No habrá una adopción inmediata de decisiones en Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM). La federación se toma un respiro para responder al escándalo de las tarjetas escándalo de las tarjetas, que le ha afectado de lleno al aflorar, entre los exconsejeros de administración y los exdirectivos de Caja Madrid, el nombre de José Antonio Moral Santín, puesto que gastó 456.500 euros en visas black entre 2003 y 2012. Pero no sólo eso: el equipo de Miguel Blesa pagó con su tarjeta B el recurso judicial que IU-CM presentó contra el Gobierno de Esperanza Aguirre, volcado en 2009 en una lucha fratricida con el entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, por el control de la entidad. La ejecutiva regional reunida ayer miércoles decidió que no adoptará ninguna medida hasta la semana que viene, cuando esté rematado el informe de la comisión de investigación interna. Sí podría emitirse una resolución del coordinador autonómico, Eddy Sánchez, en las próximas horas.
La federación madrileña –y también la cúpula de Cayo Lara– se mantiene en vilo desde hace más de una semana, desde que estalló el caso de las tarjetas y se descubrió que Moral Santín, denostado a estas alturas por casi toda la organización, no sólo cobró una fortuna como salario durante sus años como consejero y vicepresidente de Caja Madrid y miembro del estado mayor de Bankia (1995-2012) y que apoyó a Blesa en las decisiones más polémicas (incluso la ruinosa adquisición del banco de Miami), sino que también usó tarjetas black y consumió con ellas casi medio millón de euros, teóricamente a espaldas de los suyos. En el listado de Bankia, entregado a la Fiscalía a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), aparecía el nombre de Moral y de otro militante de IU, Rubén Cruz, que gastó 233.700 euros. Y también el de un tercer hombre propuesto por la federación para el consejo de la caja, Juan Gómez Castañeda (128.100 euros).
A las revelaciones judiciales se añadió otra derivada del caso, que IU considera muy grave: el hecho de que en 2009, como destapó infoLibre, el entonces secretario general de la entidad, Enrique de la Torre, abonó con su tarjeta B la fianza por una impugnación judicial que presentó Gómez Castañeda, miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid, contra el Ejecutivo de Aguirre. Gómez Castañeda, al igual que Fernando Serrano –un hombre de Gallardón–, habían sido suspendidos cautelarmente de sus funciones. Con ello, la presidenta pretendía garantizarse una sucesión en la cúpula financiera a su gusto, ya que quería desplazar a Blesa para colocar a Ignacio González.
Todavía no hay pruebas
IU ha empezado a investigar por ahí, por el recurso judicial pagado por el círculo de Blesa, un hecho que la dirección considera muy grave, por cuanto vendría a demostrar que Moral, Cruz y Gómez Castañeda "estaban comprados por el PP en lugar de defender la no privatización de las cajas y el mantenimiento de su función social". El propio Lara calificó de "incomprensible" esta semana que IU entrara "de lleno" en un juego a muerte por el poder de Caja Madrid que se disputaban dos bandos del PP. Y por eso la comisión de investigación interna, que arrancó sus trabajos este martes, comenzó interrogando al autor de la impugnación, al abogado Juanma Vela, coordinador del grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid la pasada legislatura y expresidente de la Comisión Federal de Garantías de IU, y Antero Ruiz, responsable en 2009 de la política institucional de la federación –en él recaía la negociación del relevo en la cúspide dirigente de la caja– y después, coordinador de la Presidencia Regional. Vela es a día de hoy militante de base y Ruiz no está en la ejecutiva de IU-CM desde la última remodelación, en abril de 2014. Sí sigue siendo vicepresidente tercero de la Cámara autonómica.
En los siguientes días, podrían ser llamados en audiencia Gregorio Gordo, coordinador de la federación desde 2009 a 2012; Miguel Reneses, secretario de Organización de Lara desde 2008 y líder de IU-CM de 2000 a 2002, o Gerardo del Val, el dirigente en el que recayó durante muños años la cuestión de las finanzas y que ahora es secretario de Migraciones de la dirección regional. Tampoco se descartaba anoche citar a Ángel Pérez, portavoz en el Ayuntamiento de la capital y coordinador de IU-CM desde 1993 a 2000, la época en la que la ejecutiva promovió a Moral Santín para un puesto en la caja. Pérez defendió al vicepresidente de la entidad hasta julio de 2014, cuando acusó a la dirección de Lara de "hacer de Torquemada" por haber presentado una querella contra todo el consejo de administración de Bankia.
La comisión de investigación interna expuso ayer por la tarde a la dirección que aún no tenía un dictamen, como era previsible, y que de hecho había observado "contradicciones" en los dos relatos proporcionados por Vela –el primero, el martes, el segundo, en la mañana del miércoles–, según relataron a este diario fuentes de la dirección. Así que el órgano seguirá haciendo sus pesquisas y citando a más dirigentes. La intención, expresada una y otra vez por IU federal e IU-CM, es "llegar hasta el final", porque la militancia, como describen no pocos cuadros, está "incendiada" con un asunto extremadamente sensible a las puertas de unas elecciones y con el efecto Podemos creciendo como la espuma.
Sin embargo, por ahora la investigación se centrará en descubrir qué pasó con aquel recurso de 2009, una gota (importante) en un océano gigantesco como lo fue la presencia de IU en la caja durante años y años. De hecho, se espera que para principios de la próxima semana esté listo el informe de la comisión, de forma que puedan adoptarse las primeras medidas. "La situación no es fácil. Y para acusar hay que tener pruebas, pero de momento no las hay", reflexionaba un integrante de la cúpula regional a este periódico. No obstante, el hermetismo anoche era casi total.
La comisión de investigación interna de IU arranca sus trabajos sin citar a Ángel Pérez
Reunión del Consejo el viernes
La ejecutiva de este miércoles es la segunda que se celebra esta semana. En la primera, el lunes, se aprobó la creación de la comisión de investigación interna, formada por cinco dirigentes (Eva Gómez, Mateo González, José Luis Martínez Cestao, Carmen Pérez-Carballo y Lali Vaquero). Fue convocada de urgencia. Y mañana viernes se reúne además el Consejo Político Regional (CPR), el máximo órgano de poder de la federación, que había sido programado para aprobar el camino hacia las municipales y autonómicas de mayo y la elección de candidaturas. Se esperaba que para el viernes ya hubiese decisiones, pero ahora los tiempos se dilatan. Por eso, para que no se complique demasiado la reunión, podría emitirse una resolución del coordinador, Eddy Sánchez, por la que se insistiera en la voluntad de depurar responsabilidades, caiga quien caiga. Lo que no habrá es una nueva reunión de la ejecutiva antes de este 10 de octubre.
IU-CM está actuando de forma coordinada con la dirección de Cayo Lara. De hecho, Sánchez acudió el pasado lunes por la tarde a Olimpo, la sede federal, para exponer la situación y garantizar que se asumirían responsabilidades. La cúpula nacional aprobó la creación de una comisión de transparencia, para colaborar con Madrid en sus tareas de investigación interna y apremiar al resto de federaciones a que indaguen si hubo casos similares en las cajas de ahorros de sus respectivas comunidades. La forman Lola Sánchez, Antonio Cortés, Manuel Fuentes y Ramón Luque, secretarios federales de Finanzas, Administración, Política Municipal y Acción Electoral.
No habrá una adopción inmediata de decisiones en Izquierda Unida-Comunidad de Madrid (IU-CM). La federación se toma un respiro para responder al escándalo de las tarjetas escándalo de las tarjetas, que le ha afectado de lleno al aflorar, entre los exconsejeros de administración y los exdirectivos de Caja Madrid, el nombre de José Antonio Moral Santín, puesto que gastó 456.500 euros en visas black entre 2003 y 2012. Pero no sólo eso: el equipo de Miguel Blesa pagó con su tarjeta B el recurso judicial que IU-CM presentó contra el Gobierno de Esperanza Aguirre, volcado en 2009 en una lucha fratricida con el entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, por el control de la entidad. La ejecutiva regional reunida ayer miércoles decidió que no adoptará ninguna medida hasta la semana que viene, cuando esté rematado el informe de la comisión de investigación interna. Sí podría emitirse una resolución del coordinador autonómico, Eddy Sánchez, en las próximas horas.