"El Gobierno salva del despido a decenas de científicos de élite". Hace unas semanas, la precariedad de la investigación en España volvió a acaparar titulares. La Ley de Presupuestos Generales amenazó a profesionales del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) o del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) con el despido, ya que la norma aseguraba que el encadenamiento de contratos temporales sin uno indefinido como colofón en fundaciones científicas, no estrictamente públicas, era fraude de ley. El motivo es que estaban fuera de la Ley de la Ciencia de 2011, que establece que no es ilegal realizar contratos temporales de más de tres años a investigadores de universidades u organismos públicos de investigación (OPI's). El Ejecutivo cambió sobre la campana la norma gracias a un decreto urgente y todo pareció volver a la normalidad: el Consejo de Ministros se da cuenta del error, lo subsana, todo sigue igual, aquí no ha pasado nada. Sin embargo, asociaciones de científicos se quejan de que el episodio ha evidenciado, pero no ha visibilizado, el problema de fondo: bajo el pretexto de "la ciencia es así" la temporalidad en la investigación está institucionalizada y condena a la inestabilidad a miles de trabajadores que no están desempeñando un trabajo temporal.
Tanto la Ley de la Ciencia como una disposición del Estatuto de los Trabajadores relativa a la investigación avalan legalmente ese "la ciencia es así". Así significa que, históricamente y en muchos países del mundo, se ha considerado que funciona en base a proyectos: duran determinados años, por lo que no tenía sentido contratar a indefinidos fijos. Es la razón de que naciera en la ciencia la excepción al límite general de los temporales, de contrataciones de 24 meses en un periodo de 30 meses. La protesta surge cuando también están sujetos a esa inestabilidad científicos senior que, sea cual sea el proyecto, trabajan en el laboratorio por sus conocimientos y su experiencia: o técnicos de laboratorio que se conocen al dedillo el instrumental y los métodos, no tan ligados a la naturaleza de lo que se esté trabajando.
El episodio con el CNIO, el CNIC y las fundaciones a las que "rescató" el Ejecutivo fueron la mecha para que la asociación de investigadores Ciencia con Futuro se decidiera a redactar un documento titulado El Gobierno no salva a ningún investigador, solo alarga su agonía. Fue colgado en su blog y base de una campaña de firmas en Change.org, impulsada por una investigadora, que ya lleva casi 20.000 firmas. "El problema para la ciencia española no es que docenas de trabajadores puedan permanecer en sus puestos de trabajo uno o dos años más. El verdadero problema es más bien que aceptamos realizar contratos a nuestros investigadores en inferioridad de condiciones a la mayoría de los trabajadores del Estado", reza el texto.
El portavoz de la organización Manuel Castellano, uno de los autores del documento, explica que en la comunidad científica no hay un consenso acerca de los inconvenientes de la temporalidad. "Hay una falta de comunicación entre el que tiene el problema y el que no. Y culturalmente se entiende que la ciencia funciona por proyectos de investigación", incide, pero "hay una incongruencia entre cómo funcionaba antes y cómo funciona ahora. En un laboratorio siempre necesitas apoyo técnico y administrativo. Cuando termina un proyecto, sigue generando otros. Y hay investigadores postdoctorales que se quedan", asegura. Investigadores que no están ligados a lo efímero de una investigación y que nunca consiguen un contrato indefinido porque la ley de su sector permite que no lo consigan, a diferencia de un trabajador de otro sector cualquiera. "Hay consecuencias en nuestra vida en las que muchos no caen. No podemos acumular meses de paro. Estamos en inferioridad", asegura, aunque es plenamente consciente de que el problema de la temporalidad no es exclusivo de la ciencia.
Dos caminos, parecida precariedad
Hay diversos caminos para ser investigador en España y todos, desgraciadamente, cuentan con niveles semejantes de precariedad e inestabilidad. Una vez el alumno termina su carrera y su máster, si decide hacer una tesis y obtiene una beca, se convierte en investigador predoctoral. Ese periodo puede durar unos cuatro años. Posteriormente, puede convertirse en un investigador posdoctoral, cuando el investigador se adentra en una especialización que puede llevar hasta una década. Estas etapas pueden ser dentro de Organismos Públicos de Investigación (OPI’s), como el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), o fundaciones de carácter semiprivado como el CNIC o el CNIO, fuera de la temporalidad encadenada, en teoría, hasta la rectificación del Gobierno. En estas instituciones el trabajador, siempre temporal, se dedicará solo a investigar. Pero hay otro camino: la docencia y la investigación de las universidades. En ambas vías, la posibilidad de un contrato indefinido es remota, pero en el caso de las universidades, la luz al final de la beca aún se puede entrever. El primer paso es la primera categoría como contratado, de Profesor Ayudante Doctor, en el que se puede estar un máximo de cuatro años con uno de prórroga. Es el primer escalón hasta llegar a la primera plaza de funcionario real, de profesor sin adjetivos.
El secretario de Comisiones Obreras (CCOO) de la Universidad de Canarias, Alberto Marín, asegura que "a día de hoy, hay una diferencia sustancial" entre las OPI’s y las universidades: "En la Universidad hay posibilidades de estabilización, pero en las OPI’s no". Ambas vías tienen una tasa de reposición baja, de sustitución de los indefinidos fijos que se jubilaban, que durante los peores años de la crisis fue muy inferior al 100%: pero, como explica Marín, en determinadas universidades se ha abierto la puerta a que se reemplacen los puestos que se quedaron fuera cuando la tasa era inferior al 100%, pero en las OPI’s solo se pueden reemplazar los que se jubilaron ese mismo año, por lo que hay plazas que por ahora no se van a cubrir. Los investigadores postdoctorales que están con un contrato temporal en el CSIC, por ejemplo, no ven ahora mismo ninguna posibilidad de quedarse en esos organismos con un mínimo de tranquilidad con respecto al futuro, mientras que los de las universidades aún pueden seguir luchando.
Marín explica que su organización, CCOO, "se opuso a la excepcionalidad de los encadenamientos que el Gobierno puso en la Ley de la Ciencia y en el Estatuto de Trabajadores", y se opone al decreto por el cual esa excepcionalidad se amplió a los científicos de las fundaciones. "Lo malo es que el sector científico está poco sindicalizado y no encontramos el suficiente apoyo para evitarlo", se lamenta. Marín explica uno de los clásicos argumentos que se suelen ofrecer para defender la temporalidad: el ejemplo de Alemania, un país europeo en el que la temporalidad de los investigadores es la norma en la inmensa mayoría. Pero las diferencias son evidentes, constata. "Con el volumen de financiación e inversión en investigación de Alemania, la situación no es de precariedad real. Sí de inestabilidad", porque el trabajador alemán sabe que, en caso de quedarse sin contrato, le va a costar muy poco encontrar otro, a diferencia del español. "En España, se cobra muy poco y las retribuciones están congeladas. Se les acaba el contrato y no saben dónde van a acabar". "Lo que en realidad se hace en investigación es que se aprovechan de la necesidad para sobreexplotarlos considerablemente", concluye.
La crisis de la ciencia en España: no sólo el conflicto catalán lastró a Barcelona con la Agencia Europea de Medicamentos
Fuga de cerebros y fuga de desanimados
Se opte por los centros públicos de investigación o por las universidades, la realidad es que los recursos destinados a ciencia han caído en España un 34,69% entre los años 2009 y 2013. Los proyectos, los centros, las facultades y los departamentos se pelean por la financiación y hay un tapón considerable de investigadores, jóvenes y no tan jóvenes, esperando una oportunidad que nunca llega. En los medios suele aparecer el término fuga de cerebros como máximo exponente de la parálisis del I+D español: jóvenes que, aunque quieran revertir en el país que le ha formado todos sus conocimientos, no pueden, y terminan desarrollando su carrera profesional fuera de nuestras fronteras. Pero hay otro fenómeno mucho más silenciado, del cual "no existe un segmento de datos", más allá de "las sensaciones" de la comunidad, asegura Castellano: los investigadores que, simplemente, abandonan la ciencia, cansados de no poder hacer planes más allá de lo que se traen entre manos en el laboratorio.
"Muchos abandonan después de su periodo predoctoral. No todos tienen vocación científica y se dan cuenta, lo entiendo. Pero otros muchos, con vocación, se han encontrado con una crisis exagerada. Para seguir tienen que hacer un esfuerzo extraordinario, y no les compensa", explica Marín. Los científicos que se oponen a la eterna temporalidad no solo se enfrentan a unos recursos congelados y a unos derechos laborales menguados y amparados por la ley, sino a que ni siquiera hay consenso en la comunidad científica al respecto. Y, si se enfrentan, puede haber consecuencias: el pasado año se produjo una ola de científicos del CSIC que, amparados por la llamada Ley Caldera, que obliga a hacer indefinido a un trabajador de la administración pública que haya encadenado más temporales de lo permitido, reclamaron el contrato que les correspondía. El CSIC les impuso castigos y bajadas de sueldo porque, aseguraban, no podían asumir la avalancha. Cada vez son más las voces que claman que "la ciencia no es así", aunque parezca estar condenada, al menos por el momento, a serlo.
"El Gobierno salva del despido a decenas de científicos de élite". Hace unas semanas, la precariedad de la investigación en España volvió a acaparar titulares. La Ley de Presupuestos Generales amenazó a profesionales del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) o del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) con el despido, ya que la norma aseguraba que el encadenamiento de contratos temporales sin uno indefinido como colofón en fundaciones científicas, no estrictamente públicas, era fraude de ley. El motivo es que estaban fuera de la Ley de la Ciencia de 2011, que establece que no es ilegal realizar contratos temporales de más de tres años a investigadores de universidades u organismos públicos de investigación (OPI's). El Ejecutivo cambió sobre la campana la norma gracias a un decreto urgente y todo pareció volver a la normalidad: el Consejo de Ministros se da cuenta del error, lo subsana, todo sigue igual, aquí no ha pasado nada. Sin embargo, asociaciones de científicos se quejan de que el episodio ha evidenciado, pero no ha visibilizado, el problema de fondo: bajo el pretexto de "la ciencia es así" la temporalidad en la investigación está institucionalizada y condena a la inestabilidad a miles de trabajadores que no están desempeñando un trabajo temporal.