Las constantes trabas generadas por el sistema de voto rogado son una muestra reiterada de las carencias que posee la reforma electoral pactada por conservadores y socialistas en enero del 2011 y que afecta a los españoles residentes en el extranjero. La obligación de rogar el voto ha dado pie durante más de cinco años de citas electorales a repetidas quejas por parte de los ciudadanos, que han tenido que asumir los costes de una ley que no garantiza su derecho a participar en las elecciones.
Las reivindicaciones sociales, abanderadas principalmente por el colectivo Marea Granate, han tenido también su traducción parlamentaria. El pasado 3 de marzo, Podemos y Compromís instaron al Gobierno a poner en marcha una comisión de investigación sobre las "irregularidades" del voto rogado, mientras que el 7 de octubre el Grupo Mixto registró una Proposición de Ley que solicita la modificación de la Ley Orgánica 1/1985 del Régimen Electoral para "facilitar el voto a los residentes en el exterior eliminando el sistema de voto rogado y estableciendo un sistema de votación electrónica".
Las demandas de los afectados dan ahora un paso más y llegan al Parlamento Europeo, que debatirá un conjunto de peticiones que giran en torno al derecho a voto. El jueves se pondrán sobre la mesa cuatro demandas al respecto: una de un ciudadano británico, otra de un elector danés, y otras dos que tienen su origen en España.
La importancia de una regulación europea
En el año 2014, Gabriel de la Cruz registró una reclamación en la página web de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. "Llevo viviendo en Finlandia 13 años, y llevaba sin poder votar desde que se modificó la ley", comenta el toledano en conversación con infoLibre.
El documento en el que se expone la petición relata que, según la queja presentada, "los procedimientos que deben seguir los nacionales españoles para votar desde su lugar de residencia se han vuelto mucho más complicados, con el objetivo de reducir drásticamente el número de votantes".
De la Cruz denuncia que no fue capaz de votar en ninguno de los comicios celebrados desde el año 2010, incluidas las elecciones europeas del 2014. El problema con el que se topaba el elector era la imposibilidad de superar las barreras de los envíos: "Nunca me llegaban las papeletas, y la Delegación Provincial de Toledo culpaba siempre al servicio de Correos". Para De la Cruz, la experiencia que ha cosechado desde que socialistas y conservadores modificaran la ley, le ha llevado a concluir que "el sistema no está diseñado para que funcione". Se queja, en este sentido, de los constantes obstáculos para ejercer un derecho fundamental que hasta el momento siempre había podido desempeñar. "No entiendo por qué puedo ir al banco con mi pasaporte y obtener un crédito, pero no puedo ir a votar con mi pasaporte", lamenta.
El denunciante, que intervendrá el jueves ante la Cámara europea, reclama "conciencia a nivel europeo del problema" y la puesta en marcha de "algún tipo de iniciativa que garantice el voto" otorgando el tiempo suficiente para blindar la correcta llegada de las papeletas. El joven es consciente de "las muchas responsabilidades políticas", pero considera "más productivo" explicar en Bruselas cuáles son los principales problemas originados por el sistema de voto rogado y "exponer que es necesario algún tipo de moderación para facilitar el voto, por lo menos dentro de Europa, aunque también a nivel mundial".
El toledano entiende que, si pretendía ser un instrumento eficaz en la lucha contra el fraude electoral, el voto rogado ha cumplido sus objetivos: "Si hay voluntad política para arreglarlo, se arreglará, pero no así", sentencia.
Violación del derecho a voto
La segunda petición de origen española se remonta al año 2011. Se trata de una demanda acordada por un grupo de 17 personas, todos ellos españoles residentes en el extranjero, a raíz de las "dificultades a la hora de ejercer su derecho a voto" en las elecciones generales celebradas el 20 de noviembre de 2011. Según el escrito registrado en el órgano del Parlamento Europeo, "los peticionarios afirman que existen múltiples factores que discriminan a los expatriados, en particular la obligación de inscribirse, los plazos poco razonables para ello y la necesidad de correr con los gastos del envío por correo certificado de los documentos necesarios para la inscripción". Por otro lado, continúa el documento, "muchos de los solicitantes dicen que, a pesar de haber seguido correctamente el procedimiento de inscripción, recibieron tarde la documentación para votar o no llegaron a recibirla".
La Comisión de Peticiones elaboró una respuesta en febrero del 2012, donde destaca que "la organización de elecciones nacionales no incide en el ámbito de aplicación de la legislación de la Unión Europea y las distintas modalidades se regulan, por lo tanto, exclusivamente en virtud de la legislación nacional de cada país miembro".
Sin embargo, añade la nota, en el informe sobre la ciudadanía de la Unión Europea elaborado en el año 2010, la Comisión señaló que según "la legislación de algunos Estados miembros de la UE, los ciudadanos podían perder el derecho a participar en las elecciones nacionales de los Estados miembro de origen como consecuencia del ejercicio de su derecho a la libre circulación". Por ello, la Comisión anunció que fomentaría una discusión para identificar alternativas políticas con el fin de evitar que los electores perdieran su derecho a voto, poniéndose en contacto con los ministros competentes de cada país. "No obstante, España no se encuentra entre los países con los que la Comisión se puso en contacto para tratar este asunto, dado que la legislación española prevé el derecho al voto de los ciudadanos" residentes en el exterior.
Cinco años después de que el grupo de españoles interpusiera la queja, y teniendo en cuenta lo expuesto por la Comisión tras haberla recibido, la presunta violación del derecho a voto como consecuencia del sistema que obliga a rogar el sufragio será debatida entre las autoridades europeas, que resolverán si resulta o no pertinente tomar medidas al respecto.
Posibles resultados
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo es una herramienta empleada por partidos políticos, organizaciones y sociedad civil, como forma de trasladar a las autoridades europeas algunas de las principales problemáticas que se han producido en el Estado español. Su paso por el organismo tiene en ocasiones efectos sobre las políticas que son denunciadas, en un intento por derogarlas o mejorarlas.
Mejorar el censo, agilizar los trámites y acortar los plazos: propuestas para una reforma que termine con el voto rogado
Fue el caso de los desahucios ejecutados en España, que tras ser debatidos en el Parlamento Europeo, pasaron a ser objeto de denuncia a finales del 2015 ante la Comisión Europea. Mediante un texto aprobado por la organización de Peticiones, la Cámara europea exigió a España una inmediata reducción del "intolerable número de desahucios" e instó una atenta vigilancia de las medidas gubernamentales que, hasta el momento, habían derivado en resultados "muy limitados".
El pasado mes de octubre miembros del Parlamento Europeo anunciaron visitas a España por el caso de los niños robados. Una delegación de la Comisión viajará al país durante el próximo mes de febrero y se reunirá con representantes del Gobierno a los que pedirá que tome medidas para asegurar que se investigan las denuncias sobre robos de bebés y que se facilite el acceso a los archivos, tanto de la Iglesia como de hospitales, que puedan ser relevantes en dichas pesquisas. Lo hace después de que varios particulares expusieran sus casos ante el organismo de peticiones.
Los argumentos que serán expuestos este jueves por los electores afectados por el voto rogado podrían tener un efecto clave a la hora de llevar la situación ante los organismos europeos, y tratar de revertir de este modo las consecuencias que durante los últimos cinco años han tenido que encarar los votantes expatriados.
Las constantes trabas generadas por el sistema de voto rogado son una muestra reiterada de las carencias que posee la reforma electoral pactada por conservadores y socialistas en enero del 2011 y que afecta a los españoles residentes en el extranjero. La obligación de rogar el voto ha dado pie durante más de cinco años de citas electorales a repetidas quejas por parte de los ciudadanos, que han tenido que asumir los costes de una ley que no garantiza su derecho a participar en las elecciones.