De Nevenka a Plácido Domingo: la doble vara de medir de las derechas ante el acoso sexual

"Permitidme que haga una mención especial a las mujeres víctimas de acoso y agresiones sexuales. Merecen sentirse arropadas y les transmito todo nuestro apoyo". La frase, pronunciada este lunes por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llega tras la dimisión del hasta ahora portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, entre acusaciones de violencia machista y una denuncia formal ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la actriz y presentadora Elisa Mouliaá. El principal partido de la oposición señala directamente a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, a la que acusa de encubrir a Errejón y pide contundencia ante lo ocurrido.

La reacción del PP contrasta con la que han mantenido ante otras denuncias de acoso sexual, comenzando con la de su propia concejal, Nevenka Fernández, hace veinte años. Entonces, el Partido Popular cerró filas. No para expresar el apoyo a la víctima, sino para arropar, proteger y blindar al entonces alcalde. Incluso con una sentencia a favor de Nevenka Fernández, ella fue apartada. Él, por el contrario, no se vio obligado a renunciar a su carrera. Cuando finalmente dimitió, el PP de Aznar alabó su gesto, con Ana Botella a la cabeza.

Ya en 2024, la formación de Alberto Nuñez Feijóo se ha negado a acoger en el Ayuntamiento de Ponferrada la película que Icíar Bollaín ha dirigido sobre el caso —y que se estrenó hace un mes—, por lo que se decidió rodarla en Zamora. La misma institución en la que Nevenka Fernández sufrió el acoso, de nuevo gobernada por el PP, se negó a abrir sus puertas para el rodaje. El exalcalde del PP de Ponferrada nunca se fue de la ciudad y sigue siendo una persona influyente.

Sucede lo mismo en el caso de Vox, que decidió situar como número uno en la lista del Congreso por València a Carlos Flores Juberías. El hoy diputado ultraderechista fue condenado por violencia psíquica habitual por más de una veintena de faltas de coacciones e injurias vertidas contra su expareja. El PP se negó a que entrara en el Govern de la Generalitat Valenciana, por lo que Vox decidió premiarle en las elecciones generales del pasado año.

El caso de Plácido Domingo

La formación conservadora tampoco dio credibilidad a las más de una veintena de denuncias por acoso sexual contra el tenor Plácido Domingo, tal y como destapó la agencia norteamericana de noticias AP en agosto de 2019. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no dio crédito a las acusaciones y, además de definir a Domingo como "el más grande" tras conocerse ya las acusaciones, acudió en 2021 a un concierto en el Auditorio Nacional. Desde allí, Ayuso aseguró que Domingo es "uno de los mayores embajadores que ha tenido España". Entonces el tenor ya había "aceptado toda la responsabilidad" ante las denuncias.

Por su parte, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, votó en contra junto con Ciudadanos y Vox de la propuesta de la izquierda de retirar al tenor el título de hijo predilecto de Madrid tras esas informaciones. Sin embargo, en el caso de Errejón ha ironizado con la "cantidad de manifestaciones" convocadas por el movimiento feminista tras destaparse el caso.

Los abusos en el seno de la Iglesia

En 2022 la presidenta madrileña también evitó condenar los abusos a menores cometidos por la Iglesia católica y minimizó las investigaciones anunciadas para esclarecer los hechos. "Todas las instituciones cometen errores. Y muchísimos más aciertos, la mayoría de ellas", así despachó Ayuso el asunto, al tiempo que criticaba al Gobierno de Pedro Sánchez tras iniciar una investigación. "¿Quién está hablando del patrimonio que nos deja la Iglesia? ¿Quién cuestiona el patrimonio que nos dejan nuestras iglesias, nuestros conventos, nuestros monasterios...?", lanzaba. Y seguía: "No hay nada más peligroso que las medias verdades".

Además, tanto el PP como Vox se mostraron en un primer momento en contra de investigar estos abusos a menores en el Congreso. Ambos grupos se opusieron a crear una comisión de investigación en la Cámara Baja y pidieron que se investigaran también otros ámbitos. Sin embargo, los conservadores acabaron aceptando que el Defensor del Pueblo iniciara una investigación mientras que los ultraderechistas votaron en contra.

La denuncia de Corina Larsen contra Juan Carlos I

La derecha siempre se ha negado a dar credibilidad a ninguna de las denuncias que se han hecho públicas contra el rey Juan Carlos, también la que su examante, Corina Larsen, interpuso en Londres contra el rey emérito acusándole de haber perpetrado distintos actos de acoso contra ella y su familia, tanto de manera personal como a través de los servicios secretos españoles. Según Larsen, Juan Carlos intentó reanudar su relación y, cuando ella lo rechazó, este emprendió un "patrón de conducta equivalente al acoso": "Exigió la devolución de los regalos”, fue "amenazante" y "llevó a cabo u organizó una serie de actos de vigilancia encubierta y abierta".

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Sin embargo, el PP jamás ha cuestionado al rey sino que lo ha defendido públicamente. “Soy absolutamente partidario de que el rey emérito, si lo considera oportuno, pueda volver a su país. Que yo sepa no tiene ninguna causa pendiente en nuestro país, es ciudadano español y mantiene su pasaporte como ciudadano europeo y, por tanto español", afirmó el propio Alberto Núñez Feijóo en 2022, cuando el monarca volvió a España para participar en la regata de Sanxenxo. El PP también se ha negado, junto con el PSOE y Vox, a abrir ninguna comisión de investigación en su contra como han solicitado los socios parlamentarios del Gobierno en más de una ocasión.

El silencio tras el caso de los empresarios condenados por prostitución de menores en Murcia

El pasado 7 de octubre la Audiencia Provincial de Murcia acordó suspender las condenas de prisión de cuatro de los siete hombres que pagaron por mantener relaciones sexuales en Murcia con menores de edad en 2014. Entre ellos está el empresario Juan Castejón Ardid, quien era vicepresidente de la patronal de Cartagena, COEC, cuando sucedieron los hechos, y es también el que acumula mayor número de delitos, cinco en total. Un caso que apenas ha tenido repercusión a nivel nacional pese a la gravedad de los hechos.

El PP murciano, al igual que el Gobierno de Fernando López Miras, se ha escudado en la falta de medios a nivel judicial para explicar por qué el caso ha tardado tanto en dirimirse. "La falta de inversión en el sistema judicial español ocasiona retrasos en los procedimientos, lo que supone rebajas de penas que no restituyen los derechos de las víctimas. Desde el partido condenamos cualquier tipo de acto violento, y más aún cuando se ven involucrados menores de edad", se limitaron a señalar desde la formación.