión investigue las "presuntas actividades corruptas" del rey emérito por el AVE a la Meca. Mientras, el socio mayoritario del Gobierno anticipó de forma implícita su negativa a tal investigación: los socialistas aducen que los letrados de la Cámara ya se mostraron contrarios a una propuesta similar en octubre de 2018.
En el escenario jurídico, fuentes consultadas por este periódico han confirmado que si lo investigado por Suiza ofrece elementos suficientes para una querella por corrupción internacional, la fiscalía especializada que dirige Alejandro Luzón presentará una querella desgajada del caso Villarejo. Una de las piezas de la macrocausa sobre el controvertido comisario que le da nombre y que se instruye en el juzgado 6 de la Audiencia Nacional se abrió al trascender en julio de 2018 las grabaciones donde la antigua amiga íntima del rey lanzaba afirmaciones de máxima gravedad. La más relevante, que Juan Carlos I había percibido una parte de las mordidas pagadas por distintas empresas españolas a cambio de hacerse con la licitación convocada en 2009 para unir por tren las ciudades saudíes de Medina, Yeda y La Meca. Denominada Carol, esa pieza fue archivada de manera provisional en septiembre de 2018.
Pero, en paralelo a aquel archivo, Anticorrupción abrió sus propias diligencias sobre los hipotéticos pagos del AVE del desierto. Y no cerró la puerta a investigar a Juan Carlos I. Como explicaron entonces fuentes de la Fiscalía, si bien la figura de Juan Carlos I resulta intocable en cualquier posible delito datado mientras ejercía la Jefatura del Estado, todo lo ocurrido tras su abdicación en junio de 2014 puede pasarle factura penal. Por ejemplo, el monarca se vería involucrado en un eventual delito de blanqueo si todo o parte del dinero que hubiese podido cobrar se sometió a algún tipo de afloramiento después del momento en que cedió el testigo del poder a su hijo. Las fuentes consultadas consideran no obstante poco probable esa hipótesis.
Ahora bien, en el supuesto de que los papeles reclamados a Suiza apuntan al monarca, Anticorrupción deberá remitir el caso al Supremo. El alto tribunal es el único que puede investigar a Juan Carlos I, que goza de aforamiento por su condición. El delito de corrupción internacional solo es perseguible a instancia expresa de la Fiscalía. Y ha de investigarse en uno de los países implicados. O sea, en España o en Arabia Saudí, opción esta última que se perfila remota.
Como adelantó este jueves eldiario.es, la Fiscalía Anticorrupción ha enviado una comisión rogatoria a Suiza para acceder a los datos que dispongan sobre una supuesta donación de 65 millones de euros desde una fundación panameña vinculada a Juan Carlos I –Lucum Foundation– a una cuenta de su amiga Corinna Larsen. La petición de auxilio judicial a la Fiscalía de Suiza fue cursada hace un mes aproximadamente.
Entre la información que aguarda la Fiscalía española figuran no solo los movimientos de la cuenta de Lucum Foundation sino también sobre su o sus beneficiarios últimos.
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En octubre, el fiscal especial que investiga el caso, Yves Bertossa, mantuvo en Madrid una reunión a la que asistieron Luzón, el fiscal encargado de las diligencias de la Fiscalía sobre el AVE a la Meca, los dos del caso Villarejo y el juez que instruye esa causa, Manuel García Castellón. En ese encuentro, Bertossa pidió a su vez a la Audiencia Nacional los audios de la reunión que mantuvieron en Londres en 2015 el comisario ahora encarcelado José Villarejo y Corinna zu Sayn Wittgenstein. ¿El porqué de esa solicitud? Incorporarlos a la investigación que tiene abierta sobre presuntos testaferros de Juan Carlos de Borbón en cuentas bancarias en ese país. Los audios ya le han sido entregados al país centroeuropeo.
El pasado martes, el diario suizo Tribuna de Ginebra, publicó que el fiscal Yves Bertossa, que investiga esos hechos, encontró evidencias del movimiento de 100 millones de dólares por parte de los gestores de cuentas en Suiza, Dante Canónica y Arturo Fasana –que fue investigado en España por gestionar las cuentas que tenía en Suiza el líder de Gürtel Francisco Correa–. En este marco, el fiscal tomó declaración el pasado 19 de diciembre a Fasana, Canónica y a Corinna Larsen, quien en los mencionados audios aludió a Fasana y Canonica como presuntos testaferros del monarca.
Según el citado diario, la Fiscalía suiza considera que los 100 millones de dólares que llegaron a una cuenta en Panamá de la fundación Lucum proceden del rey saudí Abdul Aziz Al Saud, y que el beneficiario único de esa fundación sería Juan Carlos I.
La investigación abierta hace año y medio en Suiza y que involucra a Juan Carlos I como supuesto receptor de 100 millones de dólares pagados por Arabia Saudí ha devuelto al primer plano de la política española las sospechas de corrupción sobre el rey emérito. La confirmación de que Anticorrupción espera los datos requeridos a la Fiscalía de Ginebra ha activado ya tensiones en el Congreso. Unidas Podemos se sumó este jueves a la petición de cinco formaciones (ERC, Junts, Compromís, BNG y Más País) para que una comisión investigue las "presuntas actividades corruptas" del rey emérito por el AVE a la Meca. Mientras, el socio mayoritario del Gobierno anticipó de forma implícita su negativa a tal investigación: los socialistas aducen que los letrados de la Cámara ya se mostraron contrarios a una propuesta similar en octubre de 2018.