En los últimos días, la Mesa del Congreso de los Diputados se ha negado a tramitar varias preguntas por escrito al Gobierno en relación al supuesto uso de fondos reservados del Estado para silenciar una relación entre el rey emérito Juan Carlos I y la vedette Bárbara Rey. La última negativa se hizo pública este lunes, cuando se conoció que el órgano de gobierno de la Cámara baja ha inadmitido una pregunta a este respecto del diputado de IU Ricardo Sixto argumentando que, al afectar el asunto a fondos reservados, no podría ser debatido en el pleno del Congreso. La Mesa ofrece una segunda razón para apoyar su razonamiento: el hecho de que la figura del rey es inviolable según la Constitución. No obstante, según los expertos consultados por infoLibre, este segundo motivo no sería óbice en ningún caso para que el Congreso pudiera investigar el asunto.
La pregunta al Gobierno que registró Sixto el 18 de enero era la siguiente: "¿Tiene constancia el Gobierno de que entre 1996 y 1997 se utilizaron fondos reservados para comprar el silencio y la discreción de una conocida actriz que mantenía una relación con el rey don Juan Carlos?". A esta cuestión, la Mesa respondió que el Ejecutivo no puede responder por escrito la pregunta –tal y como solicitaba Sixto– porque los temas que afecten a fondos reservados deben ser tratados "a través de la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados" y, de paso, recordaba al diputado "la previsión del artículo 56.3 de la Constitución, por la que se establece que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".
Pero si bien es cierto que las preguntas relativas a la utilización de fondos reservados tienen que realizarse en la comisión correspondiente –y la información que allí se trate está sujeta a secreto–, la inviolabilidad del rey que recoge la Constitución no es óbice para que el Congreso indague sobre si este dinero se dedicó a pagar el silencio de Bárbara Rey. Así lo confirman varios expertos en Derecho Constitucional consultados por este diario, que aseguran que, en todo caso, la previsión constitucional protegería al rey de cualquier consecuencia legal que pudiera derivarse de un mal uso de los fondos.
El Gobierno o el CNI "no pueden negarse a dar información al Congreso escudándose en la irresponsabilidad legal del rey", sostiene Eduardo Vírgala, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco (UPV). Con él coincide Francisco Caamaño, ex ministro de Justicia y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, que explica que "la inviolabilidad del rey afecta a eventuales responsabilidades penales", pero no impide "investigar el destino de los fondos públicos", por mucho que sean reservados. "Se trata del típico recurso que se utiliza para espantar", apunta Caamaño en referencia al argumento ofrecido por la Mesa.
Sin embargo, los juristas consultados coinciden en señalar que, al haberse producido los supuestos pagos en la etapa en la que el rey Juan Carlos ocupaba el puesto de jefe del Estado, la inviolabilidad del cargo sí le protegería de cualquier responsabilidad que se derivase de una investigación que desvelara un uso ilegal de los fondos reservados. "El rey quedaría exonerado de ese mal uso, y aunque siempre tiene que haber una persona responsable, nunca podría ser él", explica Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED.
La Comisión de fondos reservados ni se ha constituido
IU vuelve a pedir cuentas sobre la herencia suiza del rey Juan Carlos y denuncia su "opacidad"
De esta manera, según los juristas consultados, si se pidieran explicaciones en la comisión correspondiente –la de control de los créditos destinados a gastos reservados– la Mesa tendría que aceptar a trámite la iniciativa. No obstante, no parece posible que se aborde el tema en sede parlamentaria a corto plazo, ya que la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados ni siquiera se ha constituido todavía en esta XII Legislatura.
En esta comisión se sientan, habitualmente, los líderes de cada uno de los grupos parlamentarios, y estos tienen el deber de guardar secreto de todo lo que se aborde en ella. Pero la última legislatura en la que estuvo constituida fue la X, que tuvo lugar entre 2011 y 2015, ya que en la fallida XI Legislatura no llegó a crearse la comisión y, seis meses después de que se haya iniciado la legislatura actual, tampoco ha llegado a constituirse. En este órgano debe comparecer periódicamente el director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, y los ministros que disponen de fondos reservados: Interior, Defensa, Exteriores y Presidencia (como responsable del CNI).
El posible uso de fondos públicos para comprar el silencio de Bárbara Rey era conocido desde años, ya que ha sido publicado en varios libros sobre la vida de Juan Carlos I. No obstante, el asunto se puso de nuevo de actualidad hace unos días tras revelar Okdiario que agentes del Cesid (el actual CNI) depositaron entre 1996 y 1997 en un banco de Luxemburgo cantidades millonarias de dinero que, presuntamente, recibió la vedette. No hay unanimidad sobre el dinero que pudo recibir: unas versiones hablan de un ingreso único de 500 millones de pesetas (tres millones de euros) y otras de pagos mensuales durante años. También está bajo sospecha la contratación de la actriz en televisiones públicas, que se habría realizado por indicaciones de la Casa del Rey.
En los últimos días, la Mesa del Congreso de los Diputados se ha negado a tramitar varias preguntas por escrito al Gobierno en relación al supuesto uso de fondos reservados del Estado para silenciar una relación entre el rey emérito Juan Carlos I y la vedette Bárbara Rey. La última negativa se hizo pública este lunes, cuando se conoció que el órgano de gobierno de la Cámara baja ha inadmitido una pregunta a este respecto del diputado de IU Ricardo Sixto argumentando que, al afectar el asunto a fondos reservados, no podría ser debatido en el pleno del Congreso. La Mesa ofrece una segunda razón para apoyar su razonamiento: el hecho de que la figura del rey es inviolable según la Constitución. No obstante, según los expertos consultados por infoLibre, este segundo motivo no sería óbice en ningún caso para que el Congreso pudiera investigar el asunto.